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El arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a un evento en Tijuana derivó en una exigencia directa de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes la interceptaron al finalizar su gira en Baja California para pedir la eliminación de la retroactividad incluida en la reforma al artículo 127 constitucional.

El grupo se aproximó a la camioneta en la que se trasladaba la mandataria tras concluir una actividad pública. En ese punto se concentraron las inconformidades relacionadas con la modificación legal aprobada entre marzo y abril de este año por el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

Los ex trabajadores insistieron en que la aplicación retroactiva de la reforma afecta derechos ya adquiridos. Uno de ellos planteó frente a la presidenta: “Seguimos pidiendo la certeza jurídica, y no la retroactividad. Confiamos en usted”. La respuesta de Sheinbaum fue breve mientras continuaba el movimiento del vehículo: “Ya se está atendiendo”.

Instantes después, una mujer identificada como jubilada de la CFE reiteró la solicitud directamente a la mandataria. En su mensaje sostuvo: “Sí, queremos por favor que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos. Son íntegramente ganados y legales. Trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado, de la Comisión Federal, de Pemex, de esas a las que tanto les echa flores. Lo único que le estamos pidiendo es que se quite, se elimine la retroactividad del artículo 127 constitucional”.

La reforma al artículo 127 constitucional fue impulsada por el gobierno federal bajo el argumento de corregir lo que se ha descrito como “pensiones doradas” en distintas instituciones públicas, entre ellas Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro. Las pensiones señaladas en ese esquema alcanzaban rangos de 100 mil hasta 1 millón de pesos, según los criterios expuestos durante su discusión legislativa.

Aunque el ajuste normativo se dirigió principalmente a altos mandos, trabajadores jubilados de estas dependencias han señalado que su alcance también impacta a otros sectores del personal retirado.

Durante la misma jornada en Tijuana, la presidenta fue cuestionada por medios de comunicación sobre el desalojo del Centro Histórico de la Ciudad de México de integrantes de la Sección 22 de la CNTE, tras un acuerdo relacionado con recursos federales. La mandataria evitó profundizar y señaló que el tema será explicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Previo a estos hechos, Sheinbaum encabezó la inauguración de un plantel de bachillerato nacional en la ciudad fronteriza, donde informó que entre 2025 y 2026 su administración ha realizado 500 acciones para ampliar el horario de secundarias y transformar turnos vespertinos en preparatorias, además de la construcción de nuevos planteles educativos.

Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.