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Con un mensaje centrado en su trayectoria política y en la defensa de su historial público, Carlos Puente dio el primer paso en la disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Zacatecas al registrarse como aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación.

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprovechó el acto para asegurar que, después de 30 años de carrera política, puede responder por cada etapa de su vida pública.

“No tengo un sólo vínculo que me avergüence”, afirmó. Más adelante añadió: “Soy un político nacional, soy un político zacatecano que con 30 años de trayectoria puedo pararme a verles de frente y decirles: tengo las manos limpias”.

Durante su registro dentro del proceso que realizan el PVEM, Morena y el Partido del Trabajo (PT), el legislador sostuvo que ha construido su carrera sin depender de padrinazgos políticos. “Soy un hombre honesto y honrado, que ha construido su carrera política sin padrinazgos”, expresó.

Además de defender su trayectoria, Puente dirigió un mensaje a quienes también participan en la búsqueda de la coordinación, al pedir que el proceso interno no derive en confrontaciones. “Porque Zacatecas no requiere de división. El pleito, la confrontación y el encono son el peor enemigo para el desarrollo de Zacatecas. Vamos a construir un puente a la unidad y a la transformación”, señaló al convocar a construir acuerdos entre los aspirantes.

Acompañado por Arturo Escobar, Comisionado Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, así como por legisladores, dirigentes locales y militantes de ese partido, expuso que Zacatecas necesita impulsar la industrialización, generar más oportunidades y atraer inversiones para elevar el bienestar y el crecimiento económico.

Como parte de ese planteamiento, aseguró que el estado debe fortalecer su capacidad para generar recursos propios. “Tiene que cambiar ese paradigma de dejar de estar pidiendo dinero mes con mes a la Federación y tener la capacidad de generar sus propios ingresos”, planteó.

Al concluir su intervención, reiteró que cuenta con una ruta definida para alcanzar esos objetivos. “Vamos a cambiar la receta, vamos a escribir una nueva historia para Zacatecas”. “Tengo claro qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a obtener los recursos para hacerlo”, garantizó.

La segunda jornada de registros de Morena rumbo a las definiciones políticas de 2027 estuvo marcada por un mensaje contundente de la dirigencia nacional: ningún aspirante podrá buscar una candidatura a través de otro partido aliado para eludir las restricciones internas contra el nepotismo.

Mientras decenas de actores políticos comenzaron a formalizar sus aspiraciones en Chihuahua, Colima y Guerrero, la Comisión Nacional de Elecciones dejó claro que las reglas aplicarán sin excepciones, incluso en los casos que han generado mayor expectativa dentro del movimiento.

La advertencia surgió en medio de las especulaciones sobre una posible participación de Félix Salgado en Guerrero, estado gobernado actualmente por su hija, Evelyn Salgado. Ante ese escenario, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, afirmó que Morena no permitirá maniobras para esquivar los requisitos mediante postulaciones desde partidos aliados de la coalición. “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido solo para tener otra regla”, señaló.

La dirigente sostuvo que existe comunicación con quienes podrían verse alcanzados por la norma y aseguró que el partido mantendrá los criterios establecidos para el proceso. “Le tenemos todo el aprecio y el cariño a Félix, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la Comisión Nacional de Elecciones tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan oque Félix se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”, declaró.

Mientras la dirigencia defendía el cumplimiento de las reglas, en las sedes de registro comenzaban a evidenciarse las primeras señales de competencia interna. En Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez acudió para formalizar su inscripción y aseguró que mantiene ventaja en las mediciones. “Estamos arriba en todas las encuestas, sólo hay que revisarlo”, afirmó.

Horas después, el acceso al World Trade Center se convirtió en escenario de una demostración de respaldo para Cruz Pérez Cuéllar. Más de 150 simpatizantes acompañaron al exalcalde de Ciudad Juárez y senador con licencia, quienes llegaron con tambora y ocuparon la calle Filadelfia frente al recinto. El aspirante descartó retirarse de la contienda y aseguró que esperará el resultado de las encuestas.

En Colima, el proceso también exhibió diferencias entre las aspirantes. Rosa María Bayardo reconoció sentirse respaldada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, mientras que Griselda Valencia solicitó a la dirigencia nacional observar de cerca el desarrollo de la competencia interna.

El Partido Verde Ecologista de México ratificó que mantendrá su alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo en las elecciones federales de 2027, mientras avanza en conversaciones preliminares para definir posibles acuerdos en el ámbito estatal y municipal. Así lo confirmó el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, quien aclaró que no existe ruptura entre las fuerzas políticas, pese a que el partido verde contempla competir en solitario en algunas entidades.

Desde el Senado de la República, Velasco explicó que ya comenzaron los primeros acercamientos entre las dirigencias de los partidos aliados con el objetivo de analizar la viabilidad de coaliciones en los distintos estados y municipios para el proceso electoral de 2027. No obstante, subrayó que estas conversaciones se encuentran en una fase inicial y aún no derivan en acuerdos concretos.

“Son mesas iniciales, todavía no hay acuerdos formales, digamos que más que mesas son el inicio de pláticas. Yo no estuve en la reunión del día de ayer, participaron otros compañeros donde empiezan a tener pláticas rumbo al 2027, pero todavía no hay nada definido”, estableció.

El senador también defendió la posibilidad de que el PVEM participe sin coalición en determinadas contiendas locales, como se anunció previamente en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Según indicó, esta estrategia responde al derecho del partido de fortalecer su presencia política en algunas regiones, sin que ello implique un distanciamiento con sus aliados a nivel nacional.

Velasco insistió en que la relación entre los partidos permanece firme de cara a los comicios federales. “No hay ruptura a nivel nacional, ya hay un acuerdo que se hizo público entre las dirigencias nacional de Morena, Verde y Partido del Trabajo para ir juntos al proceso del próximo año, sobre todo en las elecciones federales, nos sentimos muy orgullos de la presidenta de México”, dijo.

El legislador agregó que, aunque el PVEM mantiene coordinación política con Morena, no corresponde a su partido intervenir en decisiones internas de esa fuerza política. En ese contexto, se refirió a la permanencia de Luisa María Alcalde al frente de Morena, y señaló que la determinación recae exclusivamente en la militancia morenista.

“Nosotros vemos que ella es la que ha venido realizando los trabajos por parte de Morena, pero a nosotros no nos corresponde opinar en los temas internos de Morena, son ellos los que tomas sus proas decisiones”, destacó.

Las declaraciones del coordinador del PVEM se producen mientras las fuerzas políticas comienzan a delinear sus estrategias rumbo a 2027, con un escenario en el que la alianza federal se mantiene, pero las definiciones locales continúan en proceso de negociación.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

La negociación del denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sin un acuerdo definitivo entre Morena y sus aliados legislativos, luego de que el coordinador de los diputados del partido guinda, Ricardo Monreal, asegurara que las conversaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) siguen abiertas.

En un comunicado, Monreal explicó que existe disposición de ambas fuerzas políticas para avanzar en la iniciativa, pero aclaró que el consenso todavía no se ha concretado. “Hay una actitud positiva del PVEM y el PT, sin embargo todavía no hay arreglo sobre la iniciativa presidencial”, señaló el legislador.

Las negociaciones se desarrollan en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de los partidos de la coalición oficialista mantienen reuniones para revisar el contenido del proyecto. De acuerdo con el coordinador parlamentario, las conversaciones no sólo se centran en la reforma electoral, sino también en la continuidad de la alianza política entre Morena, PVEM y PT para futuros procesos legislativos.

Monreal subrayó que, ante el contexto político actual, es necesario mantener la unidad dentro del movimiento. En ese sentido, mencionó que existe un escenario de hostilidad y amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos hacia México, lo que —dijo— hace indispensable fortalecer la coordinación entre los partidos aliados.

Sus declaraciones contrastan con lo expresado horas antes por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el acuerdo sobre el Plan B se encontraba prácticamente concluido tras una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la participación de la consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, así como dirigentes y legisladores del PVEM y el PT. La reunión inició la tarde del viernes y concluyó durante la madrugada del sábado.

Mientras continúan las conversaciones, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, señaló que el dictamen podría discutirse y votarse en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo, una vez que se definan los últimos ajustes al proyecto.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.