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Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

El gobierno federal informó este viernes que las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días en cinco estados del país han dejado un saldo de 80 personas fallecidas y 18 más que continúan sin ser localizadas. Las entidades más afectadas son Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportaron daños severos en caminos, viviendas y servicios básicos.

De acuerdo con el micrositio oficial de la administración federal, Veracruz encabeza la lista con 35 fallecimientos y siete personas desaparecidas; le sigue Hidalgo con 22 muertos y nueve no localizados; Puebla con 22 decesos y dos desaparecidos, mientras que Querétaro registra un fallecimiento. San Luis Potosí, aunque con afectaciones materiales, no ha reportado víctimas mortales.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que habían quedado incomunicadas por deslaves y daños viales. Explicó que la red federal de más de mil kilómetros de carreteras se encuentra completamente habilitada y que, entre el 14 y el 24 de octubre, se logró reconectar por tierra más de dos centenares de localidades.

“El trabajo ha sido continuo y coordinado con las fuerzas federales y estatales”, precisó Esteva, al señalar que se han removido más de tres millones de metros cúbicos de material con el apoyo de mil 210 máquinas, 17 mil 584 elementos y 47 helicópteros que siguen operando en los denominados “puentes aéreos” para llevar alimentos y ayuda humanitaria a las zonas más aisladas.

En cuanto al servicio eléctrico, el funcionario detalló que solo permanecen 566 hogares sin energía en Hidalgo, mientras que los estados de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ya cuentan con suministro total.

Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó que el restablecimiento del servicio eléctrico alcanza un 99.82% de avance. “El suministro está completamente restablecido en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí”, afirmó. Agregó que en Hidalgo todavía hay 466 usuarios sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso, donde se mantienen nueve campamentos de trabajo.

La titular de la CFE reconoció el esfuerzo conjunto de las comunidades locales, quienes “han ayudado a jalar cables, levantar postes y limpiar los terrenos”. Indicó que para las labores de restablecimiento se han desplegado mil 602 trabajadores, 503 camionetas tipo pick-up, 219 grúas, seis helicópteros, ocho drones y varias retroexcavadoras.

En materia de telecomunicaciones, Calleja informó que aún permanecen sin servicio 43 puntos sin telefonía celular y 441 sin acceso a internet gratuito, aunque se reporta un avance del 55% en su restablecimiento. Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y los trabajos de apoyo en las zonas más afectadas para garantizar el regreso paulatino a la normalidad.

El aeródromo Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, se convirtió en el principal centro de acopio y distribución de ayuda humanitaria tras las intensas lluvias que azotaron la región la semana pasada. Desde este punto estratégico, el Ejército Mexicano organiza el envío de alimentos, medicinas y herramientas hacia las comunidades más afectadas, bajo la supervisión directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El más reciente informe del gobierno federal sobre las afectaciones en Hidalgo reporta 22 personas fallecidas y 20 más no localizadas. Las víctimas se registraron en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Huautla, Jacla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepeco, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Xochiatopa y Zacualtipán de Ángeles, donde las lluvias y deslaves provocaron severos daños a viviendas, caminos y servicios básicos.

Sheinbaum realizó este sábado un recorrido por el aeródromo, donde constató la organización y los avances de los trabajos de apoyo implementados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La presidenta destacó la importancia de mantener la distribución constante de insumos y el restablecimiento de caminos para facilitar la llegada de más ayuda a las zonas incomunicadas.

Como parte de su visita, la mandataria se trasladará en helicóptero hacia el municipio de Huehuetla, uno de los más afectados por el desbordamiento del río Pantepec. En esta localidad, ubicada a más de 150 kilómetros al norte de Pachuca, se reportan más de 300 viviendas y dos escuelas dañadas, además de calles cubiertas de lodo y bienes arrastrados por las corrientes de agua que irrumpieron en casas y comercios.

La presidenta también tiene programado un recorrido por Tianguistengo, municipio de la región serrana que resultó con afectaciones severas. En estas comunidades, el gobierno federal mantiene operativos para evaluar los daños y garantizar la atención inmediata a las familias damnificadas.

Durante su visita a Hidalgo, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Julio Menchaca, con quien recorrió diversas zonas afectadas y dialogó con pobladores. “Junto a la presidenta Sheinbaum damos seguimiento al monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en los municipios afectados en atención a las familias”, expresó el mandatario estatal en redes sociales, mensaje que acompañó con imágenes donde se observa a la presidenta con un megáfono en mano, rodeada de habitantes y personal de la Marina.

Previo a su llegada a Hidalgo, la presidenta visitó Tamaulipas, donde inspeccionó los niveles del río Pánuco y coordinó las acciones preventivas en las zonas ribereñas. Como parte de su agenda de supervisión, Sheinbaum continuará este domingo 19 de octubre en la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, en lo que será su sexto día consecutivo recorriendo comunidades afectadas por las lluvias en distintas regiones del país.

Con el aeródromo de Pachuca como base de operaciones y el despliegue permanente de fuerzas federales, el gobierno federal mantiene activos los esfuerzos para acelerar la entrega de ayuda y la recuperación de las zonas dañadas por las intensas precipitaciones.

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la extinción de un fideicomiso creado en 1994 que acumulaba más de mil millones de pesos, originalmente destinado para la adquisición de terrenos y construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con López Hernández, el fondo contaba con un saldo actual de mil 56 millones 670 mil 709.05 pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en dos etapas. El senador detalló que este miércoles se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos a la Tesorería del Senado, que a su vez remitirá los recursos al gobierno federal. El remanente será entregado en enero del próximo año.

El fideicomiso fue creado hace 31 años, durante los preparativos para la nueva sede legislativa, con el fin de adquirir terrenos, construir las instalaciones y posteriormente equiparlas. Una vez que el proyecto fue concluido, López Hernández explicó que el fideicomiso ya había cumplido su propósito.

“Toda vez que ya cumplió el objeto para el cual fue creado y se modificó posteriormente, le pedimos al fiduciario la extinción del fideicomiso. Ya se extinguió, y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado”, señaló el legislador. Agregó que, aunque la ley permite integrar esos recursos al presupuesto anual del Senado, se optó por adelantar su devolución a la Federación.

El también exsecretario de Gobernación precisó que el reintegro total superará los mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre mil 40 y mil 50 millones. “Vamos a dividirlo en dos etapas: una primera entrega de 800 millones para cerrar el año fiscal, y en enero se hará entrega del remanente”, explicó.

López Hernández subrayó que la decisión busca reactivar recursos que permanecían inmovilizados para destinarlos a causas prioritarias del país. Señaló que, aunque la disposición final de los fondos dependerá del gobierno federal, podrían utilizarse en tareas de reconstrucción tras las recientes lluvias que afectaron comunidades en cinco estados.

“Se va a requerir algo de dinero para la reconstrucción de los estados de la comunidad afectada y en algo ha de servir, en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”, apuntó el senador.

La medida marca el cierre definitivo de un fideicomiso con más de tres décadas de existencia, y representa una acción coordinada entre el Senado y el Ejecutivo federal para optimizar recursos públicos y redirigirlos a necesidades urgentes del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de un censo nacional de damnificados en los cinco estados más afectados por las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días. La medida busca apoyar directamente a las familias que han sufrido pérdidas humanas y materiales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que este conteo iniciará una vez que concluya la etapa de emergencia y que la prioridad inmediata de su gobierno es garantizar la seguridad y atención de la población afectada. “Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población, a nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló.

La presidenta adelantó que este viernes sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención de las comunidades impactadas por las lluvias. En la sesión participarán autoridades federales y estatales con el objetivo de coordinar las acciones de rescate, asistencia médica y reconstrucción.

Sheinbaum aseguró que su administración no solo se concentrará en atender los daños actuales, sino también en fortalecer medidas preventivas ante la tormenta tropical “Raymond”, que se desarrolla en el Pacífico y podría intensificar las condiciones meteorológicas en el país durante los próximos días.

Las lluvias torrenciales han provocado severas afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios públicos en las cinco entidades. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 37 personas fallecidas a consecuencia de los deslaves, inundaciones y derrumbes provocados por las precipitaciones, aunque el número podría aumentar conforme avancen las labores de rescate y localización.

En los estados más afectados, se han habilitado albergues temporales que ofrecen atención médica, alimentación y refugio seguro para quienes perdieron sus hogares o se encuentran en zonas de riesgo. Los gobiernos locales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, continúan desplegando operativos de apoyo en comunidades incomunicadas y zonas rurales.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayores daños estructurales, particularmente en el municipio de Poza Rica, donde las inundaciones arrasaron viviendas, escuelas y vialidades. Sin embargo, el mayor número de víctimas mortales se concentra en Hidalgo, que ha confirmado 22 fallecimientos y múltiples afectaciones en su red carretera y servicios básicos.

En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, las lluvias han dejado cientos de familias desplazadas, cortes de energía eléctrica y daños en caminos rurales, lo que ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno federal trabaja en conjunto con las autoridades estatales para estabilizar la situación y preparar el inicio del censo, que permitirá cuantificar los daños, identificar a los damnificados y canalizar los apoyos económicos y materiales de manera directa en cada una de las zonas afectadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados, medida anunciada el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump y que entraría en vigor el 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que el objetivo es alcanzar un acuerdo antes del primero de noviembre y no descartó un contacto directo con el mandatario estadounidense. “Vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales”, señaló.

El anuncio de Trump impactó de inmediato a la industria automotriz norteamericana, profundamente integrada por cadenas de suministro regionales entre México, Estados Unidos y Canadá, países socios del T-MEC. Los aranceles contemplan a todos los países exportadores de vehículos pesados, no únicamente a México, aunque el país podría verse más afectado por su alto volumen de exportaciones en el sector.

La mandataria subrayó que los gravámenes no son exclusivos para México, pero reconoció la relevancia del tema por el peso que tiene el comercio automotriz en la economía nacional. “Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente, a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó que su administración dialogará con representantes de la industria mexicana para garantizarles que el gobierno federal tomará todas las medidas necesarias para proteger al sector. “Haremos todo lo que esté de nuestra parte para evitar que se impongan estos aranceles y proteger las exportaciones del país”, afirmó. Actualmente, las exportaciones mexicanas de vehículos pesados superan los 40 mil millones de dólares anuales, lo que convierte al ramo en un eje clave de la economía manufacturera nacional.

En la misma conferencia, la presidenta abordó también la relación bilateral en materia de seguridad, destacando los avances tras la visita reciente del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México. Según explicó, el encuentro permitió consolidar un nuevo marco de entendimiento entre ambos gobiernos enfocado en la cooperación en inteligencia y combate al crimen organizado.

“Hoy llegamos a un acuerdo que tiene cuatro ejes muy importantes, que son los principios de las fuerzas armadas en la cooperación con respeto a la soberanía y a la actuación de cada uno de nosotros en nuestros territorios”, precisó la mandataria.

Con estos esfuerzos diplomáticos y de coordinación bilateral, el gobierno mexicano busca mantener la estabilidad comercial con Estados Unidos y preservar uno de los sectores más estratégicos para su economía: la industria automotriz pesada.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este fin de semana la construcción de una fábrica en Tabasco que tendrá como misión procesar cacao y producir directamente el chocolate del Bienestar. Con este proyecto, previsto para desarrollarse en 2026, el gobierno dejará de recurrir a maquilas externas para su fabricación.

Durante su visita a la entidad este sábado, la mandataria resaltó la importancia del producto que actualmente se distribuye en las Tiendas del Bienestar de todo el país. Enfatizó que esta iniciativa busca impulsar de manera directa a los pequeños productores de cacao de la región.

“El objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación”, declaró Sheinbaum.

Hasta ahora, el chocolate del Bienestar ha sido manufacturado por empresas externas debido a que el gobierno no cuenta con instalaciones propias para completar el proceso de transformación del grano. La mandataria recordó que esta situación ha sido una limitante para avanzar en la consolidación del producto.

Con la futura planta en Tabasco, la administración federal busca concentrar en la región toda la cadena productiva del chocolate, desde el cultivo del cacao hasta su procesamiento y venta, fortaleciendo a los productores locales. “El próximo año, porque ahora maquilamos el chocolate, pero el próximo año vamos a construir aquí en Tabasco la chocolatera para que aquí mismo se produzca el chocolate del Bienestar”, aseguró la presidenta.

La propuesta da seguimiento a lo presentado en julio pasado por María Luisa Albores, directora de Seguridad Alimentaria Mexicana, quien introdujo oficialmente el chocolate del Bienestar. En aquella ocasión, reconoció que el gobierno no contaba con infraestructura propia para procesar el cacao y que, por ello, el producto debía enviarse a maquilar con terceros.

Aunque el proyecto ya tiene definido el lugar donde se instalará, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el esquema de operación de la fábrica ni información sobre los productores externos que actualmente se encargan de manufacturar el chocolate.

La Chocolatera del Bienestar forma parte de las acciones del gobierno federal orientadas a fortalecer la economía rural y ofrecer mayores ingresos a los campesinos tabasqueños que dependen del cultivo del cacao, uno de los productos emblemáticos de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.