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Autoridades mexicanas confirmaron la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros privados ilegalmente de la libertad en Sinaloa el pasado 23 de enero, quien laboraba para la empresa canadiense Vizsla Silver. La información fue dada a conocer por colectivos, organizaciones y familiares, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara el hallazgo de cuerpos y restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de Concordia.

La confirmación se produce dos días después de que la FGR informara sobre la localización de la fosa, en la que se encontraba al menos una persona con características compatibles con uno de los mineros secuestrados. Posteriormente, se estableció que los restos correspondían a Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios, la notificación oficial del fallecimiento fue realizada a los familiares por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia adscrita a la FGR. La identificación del cuerpo generó diversas reacciones públicas, principalmente en redes sociales.

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, expresó su postura a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”. La publicación se sumó a otros mensajes de solidaridad difundidos tras conocerse el caso.

Por su parte, la empresa minera Capstone Copper también emitió una esquela en la que manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador. “Nos unimos con sincero pesar al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.

En paralelo, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, solicitaron a las autoridades que se informe de manera precisa el número total de cuerpos y restos humanos localizados en la fosa de Concordia, así como el avance en los procesos de identificación.

Los 10 mineros habrían sido interceptados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, cuando se dirigían a sus labores, según testimonios de familiares citados por medios locales. El caso se enmarca en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que, además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una problemática de inseguridad relacionada con la operación del crimen organizado, con impactos directos en comunidades y sectores productivos como la minería.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó de manera categórica cualquier relación entre Édgar “N”, alias “El Limones”, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), así como con su dirigente Pedro Haces. La aclaración se dio durante una conferencia de prensa en la que el funcionario detalló los avances de una investigación enfocada en actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información presentada, “El Limones” mantenía comunicación y rendía cuentas directamente a una célula criminal identificada como “Los Cabrera”, vinculada al Cártel de Sinaloa y con operaciones en los estados de Durango y Coahuila. García Harfuch precisó que las indagatorias no han encontrado elementos que relacionen los hechos con algún sindicato u organización gremial.

El titular de la Secretaría de Seguridad explicó que el esquema delictivo bajo investigación corresponde a casos de extorsión directa dirigidos contra empresarios y productores agrícolas, así como exigencias ilegales relacionadas con la explotación y control de pozos de agua. Subrayó que, si bien existen múltiples líneas abiertas por diversos delitos, ninguna apunta a una estructura sindical como parte del entramado criminal.

 “Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo que tenemos acreditado es su vínculo con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, conocida como ‘Los Cabrera’”, expuso García Harfuch al referirse al presunto líder detenido.

Las investigaciones, calificadas como recientes por el propio funcionario, continúan en desarrollo mientras se realizan diligencias complementarias. En este contexto, se confirmó que Édgar “N” ya fue vinculado a proceso, lo que permite a las autoridades avanzar en la judicialización de los casos asociados a su presunta actividad criminal.

La detención de “El Limones” fue informada la semana pasada. Además de los actos de extorsión, se le atribuye participación en delitos como venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas bancarias, estafas y desaparición forzada. El alcance de estas actividades refleja un patrón delictivo diversificado y de alto impacto.

Junto con él, fueron capturadas cinco personas más presuntamente vinculadas a la misma red: Guillermo “N.”, Alexis Mauricio “N.”, Ángel Rodrigo “N.”, Juan José “N.” y José Giancarlo “N.”. Todos enfrentan investigaciones relacionadas con los mismos ilícitos.

Como parte de las acciones financieras, las autoridades procedieron al bloqueo de cuentas pertenecientes a integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se intervinieron tres empresas de distintos giros comerciales que presentaban movimientos financieros atípicos. Según lo informado, estas compañías funcionaban como fachadas para simular pagos de nómina, operaciones de compraventa de vehículos de lujo, manejo de grandes cantidades de efectivo y transferencias bancarias irregulares.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con el objetivo de desarticular por completo la estructura criminal y documentar cada una de las operaciones detectadas.

En el suroriente de Ciudad Juárez, una de las zonas con mayores índices de violencia familiar e inseguridad, fue inaugurado el Centro Libre para las Mujeres, un espacio de atención integral encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El centro se ubica sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, en un sector donde por años vecinas y colectivos solicitaron servicios especializados para atender la violencia de género y fortalecer el tejido social.

Durante el acto inaugural, la presidenta señaló que su llegada al Ejecutivo federal representa un momento significativo para las mujeres del país, al tratarse de un proceso colectivo que busca ampliar derechos y oportunidades. Indicó que este contexto implica una reivindicación no solo de los derechos de las mujeres, sino también de los derechos del conjunto de la población, con énfasis en quienes han sido históricamente excluidas.

Sheinbaum explicó que el Centro Libre para las Mujeres forma parte de una estrategia nacional que incluye políticas como la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y el programa Tejedoras de la Patria. Estos espacios están diseñados para ofrecer atención profesional mediante abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, además de funcionar como puntos de encuentro comunitario y aprendizaje. Señaló que las mujeres pueden acceder a talleres y actividades diversas, como clases de costura, zumba o mecánica, con el objetivo de ampliar conocimientos y habilidades.

En su mensaje, la presidenta abordó el concepto de libertad desde la experiencia de las mujeres, destacando que el cuidado de la familia no implica renunciar a la autonomía personal. Precisó que el nombre de estos centros responde al reconocimiento de las libertades de las mujeres y a la importancia de generar condiciones para su bienestar y desarrollo.

La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, informó que este es el segundo Centro Libre en Ciudad Juárez y que forma parte de un total de 17 proyectados para el estado de Chihuahua, con una inversión de 20 millones de pesos. Detalló que estos espacios integran una red nacional de atención a mujeres en situación de violencia y de impulso a su autonomía económica, emocional y social.

El centro operará con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y brindará servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica, orientación social, talleres de capacitación y actividades comunitarias. De manera permanente contará con una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.

En el marco de la visita presidencial, se desplegó un operativo de seguridad en el aeropuerto, vialidades y puntos incluidos en la agenda oficial. La presidenta también destacó programas sociales dirigidos a mujeres, como la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años en el país.

La apertura del centro ocurre en un contexto donde la violencia familiar mantiene una tendencia estable, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con mayor incidencia en colonias como Riberas del Bravo y Senderos de San Isidro.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Una lamentable tragedia sacudió el estado de Puebla la noche del pasado lunes 3 de febrero, cuando un intento de asalto terminó con la vida de un bebé de nueve meses y dejó herida a su madre. El violento suceso ocurrió en la carretera que conecta con Zacatlán de las Manzanas, a la altura de Ahuazotepec. 

La familia viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados a bordo de una camioneta. Al percatarse del peligro, el padre, quien conducía el automóvil, intentó escapar acelerando, pero los delincuentes reaccionaron abriendo fuego contra el auto. Una de las balas impactó en la cabeza del bebé, provocando una situación desesperante para los padres.

Tras el ataque, los padres llevaron de emergencia al menor al Hospital General de Zacatlán, donde lamentablemente los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La madre del bebé también resultó herida durante el tiroteo.

Las autoridades locales fueron notificadas del crimen y de inmediato se desplegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y peritos para recabar pruebas, tomar declaraciones y asegurar el vehículo como parte de la investigación.

Este suceso ha generado gran conmoción, especialmente porque, según testigos y medios locales, la zona donde ocurrió el ataque ha sido escenario de varios intentos de robo cometidos por los mismos delincuentes. La violencia con la que actuaron los agresores evidencia el nivel de inseguridad en la región.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, condenó enérgicamente el crimen y aseguró que no habrá impunidad. A través de redes sociales, expresó su solidaridad con la familia afectada y reiteró su compromiso con la justicia. “Como padre de familia, expreso mi solidaridad. Como gobernador, garantizo que NO habrá impunidad. Este homicidio tendrá consecuencias legales”, publicó.

Además, Armenta informó que ha instruido a la Secretaría de Seguridad de Puebla para colaborar con la Fiscalía en las investigaciones y coordinar la búsqueda de los responsables en conjunto con otras instancias de seguridad.

Este crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en las carreteras del estado y la urgencia de reforzar las estrategias para combatir la delincuencia. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y mayor protección para evitar que hechos tan trágicos se repitan en el futuro.