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El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que aumentó a cinco el número de personas fallecidas tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. La dependencia también ajustó a cuatro los heridos que permanecen bajo atención médica después del estallido registrado la mañana del sábado en la calle Ignacio López Rayón, justo frente a la base del grupo comunitario.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando un automóvil explotó a escasos metros del inmueble utilizado por la corporación local. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un “coche bomba” presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o, en su defecto, que la unidad transportara sustancias químicas o explosivas que habrían detonado accidentalmente.

El reporte preliminar detalla que dos de las víctimas mortales eran hombres que viajaban en el mismo vehículo que estalló, mientras que las otras tres pertenecían a la policía comunitaria. En el sitio se encontró una camioneta severamente dañada por la explosión, así como los restos de dos personas. Inicialmente se indicó que ocho integrantes de la corporación comunitaria habían resultado lesionados.

Los heridos fueron trasladados por vía aérea mediante helicópteros estatales y federales hacia hospitales del complejo de Ciudad Salud, en Morelia. Durante su atención médica, tres de ellos murieron debido a la gravedad de sus lesiones, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales.

El gobierno de Michoacán aclaró que no reconoce oficialmente a la policía comunitaria de Coahuayana como una institución de seguridad, argumentando que sus integrantes han rechazado someterse a los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del registro y evaluación de policías y su armamento en México. La agrupación es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, exmiembro de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para confrontar al cártel de los “Caballeros Templarios”.

En la región, la Guardia Civil de Michoacán opera en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, debido a la confrontación que, según la Secretaría de Marina, mantienen las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el CJNG por el control de rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

El refuerzo de seguridad en la entidad se intensificó el 10 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un acto público. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de costa distribuidos entre Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, zona donde la Marina realiza patrullajes constantes debido a su uso como ruta marítima para el traslado de cocaína proveniente de Sudamérica.

Autoridades han identificado que habitantes de diversas comunidades costeras participan en el traslado de estos cargamentos, al recolectar paquetes en altamar y transportarlos posteriormente por vía terrestre o aérea hacia distintos puntos del país o hacia la frontera con Estados Unidos.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.

Uber recibió una importante victoria legal que le permitirá operar sin restricciones en los aeropuertos de México. Una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva que impide la detención de los conductores de la plataforma por parte de la Guardia Nacional mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Uber, la resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Con esta decisión, los socios conductores podrán operar en los 70 aeropuertos del país, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, sin el riesgo de ser sancionados o retenidos durante los traslados.

La empresa destacó que esta resolución llega en un momento clave, previo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, y subrayó la relevancia de garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para los millones de visitantes que llegarán durante el evento. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la compañía.

Uber también aprovechó la oportunidad para exhortar al Congreso de la Unión a legislar sobre la operación de plataformas digitales de transporte en zonas federales. El objetivo, explicó, es establecer un marco normativo que brinde certeza jurídica tanto a conductores como a usuarios, y que fortalezca el ecosistema turístico nacional.

El anuncio se da en medio de un contexto de constantes agresiones contra conductores de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han registrado enfrentamientos con taxistas locales. En uno de los casos más graves, un conductor fue atacado por al menos 20 taxistas mientras recogía pasajeros; su vehículo fue dañado y los usuarios que transportaba fueron liberados por la fuerza.

Este mismo año se reportaron nuevos incidentes, como bloqueos a vehículos de aplicación por parte de grupos de hombres que intentaban impedir su salida. En otro hecho que causó indignación, una turista estadounidense fue golpeada por un taxista cuando intentaba abordar un Uber en el aeropuerto; al ser detenido, el agresor portaba sustancias prohibidas.

En su comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial representa una oportunidad para mejorar la conectividad en los aeropuertos, reducir tiempos de espera y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros que llegan o parten de México.

El Río Pánuco registró un desbordamiento de 33 centímetros de su nivel habitual, informó este viernes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal aseguró que la situación se mantiene bajo control y descartó, por el momento, la presencia de una cresta alta, aunque precisó que el monitoreo continúa de manera permanente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“La situación son 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río, Conagua está monitoreando, no se ve que venga una ‘cresta’ alta, sin embargo, estamos monitoreando”, detalló Nahle al dar a conocer el reporte actualizado sobre el comportamiento del afluente.

Desde el miércoles 15 de octubre, la Conagua, en coordinación con Protección Civil de Tamaulipas, advirtió que la cresta o nivel máximo del Río Pánuco podría alcanzar su punto más alto entre el sábado y el domingo, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la cuenca del río ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían elevar su caudal.

Como medida preventiva, el gobierno de Veracruz habilitó seis albergues temporales para las familias que habitan en las zonas cercanas al cauce. Hasta este viernes, 486 personas han sido trasladadas y se encuentran bajo resguardo, recibiendo atención médica, alimentación y apoyo logístico.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la respuesta inmediata de las autoridades locales y federales ante la contingencia. “Se informó a tiempo a los presidentes municipales a través del Sistema Nacional de Protección Civil de este incremento en el nivel del Río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó con presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta y el secretario de Marina estuvo desde ayer en la noche”, señaló.

Protección Civil de Tamaulipas estimó que, de continuar las lluvias en la región, el desbordamiento del río podría afectar hasta a 30 mil personas. Los equipos de emergencia mantienen recorridos permanentes en las zonas de mayor riesgo para coordinar acciones de evacuación preventiva y asistencia a comunidades vulnerables.

En los últimos días, las lluvias intensas han provocado graves afectaciones en varias regiones del país. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de octubre, las precipitaciones causaron inundaciones y deslaves en cinco estados de la República, siendo Veracruz uno de los más impactados, con 111 municipios bajo el agua y severos daños en infraestructura y caminos.

Hasta el corte de este viernes, el saldo nacional por las lluvias e inundaciones asciende a 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. En Veracruz, se reportan 32 víctimas mortales y 14 personas que aún no han sido localizadas. Las labores de búsqueda continúan en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, mientras Conagua mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del Río Pánuco y los principales afluentes del estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.