Con una ceremonia solemne y rodeado de las máximas figuras de su partido, Eduardo Ramírez Aguilar asumió el pasado domingo la gubernatura de Chiapas para el periodo 2024-2030. Consciente del panorama de inseguridad y desigualdad que enfrenta su estado, el morenista trazó una hoja de ruta ambiciosa, con promesas que podrían marcar un punto de inflexión en el futuro de la entidad.

En el recinto del Congreso estatal, acompañado por representantes del Gobierno Federal y por la plana mayor de Morena, Ramírez Aguilar pronunció un discurso donde la palabra clave fue “reconciliación”. “Esta es la nueva era de Chiapas”, afirmó con firmeza. “De unidad, de no confrontación, de reconciliación. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los más pobres”.

La violencia ha teñido de incertidumbre a Chiapas en los últimos años. Con 577 homicidios registrados en lo que va del 2024, el reto de devolver la paz es urgente. Eduardo Ramírez prometió aplicar los cuatro ejes de seguridad impulsados por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Además, anunció un incremento salarial para los policías y el desarrollo de una fuerza de reacción inmediata para combatir la delincuencia de manera eficaz.

“No habrá transformación sin seguridad”, enfatizó. También se comprometió a ofrecer viviendas dignas para los elementos de seguridad como parte de su estrategia integral para recuperar la tranquilidad de los chiapanecos.

El desarrollo económico también fue parte central de su mensaje. Ramírez Aguilar reveló su compromiso de construir la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, una obra esperada que conectará dos de las regiones más importantes del estado y potenciará el turismo y comercio local. Asimismo, declaró su intención de establecer una frontera sur libre de impuestos, buscando incentivar el comercio y facilitar el tránsito de mercancías.

El sur de Chiapas, particularmente Tapachula, también recibirá atención prioritaria. El gobernador anunció planes para desarrollar la industria en esta región clave. “Tapachula puede y debe ser el motor económico del sur del país”, afirmó con determinación.

Ramírez Aguilar no pasó por alto la riqueza cultural y la fuerza histórica del estado. Hizo un homenaje a los pueblos indígenas y destacó la resistencia de sus habitantes a lo largo de los siglos. Además, resaltó la incorporación de las mujeres al sistema político local, una deuda histórica que finalmente se está saldando.

El nuevo gobernador agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora reside en Chiapas. “Su presencia aquí es una inspiración para seguir luchando por el bienestar de nuestro pueblo”, expresó.

La toma de protesta de Eduardo Ramírez simboliza el inicio de una administración que se enfrenta a retos complejos: desde la violencia hasta el rezago educativo. Sus palabras dejan una promesa clara: unidad, desarrollo y seguridad para todos los chiapanecos.

En un estado marcado por años de violencia e inseguridad, el nuevo programa “Guerrero por la Paz” surge como un compromiso palpable con la transformación y la justicia social. En una emotiva presentación llevada a cabo en la cancha de la colonia Emiliano Zapata, las autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de salida a esta iniciativa que promete atacar las raíces del problema, más allá de una respuesta meramente policial.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien encabezó el evento, dejó claro que el programa no es una fórmula represiva. “Atendiendo las causas que promueven la violencia, Guerrero por la Paz es parte del segundo piso de la Cuarta Transformación; no se logra con la fuerza pública”, afirmó con determinación. Su visión es clara: devolverle la paz a Guerrero significa resolver las carencias sociales y económicas que han alimentado la inseguridad durante años.

El énfasis en la atención a las comunidades es una de las claves de este programa. Salgado insistió en la necesidad de que las autoridades estén cerca de los habitantes, escuchando y resolviendo. “Este es un evento de promesa de esperanza, una puerta que nos abre la oportunidad de reconstruir lo que nos dejaron perdidos”, declaró, haciendo eco del sentimiento de miles de guerrerenses que anhelan recuperar su tranquilidad.

Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, destacó que este esfuerzo no solo se enfoca en disminuir los índices delictivos, sino en tejer una red comunitaria más fuerte. “Este plan abona al fortalecimiento del tejido social, involucrando a las y los ciudadanos”, puntualizó. La participación activa de la sociedad será esencial para que el programa no solo sea una estrategia gubernamental, sino un movimiento ciudadano por la paz.

El compromiso no se limita a una esfera local. La subsecretaria de Desarrollo Económico, Rocío Bárcenas Molina, subrayó que el éxito de “Guerrero por la Paz” depende de la colaboración entre los tres niveles de gobierno. “Estamos en la estrategia integral a las causas que generan violencia y vulnerabilidad, sobre todo acercando los apoyos sociales a la población”, indicó, dejando entrever que la meta es brindar soluciones concretas a problemas históricos.

En el evento también estuvo presente el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, junto a funcionarios federales, estatales y municipales, simbolizando una alianza inédita para enfrentar una problemática que ha afectado a Guerrero durante décadas. Este apoyo coordinado sugiere que, por fin, las palabras se convertirán en acciones tangibles.

La colonia Emiliano Zapata, escenario del lanzamiento, no fue elegida al azar. Es un punto representativo de las luchas sociales y de las carencias que han permeado al estado. Aquí, entre aplausos y expectativas, se plantó la semilla de una posible transformación.

“Guerrero por la Paz” es más que un programa; es una declaración de intenciones para rescatar un estado con cicatrices profundas. Si bien el camino será largo y lleno de retos, la promesa de un cambio verdadero parece más cercana que nunca.

“La paz no se impone, se construye de la mano de quienes más la necesitan”. Guerrero ya empezó a caminar hacia esa construcción enfatizó la gobernadora Salgado.

La violencia vuelve a teñir de luto a Guanajuato. Un brutal ataque armado perpetrado en una zona comercial de Apaseo el Grande dejó un saldo de nueve personas muertas, incluyendo a dos bomberos y un paramédico, además de tres lesionados. La masacre, que ocurrió la noche del sábado 30 de noviembre, ha conmocionado a la región y reavivado la urgencia de atender la creciente inseguridad en el estado.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas en la entrada principal de la ciudad, en una zona conocida como el trébol de los Apaseos, un punto estratégico que conecta la autopista federal 57 con la carretera Panamericana. Según informes preliminares, hombres armados descendieron de varios vehículos y abrieron fuego de manera indiscriminada contra personas que se encontraban en negocios locales.

Entre las víctimas, destaca la trágica pérdida de dos bomberos identificados como Alejandro Ortega y Ulises Ramírez Vázquez, quienes trabajaban en la planta Toyota de Apaseo el Grande y estaban fuera de servicio al momento del ataque. Asimismo, se confirmó la muerte de Ricardo Eduardo López Ortega, un paramédico del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG).

“Es indignante que estos actos de violencia cobren la vida de quienes dedican su existencia a salvar a otros. No somos parte del conflicto, ¡no nos disparen!”, expresó el cuerpo de Bomberos Veteranos de Celaya en redes sociales, condenando el ataque que dejó devastadas a familias y compañeros de las víctimas.

En el lugar de los hechos, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno se desplegaron para acordonar la zona y comenzar las investigaciones. Aunque se activaron operativos para localizar a los responsables, hasta el momento no se han realizado detenciones.

La masacre ocurre en un contexto de violencia persistente en el estado. Apenas semanas atrás, el bar “Los Cantaritos” en Querétaro, a pocos kilómetros de Apaseo el Grande, fue blanco de un ataque armado que dejó 10 muertos y 13 heridos.

Autoridades y ciudadanos han alzado la voz para exigir justicia. “No podemos seguir viviendo con este miedo constante. Es necesario que las autoridades actúen con firmeza y coordinación para frenar esta ola de terror”, declaró un comerciante local que prefirió permanecer en el anonimato.

El Gobierno del Estado y el SUEG expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras colectivos sociales demandan no solo justicia, sino también acciones concretas para recuperar la paz en Guanajuato.

En su tercer informe de gobierno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abordó sin rodeos uno de los temas más críticos para el estado: la inseguridad. Reconoció la persistencia de actos violentos, pero aseguró que no permitirán que la violencia paralice a la sociedad ni detenga los esfuerzos por recuperar la paz.

Desde el Congreso de Sinaloa, Rocha Moya admitió que los enfrentamientos entre grupos criminales y delitos como el robo de vehículos y homicidios son una realidad que las autoridades enfrentan cada día. “Tenemos una propaganda que dice que en Sinaloa no se puede estar por la violencia; no la negamos, pero tampoco es como para inmovilizarnos”, declaró.

El mandatario destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el apoyo de las Fuerzas Armadas como pilares en la lucha contra la delincuencia. “Cada mañana planificamos cómo proceder ante los desafíos de seguridad, con operativos específicos que ya están dando resultados”, afirmó.

El gobernador no eludió mencionar los recientes hechos violentos, como los homicidios registrados en casas clandestinas de juego. También subrayó que el combate al crimen organizado incluye estrategias de inteligencia, programas sociales dirigidos a jóvenes y una firme intención de restaurar la paz en el estado. “No negamos la violencia, pero tampoco nos inmoviliza”

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sinaloa registró 14 homicidios dolosos en un solo día, lo que refuerza la urgencia de las acciones emprendidas por el gobierno estatal.

En contraste con el optimismo del informe, las inmediaciones del Congreso estatal fueron escenario de protestas. Un grupo de ciudadanos se manifestó exigiendo la revocación del mandato del gobernador, cuestionando los resultados en materia de seguridad y justicia.

Rocha Moya concluyó su informe con un mensaje de compromiso: “Nunca he negado ni negaré que la inseguridad aún existe, pero téngase bien presente: no cederé en este compromiso hasta que la ciudadanía recobre su derecho a circular segura y libremente por los espacios públicos”.

Aunque los retos persisten, el mandatario aseguró que el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad es el camino para que Sinaloa supere la sombra de la violencia y recupere su verdadera esencia: la de un estado fuerte y resiliente.