El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado el calendario para llevar a cabo elecciones extraordinarias en tres municipios de Chiapas: Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomuselo y Pantelhó. Estos comicios se realizarán el próximo mes, después de que las elecciones anteriores no pudieran celebrarse debido a la violencia y a la intervención del crimen organizado, que impidieron la instalación de casillas o resultaron en la quema de los paquetes electorales. 

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales aprobó el cronograma con el objetivo de reponer las elecciones en las mencionadas localidades. El 2 de junio, la violencia y la inseguridad en la región impidieron la realización de la jornada electoral, y un día después, todos los paquetes electorales fueron destruidos, impidiendo así la declaración de ganadores.

Dania Ravel, consejera presidenta de esta comisión, destacó que en Chicomuselo y Pantelhó, desde el 31 de mayo, los Consejos Distritales de Chiapas habían determinado que no se llevarían a cabo las elecciones debido a la violencia. “Se acordó la baja total de las casillas y la disolución de los consejos municipales electorales. Así, el 2 de junio no se instalaron las 45 casillas en Chicomuselo y 28 en Pantelhó”, explicó Ravel.

En el caso de Capitán Luis Ángel Vidal, aunque la elección se realizó, esta fue anulada debido a la quema de todos los paquetes electorales, lo que impidió el conteo de votos. “El 3 de junio no se pudo realizar el cómputo municipal debido a la destrucción de la totalidad de los paquetes electorales, lo que impidió declarar a un ganador o ganadora y expedir la constancia de mayoría”, detalló Ravel. El Tribunal Electoral de Chiapas anuló la elección el 27 de junio y vinculó al Congreso estatal para que convocara a elecciones extraordinarias.

El Congreso de Chiapas aprobó la convocatoria para estas elecciones extraordinarias el pasado 6 de julio. El proceso electoral inició el 13 de julio y la jornada de votación se llevará a cabo el 25 de agosto. Las campañas se desarrollarán del 13 al 21 de agosto, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

En Chicomuselo y Pantelhó se renovarán diez cargos, mientras que en Capitán Luis Ángel Vidal se elegirán siete, incluyendo presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. El calendario aprobado incluye 98 actividades, de las cuales el INE colaborará en la mitad para asegurar el avance del proceso, a pesar del clima de violencia que rodea la organización de estos comicios.

Se ha fijado el 21 de julio como la fecha de inicio para la capacitación de las personas que fungirán como funcionarias de casilla. Además, se llevarán a cabo simulacros del Sistema de Información de la Jornada Electoral entre el 12 y el 19 de agosto para garantizar la correcta implementación de las elecciones.

Este proceso electoral extraordinario en Chiapas representa un esfuerzo significativo por parte del INE y otras autoridades para asegurar la participación democrática en una región marcada por la inseguridad. La comunidad espera que estas medidas permitan la realización de unas elecciones justas y transparentes, a pesar de los desafíos que plantea la situación actual.

La alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinada el pasado jueves en un ataque armado que conmocionó a la comunidad. Sánchez Figueroa caminaba cerca de la plaza principal de Cotija, acompañada por sus escoltas, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego desde una camioneta en movimiento.

El atentado, que tuvo lugar alrededor de las 8:45 horas en la calle Javier Mina, fue confirmado por la Guardia Civil de Michoacán. La alcaldesa fue trasladada de urgencia a un hospital regional bajo un fuerte despliegue policial y militar, donde lamentablemente no pudo sobrevivir a las heridas.

En el ataque también resultó herido uno de los escoltas de Sánchez Figueroa. Aunque su estado de salud ha sido reportado como estable y fuera de peligro, el incidente ha generado un profundo sentimiento de inseguridad y temor en la localidad.

Este trágico suceso no es un caso aislado. Yolanda Sánchez había sido previamente secuestrada el 23 de septiembre de 2023 en Zapopan, Jalisco, presuntamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alcaldesa estuvo retenida por tres días antes de ser liberada por sus captores a elementos de la Policía Municipal de Villamar, una localidad vecina a Cotija. En su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Figueroa había revelado diversas peticiones realizadas por sus secuestradores.

El contexto de violencia en la región ha sido alarmante. El regidor panista Arnulfo García Figueroa fue privado de su libertad el pasado 7 de marzo y continúa desaparecido. Además, el 28 de mayo, hombres armados realizaron disparos al aire cerca de la plaza principal de Cotija, durante el cierre de campaña de Estrella Mendoza Méndez, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM.

Las autoridades han identificado la presencia de múltiples organizaciones criminales en Cotija, incluyendo células del CJNG, Los Viagras, Cártel de Los Reyes (Cárteles Unidos) y Los Pájaros Sierra, una escisión del CJNG. Esta proliferación de grupos delictivos ha exacerbado la violencia y la inseguridad en la región.

La muerte de Yolanda Sánchez Figueroa representa una pérdida significativa para la comunidad de Cotija y subraya la peligrosa realidad que enfrentan muchos servidores públicos en México. La violencia contra alcaldes y funcionarios ha ido en aumento, con estadísticas que muestran un preocupante incremento en los asesinatos y agresiones en los últimos años.

En una declaración, la Guardia Civil de Michoacán enfatizó la necesidad de intensificar las medidas de seguridad y cooperación entre las distintas fuerzas del orden para combatir el crimen organizado y proteger a los funcionarios públicos. “La lucha contra estos grupos criminales requiere un esfuerzo coordinado y sostenido para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, afirmó un portavoz de la Guardia Civil.

El Índice de Paz México 2023 revela un impacto económico alarmante de 4.9 billones de pesos debido a la violencia, subrayando la urgente necesidad de políticas efectivas para abordar el problema.

El impacto de la violencia en la economía de México alcanzó niveles sin precedentes, representando el 19.8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Según el reciente informe del Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), este costo ascendió a 4.9 billones de pesos, reflejando un aumento respecto al año anterior, cuando se reportó un impacto de 4.6 billones de pesos, equivalente al 18.3% del PIB.

El informe destaca que, a pesar de una modesta mejora del 1.4% en la tranquilidad de los mexicanos, el costo económico de la inseguridad sigue siendo exorbitante. Los cinco principales indicadores del índice —homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia— mostraron mejoras en 2023. Sin embargo, subindicadores cruciales como delitos graves, secuestro y tráfico de personas se deterioraron, evidenciando la complejidad del panorama de seguridad en el país.

Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, enfatizó la necesidad de abordar los problemas estructurales. “Mientras no trabajemos en los pilares, no vamos a seguir adelante”, declaró, subrayando que la solución requiere un enfoque integral y sostenido.

Carlos Juárez Cruz, director del IEP, expresó su preocupación por la diversificación de las actividades del crimen organizado. “Vamos mejorando, pero no estamos mejorando al ritmo que desearíamos”, afirmó en la conferencia de prensa. Juárez Cruz destacó el aumento de extorsión, narcomenudeo y tráfico de opioides, especialmente fentanilo, como reemplazo de los decrecientes mercados de marihuana y heroína en Estados Unidos. Desde 2019, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos se ha multiplicado por diez, ilustrando la creciente amenaza que representa esta droga.

El informe también revela un aumento en la violencia contra la policía, con más de 2,600 agentes asesinados desde 2018. “Es casi cuatro veces más mortal ser policía que ser civil”, afirmó Juárez Cruz, destacando la peligrosidad de la profesión en el actual contexto de inseguridad.

Asimismo, la violencia contra políticos ha aumentado significativamente en los últimos tres años. Solo en 2023, se registraron más de 170 asesinatos de figuras políticas, reflejando la gravedad de la situación y la amenaza constante para quienes participan en la vida pública del país.

Yucatán se mantuvo como el estado con mayor índice de paz en México por séptimo año consecutivo, seguido de Tlaxcala y Chiapas. Sin embargo, el informe señala que, a pesar de su alta clasificación, Chiapas ha experimentado un aumento en la violencia debido a la creciente infiltración de grupos del crimen organizado.

En el otro extremo del espectro, Colima se ubicó como la entidad más violenta, con una tasa de homicidios de 111 por cada 100,000 personas en 2023, superando su propio récord de 2022. Desde 2015, los homicidios relacionados con el crimen organizado han aumentado drásticamente, pasando de aproximadamente 8,000 a unos 20,000.

El informe también muestra un incremento en el número de migrantes internacionales no autorizados en México, que alcanzó un récord de 800,000 en 2023. Además, las desapariciones registradas también aumentaron, con más de 12,000 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 29.1% fueron mujeres, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

A pesar de una reducción del 5.3% en la tasa de homicidios en el último año, los feminicidios han crecido alarmantemente, aumentando del 19.8% en 2015 al 24.7% en 2023. “Es grave, insisto, no es posible que este país no declare una emergencia frente a esto”, lamentó Juárez Cruz, llamando a una respuesta contundente para enfrentar esta crisis.

El Índice de Paz México 2023 subraya la urgente necesidad de implementar políticas efectivas y sostenibles para reducir la violencia y sus devastadores impactos económicos y sociales en el país.

En medio de la contienda electoral en Tabasco, se ha desatado una controversia en torno a la participación de los funcionarios de casilla debido a la inseguridad en la región. La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones, ha desmentido rotundamente la renuncia masiva de 8 mil funcionarios de casilla, aunque ha confirmado la decisión de 308 ciudadanos de no participar por motivos de miedo. 

Tapia Quiñones aclaró que las cifras proporcionadas por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre las renuncias masivas son imprecisas e inexactas. Según los datos proporcionados por el INE, las sustituciones de funcionarios de casilla en Tabasco ascienden a 8,784 en total. De estos, 612 fueron imposibles de localizar, 88 por impedimentos legales, 148 por impedimentos normativos, 2,051 por motivos de salud, 3,684 por cuestiones laborales, 2,196 rechazos y 308 debido al miedo a participar.

“A mi me parece que hay mucha diferencia entre 308 a más de 8 mil, que corresponde el 8 mil al cien por ciento de sustituciones y que engloba la totalidad de las razones por las que un funcionario de casilla puede ser sustituido”, aclaró la vocal ejecutiva del INE en Tabasco.

La inseguridad en la región ha generado preocupación no solo en el ámbito electoral, sino también en la organización del proceso en todo el país. Los rumores sobre posibles incidentes durante la jornada electoral han aumentado la tensión y representan un desafío adicional para el desarrollo del proceso.

Ante esta situación, Tapia Quiñones aseguró que el INE mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía estatal para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. La presencia de elementos de seguridad en la entrega del material electoral el pasado sábado es un claro ejemplo de las medidas que se están implementando para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

La renuncia de funcionarios de casilla por motivos de inseguridad plantea interrogantes sobre la situación de violencia que prevalece en la región y sus implicaciones en el ejercicio democrático. Además, pone de manifiesto la importancia de fortalecer las medidas de seguridad para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral y preservar la integridad de los funcionarios que desempeñan un papel fundamental en la jornada electoral.