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Con un mensaje centrado en su trayectoria política y en la defensa de su historial público, Carlos Puente dio el primer paso en la disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Zacatecas al registrarse como aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación.

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprovechó el acto para asegurar que, después de 30 años de carrera política, puede responder por cada etapa de su vida pública.

“No tengo un sólo vínculo que me avergüence”, afirmó. Más adelante añadió: “Soy un político nacional, soy un político zacatecano que con 30 años de trayectoria puedo pararme a verles de frente y decirles: tengo las manos limpias”.

Durante su registro dentro del proceso que realizan el PVEM, Morena y el Partido del Trabajo (PT), el legislador sostuvo que ha construido su carrera sin depender de padrinazgos políticos. “Soy un hombre honesto y honrado, que ha construido su carrera política sin padrinazgos”, expresó.

Además de defender su trayectoria, Puente dirigió un mensaje a quienes también participan en la búsqueda de la coordinación, al pedir que el proceso interno no derive en confrontaciones. “Porque Zacatecas no requiere de división. El pleito, la confrontación y el encono son el peor enemigo para el desarrollo de Zacatecas. Vamos a construir un puente a la unidad y a la transformación”, señaló al convocar a construir acuerdos entre los aspirantes.

Acompañado por Arturo Escobar, Comisionado Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, así como por legisladores, dirigentes locales y militantes de ese partido, expuso que Zacatecas necesita impulsar la industrialización, generar más oportunidades y atraer inversiones para elevar el bienestar y el crecimiento económico.

Como parte de ese planteamiento, aseguró que el estado debe fortalecer su capacidad para generar recursos propios. “Tiene que cambiar ese paradigma de dejar de estar pidiendo dinero mes con mes a la Federación y tener la capacidad de generar sus propios ingresos”, planteó.

Al concluir su intervención, reiteró que cuenta con una ruta definida para alcanzar esos objetivos. “Vamos a cambiar la receta, vamos a escribir una nueva historia para Zacatecas”. “Tengo claro qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a obtener los recursos para hacerlo”, garantizó.

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, anunciada durante la semana por autoridades federales y estatales, finalmente no se llevará a cabo este domingo. La modificación quedó reflejada en la agenda oficial distribuida a medios de comunicación, donde la mandataria aparece sin actividades públicas programadas para la jornada.

La presencia de Sheinbaum en la entidad había sido dada a conocer desde el jueves pasado durante su conferencia matutina. En esa ocasión, la titular del Ejecutivo federal adelantó que realizaría una gira de fin de semana que incluía una actividad en Colima el viernes y una visita a Zacatecas el domingo.

Tras ese anuncio, la expectativa creció en el estado. Un día después, el gobernador David Monreal confirmó públicamente que la presidenta acudiría a territorio zacatecano. Aunque no se detallaron los proyectos, obras o temas que formarían parte de la agenda, la visita fue presentada como un encuentro relevante para la entidad.

La información también fue difundida por la dirigencia estatal de Morena. Roxana Muñoz, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en Zacatecas, compartió en redes sociales el anuncio de la gira presidencial y destacó los posibles beneficios que representaría para la población.

“Su visita representa más avances, proyectos y oportunidades para el bienestar de las familias zacatecanas”, escribió.

La llegada de la mandataria incluso motivó pronunciamientos de distintos sectores. Entre ellos, la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aprovechó el contexto para solicitar la atención de diversas demandas relacionadas con el magisterio.

Sin embargo, la visita quedó descartada antes de concretarse. La agenda oficial del Gobierno de México para este domingo ya no contempla actividades en Zacatecas ni eventos públicos encabezados por la presidenta. Hasta ahora, no se ha informado la razón por la que fue suspendido el recorrido que había sido anunciado previamente para el estado.

El aseguramiento de cinco pericos cachetes amarillos en Zacatecas volvió a colocar en el centro del debate una reforma que busca endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en México y que aún no concluye su proceso legislativo en el Congreso.

Los ejemplares, catalogados como una especie protegida por la legislación mexicana, fueron rescatados este domingo durante un operativo encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre.

La intervención se llevó a cabo después de varias semanas de trabajo de vigilancia e inteligencia. Las autoridades contaron además con reportes ciudadanos y avisos emitidos por Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, que señalaron la posible comercialización ilícita de especies protegidas.

A partir de este caso, el Partido Verde reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas legales para sancionar con mayor rigor a quienes participan en actividades que afectan la biodiversidad y los ecosistemas nacionales.

La propuesta impulsada por la bancada ecologista plantea modificaciones al Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión y las multas económicas relacionadas con diversos delitos ambientales. 

Entre las conductas contempladas se encuentran el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la tala clandestina, los incendios forestales provocados, la destrucción de ecosistemas y la contaminación de suelos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre del año pasado. 

Además del aumento de castigos, incorpora agravantes para los casos cometidos dentro de áreas naturales protegidas o cuando las afectaciones recaigan de manera grave sobre especies en riesgo. De acuerdo con el Partido Verde, estas medidas buscan desalentar actividades que generan beneficios económicos mediante el deterioro del patrimonio natural del país.

Pese al avance legislativo alcanzado en San Lázaro, la reforma todavía no entra en vigor. “la iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo, ya que el Senado de la República realizó modificaciones a la minuta y la devolvió a la Cámara de Diputados, donde permanece pendiente de su dictaminación final”, acusó el Partido Verde en una nota de prensa.

La muerte de cinco trabajadores en la refinería Olmeca Dos Bocas reactivó una exigencia que ahora llegó al corazón administrativo de Pemex en Ciudad de México. Padres de familia de dos escuelas ubicadas a menos de 100 metros del complejo petrolero se manifestaron afuera de la torre ejecutiva de la paraestatal para exigir el traslado inmediato de los planteles.

Las familias acusan que, pese al compromiso público anunciado hace dos meses por la presidenta Claudia Sheinbaum, los alumnos de la Escuela Primaria Rural Abías Domínguez Alejandro y del Jardín de Niños Agustín Melgar continúan tomando clases junto a la refinería.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron mantas sobre las rejas del edificio de Petróleos Mexicanos para denunciar los riesgos que enfrentan diariamente los estudiantes por la cercanía con las instalaciones industriales de Dos Bocas, en Tabasco.

“A nuestras escuelas las separa de la refinería únicamente una barda que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruidos ensordecedores ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestros hijos”, afirmó Arina Nava, madre de familia.

La presión de los padres ocurre después del accidente registrado en la refinería, donde al menos cinco trabajadores murieron, hecho que llevó al gobierno federal a anunciar la reubicación de ambos centros educativos.

Frente a los inconformes, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, informó que la empresa proyecta concretar para el próximo ciclo escolar el traslado de una de las escuelas y la construcción de otra.

“Vamos a atender en función de la infraestructura existente porque la reubicación no era posible porque no había espacios para hacerlo. Cedimos a la tarea de hacer el proyecto constructivo, están ya, por conseguir el dinero, porque andamos escasos en el área”, declaró el funcionario.

La demanda de cambio de sede comenzó desde abril. Desde entonces, la Asociación de Padres de Familia de la primaria Abías Domínguez Alejandro ha buscado diálogo con autoridades locales para abordar el traslado del plantel, considerado uno de los más cercanos a la refinería Olmeca Dos Bocas.

Más de cinco horas atrapados sobre la carretera federal 54, entre Tabasco y Villanueva, pasaron decenas de civiles mientras personal militar trabajaba en la localización y desactivación de minas terrestres colocadas en la zona. El episodio ocurrió durante una nueva jornada de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el sureste de Zacatecas y coincidió con el relevo en la comandancia de la 11 Zona Militar.

En medio de ese escenario, el General Isaac Bravo López dejó el mando militar en Guadalupe, Zacatecas, después de un año y tres meses en el cargo. El Ejército lo reubicó a la 41 Zona Militar, en Puerto Vallarta, y en su lugar fue designado el General Brigadier Armando Toscano Yáñez.

El cambio se realizó mientras elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) mantenían operativos en municipios del sur del estado por nuevos choques armados entre La Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La región permanece bajo una disputa constante entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control territorial. La violencia ha provocado desplazamientos de familias, abandono de viviendas y tierras de cultivo, especialmente en comunidades colindantes con Jalisco.

Bravo López había asumido la comandancia el 16 de febrero del año pasado en una ceremonia encabezada por el gobernador David Monreal. Su llegada estuvo acompañada del compromiso de reforzar la seguridad en municipios como Guadalupe, Jalpa, Juchipila, Moyahua, Apozol y Tabasco, considerados puntos estratégicos por su ubicación en la franja sur de Zacatecas.

El relevo ocurre también en un contexto marcado por versiones difundidas en redes sociales y medios locales que relacionan al mando militar con la facción de La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos aparece una presunta cercanía con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. A esto se suma la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad y las protestas recientes de productores del campo contra el gobierno estatal.

De acuerdo con reportes extraoficiales, este conjunto de factores habría influido en la salida de Bravo López de la 11 Zona Militar. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha respondido oficialmente a las versiones difundidas ni a las solicitudes de información relacionadas con el caso.

Un incendio consumió por completo las 16 bodegas del complejo Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales para contener las llamas y evitar mayores riesgos. El siniestro, ocurrido antes de las 19:00 horas, dejó pérdidas materiales totales, sin reporte de personas lesionadas hasta el cierre de esta edición.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el incendio habría sido provocado por la quema de neumáticos realizada por productores de frijol que mantenían protestas en el lugar.

“Lo que indica ahora el coordinador de Protección Civil, y lo que nos han dicho los peritos de las fiscalías (FGR y estatal) con la información que tienen, es que el incendio se provocó a raíz del incendio que provocaron los neumáticos”,declaró el funcionario.

Horas antes del siniestro, productores provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco habían tomado las instalaciones y bloqueado la carretera federal 45, en la salida hacia Fresnillo, donde también realizaron quemas como parte de sus protestas por presuntas irregularidades en el programa de acopio de frijol.

Entre las 15:00 y 16:00 horas, se registraron nuevas quemas dentro del patio de maniobras del complejo. Posteriormente, el fuego se extendió y terminó por consumir la totalidad de las bodegas. El sitio funcionó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como sede central de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Ante la emergencia, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades locales, quienes trabajaron para retirar vehículos cercanos y evitar que el fuego alcanzara depósitos de combustible.

Reyes Mugüerza señaló que previamente se buscó dialogar con los manifestantes para evitar la quema de neumáticos. “No hubo manera”, afirmó. También indicó que “es un delito lo que se está haciendo en este caso”, aunque aclaró que será necesario esperar los peritajes para determinar responsabilidades legales.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y definir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, autoridades confirmaron que los daños materiales serían totales y continúan pendientes los dictámenes oficiales sobre las causas del siniestro.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.

A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.