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La dirigencia nacional de Morena anunció su intención de impugnar los resultados electorales en siete municipios de Veracruz, en los que los triunfos favorecieron a fuerzas políticas opositoras. La decisión fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, durante una declaración ofrecida el miércoles. El listado incluye los municipios de Las Choapas, Chama, Naranjos, Sayula, Boca del Río, Chontla y San Andrés Tlalnehuayocan.

En este último, ubicado en la zona conurbada con Xalapa, se han generado acusaciones de corrupción, violencia y manipulación electoral. La alcaldesa electa, Arianna Ángeles Aguirre, del PRI, señaló que la candidatura de Morena habría sido vendida por cinco millones de pesos, según declaraciones atribuidas al dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta. La acusación fue difundida tras la confirmación de la victoria de Ángeles Aguirre.

Las cifras oficiales, contenidas en el acta de cómputo, marcan una diferencia de mil 52 votos a favor de la priista, en contraste con los 88 votos que, de acuerdo con Alcalde Luján, se reportaban como diferencia previa. La constancia de mayoría ya fue entregada a Ángeles Aguirre, quien también denunció públicamente la existencia de agresiones y actos vandálicos antes y durante la jornada electoral.

En sus declaraciones, Arianna Ángeles afirmó que 42 de las 43 comunidades de San Andrés Tlalnehuayocan respaldaron su candidatura. Aseguró que en varias zonas obtuvo una ventaja de dos a uno y en otras, hasta tres a uno sobre su principal contendiente. También reportó que su equipo fue agredido, que una de sus camionetas fue dañada y que interpuso denuncias penales contra la excandidata de Morena, María Emilia Nieto Miranda.

A estas tensiones se suman los señalamientos por presuntos intentos de sabotaje electoral. Según Ángeles Aguirre, dos días después de los comicios se intentó quemar urnas, se registraron detonaciones frente a su domicilio y se habría intentado incendiar las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin que las acciones prosperaran.

Mientras tanto, Morena avanza en sus procesos de impugnación, aunque los candidatos ganadores ya recibieron sus respectivas constancias de mayoría, documentos que validan sus triunfos ante las autoridades electorales. El proceso legal continuará en las instancias correspondientes, mientras el clima político en Veracruz mantiene alta su tensión postelectoral.

El escenario postelectoral en Veracruz se torna tenso tras el anuncio de Morena sobre la impugnación de resultados en 23 municipios del estado. Esta decisión se presenta días después de las elecciones del 1 de junio, donde se renovaron las 212 alcaldías veracruzanas.

El representante del partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, confirmó que las impugnaciones están enfocadas en localidades con márgenes de victoria ajustados y en donde se detectaron presuntas anomalías tanto durante la jornada electoral como en los cómputos municipales.

Entre los municipios que figuran en esta estrategia legal destaca Boca del Río. En esta demarcación, la panista Maryjose Gamboa recibió la constancia de mayoría el 5 de junio, tras obtener 635 votos más que la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica. Según Zúñiga Ovando, el proceso ahí estuvo marcado por situaciones que calificó como irregulares y que buscarán acreditar ante las instancias correspondientes.

Uno de los señalamientos incluye la sustitución de funcionarios de casilla con personas que no pertenecían a la sección correspondiente, lo que, de acuerdo con Morena, representa una causal de nulidad del proceso en ese municipio. También se menciona el tema de la fiscalización, en especial el presunto rebase en los topes de gastos de campaña por parte de algunos candidatos.

Otro de los casos destacados es el del municipio de Tlalnelhuayocan, donde, según el partido, se quemó la documentación electoral. Esto coloca a esa elección dentro del rango que permite iniciar un procedimiento de impugnación, al encontrarse bajo el umbral del 5% de diferencia entre los contendientes.

Morena también alude que no se trata únicamente de resultados cerrados, sino de prácticas que comprometerían la transparencia del proceso. En todos los casos señalados, afirman contar con elementos que serán presentados ante los tribunales electorales para sustentar sus reclamos.

Hasta ahora, en el balance general de las elecciones del pasado 1 de junio, la coalición Morena-Partido Verde obtuvo el control de por lo menos 80 municipios. De manera individual, el Partido Verde Ecologista de México logró 13 triunfos, mientras que Morena aseguró 11 alcaldías.

El OPLE de Veracruz concluirá oficialmente los cómputos municipales este domingo 8 de junio, lo que marcará un punto clave en la etapa postelectoral y abrirá paso a las resoluciones judiciales que se deriven de las impugnaciones anunciadas.

El ambiente político en el estado se mantiene expectante ante lo que podría desencadenar una revisión judicial en varios puntos del territorio veracruzano. Morena asegura que defenderá lo que considera triunfos legítimos.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado inicio a los preparativos para la jornada electoral del 1 de junio con la primera fase de capacitación a los ciudadanos seleccionados para fungir como funcionarios de casilla. Este proceso comenzó el 9 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Durante este periodo, Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales visitarán a 13.9 millones de mexicanos elegidos en el sorteo del pasado 6 de febrero. Su labor consiste en notificar y preparar a los ciudadanos que integrarán las mesas de votación, donde se elegirá a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos cargos locales.

En esta primera fase, denominada sensibilización, se busca capacitar a 12.94 millones de ciudadanos para las elecciones del Poder Judicial y a 987,334 para los procesos electorales locales en Durango y Veracruz. El INE ha exhortado a los seleccionados a recibir a los capacitadores y aceptar su participación para garantizar el correcto funcionamiento de las casillas el día de la elección.

Los capacitadores del INE visitarán los domicilios de los ciudadanos seleccionados para verificar si cumplen con los requisitos legales, sensibilizarlos sobre la importancia de su función y explicarles sus responsabilidades dentro de la jornada electoral. En caso de no ser localizados en una primera visita, se programarán nuevas visitas en horarios más adecuados. Además, se realizarán esfuerzos adicionales si no se logra completar el número necesario de funcionarios para cada casilla.

Las personas interesadas en participar, ya sea por contacto con los capacitadores o por iniciativa propia, deberán recibir la capacitación obligatoria correspondiente. Asimismo, el proceso incluye medidas para la inclusión de personas con discapacidad que deseen desempeñarse como funcionarios de casilla. Para ello, se brindará información detallada sobre los protocolos especiales que permitirán su plena integración en la jornada electoral.

Con este esfuerzo, el INE busca garantizar la correcta instalación y operación de las casillas, promoviendo la participación ciudadana en un proceso electoral que marcará un precedente histórico para la justicia en México.