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Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que realizará una aportación económica personal a la asociación civil Humanidad con América Latina, iniciativa promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador con el propósito de respaldar acciones de ayuda dirigidas a Cuba.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la organización está representada por el artista Carlos Pellicer López y la escritora Laura Esquivel. Aunque no ofreció detalles sobre el proceso específico mediante el cual se conformó la asociación, sostuvo que su creación siguió los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra organización de este tipo.

En una primera respuesta a los cuestionamientos de la prensa, la mandataria señaló que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de los principios que, dijo, caracterizan al movimiento político que representa. “—Nos corresponde— seguir apoyándolo porque ese es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo como persona, pues ya veré si hacemos una aportación”, expresó inicialmente.

Posteriormente, ante nuevas preguntas sobre si contribuiría económicamente con la organización, confirmó que contempla realizar una donación de manera individual. “Sí, yo creo que sí, lo voy a hacer de manera personal”, reiteró.

Sheinbaum también aprovechó el espacio para referirse a las críticas que se han difundido tras el mensaje del exmandatario López Obrador en relación con esta iniciativa. La presidenta sostuvo que en torno al tema se han propagado afirmaciones que calificó como falsas. Según explicó, se han difundido “mentiras tremendas” respecto a la postura del país y al origen del proyecto.

En su intervención, la mandataria recordó la posición histórica de México respecto al embargo económico contra Cuba. Señaló que el país ha mantenido una postura crítica frente a ese tipo de medidas internacionales y subrayó que México ha defendido históricamente una política exterior basada en la solidaridad entre pueblos.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte (…) el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha, y acá pues es el humanismo, la fraternidad”, declaró.

La asociación Humanidad con América Latina fue presentada como un mecanismo para canalizar apoyo hacia Cuba, país con el que México ha mantenido relaciones diplomáticas continuas durante décadas. En ese contexto, la presidenta reiteró que la solidaridad con otras naciones forma parte de la identidad histórica del país. 

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca”, afirmó.

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

Un acuerdo político previo entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar marcó el proceso de elección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según relata Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder.

En el capítulo 26, titulado “La Corte”, el exconsejero jurídico de la Presidencia detalla que respaldaba la candidatura de Zaldívar porque existía un compromiso político mutuo con el titular del Ejecutivo federal. “El candidato que yo apoyaba era Arturo Zaldívar, que había hecho un compromiso político con el presidente y el presidente con él”, expone en la obra.

De acuerdo con el testimonio, en la contienda interna también participaba el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contaba con el apoyo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Scherer señala que López Obrador le solicitó dialogar con la titular de Gobernación para construir un acuerdo que favoreciera a Zaldívar, al ser el único con quien tenía un compromiso político directo.

El exfuncionario describe una reunión celebrada en la casa de Sánchez Cordero, donde Zaldívar y él buscaron sumar apoyos entre los ministros. Según su versión, aunque hubo diálogo en un ambiente distendido, la entonces secretaria no manifestó respaldo explícito a la candidatura.

Scherer también atribuye el voto decisivo a favor de Zaldívar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. Añade que, tiempo después, Medina Mora fue presionado por la Fiscalía General de la República para presentar su renuncia al cargo. El libro sostiene que López Obrador depositaba plena confianza en Zaldívar y que, bajo esa lógica, impulsó la propuesta para extender su mandato al frente del máximo tribunal.

Finalmente, Scherer afirma que, tras su salida de la Consejería Jurídica y la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, se perdió la interlocución con el Poder Judicial. En su relato, considera que una relación más efectiva pudo haber evitado la profunda reforma judicial aprobada posteriormente, al estimar que no existían razones suficientes para una transformación de tal magnitud.

Las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron un acuerdo público de unidad con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, luego de varios meses marcados por diferencias políticas derivadas de la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.

El pacto fue presentado en un acto protocolario encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dio lectura al documento que establece las bases del entendimiento entre las tres fuerzas políticas. El evento tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó frente a medios de comunicación, aunque no se abrió espacio para preguntas.

Durante su intervención, Alcalde afirmó que el acuerdo refrenda la cohesión de la alianza con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación del país. Señaló que las fuerzas firmantes priorizan una agenda orientada a un México más justo, democrático, igualitario, incluyente e independiente, sustentado en la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. También destacó que el compromiso incluye respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las políticas asociadas a su administración.

En el mismo acto, los dirigentes del PT y del PVEM expresaron su adhesión al acuerdo. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, subrayó que el respaldo de su instituto político es de carácter institucional y responsable, enfocado en el interés nacional. Añadió que su partido mantiene disposición permanente al diálogo para encontrar coincidencias y construir soluciones que prioricen el bienestar social y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, precisó que el compromiso firmado abarca los procesos electorales de 2027 y se extiende hasta 2030, consolidando una ruta compartida entre los tres partidos.

Las fricciones entre Morena, PT y PVEM se hicieron visibles desde el 5 de febrero, cuando se presentó la iniciativa de reforma electoral propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional, así como una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos.

Estas propuestas fueron consideradas inaceptables por el PT y el PVEM en su planteamiento original, al argumentar que la reforma no era necesaria en un contexto donde Morena ya tenía control de los tres poderes de la Unión. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, había cuestionado previamente la urgencia de modificar las reglas electorales. No obstante, tras la firma del acuerdo, señaló que el pacto de unidad no estuvo vinculado con la reforma electoral.