La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada tras la admisión de una queja internacional contra el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha solicitado detener de inmediato la elección judicial promovida por el Estado mexicano, al considerar que pone en riesgo la autonomía judicial.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó una comunicación conjunta presentada por la JUFED y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En este documento se señala que la reforma judicial impulsada por el gobierno compromete la independencia del Poder Judicial, al establecer que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

La JUFED ha sido categórica en su postura. Califica el proceso como una amenaza directa a la división de poderes y una transgresión a principios democráticos fundamentales. En su comunicado más reciente, destaca que el Comité de la ONU ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas de protección para jueces y magistrados. La finalidad es garantizar su seguridad e impedir represalias por haber acudido al sistema internacional de derechos humanos.

Este llamado internacional marca un momento clave en el debate nacional sobre la reforma judicial. La JUFED afirma que la decisión del Comité representa un reconocimiento del riesgo que enfrentan actualmente los integrantes del Poder Judicial mexicano. En este contexto, subraya que continuar con el proceso electoral sin acatar las medidas provisionales establecidas por la ONU sería una “violación flagrante” de los compromisos internacionales firmados por México.

El mecanismo de elección popular para cargos judiciales federales no tiene precedente en el país y ha generado una intensa controversia. Se contempla someter a votación 881 cargos judiciales, lo que ha despertado preocupación entre sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones del sector. Las críticas se enfocan en las posibles consecuencias para la imparcialidad y la profesionalización del sistema judicial.

La JUFED considera que las repercusiones de este proceso pueden ser graves y duraderas para la institucionalidad democrática del país. La observación internacional se intensifica mientras se define el curso de una reforma que podría transformar de manera profunda el equilibrio de poderes en México. En este escenario, la exigencia es clara: suspender el proceso mientras se resuelve la queja ante las instancias correspondientes. La decisión, ahora, está en manos del Estado.

El Senado de la República aprobó la “Ley de Transparencia para el Pueblo”, con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM. La iniciativa establece nuevas reglas de acceso a la información pública y protección de datos personales, eliminando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con 71 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena lograron la aprobación del dictamen en lo general. Sin embargo, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la mayoría del PRI no asistió a la sesión por estar en los festejos del 96 aniversario de su partido. En lo particular, la votación cerró con 67 votos a favor.

El dictamen contempla la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que sustituirá al actual Sistema Nacional de Transparencia. Además, se establece el nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará del acceso a la información del Poder Ejecutivo. Otros organismos autónomos continuarán gestionando su propia información.

Para impugnar respuestas a solicitudes de información, se establece que los ciudadanos podrán recurrir al juicio de amparo, el cual será atendido por jueces y tribunales especializados designados por el Poder Judicial de la Federación.

Un punto de controversia es la exclusión de diversas entidades de seguridad de los comités de transparencia. La atribución de acceso a la información de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional quedará bajo la autoridad directa de sus titulares.

En el debate, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera remitido a su comisión para su estudio. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata expresó su preocupación sobre la desaparición del INAI y la concentración de sus facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que esto genera un conflicto de interés, al ser el fiscalizador y el fiscalizado el mismo ente.

El dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación o modificación.