Etiqueta: Violencia Política de Género

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha concluido que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

Pese a esta determinación, las leyes actuales no permiten sancionar al Presidente por este tipo de infracciones electorales, limitándose a reconocer su responsabilidad.

La senadora Gálvez presentó una denuncia señalando que el Presidente realizó comentarios constitutivos de violencia política en 11 conferencias matutinas. La Sala Especializada del TEPJF corroboró la infracción, destacando las declaraciones de López Obrador donde afirmaba que Gálvez obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, quienes la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y así atraer la simpatía del electorado.

Estas declaraciones del mandatario, según el tribunal, constituyen violencia simbólica, ya que buscan menoscabar el reconocimiento de los derechos políticos de Gálvez basándose en su género y origen indígena, reforzando estereotipos de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y negando su autonomía en la toma de decisiones.

Adicionalmente, el tribunal subrayó que el Presidente se niega a reconocer la trayectoria de Gálvez como funcionaria pública. Asimismo, se estableció su responsabilidad indirecta en relación con las personas que participan en la difusión de las conferencias matutinas, y se notificó a las áreas correspondientes.

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

En un veredicto histórico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la reconocida periodista Denise Dresser no incurrió en violencia política de género contra la diputada morenista Andrea Chávez. La resolución revocó una multa de 20 mil pesos y otras medidas impuestas a Dresser, argumentando que sus expresiones estaban amparadas en la libertad de expresión y en su labor periodística.

La controversia surgió a raíz de comentarios emitidos por Denise Dresser durante el programa “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido por Latinus el 15 de agosto de 2023. En dichas declaraciones, Dresser utilizó expresiones como “es un tema de faldas”, “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no”, referenciando a Andrea Chávez y sus aspiraciones políticas. La diputada presentó una denuncia por violencia simbólica y psicológica.

La magistrada Mónica Soto, al presentar el proyecto, propuso la revocación de la multa y otras medidas de reparación impuestas a Denise Dresser. Argumentó que las expresiones de la periodista estaban respaldadas por la libertad de expresión y la actividad periodística. La Sala Superior respaldó esta postura, considerando que el propósito de Dresser era evidenciar un posible uso de recursos públicos y la disminución de las posibilidades de éxito de Andrea Chávez en su aspiración a la coordinación.

El magistrado Felipe de la Mata subrayó que la libertad de expresión no debe ser coartada por la violencia política de género. Declaró que este tipo de violencia no puede convertirse en un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. Además, enfatizó que las expresiones de Dresser se enmarcan en la crítica y exposición de información de relevancia pública.

La respuesta de la diputada Chávez tras conocer la decisión del TEPJF fue contundente. En un comunicado, manifestó que Denise Dresser cometió violencia política de género en su contra, según la determinación unánime del tribunal. Chávez destacó que las palabras de Dresser estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando sus derechos político-electorales.

Por su parte, Denise Dresser celebró el fallo del tribunal como un triunfo para la libertad de expresión. En sus declaraciones, la periodista consideró que esta decisión histórica demuestra que no cometió violencia política de género y que, con ello, se preserva el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos.

La polémica alrededor de este caso resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género. El TEPJF, al absolver a Denise Dresser, envía un mensaje claro sobre la necesidad de abordar estas situaciones con un análisis amplio y contextual, evitando que la libertad de expresión sea restringida injustamente. La sentencia sienta un precedente significativo en el debate sobre la libertad de expresión y el respeto a los derechos político-electorales en el contexto de la actualidad política mexicana.

En una conferencia de prensa, la diputada priísta Montserrat Alicia Arcos Velázquez reveló haber presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la mañana de hoy, acusando al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de violencia política de género y actos de corrupción. La legisladora argumentó que la situación inicialmente surgió como un tema de explotación, moches y corrupción.

“Quiero informarles que me dirigí al INE para presentar una denuncia contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por violencia política de género y actos de corrupción”, declaró Arcos Velázquez. “Todo comenzó como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción”.

La diputada detalló que, en un principio, fue abordada por el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien buscaba obtener recursos destinados por el partido para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres. Arcos Velázquez afirmó que Gutiérrez le propuso un esquema que incluía el retorno del 50 por ciento de dichos recursos, lo que, según ella, evidencia no solo un tema de violencia política sino también de corrupción.

“Los partidos políticos están obligados a destinar el 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres”, explicó la diputada. “Cuando no obtuve respuesta de mi parte a la propuesta del secretario de Finanzas, decidí buscar diálogo con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien me pidió escuchar la propuesta legal y transparente de Gutiérrez, asegurándome que no comprometería mi integridad”.

Arcos Velázquez sostuvo que, en ese momento, no fue considerada digna de ser escuchada por el presidente del partido. “Se trata de una denuncia delicadísima”, subrayó la legisladora en San Lázaro. “Hagan de cuenta que me cayó lepra. Habrá más reacciones, pero me asiste la verdad”.

Además de Alejandro Moreno, la denuncia ante el INE también implica al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, y cualquier persona que resulte responsable. La denuncia aborda un asunto de moches y corrupción, específicamente la no asignación de la partida presupuestal al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Arcos Velázquez argumenta que la denuncia se relaciona con la obstaculización del cumplimiento del programa anual de trabajo del ONMPRI, alegando que el dirigente intentó extorsionarla solicitándole parte del presupuesto del organismo que ella encabezaba hasta su relevo.