La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.

Una situación de caos y tensión se ha desatado frente a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde un grupo de normalistas ha protagonizado una protesta tras la confirmación de la fuga de un policía implicado en un caso de homicidio. Reportes preliminares indican que los manifestantes han lanzado artefactos explosivos, provocando incendios en vehículos estacionados.

La protesta surge como respuesta al escape de un miembro de la Policía Estatal de Guerrero, quien se encontraba bajo arresto administrativo por su presunta participación en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresan su indignación y exigen justicia frente a la impunidad que rodea este caso. Según medios locales, la presencia de los normalistas desencadenó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, obligando al desalojo de las oficinas de la Fiscalía y del Palacio de Gobierno para resguardar la integridad de los servidores públicos.

En medio de la protesta, varios vehículos estacionados en la Fiscalía fueron consumidos por el fuego, producto de las detonaciones de artefactos explosivos lanzados por los manifestantes. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de los disturbios.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones, los reportes señalan que los agentes se replegaron ante el avance de los manifestantes, lo que dejó a las instalaciones de la Fiscalía en un estado de vulnerabilidad.

La situación continúa siendo fluida y en evolución, con la llegada de más autobuses con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para sumarse a la protesta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre los acontecimientos y no se han reportado heridos como resultado de los enfrentamientos.

El clima de tensión y la incertidumbre persisten en Guerrero, donde la sociedad civil demanda respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. La protesta de los normalistas es un recordatorio del profundo malestar y la desconfianza que prevalecen en la región frente a la falta de seguridad y la impunidad que amenazan el tejido social.

En un claro mensaje de rechazo hacia la posibilidad de que las elecciones en México se vean marcadas por la violencia o estén vinculadas al narcotráfico, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, desmintió categóricamente la existencia de una “narcoelección”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México hizo hincapié en la importancia de la participación masiva del pueblo mexicano en un proceso electoral que, a su parecer, no se ve empañado por situaciones violentas de manera generalizada.

En medio de señalamientos hacia la oposición por intentar implementar una campaña negra, Sheinbaum resaltó que este proceso dista de las tácticas empleadas en 2006 contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que, si bien existen zonas específicas con problemáticas de violencia, el gobierno de México está abordando estas situaciones de manera efectiva y la presencia de la Guardia Nacional es crucial.

La candidata se pronunció sobre el caso Ayotzinapa, destacando que el presidente López Obrador mantiene un diálogo constante con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Aseguró que se han tomado medidas legales, como la detención del ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, y la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente se encuentra en Israel.

En cuanto a su participación en el encuentro con aspirantes presidenciales de la Ibero, la candidata señaló que su prioridad es la visita a los municipios del país. Destacó que se está analizando la agenda para no interferir en los recorridos con la población y resaltó la importancia de estar cerca de la gente durante la campaña electoral.

Sobre su visita en Maravatío, Michoacán, y la falta de un mensaje tras el asesinato de precandidatos a la alcaldía del municipio por Morena y el PAN, Sheinbaum argumentó que la sola presencia constituye un mensaje de apoyo a los habitantes y que estarán siempre con la población.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró su propuesta de seguridad, buscando abordar de manera integral los desafíos de inseguridad, y destacó la importancia de construir soluciones efectivas en colaboración con la ciudadanía.

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Durante su recorrido por el país, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición PAN, PRI y PRD, enfatizó la necesidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus funciones primordiales de proteger el territorio nacional.

Ante una audiencia entusiasta reunida en el auditorio Benito Juárez, Gálvez explicó su visión de país, la cual incluye dignificar el papel del Ejército y la Marina. Insistió en que es imperativo que dejen de asumir responsabilidades que no les corresponden, como reparar carreteras o construir infraestructuras no relacionadas con la seguridad nacional.

“Es hora de desmilitarizar el país”, afirmó Gálvez. “Las Fuerzas Armadas deben concentrarse en defender nuestra soberanía y territorio nacional. La delincuencia ha ganado terreno en México, y eso debe cambiar”.

La candidata presidencial adelantó su intención de fortalecer la Guardia Nacional, duplicando su número de elementos de 150 mil a 300 mil. Además, propuso que esta institución se enfoque en labores de investigación y detención de criminales.

En cuanto a las fuerzas policiales locales y estatales, Gálvez se comprometió a mejorar sus condiciones laborales, con salarios dignos de al menos 20 mil pesos mensuales, seguro social, vivienda adecuada y becas para sus familias.

“Mi principal objetivo es pacificar el país”, subrayó Gálvez. “No habrá pactos con grupos criminales, y se acabaron los saludos a la mamá de El Chapo. Es momento de un México seguro y en paz”.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional implementar una estrategia sólida y aumentar el número de efectivos para asegurar la integridad en la red vial del país.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se reportaron 13,848 robos en carreteras mexicanas, marcando un aumento del 4.6% en comparación con los incidentes de 2022.

La senadora Verónica Martínez, en representación de la bancada priista, resaltó que solo en las carreteras del Estado de México y Puebla se contabilizaron 7,445 robos durante ese periodo.

A través de una propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se enfatizó la urgencia de fortalecer la seguridad en estas vías.

Martínez también instó a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a trabajar en colaboración para evitar la impunidad en estos crímenes.

Además, señaló que los daños a los bienes de los conductores también afectan al sector productivo nacional, ya que el aumento de robos en carreteras perturba las diversas cadenas de suministro, aumentando el costo del transporte de bienes y afectando al consumidor final con precios elevados.

“Se estima que durante 2022, estos delitos han resultado en pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos, debido a la venta de productos, materias primas o bienes en el mercado informal, a precios que no corresponden a sus costos de producción”, agregó.

La legisladora detalló que los productos más afectados por los robos son hidrocarburos, productos químicos y prendas de vestir, que en conjunto representan casi el 81% del total de la carga robada, mientras que el 7% son alimentos y el resto corresponde a diversos productos y materias primas.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

El Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con Talleres Gráficos de México, ha iniciado la producción de 2 mil 192 toneladas de papel de seguridad, destinado a la confección de listados nominales y un total de 312 millones de boletas para las próximas elecciones federales, programadas para el 2 de junio.

En una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la empresa Copamex en Chihuahua, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que se están implementando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la confiabilidad en el proceso de fabricación de todo el material electoral.

Taddei enfatizó la importancia de este proceso para asegurar la tranquilidad de todos los votantes el día de las elecciones, resaltando la relevancia de que el papel se produzca cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

La funcionaria también reconoció la complejidad del proceso electoral, incluyendo la capacitación de miles de personas que actuarán como funcionarios de casilla, cuya preparación comenzó recientemente.

Maribel Aguilera Cháirez, directora de Talleres Gráficos de México, detalló que el papel de seguridad de 90 gramos contará con características inviolables, tales como fibras invisibles, marcas de agua y químicos reactivos a solventes y soluciones.

El proceso de producción, que inició el 12 de febrero de 2024, se extenderá hasta el 12 de abril del mismo año, con entregas programadas por parte de Copamex y la custodia correspondiente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

TGM se encargará de la producción de las boletas de manera paralela, comenzando el 1 de marzo con la boleta para la elección presidencial, seguida por las boletas para la senaduría y la diputación federal, concluyendo el 11 de abril. La producción de las boletas para diputados federales se llevará a cabo del 12 de abril al 2 de mayo.

La empresa, respaldada por su trayectoria de más de 25 años en la producción de papel de seguridad, cuenta con la infraestructura y la experiencia necesaria para llevar a cabo este importante proceso electoral de manera eficiente y confiable.