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Las acusaciones sobre presuntas detenciones de diputados durante el proceso electoral en Coahuila fueron rechazadas por el gobernador Manolo Jiménez, quien aseguró que ninguno de los legisladores que participaron en la contienda fue arrestado durante las campañas ni en la jornada de votación.

Luego de que el PRI obtuviera la totalidad de los triunfos en las elecciones locales, el mandatario estatal salió al paso de los señalamientos relacionados con incidentes registrados durante el proceso y sostuvo que los hechos reportados se limitaron a confrontaciones con habitantes de distintas colonias.

Según explicó, varios de esos episodios involucraron a diputados que llegaron de otras entidades para participar en actividades políticas en Coahuila. De acuerdo con su versión, las diferencias surgieron porque algunos de ellos se enfrentaron con ciudadanos de las comunidades donde realizaban actividades.

“No hubo un solo diputado federal o local que estuviera participando en la elección en Coahuila que fuera detenido”, afirmó.

Jiménez señaló que la intervención de las autoridades se enfocó únicamente en controlar las situaciones de tensión que se presentaron y evitar que escalaran. “Llegaron a decir ‘oigan, ¿saben qué? Pues tranquilos, ustedes para allá y ustedes para allá’, eso fue lo lo lo único que que realmente pasó”, declaró.

Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, donde también abordó los resultados electorales que permitieron al PRI obtener el llamado “carro completo” en el estado.

Al referirse a las razones detrás del resultado, el gobernador atribuyó el desempeño electoral a una estrategia basada en la coordinación entre gobierno, ciudadanía, organizaciones civiles e iniciativa privada, enfocada en temas como seguridad y desarrollo.

“Trabajo en equipo, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada (…) esa es la fórmula mágica que nos ha dado resultados”, expresó.

Pese a que el PRI compitió y ganó en solitario en esta elección, el mandatario aseguró que no descarta volver a construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Recordó que la alianza con PAN y PRD fue el esquema que respaldó su candidatura a la gubernatura en 2023.

“Yo siempre he sido partidario de las alianzas”, señaló, al destacar que ese modelo permitió que cada partido mantuviera su identidad política mientras respaldaba a un mismo candidato.

“Van como cuatro veces que —Lula— me invita y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente que es probable que vaya a Brasil”. Con esa frase, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que evalúa realizar un viaje a Brasil en los próximos meses tras la invitación reiterada del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para sostener un encuentro empresarial entre ambos países.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la posible visita se realizaría antes de junio debido al calendario político brasileño, ya que ese mes inicia el proceso rumbo a las elecciones generales en ese país. La agenda, detalló, estaría enfocada en avanzar en acuerdos derivados del trabajo bilateral que ambos gobiernos han desarrollado durante los últimos meses.

Sheinbaum hizo referencia a declaraciones difundidas por la presidencia brasileña sobre su participación en una próxima reunión empresarial. En ese contexto, confirmó que existe la invitación formal y que actualmente su administración analiza la posibilidad de concretar el viaje.

Según relató la presidenta mexicana, el mandatario brasileño ha insistido en varias ocasiones en organizar este encuentro. La conversación más reciente ocurrió durante una llamada sostenida el lunes, lo que reactivó la posibilidad de que el viaje se lleve a cabo en el corto plazo.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, el objetivo de la reunión sería avanzar hacia acuerdos más específicos derivados de las conversaciones que ambos gobiernos han sostenido en distintos niveles. “Sería para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando ya durante varios meses”, señaló al referirse al alcance de la posible visita.

La mandataria también explicó que el calendario electoral de Brasil condiciona la fecha del encuentro. “Ellos tienen jornada electoral este año y entiendo que inicia en junio o algo así. Entonces, tendría que ser antes de junio que yo fuera”, agregó.

El posible viaje ocurre en un contexto de creciente contacto político y económico entre México y Brasil, considerados las dos economías más grandes de América Latina. Desde que Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, ambos gobiernos han intensificado los intercambios y la coordinación en distintos temas de interés común.

Los acercamientos incluyen diálogo político, cooperación económica y reuniones orientadas a fortalecer la relación bilateral. En ese marco, el encuentro empresarial planteado por Lula da Silva se perfila como un espacio para impulsar proyectos y acuerdos entre ambos países.

De concretarse, la visita se realizaría antes del inicio del calendario electoral brasileño y estaría centrada en fortalecer la agenda económica y empresarial entre México y Brasil, así como en consolidar los trabajos bilaterales que ambos gobiernos han desarrollado durante los últimos meses.

El estado de Oaxaca celebra este domingo 25 de enero un ejercicio inédito de participación ciudadana al llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la gubernatura a nivel estatal. La jornada electoral definirá si Salomón Jara continúa o no al frente del gobierno del estado, en un mecanismo que coloca directamente en manos de la ciudadanía la permanencia del titular del Ejecutivo local.

La votación se desarrolla de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con la instalación de más de 2 mil 800 casillas distribuidas en todo el territorio oaxaqueño, de acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El organismo electoral es el encargado de coordinar y supervisar este proceso, considerado un precedente en la vida política estatal.

Hasta ahora, el único antecedente similar en el país se registró en 2022, cuando se realizó a nivel nacional la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Oaxaca, se trata del primer ejercicio de este tipo aplicado a una gubernatura, lo que marca un hecho relevante dentro de los mecanismos de democracia directa en México.

Durante la jornada, el gobernador Salomón Jara acudió a emitir su voto en una casilla ubicada en el municipio donde reside. Tras participar en el proceso, ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que se refirió al significado del ejercicio y a su postura ante el resultado que emane de las urnas.

“Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (…) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza”, expresó el mandatario estatal luego de depositar su boleta.

Jara también señaló que está dispuesto a respetar la decisión ciudadana, cualquiera que sea el resultado de la votación. En ese contexto, afirmó que se encuentra preparado tanto para continuar en el cargo como para dejarlo si así lo determina la ciudadanía.

“(Estoy) preparado para todo. Preparado para que el pueblo nos diga que continuemos, preparado para seguir trabajando o también preparado para el otro. Hoy esperamos esta jornada los resultados y si el pueblo nos dice que ya no nos da la confianza, pues ya les comenté, yo me voy a mi casa”, aseguró.

Con este proceso, Oaxaca se coloca en el centro de la atención nacional al poner en marcha un mecanismo que evalúa directamente el respaldo ciudadano a su gobierno estatal mediante el voto.

La dirigencia nacional de Morena anunció su intención de impugnar los resultados electorales en siete municipios de Veracruz, en los que los triunfos favorecieron a fuerzas políticas opositoras. La decisión fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, durante una declaración ofrecida el miércoles. El listado incluye los municipios de Las Choapas, Chama, Naranjos, Sayula, Boca del Río, Chontla y San Andrés Tlalnehuayocan.

En este último, ubicado en la zona conurbada con Xalapa, se han generado acusaciones de corrupción, violencia y manipulación electoral. La alcaldesa electa, Arianna Ángeles Aguirre, del PRI, señaló que la candidatura de Morena habría sido vendida por cinco millones de pesos, según declaraciones atribuidas al dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta. La acusación fue difundida tras la confirmación de la victoria de Ángeles Aguirre.

Las cifras oficiales, contenidas en el acta de cómputo, marcan una diferencia de mil 52 votos a favor de la priista, en contraste con los 88 votos que, de acuerdo con Alcalde Luján, se reportaban como diferencia previa. La constancia de mayoría ya fue entregada a Ángeles Aguirre, quien también denunció públicamente la existencia de agresiones y actos vandálicos antes y durante la jornada electoral.

En sus declaraciones, Arianna Ángeles afirmó que 42 de las 43 comunidades de San Andrés Tlalnehuayocan respaldaron su candidatura. Aseguró que en varias zonas obtuvo una ventaja de dos a uno y en otras, hasta tres a uno sobre su principal contendiente. También reportó que su equipo fue agredido, que una de sus camionetas fue dañada y que interpuso denuncias penales contra la excandidata de Morena, María Emilia Nieto Miranda.

A estas tensiones se suman los señalamientos por presuntos intentos de sabotaje electoral. Según Ángeles Aguirre, dos días después de los comicios se intentó quemar urnas, se registraron detonaciones frente a su domicilio y se habría intentado incendiar las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin que las acciones prosperaran.

Mientras tanto, Morena avanza en sus procesos de impugnación, aunque los candidatos ganadores ya recibieron sus respectivas constancias de mayoría, documentos que validan sus triunfos ante las autoridades electorales. El proceso legal continuará en las instancias correspondientes, mientras el clima político en Veracruz mantiene alta su tensión postelectoral.

El escenario postelectoral en Veracruz se torna tenso tras el anuncio de Morena sobre la impugnación de resultados en 23 municipios del estado. Esta decisión se presenta días después de las elecciones del 1 de junio, donde se renovaron las 212 alcaldías veracruzanas.

El representante del partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, confirmó que las impugnaciones están enfocadas en localidades con márgenes de victoria ajustados y en donde se detectaron presuntas anomalías tanto durante la jornada electoral como en los cómputos municipales.

Entre los municipios que figuran en esta estrategia legal destaca Boca del Río. En esta demarcación, la panista Maryjose Gamboa recibió la constancia de mayoría el 5 de junio, tras obtener 635 votos más que la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica. Según Zúñiga Ovando, el proceso ahí estuvo marcado por situaciones que calificó como irregulares y que buscarán acreditar ante las instancias correspondientes.

Uno de los señalamientos incluye la sustitución de funcionarios de casilla con personas que no pertenecían a la sección correspondiente, lo que, de acuerdo con Morena, representa una causal de nulidad del proceso en ese municipio. También se menciona el tema de la fiscalización, en especial el presunto rebase en los topes de gastos de campaña por parte de algunos candidatos.

Otro de los casos destacados es el del municipio de Tlalnelhuayocan, donde, según el partido, se quemó la documentación electoral. Esto coloca a esa elección dentro del rango que permite iniciar un procedimiento de impugnación, al encontrarse bajo el umbral del 5% de diferencia entre los contendientes.

Morena también alude que no se trata únicamente de resultados cerrados, sino de prácticas que comprometerían la transparencia del proceso. En todos los casos señalados, afirman contar con elementos que serán presentados ante los tribunales electorales para sustentar sus reclamos.

Hasta ahora, en el balance general de las elecciones del pasado 1 de junio, la coalición Morena-Partido Verde obtuvo el control de por lo menos 80 municipios. De manera individual, el Partido Verde Ecologista de México logró 13 triunfos, mientras que Morena aseguró 11 alcaldías.

El OPLE de Veracruz concluirá oficialmente los cómputos municipales este domingo 8 de junio, lo que marcará un punto clave en la etapa postelectoral y abrirá paso a las resoluciones judiciales que se deriven de las impugnaciones anunciadas.

El ambiente político en el estado se mantiene expectante ante lo que podría desencadenar una revisión judicial en varios puntos del territorio veracruzano. Morena asegura que defenderá lo que considera triunfos legítimos.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado inicio a los preparativos para la jornada electoral del 1 de junio con la primera fase de capacitación a los ciudadanos seleccionados para fungir como funcionarios de casilla. Este proceso comenzó el 9 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Durante este periodo, Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales visitarán a 13.9 millones de mexicanos elegidos en el sorteo del pasado 6 de febrero. Su labor consiste en notificar y preparar a los ciudadanos que integrarán las mesas de votación, donde se elegirá a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos cargos locales.

En esta primera fase, denominada sensibilización, se busca capacitar a 12.94 millones de ciudadanos para las elecciones del Poder Judicial y a 987,334 para los procesos electorales locales en Durango y Veracruz. El INE ha exhortado a los seleccionados a recibir a los capacitadores y aceptar su participación para garantizar el correcto funcionamiento de las casillas el día de la elección.

Los capacitadores del INE visitarán los domicilios de los ciudadanos seleccionados para verificar si cumplen con los requisitos legales, sensibilizarlos sobre la importancia de su función y explicarles sus responsabilidades dentro de la jornada electoral. En caso de no ser localizados en una primera visita, se programarán nuevas visitas en horarios más adecuados. Además, se realizarán esfuerzos adicionales si no se logra completar el número necesario de funcionarios para cada casilla.

Las personas interesadas en participar, ya sea por contacto con los capacitadores o por iniciativa propia, deberán recibir la capacitación obligatoria correspondiente. Asimismo, el proceso incluye medidas para la inclusión de personas con discapacidad que deseen desempeñarse como funcionarios de casilla. Para ello, se brindará información detallada sobre los protocolos especiales que permitirán su plena integración en la jornada electoral.

Con este esfuerzo, el INE busca garantizar la correcta instalación y operación de las casillas, promoviendo la participación ciudadana en un proceso electoral que marcará un precedente histórico para la justicia en México.