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La Fuerza Política Feminista Todas México ha dado inicio a una serie de encuentros con los aspirantes a la presidencia con el propósito de presentarles su agenda y abordar las demandas cruciales que enfrentan en relación con la erradicación de las diversas formas de violencia contra las mujeres.

Entre los temas abordados se incluyen propuestas relacionadas con el ámbito laboral, educativo, seguridad, acceso a la justicia, establecimiento de un sistema nacional de cuidados, derechos de las mujeres migrantes, salud integral y participación política, entre otros aspectos esenciales.

Estos encuentros, realizados de manera discreta, comenzaron esta semana con la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez. En la reunión participaron activistas que representan a mujeres en situaciones diversas, desde aquellas privadas de su libertad hasta víctimas de feminicidio, así como empresarias y abogadas comprometidas con la visibilización de la violencia política de género.

Patricia Olamendi, cofundadora de Todas México, resaltó ante Gálvez el papel fundamental del movimiento feminista en el país, que ha persistido en su lucha a pesar de los ataques y persecuciones que ha enfrentado.

La próxima semana está prevista una reunión con Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y se espera una respuesta de Claudia Sheinbaum, de Morena. Además, se planean encuentros con otros candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Todas México considera que las elecciones de 2024 representan una oportunidad crucial para transformar la historia y construir un México inclusivo y equitativo para todas y todos.

Estas conversaciones buscan que representantes de diversas organizaciones de todo el país presenten a los aspirantes presidenciales las propuestas incluidas en la agenda de la fuerza política, así como las demandas específicas relacionadas con la violencia institucional, doméstica, económica y social que enfrentan las mujeres.

El compromiso de Todas México es claro: trabajar por un país donde se respeten los derechos de todas las personas, y donde las mujeres puedan ejercer plenamente su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.