La Iglesia Mexicana Alerta sobre la Violencia Electoral en las Presidenciables 2024

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.