La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

La sucesión en San Luis Potosí comenzó a asomarse en el Senado. Minutos antes de iniciar la sesión del pleno, el senador Manuel Velasco lanzó un “¡Gobernadora!” dirigido a su compañera de bancada Ruth González, a quien proyectó como posible candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para los comicios estatales de 2027. El cargo actualmente lo ocupa su esposo, el mandatario Ricardo Gallardo.

Ante la expresión, la legisladora respondió: “Todavía no, senador”. Velasco insistió al asegurar que, según mediciones internas del partido, González mantiene una ventaja de “dos a uno” y supera por más de 12 puntos a otros perfiles. “Ojalá se anime”, añadió. Cuestionado directamente sobre si sería la próxima gobernadora, el senador respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Ruth González evitó confirmar una aspiración formal y señaló que habrá que “convencer” al propio Velasco. Subrayó que aguardará los tiempos legales antes de definir si buscará la candidatura del PVEM.

El escenario político incluye un elemento constitucional relevante. En abril del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma que prohíbe la reelección consecutiva y establece restricciones al nepotismo electoral. Esta disposición impide que familiares directos de funcionarios en funciones se postulen para el mismo cargo de su pariente. Aunque la reforma entrará en vigor en 2030, Morena —aliado del PVEM— determinó en sus estatutos aplicarla desde 2027.

Ese acuerdo interno significaría que una eventual postulación de Ruth González en una coalición con Morena y el PT enfrentaría restricciones. La alternativa viable sería competir únicamente bajo las siglas del Partido Verde.

El intercambio en el Senado colocó en la conversación pública el nombre de la legisladora como posible aspirante a la gubernatura potosina, en un contexto donde las definiciones formales aún dependen de calendarios legales y decisiones partidistas.

Una sesión cargada de tensión en el Congreso de Guanajuato culminó con la negativa a despenalizar el aborto en la entidad. El debate, que se extendió por casi tres horas, cerró con una votación que definió la postura del poder legislativo estatal y desató una protesta inmediata dentro del pleno.

En medio de consignas y manifestaciones por parte de colectivos feministas, la sesión marcó un momento clave para la agenda de derechos reproductivos en el estado. La diputada Sandra Alicia Pedroza, integrante de Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo con el resultado y confirmó que su bancada solicitará una alerta de género. “Aquí no acaba nada, aquí empieza todo”, declaró tras la votación.

El tema había quedado pendiente desde la semana pasada, luego de que el dictamen no alcanzara mayoría por un empate entre los votos. La sesión de este jueves retomó el debate con expectativas divididas hasta que una decisión cambió el rumbo.

Durante el desarrollo de la sesión, la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde, anunció que cambiaría su voto anterior para posicionarse en contra de la iniciativa. La declaración provocó una reacción inmediata en la sala, donde integrantes de colectivos feministas lanzaron gritos y calificativos en su contra. “Lo hago con la frente en alto, no soy ninguna vendida, porque cambiar de opinión no es traicionar a nadie, es escuchar, es tomar responsabilidad”, respondió la legisladora en su intervención.

La diputada justificó su cambio de postura con el argumento de que no estaba de acuerdo en convertir el aborto en una política pública que, desde su perspectiva, obligaría al gobierno estatal a intervenir directamente en su práctica.

El resultado legislativo mantiene sin modificaciones el marco legal vigente en Guanajuato, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado, a pesar de los criterios nacionales que lo han considerado un derecho constitucional en determinadas circunstancias.

Diversos sectores sociales y legislativos anticipan nuevas acciones en respuesta a la decisión. Desde organizaciones feministas hasta representantes de grupos parlamentarios han reiterado su intención de seguir impulsando cambios que permitan garantizar los derechos reproductivos en la entidad. Mientras tanto, la jornada deja una marca visible en la discusión pública sobre los derechos de las mujeres en el estado.

La sesión se cierra con el eco de una protesta que no termina en el recinto legislativo, sino que promete tomar fuerza en las calles, en los tribunales y en las futuras discusiones del Congreso.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.

En una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desechamiento del expediente que acusaba al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación. La propuesta fue impulsada por su presidente, Hugo Eric Flores Cervantes, quien argumentó su improcedencia.

El respaldo de Morena y PVEM fue clave en la decisión. Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde, justificó su voto a favor señalando fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Según explicó, la carpeta presentaba dictámenes contradictorios, falta de testigos y una ausencia de perspectiva de género en su resolución.

El legislador destacó que, en caso de votar en contra, el dictamen habría quedado desechado definitivamente. Con esta resolución, la Fiscalía de Morelos podrá presentar una nueva denuncia con una investigación más sólida y evitar que el caso se estanque.

En el transcurso de la discusión, el diputado panista Germán Martínez acusó a Flores Cervantes de actuar como “abogado de Cuauhtémoc Blanco“. Ante esta afirmación, el presidente de la Sección Instructora respondió enérgicamente, rechazando cualquier sesgo en su decisión y defendiendo el análisis jurídico del expediente.

Martínez calificó la votación como un agravio contra las mujeres del país y solicitó a las líderes políticas Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia que no guarden silencio ante la resolución. Expresó su indignación, asegurando que con este dictamen se estaría otorgando impunidad al exgobernador.

Flores Cervantes insistió en que el expediente carecía de rigor técnico y profesional. Señaló que los peritajes psicológicos presentados eran contradictorios: uno indicaba que la víctima no presentaba daño psicológico, mientras que otro, realizado dos meses después con la misma metodología, sostenía lo contrario.

El dictamen será enviado este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea analizado en las sesiones de la próxima semana. La discusión aún no ha terminado, y el pleno tendrá la última palabra sobre el futuro del caso.