Felipe Arvizu se roba 500 millones de pesos para su campaña de reelección en Ixtapaluca

Nos hicieron llegar a esta redacción, información que confirma que desde la Secretaría de Gobernación han dado el visto bueno para que Felipe Arvizu se robe el presupuesto del ayuntamiento, para operar su reelección.

La cantidad es constante y sonante: 500 millones de pesos para operar su reelección con compra de votos, puesto que en la CDMX están alertados de que su campaña está comprometida por los pésimos resultados que ha dado en su administración municipal, sobre todo en la inseguridad, ya que Ixtapaluca se ha convertido en uno de los municipios más peligrosos del Estado de México.

Mientras tanto Ixtapaluca está sumida en la falta de obra pública, baches, semáforos descompuestos, invitando a que sus habitantes emigren a otros lugares.

¿Se imagina que se podría hacer con 500 millones de pesos por Ixtapaluca?

De entrada, le puedo decir que alcanzaría para pavimentar 86 kilómetros de calles, es decir de Ixtapaluca a Cuautla. Pero Felipe prefiere gastarlo en retener el poder. Así se las gasta este personaje.

Obispo Llama a la Acción Contra la Violencia y la Indiferencia en Marcha por la Paz

Tras una multitudinaria caminata, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, se dirigió a los fieles en el atrio de la catedral, condenando la indiferencia ante la violencia y exhortando a los católicos a no ignorar el sufrimiento de los afectados.

El obispo instó a la comunidad a orar por los delincuentes, con la esperanza de que abandonen su crueldad, y pidió a los políticos que dejen de ser indiferentes como “Caín”. Subrayó la responsabilidad de los líderes de proteger al pueblo, criticando su omisión motivada por intereses personales y falta de capacidad.

“No cometamos los mismos errores que aquellos en posiciones de poder que, pudiendo detener la violencia, eligen la inacción. La democracia nos da el poder de castigar con el voto a los malos gobiernos”, expresó. Además, enfatizó que la ciudadanía tiene el derecho y la necesidad de exigir seguridad para poder vivir y trabajar en paz.

Según el obispo, imágenes captadas por drones de la unidad de Comunicación de la catedral mostraron la participación de más de 20 mil personas, aunque la señal fue bloqueada, impidiendo la obtención de imágenes.

En su discurso, el obispo también pidió a los criminales ablandar sus corazones y destacó el poder de la oración para lograr milagros. “La oración a Dios es crucial. Oremos por los mafiosos, los delincuentes, los sicarios, y aquellos que instigan la muerte, para que Dios toque sus corazones de piedra”, manifestó.

El religioso, quien encabezó la Marcha por la Paz en Cuernavaca,  también denunció intentos previos de boicotear marchas similares para minimizar su cobertura mediática, y solicitó que en esta ocasión se reconociera la significativa participación ciudadana.

Al concluir la marcha, candidatos a diputados locales y alcaldes de todos los partidos firmaron compromisos por la paz, prometiendo garantizar la seguridad de los ciudadanos sin importar quién gane las próximas elecciones.

Luis Arreguín. El empresario ixtapaluquense que está repuntando en las encuestas para la alcaldía

Los datos no mienten, para la mayoría de las alcaldías que se estén reeligiendo en el Estado de México donde gobierna Morena, las cosas se están complicando, sobre todo en donde la inseguridad y la falta de obra pública la siente la ciudadanía.

Como en Ixtapaluca, en donde Luis Arreguín un joven empresario, que viene de una familia que decidió apostarle a esta ciudad, fue la opción del Frente y quién hoy tiene las preferencias de voto con un 37 por ciento, dejando a Felipe Arvizu varios puntos abajo.

Luis recorre las calles a diario, con propuestas contundentes de seguridad, obras públicas y salud.

Ya faltan pocos días para la elección y sabremos qué decidirá la ciudadanía, si votar por marcas o personas.

Violencia en México ha tenido un costo económico devastador que asciende a 19.8% del PIB

Violencia en México ha tenido un costo económico devastador que asciende a 19.8% del PIB

El Índice de Paz México 2023 revela un impacto económico alarmante de 4.9 billones de pesos debido a la violencia, subrayando la urgente necesidad de políticas efectivas para abordar el problema.

El impacto de la violencia en la economía de México alcanzó niveles sin precedentes, representando el 19.8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Según el reciente informe del Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), este costo ascendió a 4.9 billones de pesos, reflejando un aumento respecto al año anterior, cuando se reportó un impacto de 4.6 billones de pesos, equivalente al 18.3% del PIB.

 

El informe destaca que, a pesar de una modesta mejora del 1.4% en la tranquilidad de los mexicanos, el costo económico de la inseguridad sigue siendo exorbitante. Los cinco principales indicadores del índice —homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia— mostraron mejoras en 2023. Sin embargo, subindicadores cruciales como delitos graves, secuestro y tráfico de personas se deterioraron, evidenciando la complejidad del panorama de seguridad en el país.

 

Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, enfatizó la necesidad de abordar los problemas estructurales. “Mientras no trabajemos en los pilares, no vamos a seguir adelante”, declaró, subrayando que la solución requiere un enfoque integral y sostenido.

 

Carlos Juárez Cruz, director del IEP, expresó su preocupación por la diversificación de las actividades del crimen organizado. “Vamos mejorando, pero no estamos mejorando al ritmo que desearíamos”, afirmó en la conferencia de prensa. Juárez Cruz destacó el aumento de extorsión, narcomenudeo y tráfico de opioides, especialmente fentanilo, como reemplazo de los decrecientes mercados de marihuana y heroína en Estados Unidos. Desde 2019, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos se ha multiplicado por diez, ilustrando la creciente amenaza que representa esta droga.

 

El informe también revela un aumento en la violencia contra la policía, con más de 2,600 agentes asesinados desde 2018. “Es casi cuatro veces más mortal ser policía que ser civil”, afirmó Juárez Cruz, destacando la peligrosidad de la profesión en el actual contexto de inseguridad.

 

Asimismo, la violencia contra políticos ha aumentado significativamente en los últimos tres años. Solo en 2023, se registraron más de 170 asesinatos de figuras políticas, reflejando la gravedad de la situación y la amenaza constante para quienes participan en la vida pública del país.

 

Yucatán se mantuvo como el estado con mayor índice de paz en México por séptimo año consecutivo, seguido de Tlaxcala y Chiapas. Sin embargo, el informe señala que, a pesar de su alta clasificación, Chiapas ha experimentado un aumento en la violencia debido a la creciente infiltración de grupos del crimen organizado.

 

En el otro extremo del espectro, Colima se ubicó como la entidad más violenta, con una tasa de homicidios de 111 por cada 100,000 personas en 2023, superando su propio récord de 2022. Desde 2015, los homicidios relacionados con el crimen organizado han aumentado drásticamente, pasando de aproximadamente 8,000 a unos 20,000.

 

El informe también muestra un incremento en el número de migrantes internacionales no autorizados en México, que alcanzó un récord de 800,000 en 2023. Además, las desapariciones registradas también aumentaron, con más de 12,000 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 29.1% fueron mujeres, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

 

A pesar de una reducción del 5.3% en la tasa de homicidios en el último año, los feminicidios han crecido alarmantemente, aumentando del 19.8% en 2015 al 24.7% en 2023. “Es grave, insisto, no es posible que este país no declare una emergencia frente a esto”, lamentó Juárez Cruz, llamando a una respuesta contundente para enfrentar esta crisis.

 

El Índice de Paz México 2023 subraya la urgente necesidad de implementar políticas efectivas y sostenibles para reducir la violencia y sus devastadores impactos económicos y sociales en el país.

Cuestiones de Política 

Directorio

Desmienten renuncia masiva de funcionarios de casilla en Tabasco ante la inseguridad política

Desmienten renuncia masiva de funcionarios de casilla en Tabasco ante la inseguridad política

En medio de la contienda electoral en Tabasco, se ha desatado una controversia en torno a la participación de los funcionarios de casilla debido a la inseguridad en la región. La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones, ha desmentido rotundamente la renuncia masiva de 8 mil funcionarios de casilla, aunque ha confirmado la decisión de 308 ciudadanos de no participar por motivos de miedo. 

Tapia Quiñones aclaró que las cifras proporcionadas por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre las renuncias masivas son imprecisas e inexactas. Según los datos proporcionados por el INE, las sustituciones de funcionarios de casilla en Tabasco ascienden a 8,784 en total. De estos, 612 fueron imposibles de localizar, 88 por impedimentos legales, 148 por impedimentos normativos, 2,051 por motivos de salud, 3,684 por cuestiones laborales, 2,196 rechazos y 308 debido al miedo a participar.

 

“A mi me parece que hay mucha diferencia entre 308 a más de 8 mil, que corresponde el 8 mil al cien por ciento de sustituciones y que engloba la totalidad de las razones por las que un funcionario de casilla puede ser sustituido”, aclaró la vocal ejecutiva del INE en Tabasco.

 

La inseguridad en la región ha generado preocupación no solo en el ámbito electoral, sino también en la organización del proceso en todo el país. Los rumores sobre posibles incidentes durante la jornada electoral han aumentado la tensión y representan un desafío adicional para el desarrollo del proceso.

 

Ante esta situación, Tapia Quiñones aseguró que el INE mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía estatal para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. La presencia de elementos de seguridad en la entrega del material electoral el pasado sábado es un claro ejemplo de las medidas que se están implementando para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

 

La renuncia de funcionarios de casilla por motivos de inseguridad plantea interrogantes sobre la situación de violencia que prevalece en la región y sus implicaciones en el ejercicio democrático. Además, pone de manifiesto la importancia de fortalecer las medidas de seguridad para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral y preservar la integridad de los funcionarios que desempeñan un papel fundamental en la jornada electoral.

Cuestiones de Política 

Directorio

Reten Detiene la Caravana de Sheinbaum en Chiapas; Exigen Acción contra la Violencia

El domingo, un grupo de personas encapuchadas interceptó la caravana en la que viajaba Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el partido oficialista, mientras realizaba campaña en Chiapas.. Los encapuchados exigieron a Sheinbaum abordar el problema de la violencia en la región, donde dos cárteles del narcotráfico mantienen una disputa territorial.

Los encapuchados se identificaron como habitantes locales y expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno contra la inseguridad. Pidieron a Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un “desastre” similar a otras áreas.

En el video, Sheinbaum aparece escuchando a los encapuchados con atención, sin que se vean armas presentes. La candidata estaba escoltada por el Ejército y la Guardia Nacional, y confirmó el incidente, restando importancia al evento.

Sin embargo, la diputada federal por el partido oficialista Morena, Patricia Armendáriz, que acompañaba a la caravana, expresó en la red social X su preocupación de que los encapuchados estuvieran vinculados a algún cártel, aunque borró su publicación poco después.

En una reunión con la prensa, Sheinbaum describió el incidente como “extraño” y mencionó que el video fue difundido por un medio crítico con el oficialismo. Aunque no creía que los encapuchados fueran parte del crimen organizado, la región donde ocurrió el incidente es un punto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Los cárteles han estado imponiendo retenes, sometiendo a los pobladores y provocando desplazamientos masivos, lo que era más común en otras partes de México, pero relativamente nuevo para Chiapas hasta el año pasado. Los grupos buscan controlar rutas de migrantes, drogas y armas provenientes de Centro y Sudamérica con destino a México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta restringiendo los viajes de sus funcionarios a esta zona debido a la creciente violencia.

Xóchitl Gálvez denuncia falta de combate al huachicol

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha acusado al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con la promesa de combatir el delito del huachicol, especialmente en estados como Hidalgo y Puebla, donde la situación, según ella, ha empeorado.

En una entrevista tras su participación en el inicio de la campaña de Eduardo Rivera Pérez, candidato a gobernador de Puebla, Gálvez destacó que el huachicol sigue siendo un problema grave, incluso señaló que ahora está involucrando a personas externas. Recordó sus denuncias previas contra Mario Delgado, líder nacional de Morena, por posibles vínculos con el crimen organizado.

La candidata también comentó sobre las postulaciones de personas con supuestos lazos con el huachicol, como Guadalupe Martínez, hija de “el Toñín”, y pidió que se investiguen estas acusaciones, subrayando que no defenderá a personas relacionadas con la delincuencia, independientemente del partido al que pertenezcan.

Durante el evento de inicio de campaña, Gálvez reiteró su compromiso de cambiar las políticas para combatir la delincuencia, prometiendo poner fin al huachicol en Puebla y devolver los fondos de seguridad pública a los municipios. Además, propuso aumentar los salarios de los policías para garantizar un salario mínimo de 20 mil pesos.

En cuanto a otros candidatos, Gálvez criticó a Alejandro Armenta, candidato de Morena a la gubernatura, afirmando que formó parte del gabinete de Mario Marín, y sugirió que su pasado favorecerá a Rivera Pérez en la contienda.

Por otro lado, tanto Rivera Pérez como Mario Riestra, candidato a la alcaldía de Puebla capital, hicieron un llamado a los miembros de Morena descontentos con las decisiones del partido, invitándolos a unirse a su coalición. Rivera presentó diez ejes de su gobierno propuesto, entre ellos combatir la inseguridad, la violencia de género y aumentar los recursos para programas sociales.

En la tarde, Gálvez y Rivera liderarán una caminata en Moyotzingo, una localidad conocida por la actividad delictiva que busca atraer a las víctimas a través de anuncios falsos en redes sociales sobre la venta de automóviles a precios bajos.

Victoria, la batalla por un cambio

  • La próxima elección los ciudadanos de la Capital evaluarán los servicios públicos, seguridad y calidad de vida

Ciudad Victoria, Tam.- La capital del estado se ha convertido en el epicentro de una batalla electoral donde los ciudadanos jugarán un papel fundamental con su voto, en un escenario que plantea un dilema básico, seguir en la Capital con los mismos esquemas municipales representado por Eduardo Gattás, o un cambio en la persona de Oscar Almaraz, quien ha generado en miles de victorenses que hoy viven inconformes una luz de esperanza.

Si bien, participa Luis Torre Aliyán, el mismo se ha convertido en su peor enemigo, ya que a días de iniciar el proceso electoral, arrancó una guerra intestina desarrollando un conflicto contra el líder moral del partido que lo abandera (Movimiento Ciudadano) Gustavo Cárdenas, además de otras figuras y perfiles de ese organismo político.

Para la ciudadanía a lo largo de la Capital, la vida cotidiana se ha convertido en una auténtica pesadilla al lidiar a su paso con problemas de atención básica municipal, como baches, un pésimo servicio de basura, un pobre alumbrado, inseguridad que crece día a día y problemas de agua, que si bien no es achacable al alcalde, si lo es la forma en que lo enfrenta.

En este sentido, el regreso de Oscar Almaraz a Victoria, tras su paso por la Cámara de Diputados en el que destacó como el legislador tamaulipeco más productivo, ha generado una gran expectativa por su capacidad de gestión y acuerdos, además de su trabajo en la alcaldía, donde la cantidad de obras realizadas dejo un precedente historicamente que nadie a igualado.

Viene para la Capital un proceso electoral muy intenso, donde el actual alcalde tratará de reelegirse pese a un mal trabajo, con un partido dividido por sus propios arrebatos, y donde pese a tener alieado politicamente los colores desde hace 2 años, no ha logrado una sola obra emblematica.

Por su parte, Almaraz llega en un ambiente de unidad, con objetivos claros, y con la tranquilidad del respaldo de obras y acciones que los victorenses actualmente usan y servicios, que en su momento, funcionaban como relojito y hoy en día extrañan.

Alvarez Maynez propone legalización de drogas

La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.

Senadores del PRI exhortan a reforzar seguridad en carreteras nacionales

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional implementar una estrategia sólida y aumentar el número de efectivos para asegurar la integridad en la red vial del país.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se reportaron 13,848 robos en carreteras mexicanas, marcando un aumento del 4.6% en comparación con los incidentes de 2022.

La senadora Verónica Martínez, en representación de la bancada priista, resaltó que solo en las carreteras del Estado de México y Puebla se contabilizaron 7,445 robos durante ese periodo.

A través de una propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se enfatizó la urgencia de fortalecer la seguridad en estas vías.

Martínez también instó a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a trabajar en colaboración para evitar la impunidad en estos crímenes.

Además, señaló que los daños a los bienes de los conductores también afectan al sector productivo nacional, ya que el aumento de robos en carreteras perturba las diversas cadenas de suministro, aumentando el costo del transporte de bienes y afectando al consumidor final con precios elevados.

“Se estima que durante 2022, estos delitos han resultado en pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos, debido a la venta de productos, materias primas o bienes en el mercado informal, a precios que no corresponden a sus costos de producción”, agregó.

La legisladora detalló que los productos más afectados por los robos son hidrocarburos, productos químicos y prendas de vestir, que en conjunto representan casi el 81% del total de la carga robada, mientras que el 7% son alimentos y el resto corresponde a diversos productos y materias primas.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.