Layda Sansores exige justicia haciendo un llamado a la FGR contra ‘Alito’ Moreno y su hermano

Layda Sansores exige justicia haciendo un llamado a la FGR contra 'Alito' Moreno y su hermano

En un discurso que resonó con fuerza en el auditorio, Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, aprovechó su Tercer Informe de Gobierno para destacar no solo los logros de su administración, sino también para lanzar un contundente llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero. La mandataria exigió una actualización sobre el estatus de las denuncias interpuestas contra Alejandro Moreno y su hermano Emigdio Moreno, acusados de asociaciones ilícitas y empresas fantasma.


“Hemos abierto dos expedientes en la Fiscalía General de la República contra Alejandro Moreno y otra contra su hermano, Emigdio Moreno, por asociaciones ilícitas y empresas fantasma”, declaró Sansores con firmeza. “Por el aprecio que he tenido por usted desde hace años, porque me es claro que su Fiscalía trabaja de manera autónoma, le pido nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato”.


La gobernadora expresó su frustración ante la falta de avances en las investigaciones, a pesar de que las denuncias fueron presentadas hace tres años. “Hace tres años que metimos las primeras denuncias, y hasta la fecha no tenemos ninguna información”, enfatizó Sansores, subrayando la urgencia de una respuesta y la necesidad de justicia en el estado.


A pesar del tono crítico hacia la FGR, el informe de gobierno también fue una plataforma para resaltar los logros alcanzados durante su administración. Sansores enumeró una serie de proyectos de infraestructura que están transformando Campeche, incluyendo la construcción de seis nuevos hoteles en zonas clave como Edzná y Calakmul, el desarrollo del Gasoducto Mayacán Cuxtal II, y la reconversión de la Termoeléctrica de Lerma. Además, anunció la apertura de la primera Gasolinera de Bienestar en Calakmul y la construcción del Tren Ligero en Campeche.


“Ya están listos los primeros dos trenes eléctricos en China, de un total de cinco. Serán un símbolo de los nuevos tiempos de modernidad y transformación para Campeche”, proclamó con orgullo la gobernadora. Estos proyectos no solo buscan mejorar la infraestructura del estado, sino también atraer nuevas inversiones para fortalecer los sectores productivos y fomentar el crecimiento económico.


Sansores destacó que, según datos del Inegi, Campeche se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en crecimiento económico durante el primer trimestre de 2024, con un notable incremento del 5.8%. “Son cifras alentadoras que nos impulsan a seguir adelante”, afirmó, subrayando el impacto positivo de las políticas implementadas por su administración.


El informe no estuvo exento de reflexiones políticas. Sansores instó a la ciudadanía y a sus aliados a no bajar la guardia frente a los desafíos que plantea la oposición. “Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. La ultraderecha es fiera herida y no se quedará con los brazos cruzados. Cuando el movimiento de la 4T triunfó, llegó el momento del ofendido, pero también la hora del guerrero. Tenemos que seguir luchando, tomar las calles por asalto y mantener en alto nuestras banderas”, exhortó, en un claro llamado a la movilización y la resistencia.


La decisión de adelantar el informe, que tradicionalmente se realiza el 7 de agosto en conmemoración de la emancipación del estado, a una fecha anterior, también fue un movimiento estratégico para asegurar la atención y la urgencia de sus demandas.

Cuestiones de Política 

Directorio

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.