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Un acuerdo político previo entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar marcó el proceso de elección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según relata Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder.

En el capítulo 26, titulado “La Corte”, el exconsejero jurídico de la Presidencia detalla que respaldaba la candidatura de Zaldívar porque existía un compromiso político mutuo con el titular del Ejecutivo federal. “El candidato que yo apoyaba era Arturo Zaldívar, que había hecho un compromiso político con el presidente y el presidente con él”, expone en la obra.

De acuerdo con el testimonio, en la contienda interna también participaba el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contaba con el apoyo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Scherer señala que López Obrador le solicitó dialogar con la titular de Gobernación para construir un acuerdo que favoreciera a Zaldívar, al ser el único con quien tenía un compromiso político directo.

El exfuncionario describe una reunión celebrada en la casa de Sánchez Cordero, donde Zaldívar y él buscaron sumar apoyos entre los ministros. Según su versión, aunque hubo diálogo en un ambiente distendido, la entonces secretaria no manifestó respaldo explícito a la candidatura.

Scherer también atribuye el voto decisivo a favor de Zaldívar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. Añade que, tiempo después, Medina Mora fue presionado por la Fiscalía General de la República para presentar su renuncia al cargo. El libro sostiene que López Obrador depositaba plena confianza en Zaldívar y que, bajo esa lógica, impulsó la propuesta para extender su mandato al frente del máximo tribunal.

Finalmente, Scherer afirma que, tras su salida de la Consejería Jurídica y la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, se perdió la interlocución con el Poder Judicial. En su relato, considera que una relación más efectiva pudo haber evitado la profunda reforma judicial aprobada posteriormente, al estimar que no existían razones suficientes para una transformación de tal magnitud.

El estado de Oaxaca celebra este domingo 25 de enero un ejercicio inédito de participación ciudadana al llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la gubernatura a nivel estatal. La jornada electoral definirá si Salomón Jara continúa o no al frente del gobierno del estado, en un mecanismo que coloca directamente en manos de la ciudadanía la permanencia del titular del Ejecutivo local.

La votación se desarrolla de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con la instalación de más de 2 mil 800 casillas distribuidas en todo el territorio oaxaqueño, de acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El organismo electoral es el encargado de coordinar y supervisar este proceso, considerado un precedente en la vida política estatal.

Hasta ahora, el único antecedente similar en el país se registró en 2022, cuando se realizó a nivel nacional la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Oaxaca, se trata del primer ejercicio de este tipo aplicado a una gubernatura, lo que marca un hecho relevante dentro de los mecanismos de democracia directa en México.

Durante la jornada, el gobernador Salomón Jara acudió a emitir su voto en una casilla ubicada en el municipio donde reside. Tras participar en el proceso, ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que se refirió al significado del ejercicio y a su postura ante el resultado que emane de las urnas.

“Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (…) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza”, expresó el mandatario estatal luego de depositar su boleta.

Jara también señaló que está dispuesto a respetar la decisión ciudadana, cualquiera que sea el resultado de la votación. En ese contexto, afirmó que se encuentra preparado tanto para continuar en el cargo como para dejarlo si así lo determina la ciudadanía.

“(Estoy) preparado para todo. Preparado para que el pueblo nos diga que continuemos, preparado para seguir trabajando o también preparado para el otro. Hoy esperamos esta jornada los resultados y si el pueblo nos dice que ya no nos da la confianza, pues ya les comenté, yo me voy a mi casa”, aseguró.

Con este proceso, Oaxaca se coloca en el centro de la atención nacional al poner en marcha un mecanismo que evalúa directamente el respaldo ciudadano a su gobierno estatal mediante el voto.

Alejandro Gertz Manero presentó ante el Senado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que asumió en 2019 como el primer fiscal general del país tras la transformación del sistema judicial penal. Su salida responde a una propuesta del Ejecutivo federal para ocupar una embajada de México en un “país amigo”, trámite que ya está en proceso.

En una carta dirigida al Senado, de la cual se cuenta con copia, Gertz Manero informó: “La titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo”. Añadió que esta nueva responsabilidad le permitirá continuar su labor de servicio público, por lo que oficializó su retiro del cargo “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan”.

El Senado se encuentra a la espera de reanudar la sesión en la que se formalizará la entrega del documento de renuncia, lo que activará el proceso constitucional para designar a la nueva persona titular de la FGR. Entre los perfiles que podrían integrarse a la terna destaca el nombre de Ernestina Godoy, ex fiscal de Justicia de la Ciudad de México, así como el del ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Con base en el artículo 24 de la Ley de la FGR, la renuncia del fiscal debe someterse a aprobación del Senado por mayoría simple y solo procede si existe causa grave confirmada por esta Cámara. Una vez aceptada, aplica el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución: el Senado cuenta con 20 días para enviar al Ejecutivo una lista de 10 candidatos aprobada por dos terceras partes de los legisladores presentes.

Posteriormente, la Presidencia dispone de 10 días adicionales para elegir de esa lista una terna que deberá regresar al Senado. Tras las comparecencias correspondientes, el pleno seleccionará al nuevo titular de la FGR con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Si la designación no se concreta en los plazos establecidos, el Ejecutivo podrá elegir directamente a la persona titular a partir de la lista o de la terna enviada.

En su carta, Gertz Manero solicitó que se informe de su renuncia al pleno del Senado para que se inicie el proceso de ratificación de su nombramiento diplomático, y expresó su aspiración de obtener la aprobación para desempeñar una representación en política exterior “con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia de la pluralidad del Estado mexicano”.

Alejandro Gertz Manero es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Su trayectoria incluye haber sido rector de la Universidad de las Américas, secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox. También ha sido diputado federal, catedrático y miembro del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Con su renuncia, se abre un proceso clave para definir el rumbo de la institución encargada de la procuración de justicia en México, en un relevo que deberá seguir puntualmente las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, suspendió sus operaciones desde el lunes debido a un corte de energía en sus instalaciones. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la planta industrial buscará reiniciar sus unidades este jueves, aunque la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

La refinería Olmeca es la más reciente obra de infraestructura energética de Pemex y cuenta con una capacidad proyectada de 340 mil barriles por día (bpd). A pesar de ello, sus operaciones se mantienen todavía lejos del objetivo total, luego de varios retrasos en su puesta en marcha y sobrecostos registrados desde su construcción.

En julio, la refinería procesó 156 mil 265 barriles diarios, lo que representó menos de la mitad de su capacidad instalada. De acuerdo con cifras oficiales, en ese mismo mes produjo 57 mil 275 bpd de gasolina y 76 mil 980 bpd de diésel.

La planta, considerada uno de los proyectos estratégicos del sexenio anterior, fue inaugurada en julio de 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó en ese momento que la instalación produciría aproximadamente 340 mil barriles diarios.

Desde entonces, la refinería ha intensificado gradualmente sus operaciones, aunque el volumen de procesamiento continúa en fase de escalamiento. El proyecto, conocido también como refinería de Dos Bocas, fue planteado como parte de la estrategia de autosuficiencia energética del país y se perfila como pieza central en el sistema nacional de refinación.

En marzo de este año, Margarita Pérez, directora de PMI —brazo comercial de Pemex—, señaló que la refinería probablemente alcanzará su capacidad total hacia 2026. Esta proyección marca un horizonte de mediano plazo para el objetivo de producción plena, en contraste con las expectativas iniciales fijadas al momento de su inauguración.

El corte eléctrico que detuvo las operaciones ocurre en un contexto de esfuerzos por consolidar la estabilidad de la producción en la nueva refinería. A medida que incrementa su capacidad operativa, la planta busca reducir la dependencia de importaciones de combustibles y contribuir de manera sostenida al abasto interno de gasolina y diésel.

Se espera que este jueves la refinería Olmeca reinicie sus unidades tras la interrupción de actividades, lo que permitirá dar continuidad a la fase de integración de procesos en la instalación más moderna de Pemex.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes una reunión con Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías energéticas más relevantes a nivel global y con presencia estratégica en territorio mexicano. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue compartido por la mandataria en sus redes sociales, donde subrayó que la empresa estadounidense mantiene diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos.

“Hay confianza en nuestro país”, publicó Sheinbaum en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro. La reunión también contó con la presencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien reiteró que existe un clima favorable para la inversión del sector privado en México, especialmente en la industria energética.

Por parte de Baker Hughes, además de Simonelli, asistieron María Claudia Borras, directora de Crecimiento y Experiencia; Robert Pérez, vicepresidente para las Américas y Desarrollo de Proyectos; y Germán Gómez, director para México y América Central. También participó en la reunión Bernardo Riojas Achutegui, director general de Grupo Empresarial Metropolitano.

Baker Hughes es una empresa especializada en tecnología energética, con operaciones que abarcan desde servicios para exploración y producción hasta la venta de equipos industriales. Su relación con México ha sido significativa, especialmente en el marco de la colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 19 de agosto de 2019, Baker Hughes firmó un contrato con Pemex por 85 millones de dólares. Este contrato se dio en el contexto de una serie de acuerdos comerciales relacionados con el suministro de turbinas, compresores y otros equipos clave para la operación de instalaciones energéticas como la nueva refinería de Dos Bocas.

La presencia de la empresa en México ha estado en el foco público desde 2022, cuando investigaciones de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, residió junto a su esposa, Carolyn Adams, en dos casas en Texas. Una de ellas pertenecía a Keith Schilling, quien en ese momento era alto ejecutivo de Baker Hughes y cuya empresa mantenía contratos vigentes con el gobierno mexicano.

Posteriormente, Baker Hughes reconoció que la propiedad en Houston perteneció a un exempleado de la empresa, pero aseguró que dicho ejecutivo dejó de trabajar para la firma en 2019 y que no tuvo ninguna relación con las operaciones comerciales entre Baker Hughes y el gobierno de México.

El reciente encuentro entre Sheinbaum y los altos mandos de la compañía se enmarca en la estrategia de la nueva administración para consolidar alianzas estratégicas con el sector privado, atraer nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura energética del país, sin dejar de lado la transparencia en los vínculos empresariales con el gobierno.