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En una decisión que marca un hecho importante en la política mexicana, Xóchitl Gálvez, exsenadora, ha formalizado su registro como candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”. Este acontecimiento, que tuvo lugar en la mañana del martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pone a Gálvez en la contienda electoral del 2 de junio, donde competirá con Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció la recepción de la solicitud de registro de Xóchitl Gálvez, destacando la participación de la ciudadana en un proceso político que desafía las estructuras tradicionales. Gálvez, acompañada de líderes partidistas y consejeros del INE, abrió su discurso expresando sus condolencias por la reciente muerte de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y miembro de su equipo de campaña.

En un emotivo discurso, Xóchitl Gálvez elogió la capacidad técnica y la honestidad de Urzúa, quien renunció al cargo por sus principios. Agradeció al PAN, PRI y PRD por abrir sus procesos internos, permitiendo que una ciudadana sin afiliación partidista sea inscrita como candidata presidencial.

La candidata aprovechó la ocasión para resaltar el papel histórico del INE, recordando la protesta en 1988 liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, que buscaba abordar las dudas sobre los resultados electorales de ese año. Gálvez subrayó que, 36 años después, el Zócalo de la Ciudad de México se llenó nuevamente con ciudadanos que defienden la institución y sus valores.

En un tono crítico, Gálvez condenó los “insultos” proferidos por el presidente López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, contra los participantes en la marcha en defensa de la democracia. Consideró estas expresiones como hipócritas y una falta de respeto hacia los mexicanos. La candidata opositora llamó a la pluralidad y la democracia, instando a no sembrar odio ni discordia en la sociedad.

Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la máxima tribuna política a no utilizar su voz para fomentar el odio, advirtiendo sobre los instintos autoritarios del presidente López Obrador. Instó al INE y al Tribunal Electoral a asumir su responsabilidad histórica y vigilar la imparcialidad del proceso electoral.

Taddei, reiteró que este acto es parte de la preparación de la elección, destacando que garantizarán con total transparencia que la voluntad de todos los mexicanos cuente igualmente.

La formalización del registro de la coalición “Fuerza y Corazón por México” da inicio a las campañas electorales, abriendo espacios de diálogo con la ciudadanía para construir un nuevo ciclo de gobernabilidad en México.

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.

En una conferencia de prensa el pasado 12 de febrero, Carlos Slim, el destacado empresario mexicano dueño de Grupo Carso, hizo declaraciones contundentes sobre el estado actual de Telmex, la principal empresa de telecomunicaciones en México. Bajo el título provocador de “Telmex: Ya no es negocio”, Slim anunció que la empresa no ha sido rentable durante al menos una década y enfrenta obstáculos significativos para competir en el mercado.

A pesar de la situación desafiante, Slim descartó la posibilidad de vender Telmex en su totalidad, aunque sugirió que podrían considerar la venta de una parte, siempre y cuando permanezca en manos mexicanas. Según él, Telmex ya no es un negocio viable debido al pasivo laboral que supera los 270 mil millones de pesos y a la exclusión sistemática de la empresa para ofrecer servicios de televisión de paga.

El empresario también abordó las acusaciones de que su relación con la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido beneficiosa para él. Afirmó que, a pesar de las afirmaciones en contrario, la exclusión de Telmex del mercado de televisión de paga demuestra que no ha sido el caso.

“Nos han rechazado la posibilidad de dar televisión de paga en los últimos cuatro gobiernos, y esto ha afectado la competencia, perjudicando a los consumidores. Es una falla de los gobiernos y el IFT”, expresó el empresario, destacando las barreras que Telmex ha enfrentado en el ámbito regulatorio.

El empresario ofreció una visión a largo plazo, asegurando que las finanzas de Telmex se aliviarán hasta el año 2040. Esto se debe a la proyección de que para ese año se habrá cumplido con el pasivo relacionado con las pensiones de los 41 mil jubilados de la empresa, cuyas pensiones son hasta un 160 por ciento superiores a sus últimos salarios.

En respuesta a las críticas y especulaciones sobre la privatización de Telmex en 1990, Carlos Slim desmintió que la empresa fuera un regalo. Argumentó que durante la subasta de privatización, el costo ascendió a 8 mil 615 millones de dólares, una cifra considerablemente alta en comparación con los 173 millones de dólares que tenía en 1986. Slim defendió la inversión masiva realizada para modernizar Telmex y sacarlo del rezago, aunque reconociera que actualmente no es tan rentable como en años anteriores.

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.

A tan sólo cuatro meses de las elecciones federales en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a los ciudadanos que formarán parte de las mesas directivas como funcionarios de casilla.

En un sorteo realizado en una sesión extraordinaria el 1 de febrero, se determinó que aquellos cuyos apellidos inicien con la letra “A” y que hayan nacido en marzo o abril serán los primeros en recibir la invitación del INE para participar en las elecciones de 2024.

Este proceso, llevado a cabo mediante un sorteo, es un componente crucial en la configuración de las mesas directivas de casilla, donde los funcionarios serán responsables de recibir y contar los votos de los ciudadanos durante la jornada electoral del 2 de junio.

La letra inicial del apellido y la fecha de nacimiento son los criterios iniciales que guiarán la convocatoria, y la participación de los ciudadanos es fundamental para garantizar un proceso electoral justo y transparente.

La consejera Norma de la Cruz Magaña instó a los ciudadanos que cumplan con los requisitos especificados a estar atentos y abrir sus puertas a los capacitadores electorales. Estos capacitadores visitarán a más de 12.8 millones de personas entre el 9 de febrero y el 31 de marzo para notificarles su selección como posibles funcionarios de casilla. Su tarea no solo será invitar a los ciudadanos seleccionados, sino también proporcionar la capacitación necesaria y los materiales esenciales para el día de la jornada electoral.

El siguiente paso en este proceso será la insaculación del 13% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que se llevará a cabo en las 300 juntas distritales del país el próximo martes 6 de febrero. Esta insaculación definirá de manera más concreta quiénes serán convocados como funcionarios de casilla, y a partir de ahí, se iniciará el proceso de notificación.

El INE ha diseñado un procedimiento meticuloso que incluirá la visita a domicilio de más de 42 mil capacitadores electorales, quienes informarán a los ciudadanos seleccionados sobre su responsabilidad como funcionarios de casilla. Este proceso de notificación se llevará a cabo entre el 9 de febrero y el 31 de marzo, y es esencial para asegurar la participación activa de los ciudadanos en el proceso electoral.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció que el próximo 2 de febrero, se llevará a cabo una reunión con el gabinete de seguridad del gobierno federal para conocer el plan propuesto por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en relación con la seguridad de los candidatos rumbo a las elecciones de junio de 2024. Este encuentro será clave para abordar las preocupaciones de seguridad y garantizar un proceso electoral sin contratiempos.

La seguridad de los candidatos ha sido un tema crucial en el contexto político actual, y la atención a los focos rojos identificados por las autoridades es fundamental. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha asegurado que ya tiene preparado un plan para proteger a los candidatos que se disputarán los 629 puestos de elección el 2 de junio, reconociendo la importancia de prestar especial atención a ciertas zonas identificadas como de mayor riesgo.

El INE se mantiene como un actor clave en la coordinación con las autoridades federales y locales para garantizar la seguridad de los candidatos y el buen desarrollo de las elecciones. La transparencia en el proceso de selección de funcionarios de casilla y la atención a temas de seguridad son piezas fundamentales para asegurar la integridad y legitimidad del proceso electoral de 2024 en México.

En un inicio de año marcado por incertidumbres económicas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la inflación en México ha alcanzado un 4.90% anual en la primera quincena de enero de 2024, registrando así el nivel más alto de los últimos 13 periodos quincenales. Este incremento, que supera las expectativas del mercado, se suma a una tendencia que ya se mantenía en las últimas cinco quincenas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) experimentó una variación del 0.49% respecto a la quincena anterior, contribuyendo al alza de la inflación en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde la cifra era de 7.94%. Para obtener un mejor análisis, se examinaron dos componentes principales del INPC: el índice de precios subyacente y el índice de precios no subyacente.

El índice de precios subyacente, considerado más confiable para medir la carestía general al eliminar la volatilidad de ciertos productos, presentó un aumento del 0.25% a tasa quincenal y del 4.78% a tasa anual. Mientras tanto, el índice de precios no subyacente registró un crecimiento más pronunciado, con un 1.22% quincenal y un 5.24% anual.

En el desglose del índice subyacente, los precios de las mercancías y servicios aumentaron un 0.26% y 0.24%, respectivamente, a tasa quincenal. En el índice no subyacente, los productos agropecuarios fueron los principales impulsores con un incremento del 2.42% quincenal, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron un aumento más moderado del 0.15%.

Una mirada más cercana a la canasta de consumo mínimo, que comprende 176 productos y servicios, revela un aumento del 0.63% quincenal y del 4.78% a tasa anual. Aunque estas cifras son menores en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde la inflación quincenal fue del 0.50% y la anual del 8.56%, aún reflejan una presión constante sobre los precios.

La tasa de inflación mexicana cerró el año 2023 en un 4.66%, superando las expectativas del mercado y marcando un repunte de los precios en el último bimestre. Aunque este dato está por debajo del 7.82% anual de 2022, el mayor nivel para un fin de año en 22 años, y de los primeros cinco meses del siglo, es el más alto de los últimos cinco meses.

La persistente aceleración de la inflación ha sido notoria, colocándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas que pronosticaron un 4.78% anual. Esta tendencia al alza, que ya ha continuado por cinco quincenas, sugiere una lenta trayectoria a la baja en la inflación a lo largo del año, con riesgos adicionales vinculados a condiciones climáticas adversas y la evolución del salario mínimo.

La inflación del inicio de 2024 ha superado las proyecciones del mercado, demostrando que la economía mexicana enfrenta desafíos persistentes. Las políticas monetarias y fiscales deberán ser evaluadas cuidadosamente para abordar este escenario y garantizar la estabilidad económica en el país.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.

En un acto de desesperación y clamor por justicia, madres de migrantes desaparecidos instalaron un emotivo memorial frente a Palacio Nacional, exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda la crisis de personas no localizadas en México.

Sobre un camellón en la esquina de la calle Moneda, cerca de una entrada al recinto, se erigió una placa con la identidad de Óscar Antonio López Enamorado, hijo de la madre buscadora Ana Enamorado, desaparecido el 10 de enero de 2019 en su intento por llegar a Estados Unidos.

Con una emotiva declaración, Ana Enamorado, líder de la Red de Familias Migrantes, expresó su dolor y urgencia: “Mi hijo no se merece estar desaparecido. Mi hijo tiene que estar conmigo, así como los más de cien mil personas desaparecidas en este país y las miles de personas migrantes también desaparecidas en este país”, enfatizó.

Recordando la fecha, la activista, después de 14 años de búsqueda incansable, señaló con determinación: “Hasta que ninguna madre tenga que andar como yo, tocando una foto, es a él a quien quiero abrazar”.

Acompañada de voluntarios de la ONG y de buscadoras centroamericanas, Ana Enamorado leyó una carta dirigida a López Obrador, denunciando delitos que vulneran la seguridad de las personas en movilidad y visibilizando ataques contra migrantes, buscadoras y sus familiares no localizados.

El memorial no solo honró a Óscar, sino también a más de 50 migrantes desaparecidos en México, provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el marco de la Jornada de Búsqueda de Óscar Enamorado a 10 años de su desaparición.

Gabriela Hernández, directora de Casa Tochan, instó a las autoridades locales y federales a salvaguardar la vida de personas en movilidad y ordenar la búsqueda con vida de los desaparecidos.

La desesperación de las madres buscadoras, agravada por la falta de identificación oficial de muchos migrantes, se traduce en una crisis grave que, según Hernández, el Gobierno ha ignorado.

Las denuncias de las madres buscadoras apuntan a la paralización de la búsqueda de sus hijos con los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, aumentando su indignación y frustración ante la inacción gubernamental. Como medida de protesta, las madres planean acampar esta noche afuera de la casa del Ejecutivo federal.

La lucha de estas madres se convierte en un grito desesperado por visibilizar la crisis de desapariciones de migrantes en México y reclamar una acción inmediata por parte del Gobierno.

El memorial frente a Palacio Nacional no sólo es un recordatorio de vidas perdidas, sino un llamado urgente a la responsabilidad y empatía de las autoridades para poner fin a esta dolorosa realidad.