En un hecho sin precedentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado a Denise Maerker y Manuel López San Martín como moderadores del primer debate presidencial, programado para el 7 de abril.

Esta elección forma parte de un formato innovador que permitirá a la ciudadanía plantear preguntas a través de las redes sociales, marcando un cambio significativo en la dinámica de este evento crucial.

Denise Maerker, propuesta por la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Manuel López San Martín, seleccionado por la coalición PAN, PRI y PRD, fueron avalados por el INE para encabezar este encuentro político de relevancia nacional.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, destacó el proceso de selección, resaltando que el INE adoptó una evaluación basada en criterios objetivos, marcando un cambio significativo respecto a las prácticas anteriores. Enfatizó que la experiencia, conocimiento de los temas, disponibilidad y la ausencia de sanciones judiciales fueron factores clave en la selección de los moderadores.

Humphrey subrayó la importancia de la metodología implementada por primera vez para garantizar criterios objetivos en la elección de los moderadores. Enfatizó que esta medida busca proporcionar transparencia y certeza al proceso, algo que ha sido ausente en debates presidenciales previos.

A pesar de las diferencias partidistas, se evidenció la voluntad de diálogo al recordar que la oposición aceptó al moderador propuesto por la coalición Morena-PVEM-PT. Sin embargo, el Partido del Trabajo expresó su desacuerdo con la elección de Manuel López San Martín, argumentando críticas a su candidata Claudia Sheinbaum. En respuesta, Gerardo Fernández Noroña, representante legislativo, señaló la seriedad del periodista y abogó por presentar nuevos perfiles para los debates restantes.

“Aquí se refleja nuestra decencia de hacer propuestas. Nadie podrá decir que Denise Maerker responde a nuestras posiciones o que es una periodista que ha manifestado simpatías hacia nuestra candidatura. Es una mujer muy profesional que siempre ha hecho un esfuerzo por ponerse por encima de toda disputa, con críticas en contra de nuestro movimiento o a veces coinciden”, afirmó Fernández Noroña.

Además, solicitó a la oposición presentar nuevos perfiles para los debates futuros, destacando la importancia de elegir moderadores que se ubiquen por encima de las afiliaciones partidarias para garantizar un debate equilibrado centrado en los candidatos y no en distracciones.

El Consejo General del INE también aprobó la escaleta del debate, que iniciará a las 20:00 horas y se espera que tenga una duración de dos horas. Cada bloque contendrá una bolsa de tiempo asignada para responder a las preguntas planteadas, brindando así un marco estructurado para este evento clave en la contienda electoral.

La coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), hizo pública este jueves la relación de 300 aspirantes que competirán por los escaños de diputaciones federales en las próximas elecciones del 2 de junio.

Entre los nombres resaltantes en el listado se encuentran Dolores Padierna, postulante por el distrito 4 de Iztapalapa, y el senador de Morena, César Cravioto, quien busca ocupar un escaño en el Congreso de la Unión representando a la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Morena comunicó que la selección de candidatos se realizó tras un exhaustivo análisis político y estadístico, incluyendo encuestas y estrategias definidas para garantizar la mayoría calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión, en consonancia con el Plan C de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Cada candidatura, según el convenio de coalición, será identificada con las siglas correspondientes a cada partido político.

La coalición advirtió a los candidatos preseleccionados que deberán cumplir con los requisitos establecidos por cada partido para su registro ante la autoridad electoral.

Las cúpulas de los partidos convocarán a los candidatos preseleccionados para coordinar los detalles del proceso de registro.

Morena señaló que estos candidatos, junto con Claudia Sheinbaum Pardo, buscarán promover reformas que consoliden la continuidad de la Cuarta Transformación y prevengan el regreso a prácticas del pasado marcadas por privilegios, abusos y corrupción.

En una conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el miércoles, las dirigencias del Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena sostuvieron una reunión donde acordaron el convenio de coalición para el Senado.

“Vamos a ir en 20 entidades como coalición, unidos, para ganar la primera fórmula; y vamos en 12 entidades separados. Esto no es porque no nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque son entidades donde vamos a salir a buscar los tres senadores. Es decir, ganar la primera mayoría y la primera minoría; ganar los dos: senador, senadora, y la primera minoría”, expresó Delgado.

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

La madrugada de este domingo, se oficializó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la creación de la alianza “Corazón y Fuerza”, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, de cara a los próximos comicios locales.

Cerca de la medianoche del sábado, los representantes de dichos partidos se presentaron ante la oficialía de partes del IEEM para formalizar por escrito esta colaboración estratégica. La líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera Anzaldo, compartió su opinión a través de redes sociales, afirmando que la decisión de aliarse responde al llamado de la ciudadanía para contrarrestar el abuso del poder. “Ir aliados es muestra de nuestro compromiso con la democracia, de que ponemos por encima de los intereses particulares lo que es mejor para los mexiquenses”, expresó.

En otro mensaje, Herrera Anzaldo subrayó que la unión de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es un “mandato ciudadano” frente a los desafíos que enfrenta la entidad. Aseguró que estos partidos trabajarán conjuntamente, aportando su inteligencia política y cercanía con la ciudadanía para representar sus causas.

Cabe destacar que también Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en el Estado de México han manifestado su intención de formar una alianza para participar en las urnas el próximo 2 de junio. En ambos casos, se espera que estos bloques políticos especifiquen en qué municipios y distritos cada partido encabezará las fórmulas, respetando criterios como la representatividad y género establecidos por ley.

La asignación de candidaturas es un aspecto crucial, ya que determinará el aporte de recursos por parte de cada partido para los gastos en el proceso proselitista y, tras la jornada electoral, la distribución de votos que impactará en los recursos financieros asignados por la autoridad electoral.