El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer recorrido de supervisión en el Tren Interurbano, un proyecto de infraestructura que ha generado diversas críticas y controversias. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, AMLO destacó los avances y reveló que la inauguración completa de la obra, que conectará Toluca con la Ciudad de México, se llevará a cabo en agosto, desafiando las críticas que ha enfrentado durante su construcción.

El mandatario resaltó el funcionamiento actual del tramo de Zinacantepec a Lerma, apodado “El Insurgente”, señalando que ya cuenta con 10 mil pasajeros diarios. El recorrido de supervisión abarcó desde Lerma hasta la estación Santa Fe, y AMLO compartió la experiencia a través de un video en redes sociales, subrayando los beneficios que el Tren ha proporcionado a los habitantes de la zona.

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, iniciado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo fundamental conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el oeste de la Ciudad de México. Con una inversión original de 56 mil 511 millones de pesos, busca aliviar el tráfico entre ambas zonas y mejorar la movilidad en la región.

El presidente informó que se han iniciado pruebas en el nuevo tramo que conectará Zinacantepec con Santa Fe, agregando 9 kilómetros al recorrido ya existente. La infraestructura completa del Tren abarca 58 kilómetros desde Zinacantepec hasta la estación Observatorio, conectándose con la red del Metro de la CDMX y atravesando cinco municipios en el Estado de México y dos alcaldías en la capital.

El proyecto contempla siete estaciones y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros y una velocidad máxima de 160 km/h. La inversión total estimada para la culminación del proyecto asciende a 97 mil millones de pesos, con la expectativa de servir a 81 mil usuarios diarios y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A pesar de los avances y las cifras positivas presentadas por AMLO, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, ha expresado críticas y preocupaciones. Limón García ha destacado la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la construcción, señalando incidentes como el fallecimiento de un obrero y la ausencia de diálogo con los vecinos afectados.

La alcaldesa también hizo hincapié en la reciente caída de dos trabajadores del proyecto, resultando en una muerte y una grave lesión. Estos eventos subrayan, según Limón García, la insuficiencia de medidas preventivas y la falta de permisos necesarios para la obra.

La madrugada de este domingo, se oficializó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la creación de la alianza “Corazón y Fuerza”, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, de cara a los próximos comicios locales.

Cerca de la medianoche del sábado, los representantes de dichos partidos se presentaron ante la oficialía de partes del IEEM para formalizar por escrito esta colaboración estratégica. La líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera Anzaldo, compartió su opinión a través de redes sociales, afirmando que la decisión de aliarse responde al llamado de la ciudadanía para contrarrestar el abuso del poder. “Ir aliados es muestra de nuestro compromiso con la democracia, de que ponemos por encima de los intereses particulares lo que es mejor para los mexiquenses”, expresó.

En otro mensaje, Herrera Anzaldo subrayó que la unión de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es un “mandato ciudadano” frente a los desafíos que enfrenta la entidad. Aseguró que estos partidos trabajarán conjuntamente, aportando su inteligencia política y cercanía con la ciudadanía para representar sus causas.

Cabe destacar que también Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en el Estado de México han manifestado su intención de formar una alianza para participar en las urnas el próximo 2 de junio. En ambos casos, se espera que estos bloques políticos especifiquen en qué municipios y distritos cada partido encabezará las fórmulas, respetando criterios como la representatividad y género establecidos por ley.

La asignación de candidaturas es un aspecto crucial, ya que determinará el aporte de recursos por parte de cada partido para los gastos en el proceso proselitista y, tras la jornada electoral, la distribución de votos que impactará en los recursos financieros asignados por la autoridad electoral.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.

En medio de un panorama de sequía y desafíos en el suministro de agua, 16 municipios del Estado de México se ven impactados por una nueva reducción en el Sistema Cutzamala, afectando a 420 mil personas.

La Secretaría del Agua del Estado de México (SAEM) ha emprendido una serie de medidas para abordar esta situación, que incluyen el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua, el combate al huachicoleo y la implementación de 22 obras hidráulicas.

Los municipios afectados, entre ellos Acolman, Ecatepec, Toluca, y Naucalpan, se han visto convocados a asumir medidas de conservación del vital líquido. La SAEM busca una distribución equitativa del agua, instando a los organismos municipales a generar políticas de equidad en el abasto y priorizar el consumo humano para necesidades básicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había anunciado la reducción del caudal del Sistema Cutzamala de 9.2 a 8.2 metros cúbicos por segundo desde el 12 de enero. Ante esta situación, la SAEM implementará 22 obras hidráulicas para aliviar la escasez del agua, enfocándose especialmente en comunidades más vulnerables.

Desde Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, los organismos del agua han instado a la población a adoptar medidas de conservación, dado el “descenso alarmante” en las presas del Sistema Cutzamala.

El primer recorte del 2024, y el tercero desde el 2022, ha generado preocupación en 13 alcaldías de la Ciudad de México y ha afectado a aproximadamente 20 millones de habitantes.

En un comunicado de la Comisión del Agua del Estado de México (Caem), se explicó que la reducción responde a las condiciones de sequía en el centro del país, afectando los embalses del Sistema Cutzamala. El descenso del suministro pasó de 9.5 a 8.0 metros cúbicos por segundo, generando una alerta en los organismos del agua que buscan mitigar el impacto en la población.

Huixquilucan, por ejemplo, experimentará una reducción del 50% en el suministro y presión en las líneas de agua potable. Colonias densamente pobladas como Interlomas, Bosques, y comunidades populares, se verán afectadas. En Cuautitlán Izcalli, Operagua hace un llamado urgente a la población para tomar medidas de conservación, destacando el compromiso en garantizar el suministro de agua.

En Atizapán de Zaragoza, Sapasa continúa aplicando medidas de apoyo a la ciudadanía, como tandeos estratégicos y la distribución de agua a través de pipas. Además, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de pozos y la perforación de nuevos, buscando paliar la reducción del suministro.

Ante este desafío hídrico, la SAEM también hace un llamado a la ciudadanía para reportar fugas, falta de servicio y venta ilegal de agua, promoviendo la participación activa en la preservación del recurso. En este contexto, las acciones de las autoridades y la conciencia ciudadana se convierten en elementos clave para superar este desafío y garantizar el acceso sostenible al agua en la región.