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En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una vulneración a sus sistemas internos ocurrida durante el proceso electoral de 2024. La institución señaló que el incidente fue contenido oportunamente y que no existe evidencia de actividad irregular o filtración de información en sus servidores.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el INE respondió a un usuario que cuestionó la presunta filtración de datos, aclarando que “el evento al que hace referencia corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

El organismo electoral informó que hace dos meses llevó a cabo una depuración total de las cuentas con acceso mediante Red Privada Virtual (VPN), mecanismo que permite simular conexiones desde distintos puntos del mundo. Además, implementó un sistema de doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto, con el fin de reforzar los protocolos de seguridad institucional.

De acuerdo con la información oficial, no existen “vulneraciones ni indicios de actividad anómala” en los sistemas del INE que pudieran encontrarse circulando en la dark web.

El Instituto también detalló que sostuvo una reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para revisar el estado de sus sistemas internos y descartar afectaciones. El mismo procedimiento se realizó con el proveedor de seguridad en red que colabora con la institución.

“De manera preventiva, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”, informó el INE en su comunicado.

Con estas acciones, el organismo electoral busca fortalecer la protección de su infraestructura tecnológica y garantizar la integridad de la información institucional frente a posibles intentos de vulneración.

Morena puso en marcha una ambiciosa estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027, donde estarán en juego cargos federales y 17 gubernaturas. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, arrancó la gira nacional en Tlaxcala, entidad donde también se renovará el gobierno estatal en ese proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa, Alcalde delineó la nueva estructura de los comités seccionales de Morena, la cual abarcará las 71 mil 541 secciones electorales del país. En el diseño, el partido busca fortalecer su presencia de base con dos niveles bien definidos de operación, orientados a la movilización, captación de simpatizantes y vinculación directa con la dirigencia.

El primer nivel de esta estructura estará conformado por figuras políticas del partido que asumirán el rol de “mentores” y que tendrán a su cargo la organización de diez secciones electorales cada uno. Este nivel incluirá a senadores, diputados federales y locales, regidores, consejeros estatales y nacionales, entre otros perfiles activos del movimiento.

“Vamos a salir a las calles, vamos a estar viendo tanto a la presidenta del comité, al presidente del consejo, a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a nuestros consejeros y consejeras estatales y nacionales, a nuestras regidoras, nuestros regidores, todos vamos a ser mentores de diez secciones electorales”, afirmó la dirigente nacional.

El segundo nivel estará compuesto por cinco personas por comité, con capacidad de comunicación directa con la dirigencia estatal y nacional. Dentro de cada comité se elegirá una presidencia seccional y una secretaría ejecutiva. Además, estos órganos recibirán materiales como el periódico Regeneración y tendrán participación en actividades organizativas permanentes.

Luisa María Alcalde destacó que todos los integrantes de estos comités seccionales participarán de forma voluntaria, sin recibir remuneración económica. “No es gente que le demos un apoyo, no, son militantes de a pie, es la señora del mercado, el señor que vive y que quiere participar de manera más activa”.

Además de esta estructura territorial, Morena implementará un plan de capacitación técnica y política para presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes deberán prepararse en temas como gestión de recursos y austeridad republicana. La capacitación será obligatoria, y se incluirá también una directriz de atención ciudadana permanente: cada funcionario deberá dedicar al menos un día a la semana para recibir y atender directamente las inquietudes de la población.

Esta organización territorial tiene antecedentes dentro del movimiento desde 2011, cuando se fundaron los primeros comités bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Su crecimiento ha sido progresivo en cada proceso electoral, y en 2024 tuvieron un papel activo en la promoción del voto.

El modelo de Morena guarda similitudes con estructuras políticas en América Latina. El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia desarrolló comités barriales; el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil consolidó núcleos de base; y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) operó a través de brigadas territoriales. Experiencias similares también se han visto en Uruguay, Chile, Nicaragua, El Salvador y España. En Estados Unidos, los Democratic Socialists of America (DSA) mantienen acciones organizativas especialmente en barrios marginados.

Con esta estructura, Morena refuerza su base organizativa en preparación para un proceso electoral clave, apostando a la territorialidad, la militancia activa y la capacitación constante de sus cuadros locales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa intensificando sus esfuerzos para garantizar un proceso electoral seguro y transparente en el país. A medida que se desarrollan las campañas, el número de solicitudes de protección por parte de candidatos ha incrementado notablemente, reflejando el nivel de tensión que enfrentan quienes compiten por cargos públicos en zonas clave.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que hasta el momento se han recibido 187 peticiones de resguardo. Entre ellas, cinco corresponden a aspirantes a juzgadores —cuatro del ámbito federal y uno local—, mientras que 182 fueron presentadas por candidatos a alcaldías en los estados de Veracruz y Durango. Estos casos fueron canalizados a la mesa de seguridad federal para su evaluación y atención conforme al protocolo de respuesta inmediata.

De los cinco solicitantes del sector judicial, tres han recibido escoltas y vehículos de seguridad proporcionados por elementos federales, y otro cuenta con una línea de comunicación directa para responder ante cualquier emergencia. Además, durante la rueda de prensa en la que se compartió esta información, el equipo del INE notificó que en ese preciso momento estaban siendo recibidas nueve solicitudes adicionales, lo que muestra que la demanda de protección sigue en aumento conforme se acerca el cierre de campañas.

Guadalupe Taddei aseguró que el INE mantiene una coordinación constante con las autoridades federales para garantizar que cada solicitud sea atendida con agilidad, conforme al nivel de riesgo identificado por las autoridades de seguridad.

En un contexto donde la protección electoral se convierte en prioridad, el INE también fortalece sus alianzas internacionales. En un acto protocolario reciente, la institución firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), con el objetivo de establecer un marco de cooperación que permita impulsar la capacidad técnica e institucional del INE y de otros organismos electorales en la región.

El acuerdo, vigente hasta abril de 2028, permitirá desarrollar actividades conjuntas enfocadas en el fortalecimiento de la democracia, tanto en México como en los países donde IFES brinda cooperación técnica. La presidenta del INE destacó que este instrumento da continuidad a una historia compartida de colaboración y representa una forma de construir soluciones a los desafíos democráticos a través del diálogo y el respeto mutuo.

“La cooperación horizontal que promovemos a través de este instrumento es un modelo que valoramos profundamente. Es un ejercicio de aprendizaje mutuo, de construcción colectiva y de fortalecimiento institucional”, afirmó Taddei Zavala.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

El proceso electoral rumbo al 1 de junio suma una nueva controversia. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. La acusación: violación de los principios de equidad en la contienda, derivado del uso indebido de propaganda electoral y recursos tanto públicos como privados. 

Ortiz Ahlf, según la denuncia, recibió patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa La Cruz Azul. La presunta irregularidad se registró en un evento masivo realizado en el Auditorio Ernesto Velasco, ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Odriozola argumentó que no se extendió invitación a otros candidatos, afectando así el principio de equidad en la contienda.

Aunque la ministra Ortiz declaró que no realizó ningún gasto en el evento, sino que asistió como invitada, la normatividad electoral establece que las aportaciones en especie están prohibidas. Cualquier apoyo de este tipo podría constituir una falta a la legislación vigente en materia electoral.

Por otro lado, Odriozola señaló que Yasmín Esquivel inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, acompañada de integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al finalizar el evento, los asistentes recibieron atole y tamales, lo que podría representar otra violación a la normatividad electoral.

El documento presentado ante el INE exige que se fiscalicen ambos eventos y se determine la aplicación de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La ley electoral establece que durante los periodos de campaña está prohibido recibir aportaciones en especie, así como cualquier tipo de respaldo económico proveniente de organizaciones sindicales u otras instituciones con recursos públicos o privados.

Este nuevo señalamiento genera tensión en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias y controversias. Con la cercanía de la elección del 1 de junio, el INE tendrá que evaluar los hechos y determinar si las ministras Esquivel y Ortiz incurrieron en alguna falta.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de las normas electorales en el país. Mientras tanto, la denuncia de Odriozola aviva el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección de altos funcionarios en México.