Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), hizo una advertencia contundente este miércoles, señalando que el actual proceso electoral en México está marcado por un nivel de violencia sin precedentes.

Durante una gira en Guanajuato, estado que enfrenta una escalada de violencia política, Álvarez Máynez expresó su preocupación ante los medios de comunicación. “Estamos presenciando la etapa más violenta en la historia de México. Los políticos no estamos exentos de esta situación; al contrario, estoy convencido de que esta será la elección más violenta en la historia del país”, afirmó.

El lunes, en Guanajuato, se registró el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía del municipio de Celaya, mientras encabezaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. Este incidente se suma a una serie de ataques que han cobrado la vida de 15 políticos durante el actual proceso electoral, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Álvarez Máynez, tras participar en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en León, destacó que los ataques contra la clase política son reflejo de la violencia generalizada que prevalece en el país. Criticó la estrategia de seguridad basada en el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización, abogando por un enfoque más integral.

El candidato de MC subrayó la importancia de no ceder territorio a la delincuencia organizada y rechazó la idea de evitar visitar ciertas regiones, considerando que sería un mensaje equivocado para la ciudadanía. Aunque el Gobierno federal brinda protección a varios candidatos, incluido él mismo, Álvarez Máynez aseguró que no ha recibido amenazas que justifiquen una protección extraordinaria.

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, donde se renovarán 20,375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, así como las 500 curules de la Cámara de Diputados y las 128 del Senado.

En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral de la Cámara de Diputados, integrada por miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se reunió con Rosa Icela Rodríguez para discutir la protección de los candidatos involucrados en el proceso electoral.

Durante el encuentro, líderes legislativos de diversos partidos políticos, incluyendo PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT y PVEM, expresaron su preocupación por el complejo proceso que conlleva solicitar protección federal a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y pasar por un filtro de seguridad.

Rodríguez informó que hasta el momento, la SSPC ha recibido 30 solicitudes de protección, a pesar de que el INE reporta 79 solicitudes, indicando un retraso en el procesamiento de las mismas.

Los legisladores presentes expresaron su escepticismo ante el número relativamente bajo de solicitudes recibidas, considerando que casi 100 mil aspirantes compiten por más de 20 mil cargos. Exigieron un modelo más eficiente para garantizar protección inmediata a los aspirantes.

En respuesta, Rodríguez se comprometió a revisar la petición y ofreció reuniones directas entre los líderes partidistas y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, para abordar casos urgentes.

Además, se discutieron preocupaciones sobre la reducción en la cifra de homicidios presentada por la secretaria, con algunos asistentes cuestionando la veracidad de los datos.

Se solicitó también un mapa de riesgos por parte del Estado, pero Rodríguez explicó que esta tarea corresponde a los gobernadores de cada entidad.

Antes de concluir, se anunció que el jueves se llevará a cabo otra reunión de la Comisión en San Lázaro para diseñar un plan que asegure la protección de los candidatos en los 50 municipios de cuatro entidades considerados como peligrosos.

El coordinador de la bancada de Morena, Mier Velazco, detalló que esta reunión permitirá abordar la situación de los candidatos en estas zonas críticas, especialmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato.

Se determinó que la reunión será a puerta cerrada para garantizar la privacidad y la efectividad de las discusiones.

En un hecho que pone en alerta a la sociedad y a las autoridades electorales, el aspirante a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, por el partido Morena, Erick Catalán, fue objeto de un ataque armado este sábado 3 de febrero. A pesar de la gravedad del incidente, Catalán y sus escoltas resultaron ilesos gracias al blindaje de la camioneta en la que se desplazaban y a la rápida respuesta de los agentes de seguridad.

El candidato se trasladaba por la carretera Iguala-Taxco de Alarcón cuando su vehículo fue interceptado por un grupo armado, quienes abrieron fuego, impactando en el parabrisas de la camioneta. La respuesta decidida de los dos escoltas, habilitados como policías, logró repeler el ataque, obligando a los agresores a retirarse. A pesar de la tensión del momento, Catalán salió ileso, aunque sus escoltas sufrieron algunas lesiones cuya gravedad aún no ha sido detallada.

Este acto de violencia no sólo pone en peligro la integridad de los candidatos, sino que también genera preocupación sobre la seguridad durante el proceso electoral. El dirigente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, emitió un llamado a las autoridades estatales para establecer protocolos de seguridad efectivos que protejan a los candidatos durante sus campañas. Este llamado se dio en el contexto del reciente asesinato del precandidato a la alcaldía de Mascota, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue atacado a balazos el 1 de febrero en Zapopan.

Padilla expresó su preocupación por la aparente falta de prioridad del gobierno estatal en abordar temas de seguridad, destacando la importancia de establecer mesas de diálogo para abordar estos problemas de manera efectiva.

En un esfuerzo por contrarrestar la creciente inseguridad en el contexto electoral, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) han acordado establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatos y partidos políticos relacionadas con la seguridad. La Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala explicó que este protocolo ofrecerá servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos en zonas de riesgo con niveles de incidencia delictiva alta, media y baja.

La implementación de este protocolo es una respuesta directa a la preocupación creciente por la seguridad de los candidatos en el proceso electoral 2023-2024. La Consejera Presidenta subrayó que el INE será responsable de hacer solicitudes formales a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para eventos que requieran servicios de seguridad a nivel federal, como los debates.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.