A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.

El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.

Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.

Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.

En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.

Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen activas a once años del suceso, según informó el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra. A su llegada a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de los jóvenes desaparecidos, Gómez Piedra afirmó que los trabajos no se han detenido.

El fiscal, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), destacó que se han abierto más de 46 causas penales y que hasta ahora se ha realizado la detención de 120 personas vinculadas al caso. “Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cuerpos”, señaló el funcionario federal, quien también indicó que aún no se ha logrado ubicar el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Claudia Sheinbaum, en su tercer encuentro con los familiares de los estudiantes desde que inició su sexenio, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Durante su conferencia matutina de este martes, expresó que “es una responsabilidad hablar con ellos (los padres) y si lo aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando”.

Desde las primeras horas de la tarde, colectivos y familiares comenzaron a llegar a las inmediaciones de Palacio Nacional, accediendo al recinto histórico por la calle Moneda. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, no pudo asistir a la reunión por motivos de salud.

La presidenta confirmó que la reunión fue parte del seguimiento institucional al caso y que todas las dependencias gubernamentales pertinentes continúan colaborando. “Primero a los padres y a las madres, es una responsabilidad, primero hablar con ellos y si ellos aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando para la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”, indicó Sheinbaum.

Rosendo Gómez enfatizó que, aunque la búsqueda directa no ha tenido éxito en localizar a los estudiantes, el proceso judicial y las diligencias siguen en marcha. Al ser cuestionado sobre avances derivados de la reciente captura de una exmagistrada implicada, respondió que “los avances son esos”, remarcando que las investigaciones continúan activas y sin pausa.

El caso Ayotzinapa permanece como una de las heridas más profundas en la historia reciente del país. A pesar del tiempo, sigue movilizando a familiares, sociedad civil e instituciones. La reunión en Palacio Nacional, enmarcada por el respaldo presidencial, refleja la intención del nuevo gobierno de no cerrar la carpeta hasta agotar cada línea de investigación.

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció crear un nuevo equipo de investigación basado en elementos científicos para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, detalló que durante la reunión, que duró casi dos horas, la presidenta también mencionó la posibilidad de llamar a testificar al expresidente Enrique Peña Nieto si el nuevo equipo encuentra pruebas que lo involucren. “Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, afirmó Rosales.

El nuevo equipo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Su propósito será aplicar una metodología científica, incluyendo el análisis de telefonía celular y otros datos tecnológicos, con el fin de obtener avances significativos en la investigación. Sin embargo, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa continuará operando paralelamente.

Rosales también destacó que la relación con la presidenta ha permitido construir bases de confianza mutua. No obstante, insistió en la necesidad de que el gobierno federal exija la entrega de expedientes militares que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha proporcionado. 

“El Ejército lo ha negado, la posición que el Ejército tiene es la que ya conocemos, entonces ella nos dice que el Ejército refiere ya entregó toda la información. Sin embargo, hemos insistido que esa información, básicamente la que se refiere a los 16 jóvenes trasladados de barandilla y de una conversación del día 26 de septiembre del 2014 y una del 4 de octubre del 2014, no se han dado”, explicó.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Sheinbaum reconoció que hay dificultades para que Israel conceda la extradición, pero dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas, como la intervención de un tribunal internacional.

El encuentro reafirma el compromiso del gobierno actual con la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, aunque los familiares continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen el esclarecimiento del caso.