Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reafirmó su postura en contra de la gentrificación que impacta directamente la vida de muchas personas en la capital, al provocar el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de familias mexicanas que no pueden cubrir los costos de renta. La mandataria se pronunció luego de una protesta registrada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cientos de personas expresaron su rechazo a este fenómeno que altera el tejido social de diversas colonias.

La movilización comenzó en el corazón de la colonia Condesa, específicamente en el Parque México. Sin embargo, el tono de la protesta cambió radicalmente cuando un grupo de manifestantes causó daños en restaurantes y cafeterías de la zona, además de dejar pintas en varios inmuebles. Las acciones de vandalismo generaron reacciones divididas y una fuerte conversación en redes sociales.

Horas después de los hechos, Brugada difundió un comunicado en el que destacó que la gentrificación es un problema que afecta a miles de capitalinos. Señaló que el incremento en la llegada de extranjeros ha disparado la demanda de vivienda, lo que ha derivado en una escalada de precios que pone en riesgo el derecho a la ciudad para muchos mexicanos.

Durante una conferencia de prensa realizada tras una jornada de trabajo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Brugada volvió a hablar del tema. Afirmó que, aunque comparte el fondo de la demanda, las expresiones utilizadas por algunos sectores durante la marcha fueron xenofóbicas, lo cual rechazó tajantemente. “Rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer se expresaron contra algunos grupos en particular”, declaró.

La mandataria capitalina reiteró que su gobierno priorizará medidas para frenar la gentrificación, pero también para generar un debate profundo sobre la violencia en las manifestaciones y la manera en que estas deben desarrollarse sin vulnerar derechos. “No podemos, en esta ciudad, que haya agresiones o discriminación a grupos diversos como ayer”, agregó.

Las acciones violentas en la Condesa fueron duramente criticadas por sectores de la sociedad, quienes desde redes sociales señalaron una posible relación entre los hechos y actores vinculados al partido Morena. Edgar Jiménez, uno de los usuarios que reaccionaron en línea, expresó: “Clara Brugada iztapalizó la CDMX; mandó a sus porros de Iztapalapa a vandalizar la Condesa para crear una cortina de humo. Morena es un cáncer, resentimiento y mediocridad”.

El tema de la gentrificación continúa generando debate entre autoridades, activistas y habitantes de la Ciudad de México, quienes enfrentan realidades distintas ante un mismo fenómeno urbano.

Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.

El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

Un nuevo hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, ha puesto en evidencia la existencia de un sitio de exterminio donde se localizaron múltiples restos humanos. El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas descubrió 14 concentraciones de restos óseos humanos con signos de exposición térmica, lo que sugiere que los cuerpos fueron sometidos a altas temperaturas.

El sitio, ubicado en la colonia Colinas del Real, cerca de la carretera a Monterrey, fue identificado tras una denuncia anónima. Según informaciones difundidas por el colectivo en redes sociales, en la zona también se hallaron casquillos de bala y llantas abandonadas en las inmediaciones de un inmueble en ruinas que presentaba huellas de disparos.

El hallazgo se realizó con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la localización del sitio, las autoridades comenzaron el proceso de investigación y recolección de evidencia para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer los hechos.

El colectivo Amor por los Desaparecidos hizo un llamado urgente a los familiares de personas desaparecidas para que acudan a las autoridades una vez que la zona sea procesada, con el fin de obtener información sobre los restos encontrados. La organización también ha insistido en la necesidad de reforzar las labores de búsqueda y justicia en el estado.

Este hallazgo se suma a otro reciente ocurrido en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió crematorios clandestinos en un rancho ubicado en Teuchitlán. En dicho lugar se encontraron huesos calcinados y triturados, así como cientos de prendas de vestir y zapatos, lo que apunta a la existencia de un patrón de desapariciones y ejecuciones en diversas regiones del país.

El descubrimiento en Tamaulipas ha generado preocupación entre activistas y familiares de víctimas, quienes exigen una respuesta eficaz de las autoridades. La crisis de desapariciones en México sigue en aumento, y colectivos de búsqueda continúan desempeñando un papel fundamental en la localización de sitios de exterminio y en la demanda de justicia para las víctimas.

Las investigaciones continúan en el sitio hallado en Reynosa, mientras que la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la atención en el desarrollo del caso y en las acciones que las autoridades tomen para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población.