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El domingo, un grupo de personas encapuchadas interceptó la caravana en la que viajaba Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el partido oficialista, mientras realizaba campaña en Chiapas.. Los encapuchados exigieron a Sheinbaum abordar el problema de la violencia en la región, donde dos cárteles del narcotráfico mantienen una disputa territorial.

Los encapuchados se identificaron como habitantes locales y expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno contra la inseguridad. Pidieron a Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un “desastre” similar a otras áreas.

En el video, Sheinbaum aparece escuchando a los encapuchados con atención, sin que se vean armas presentes. La candidata estaba escoltada por el Ejército y la Guardia Nacional, y confirmó el incidente, restando importancia al evento.

Sin embargo, la diputada federal por el partido oficialista Morena, Patricia Armendáriz, que acompañaba a la caravana, expresó en la red social X su preocupación de que los encapuchados estuvieran vinculados a algún cártel, aunque borró su publicación poco después.

En una reunión con la prensa, Sheinbaum describió el incidente como “extraño” y mencionó que el video fue difundido por un medio crítico con el oficialismo. Aunque no creía que los encapuchados fueran parte del crimen organizado, la región donde ocurrió el incidente es un punto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Los cárteles han estado imponiendo retenes, sometiendo a los pobladores y provocando desplazamientos masivos, lo que era más común en otras partes de México, pero relativamente nuevo para Chiapas hasta el año pasado. Los grupos buscan controlar rutas de migrantes, drogas y armas provenientes de Centro y Sudamérica con destino a México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta restringiendo los viajes de sus funcionarios a esta zona debido a la creciente violencia.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha acusado al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con la promesa de combatir el delito del huachicol, especialmente en estados como Hidalgo y Puebla, donde la situación, según ella, ha empeorado.

En una entrevista tras su participación en el inicio de la campaña de Eduardo Rivera Pérez, candidato a gobernador de Puebla, Gálvez destacó que el huachicol sigue siendo un problema grave, incluso señaló que ahora está involucrando a personas externas. Recordó sus denuncias previas contra Mario Delgado, líder nacional de Morena, por posibles vínculos con el crimen organizado.

La candidata también comentó sobre las postulaciones de personas con supuestos lazos con el huachicol, como Guadalupe Martínez, hija de “el Toñín”, y pidió que se investiguen estas acusaciones, subrayando que no defenderá a personas relacionadas con la delincuencia, independientemente del partido al que pertenezcan.

Durante el evento de inicio de campaña, Gálvez reiteró su compromiso de cambiar las políticas para combatir la delincuencia, prometiendo poner fin al huachicol en Puebla y devolver los fondos de seguridad pública a los municipios. Además, propuso aumentar los salarios de los policías para garantizar un salario mínimo de 20 mil pesos.

En cuanto a otros candidatos, Gálvez criticó a Alejandro Armenta, candidato de Morena a la gubernatura, afirmando que formó parte del gabinete de Mario Marín, y sugirió que su pasado favorecerá a Rivera Pérez en la contienda.

Por otro lado, tanto Rivera Pérez como Mario Riestra, candidato a la alcaldía de Puebla capital, hicieron un llamado a los miembros de Morena descontentos con las decisiones del partido, invitándolos a unirse a su coalición. Rivera presentó diez ejes de su gobierno propuesto, entre ellos combatir la inseguridad, la violencia de género y aumentar los recursos para programas sociales.

En la tarde, Gálvez y Rivera liderarán una caminata en Moyotzingo, una localidad conocida por la actividad delictiva que busca atraer a las víctimas a través de anuncios falsos en redes sociales sobre la venta de automóviles a precios bajos.

• La próxima elección los ciudadanos de la Capital evaluarán los servicios públicos, seguridad y calidad de vida

Ciudad Victoria, Tam.- La capital del estado se ha convertido en el epicentro de una batalla electoral donde los ciudadanos jugarán un papel fundamental con su voto, en un escenario que plantea un dilema básico, seguir en la Capital con los mismos esquemas municipales representado por Eduardo Gattás, o un cambio en la persona de Oscar Almaraz, quien ha generado en miles de victorenses que hoy viven inconformes una luz de esperanza.

Si bien, participa Luis Torre Aliyán, el mismo se ha convertido en su peor enemigo, ya que a días de iniciar el proceso electoral, arrancó una guerra intestina desarrollando un conflicto contra el líder moral del partido que lo abandera (Movimiento Ciudadano) Gustavo Cárdenas, además de otras figuras y perfiles de ese organismo político.

Para la ciudadanía a lo largo de la Capital, la vida cotidiana se ha convertido en una auténtica pesadilla al lidiar a su paso con problemas de atención básica municipal, como baches, un pésimo servicio de basura, un pobre alumbrado, inseguridad que crece día a día y problemas de agua, que si bien no es achacable al alcalde, si lo es la forma en que lo enfrenta.

En este sentido, el regreso de Oscar Almaraz a Victoria, tras su paso por la Cámara de Diputados en el que destacó como el legislador tamaulipeco más productivo, ha generado una gran expectativa por su capacidad de gestión y acuerdos, además de su trabajo en la alcaldía, donde la cantidad de obras realizadas dejo un precedente historicamente que nadie a igualado.

Viene para la Capital un proceso electoral muy intenso, donde el actual alcalde tratará de reelegirse pese a un mal trabajo, con un partido dividido por sus propios arrebatos, y donde pese a tener alieado politicamente los colores desde hace 2 años, no ha logrado una sola obra emblematica.

Por su parte, Almaraz llega en un ambiente de unidad, con objetivos claros, y con la tranquilidad del respaldo de obras y acciones que los victorenses actualmente usan y servicios, que en su momento, funcionaban como relojito y hoy en día extrañan.

La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional implementar una estrategia sólida y aumentar el número de efectivos para asegurar la integridad en la red vial del país.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se reportaron 13,848 robos en carreteras mexicanas, marcando un aumento del 4.6% en comparación con los incidentes de 2022.

La senadora Verónica Martínez, en representación de la bancada priista, resaltó que solo en las carreteras del Estado de México y Puebla se contabilizaron 7,445 robos durante ese periodo.

A través de una propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se enfatizó la urgencia de fortalecer la seguridad en estas vías.

Martínez también instó a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a trabajar en colaboración para evitar la impunidad en estos crímenes.

Además, señaló que los daños a los bienes de los conductores también afectan al sector productivo nacional, ya que el aumento de robos en carreteras perturba las diversas cadenas de suministro, aumentando el costo del transporte de bienes y afectando al consumidor final con precios elevados.

“Se estima que durante 2022, estos delitos han resultado en pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos, debido a la venta de productos, materias primas o bienes en el mercado informal, a precios que no corresponden a sus costos de producción”, agregó.

La legisladora detalló que los productos más afectados por los robos son hidrocarburos, productos químicos y prendas de vestir, que en conjunto representan casi el 81% del total de la carga robada, mientras que el 7% son alimentos y el resto corresponde a diversos productos y materias primas.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.