Violencia en México ha tenido un costo económico devastador que asciende a 19.8% del PIB

Violencia en México ha tenido un costo económico devastador que asciende a 19.8% del PIB

El Índice de Paz México 2023 revela un impacto económico alarmante de 4.9 billones de pesos debido a la violencia, subrayando la urgente necesidad de políticas efectivas para abordar el problema.

El impacto de la violencia en la economía de México alcanzó niveles sin precedentes, representando el 19.8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Según el reciente informe del Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), este costo ascendió a 4.9 billones de pesos, reflejando un aumento respecto al año anterior, cuando se reportó un impacto de 4.6 billones de pesos, equivalente al 18.3% del PIB.

 

El informe destaca que, a pesar de una modesta mejora del 1.4% en la tranquilidad de los mexicanos, el costo económico de la inseguridad sigue siendo exorbitante. Los cinco principales indicadores del índice —homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia— mostraron mejoras en 2023. Sin embargo, subindicadores cruciales como delitos graves, secuestro y tráfico de personas se deterioraron, evidenciando la complejidad del panorama de seguridad en el país.

 

Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, enfatizó la necesidad de abordar los problemas estructurales. “Mientras no trabajemos en los pilares, no vamos a seguir adelante”, declaró, subrayando que la solución requiere un enfoque integral y sostenido.

 

Carlos Juárez Cruz, director del IEP, expresó su preocupación por la diversificación de las actividades del crimen organizado. “Vamos mejorando, pero no estamos mejorando al ritmo que desearíamos”, afirmó en la conferencia de prensa. Juárez Cruz destacó el aumento de extorsión, narcomenudeo y tráfico de opioides, especialmente fentanilo, como reemplazo de los decrecientes mercados de marihuana y heroína en Estados Unidos. Desde 2019, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos se ha multiplicado por diez, ilustrando la creciente amenaza que representa esta droga.

 

El informe también revela un aumento en la violencia contra la policía, con más de 2,600 agentes asesinados desde 2018. “Es casi cuatro veces más mortal ser policía que ser civil”, afirmó Juárez Cruz, destacando la peligrosidad de la profesión en el actual contexto de inseguridad.

 

Asimismo, la violencia contra políticos ha aumentado significativamente en los últimos tres años. Solo en 2023, se registraron más de 170 asesinatos de figuras políticas, reflejando la gravedad de la situación y la amenaza constante para quienes participan en la vida pública del país.

 

Yucatán se mantuvo como el estado con mayor índice de paz en México por séptimo año consecutivo, seguido de Tlaxcala y Chiapas. Sin embargo, el informe señala que, a pesar de su alta clasificación, Chiapas ha experimentado un aumento en la violencia debido a la creciente infiltración de grupos del crimen organizado.

 

En el otro extremo del espectro, Colima se ubicó como la entidad más violenta, con una tasa de homicidios de 111 por cada 100,000 personas en 2023, superando su propio récord de 2022. Desde 2015, los homicidios relacionados con el crimen organizado han aumentado drásticamente, pasando de aproximadamente 8,000 a unos 20,000.

 

El informe también muestra un incremento en el número de migrantes internacionales no autorizados en México, que alcanzó un récord de 800,000 en 2023. Además, las desapariciones registradas también aumentaron, con más de 12,000 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 29.1% fueron mujeres, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

 

A pesar de una reducción del 5.3% en la tasa de homicidios en el último año, los feminicidios han crecido alarmantemente, aumentando del 19.8% en 2015 al 24.7% en 2023. “Es grave, insisto, no es posible que este país no declare una emergencia frente a esto”, lamentó Juárez Cruz, llamando a una respuesta contundente para enfrentar esta crisis.

 

El Índice de Paz México 2023 subraya la urgente necesidad de implementar políticas efectivas y sostenibles para reducir la violencia y sus devastadores impactos económicos y sociales en el país.

Cuestiones de Política 

Directorio

La Iglesia Mexicana Alerta sobre la Violencia Electoral en las Presidenciables 2024

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.