Crecen 92% las Impugnaciones a Respuestas de la Administración Pública en el Gobierno de AMLO

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.

INAI Reitera Solicitud de Diálogo con Rosa Icela Rodríguez

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) felicitó el viernes a Rosa Icela Rodríguez, recientemente designada como futura titular de la Secretaría de Gobernación y actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el pleno del INAI felicitó a Rodríguez y aprovechó para reiterar su solicitud de abrir espacios de diálogo constructivo y respetuoso en relación con las funciones constitucionales del Instituto, siempre en búsqueda de colaboración.

El miércoles, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, ofreció diálogo y autocrítica con el objetivo de evitar la desaparición del Instituto, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido un crítico abierto durante su administración.

A tres meses del cambio de Gobierno, López Obrador reiteró su intención de insistir en su ‘Plan C’ de reformas constitucionales, que incluyen la eliminación de organismos autónomos como el INAI, encargado de garantizar la transparencia y protección de datos personales. Alcalá subrayó que el INAI busca ser parte central de la discusión y no un mero espectador.

Con la llegada de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, Alcalá manifestó su esperanza en que ella, como una líder con visión y dispuesta al diálogo y consenso, abra espacios para evitar la desaparición del INAI.

El reciente mensaje del INAI a Rodríguez subraya su disposición al diálogo con la nueva administración y respalda las primeras declaraciones de la futura secretaria de Gobernación, quien afirmó que “siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices”.

Rodríguez, actualmente secretaria de Seguridad, fue uno de los cuatro nombramientos anunciados por Sheinbaum el jueves, junto con Mario Delgado como secretario de Educación Pública, Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar, y Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

AMLO Divulga Ingresos de Loret de Mola en Conferencia Matutina, Violando Normas de Protección de Datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

El Senado de la República ha decidido postergar el dictamen de la controversial Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye disposiciones para la posesión de datos biométricos de toda la población. Esta decisión ha generado un debate intenso entre los legisladores, evidenciando las complejidades y preocupaciones que rodean esta iniciativa. La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Balboa, justificó la demora en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta. 

La Ley General de Operaciones de Registros Civiles fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, en cumplimiento de un mandato judicial que exige su aprobación. La propuesta incluye la creación de un registro único con parámetros base que garantizan el respeto a los derechos de identidad, el registro de nacimiento inmediato, y principios de igualdad y no discriminación para todos los nacidos en México, incluyendo a hijos de migrantes.

 

La senadora Balboa explicó que la comisión recibió una notificación judicial el pasado 13 de junio, ordenando la aprobación inmediata de esta ley. Sin embargo, este mandato ha sido un punto de discordia, especialmente por la figura del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha estado involucrado en decisiones judiciales controvertidas, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y la modificación del plan de vacunación contra el COVID-19.

 

La dictaminación de la ley ha sido pospuesta debido a las inquietudes expresadas por varios senadores, quienes consideran que se requiere un análisis más profundo y la inclusión de opiniones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La senadora del PES, Eunice Romo, criticó al Poder Judicial por lo que considera un exceso al imponer plazos y procedimientos al Senado. Romo subrayó la necesidad de estudiar detalladamente las propuestas antes de proceder a su aprobación.

 

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó su sorpresa ante la existencia de un mandato judicial que obligaba al Senado a aprobar la ley, indicando que esto no estaba claramente especificado en el dictamen. Además, expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del dictamen, especialmente con la formación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos.

 

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para reflexionar sobre este tema, citando su importancia para los derechos humanos, la identidad y la protección de datos. Abreu insistió en la necesidad de un análisis minucioso y completo antes de avanzar con la legislación.

 

La ley propone la creación del SID, una base de datos que centralizará información crucial sobre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y la Clave Única del Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación será responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente esta información.

 

La postergación de la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles refleja la complejidad y las sensibilidades asociadas con la gestión de datos biométricos. La demanda de un análisis más detallado y la inclusión de múltiples perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos individuales como la seguridad nacional.

 

El debate continúa, con la expectativa de que se logre un consenso que permita avanzar en la modernización de los registros civiles en México, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de la población. La Comisión de Gobernación tendrá la tarea de equilibrar estas consideraciones y avanzar con una legislación que cuente con el respaldo necesario para su implementación efectiva.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Reforma del “Plan C” de AMLO amenaza organismos autónomos clave

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma del “Plan C” que busca cerrar varios organismos autónomos que actualmente brindan servicios esenciales a miles de ciudadanos. Estos servicios van desde la obtención de historiales clínicos hasta la regulación de precios en productos básicos como la tortilla.

Uno de los organismos afectados sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición podría limitar el acceso a información crucial para miles de personas. En 2023, el Inai recibió más de 5,600 solicitudes de expedientes médicos, cifra que en 2022 fue de 6,246 y en 2020 de 6,140. Sin datos de 2021, el Inai ha gestionado más de 18,000 solicitudes entre 2020 y 2023, según sus informes anuales.

La reforma también busca eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos organismos son fundamentales para garantizar la competencia justa en los mercados y regular los servicios de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores con mejores precios y servicios de calidad.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó este paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Con Claudia Sheinbaum como su sucesora y una mayoría en el Congreso, el presidente tiene altas probabilidades de que sus propuestas sean aprobadas antes de finalizar su mandato.

Estos organismos autónomos, que se pretende sustituir por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desempeñan un papel vital en la protección de derechos y la promoción de la transparencia y la competencia en México.

Nerviosismo por Reformas Judiciales Afecta al Peso Mexicano

La incertidumbre entre los inversionistas ante las propuestas de reforma al Poder Judicial impulsadas por Morena y su mayoría en el Congreso para septiembre ha dejado al peso mexicano bajo presión.

Este viernes 7 de junio, el peso mexicano se depreció un 2.65%, equivalente a 47 centavos, cerrando en 18.36 unidades por dólar. En la semana, la pérdida acumulada fue de 8.22%, o 1.39 pesos frente al dólar.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la necesidad de reformar completamente el Poder Judicial, al considerarlo dominado por “intereses de una minoría”. Propuso que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presenten sus propios candidatos para reformar el sistema, subrayando que esta medida es beneficiosa para el país.

López Obrador también mencionó el ‘Plan C’, que incluye la eliminación de varios órganos autónomos, tales como:

  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
  • Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
  • Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
  • Comisión Reguladora de Energía (CRE).
  • Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
  • Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex, la depreciación actual del peso no es extrema, aunque sí genera incertidumbre. La volatilidad del tipo de cambio podría hacer que los inversionistas sean más cautelosos, limitando futuras inversiones.

El índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0.80%, alcanzando 104.93 puntos. El índice dólar de Bloomberg (BBDXY) también aumentó un 0.80%, situándose en 1,262.34 unidades. En ventanillas bancarias, Citibanamex reportó que el dólar se vendía a 18.41 pesos.

Otras monedas también sufrieron depreciaciones significativas, como el zloty polaco (-1.56%), el real brasileño (-1.36%), el peso chileno (-1.31%), el forínt húngaro (-1.28%) y la corona checa (-1.14%).

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos fue del 4.41%, mientras que el bono equivalente en México se mantuvo en 9.12%.

INAI ordena a la Lotería Nacional revelar sus medidas de protección de datos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha instruido a la Lotería Nacional a revelar el Documento de Seguridad que detalla cómo cumple con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, presentó este asunto ante el pleno, destacando la relevancia de que las instituciones estén preparadas para proteger los datos personales de los ciudadanos. “Estamos en una coyuntura política donde se subestima la protección de los datos personales, con argumentos sin respaldo en la Constitución ni en las leyes secundarias. Este instituto siempre ha estado abierto al diálogo sobre la importancia de la protección de datos personales”, afirmó.

Del Río Venegas explicó que el Documento de Seguridad detalla las medidas físicas, técnicas y administrativas que la Lotería Nacional implementa para asegurar la confidencialidad de los datos personales.

Aumentan Sanciones a Servidores Públicos por Incumplimiento en Transparencia y Protección de Datos

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal (CNTAIPPDPE y CNTAIPPDPF) 2023, publicado por el Inegi, se reporta que en 2022, el INAI y los organismos garantes impusieron 3 mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por no cumplir con las determinaciones de estas instituciones. Esto represneta un  aumento del 102.4 por ciento respecto a 2020.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados proporcionaron información sobre transparencia y protección de datos personales. El 10.1 por ciento de estos sujetos informaron al INAI, mientras que el 89.9 por ciento lo hicieron a los organismos garantes estatales.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 7.4 por ciento en el caso del INAI y un leve aumento del 0.6 por ciento en los OG respecto a 2020.

Las entidades con más sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua con 982 y Jalisco con 493. Por tipo de sujeto obligado, los municipios o demarcaciones de la Ciudad de México concentraron la mayoría de las medidas de apremio, con un 72.1 por ciento del total.

De acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, el INAI recibió 2 mil 416 y los OG, 18 mil 391. La mayor parte de estas solicitudes fue gestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al personal, el INAI contaba con 818 servidores públicos y los OG con mil 794. Las mujeres representaban el 51.5 por ciento del total de empleados. El presupuesto total ejercido en 2022 por estas instituciones fue de 2.3 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió al INAI y el 57 por ciento a los OG.

Finalmente, en los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, de los cuales se resolvieron 80 mil 43. De estos recursos, el 82.7 por ciento fue admitido, mostrando la importancia de estos organismos para la transparencia y la rendición de cuentas.

Senado cierra periodo sin resolver más de 130 nombramientos clave

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).

INAI Ordena a la SEP Informar sobre Protocolo para Alerta Amber en Escuelas Particulares

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a asumir competencia y revelar el procedimiento que deben seguir las escuelas particulares en la Ciudad de México al conocer la existencia de una Alerta Amber sobre alguno de sus alumnos.

El INAI también pidió a la SEP identificar la instancia facultada para sancionar a las escuelas particulares que se nieguen a presentar a un menor de edad ante las autoridades, así como las sanciones y el fundamento legal aplicable.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la Alerta Amber se emite cuando un menor está en riesgo inminente de daño grave debido a su desaparición y destacó que México fue pionero en América Latina al implementar este programa para localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Ella añadió que las desapariciones de menores suelen estar vinculadas a la explotación infantil, prostitución y trata de personas.

Del Río Venegas exhortó a la sociedad a apoyar la difusión de la Alerta Amber a través de redes sociales, donde se publican las cédulas de búsqueda con datos y fotografías de menores desaparecidos.

El fallo del INAI llegó después de que la SEP se declaró incompetente para responder a una solicitud de información sobre el protocolo para las escuelas particulares respecto a la Alerta Amber. Del Río Venegas indicó que la SEP no realizó la búsqueda de información prevista por la Ley Federal de Transparencia, ya que no consultó todas las unidades administrativas que podrían tener los datos requeridos.

La ponencia del INAI determinó que la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, y la Jefatura de Oficina de la Secretaría son áreas que podrían poseer la información solicitada.

Por lo tanto, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SEP y le ordenó asumir competencia y realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas para proporcionar la información solicitada.