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El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su defensa del Ejército, afirmando que no hay pruebas que impliquen a las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta declaración contrasta con las críticas de los padres de los normalistas, quienes acusaron al mandatario de contradecir las investigaciones realizadas por Alejandro Encinas, su exsubsecretario de Gobernación.

El jueves, López Obrador anunció que hará público el informe entregado a las familias de los estudiantes desaparecidos, ya que las familias han adoptado una postura. Además, confirmó que la reunión prevista para la próxima semana sigue en pie.

“El lunes creo que los voy a ver. Es que no había querido decir nada. Si ellos ya respondieron, ya voy a subir a la Red los documentos”, afirmó el presidente.

El pasado 20 de julio, La Jornada y el Sistema Público de Radiodifusión publicaron la carta completa que López Obrador envió a los padres y madres de los normalistas desaparecidos. En ella, el mandatario defendió a las Fuerzas Armadas y criticó a algunos defensores de las familias, acusándolos de formar parte del poder oligárquico.

“En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero”, señaló en la carta.

Por otro lado, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destacó la negativa de la Sedena a reconocer la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Este centro interceptó comunicaciones que podrían esclarecer el destino de aproximadamente 17 estudiantes llevados a la comisaría de Barandillas.

El gobierno de Estados Unidos ha restituido a México una suma superior a los 579 millones de pesos, resultado del desfalco cometido por Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. Los fondos serán destinados al apoyo de los deportistas olímpicos mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de esta devolución, señalando que es la primera vez que recuerda que el dinero, originado del erario de Coahuila, es restituido por las autoridades estadounidenses. “Lo detuvieron en Estados Unidos con dinero cuya legalidad no pudo probar, y lo encarcelaron. Ahora, nos están devolviendo ese dinero”, comentó el mandatario.

López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República recibió los fondos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales fueron depositados en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La cantidad exacta fue de 32,194,445.32 dólares, equivalentes a 579,500,015.76 pesos.

El presidente expresó su alivio por contar con estos recursos, especialmente para apoyar a los atletas olímpicos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos en Francia. “Nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí conseguir los fondos para apoyar a los deportistas. Ahora, ya tenemos un ahorro y una parte del dinero ha llegado”, afirmó.

Finalmente, el presidente subrayó su compromiso de dejar finanzas sanas y asegurar el presupuesto necesario para concluir su mandato y el próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “mentirosos” y “sin fundamento” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la sanción impuesta por violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante su conferencia matutina, el mandatario rechazó las acusaciones, afirmando que no existen pruebas en su contra. “No pueden castigarme por violencia de género, porque sencillamente están mintiendo,” declaró López Obrador.

El presidente argumentó que los magistrados actúan con sesgo conservador, señalando que estos organismos estaban anteriormente manejados por conservadores y reaccionarios, o por personas recomendadas. “Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios o gente que llegaba ahí recomendada,” indicó.

López Obrador cuestionó la base de las acusaciones: “No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera,” y preguntó retóricamente, “¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. Se atrevieron a manipular lo que expresé.”

El presidente concluyó su declaración criticando a los magistrados por presuntas manipulaciones y corrupción, y negó haber presionado a la gente para que votaran a favor de la presidenta electa. “Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa, ¿dónde están las pruebas?” dijo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma del “Plan C” que busca cerrar varios organismos autónomos que actualmente brindan servicios esenciales a miles de ciudadanos. Estos servicios van desde la obtención de historiales clínicos hasta la regulación de precios en productos básicos como la tortilla.

Uno de los organismos afectados sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición podría limitar el acceso a información crucial para miles de personas. En 2023, el Inai recibió más de 5,600 solicitudes de expedientes médicos, cifra que en 2022 fue de 6,246 y en 2020 de 6,140. Sin datos de 2021, el Inai ha gestionado más de 18,000 solicitudes entre 2020 y 2023, según sus informes anuales.

La reforma también busca eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos organismos son fundamentales para garantizar la competencia justa en los mercados y regular los servicios de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores con mejores precios y servicios de calidad.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó este paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Con Claudia Sheinbaum como su sucesora y una mayoría en el Congreso, el presidente tiene altas probabilidades de que sus propuestas sean aprobadas antes de finalizar su mandato.

Estos organismos autónomos, que se pretende sustituir por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desempeñan un papel vital en la protección de derechos y la promoción de la transparencia y la competencia en México.

Expertos en derecho constitucional, justicia y derechos humanos han examinado la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros. Aunque algunos apoyan la iniciativa, han solicitado salvaguardias para garantizar la idoneidad de los elegidos, peticiones que no fueron atendidas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no incluyó estas sugerencias en el proyecto de dictamen, mientras se prepara un nuevo parlamento abierto para discutir la reforma.

El presidente presentó 20 propuestas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, el 5 de febrero, convocando 25 foros estatales y varios regionales y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La Reforma Judicial se discutió en tres foros: el 18 de marzo en la Jucopo, el 21 de marzo en San Luis Potosí y el 18 de abril en Puebla, aunque en Yucatán el foro convocado no se realizó sin explicaciones.

De los 14 expositores convocados formalmente, cinco apoyaron la propuesta, sugiriendo modificaciones para mejorar el proceso de selección de juzgadores y protegerlos de influencias externas. Nueve expertos, incluyendo académicos y constitucionalistas, rechazaron la propuesta, alertando sobre posibles problemas de acceso a la justicia y la politización del sistema judicial. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión dictaminadora, admitió que existe riesgo de injerencia de grupos ajenos en las elecciones judiciales, pero el proyecto de dictamen solo sugiere procurar la idoneidad de los perfiles sin establecer medidas concretas para evitar interferencias.

En los foros, académicos y exlegisladores del PRI, como Juan Manuel Crisanto Campos y César Augusto Santiago, destacaron la necesidad de una comisión evaluadora de aspirantes y propusieron la implementación de topes y fiscalización de campañas. Otros expertos, como Jaime Miguel Moreno Garavilla y Eduardo Andrade Sánchez, también expresaron su apoyo con ciertas condiciones, enfatizando la importancia de exámenes transparentes y valores éticos.

La reforma continúa generando debate y controversia, con opiniones divididas sobre su impacto y viabilidad en la mejora del sistema judicial mexicano.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha concluido que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

Pese a esta determinación, las leyes actuales no permiten sancionar al Presidente por este tipo de infracciones electorales, limitándose a reconocer su responsabilidad.

La senadora Gálvez presentó una denuncia señalando que el Presidente realizó comentarios constitutivos de violencia política en 11 conferencias matutinas. La Sala Especializada del TEPJF corroboró la infracción, destacando las declaraciones de López Obrador donde afirmaba que Gálvez obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, quienes la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y así atraer la simpatía del electorado.

Estas declaraciones del mandatario, según el tribunal, constituyen violencia simbólica, ya que buscan menoscabar el reconocimiento de los derechos políticos de Gálvez basándose en su género y origen indígena, reforzando estereotipos de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y negando su autonomía en la toma de decisiones.

Adicionalmente, el tribunal subrayó que el Presidente se niega a reconocer la trayectoria de Gálvez como funcionaria pública. Asimismo, se estableció su responsabilidad indirecta en relación con las personas que participan en la difusión de las conferencias matutinas, y se notificó a las áreas correspondientes.

El peso mexicano se depreció y la bolsa recortó gran parte de sus ganancias debido a la persistente incertidumbre sobre la propuesta de reforma judicial, a pesar de los esfuerzos de Claudia Sheinbaum por tranquilizar a los mercados. En una conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que las inversiones están a salvo y que no hay nada que temer respecto a los cambios al sistema de justicia promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que podrían avanzar rápidamente en el próximo Congreso de mayoría oficialista.

La moneda local cerró en 18.5157 por dólar, una caída del 1.68% frente al precio de referencia de Reuters del lunes, aunque llegó a debilitarse más del 2% durante la jornada. Jorge González, director de Asesores en Divisas y Riesgos, explicó que el tipo de cambio fue afectado por la confirmación de la reforma judicial. Sin embargo, anticipó que el mercado debería estabilizarse en los próximos días.

La reforma, parte de un paquete de cambios constitucionales presentados en febrero por López Obrador, incluye la elección popular de ministros de la corte, magistrados y jueces, una medida que los inversionistas temen debilite uno de los contrapesos al poder presidencial.

El índice bursátil subió marginalmente un 0.02% a 53,134.06 puntos, después de ganar hasta un 0.84% durante el día. Los inversionistas también estaban atentos a un importante dato de inflación de Estados Unidos y a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Las acciones de Grupo Carso lideraron las ganancias con un alza del 4.40%, mientras que Grupo BMV registró la mayor pérdida con un 3.23%. En el mercado de deuda, los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos, destacando un aumento de 43 puntos base en la tasa de los Bonos a 3 años, que se ubicó en 10.83%.

La incertidumbre entre los inversionistas ante las propuestas de reforma al Poder Judicial impulsadas por Morena y su mayoría en el Congreso para septiembre ha dejado al peso mexicano bajo presión.

Este viernes 7 de junio, el peso mexicano se depreció un 2.65%, equivalente a 47 centavos, cerrando en 18.36 unidades por dólar. En la semana, la pérdida acumulada fue de 8.22%, o 1.39 pesos frente al dólar.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la necesidad de reformar completamente el Poder Judicial, al considerarlo dominado por “intereses de una minoría”. Propuso que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presenten sus propios candidatos para reformar el sistema, subrayando que esta medida es beneficiosa para el país.

López Obrador también mencionó el ‘Plan C’, que incluye la eliminación de varios órganos autónomos, tales como:

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Comisión Reguladora de Energía (CRE).
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
• Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex, la depreciación actual del peso no es extrema, aunque sí genera incertidumbre. La volatilidad del tipo de cambio podría hacer que los inversionistas sean más cautelosos, limitando futuras inversiones.

El índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0.80%, alcanzando 104.93 puntos. El índice dólar de Bloomberg (BBDXY) también aumentó un 0.80%, situándose en 1,262.34 unidades. En ventanillas bancarias, Citibanamex reportó que el dólar se vendía a 18.41 pesos.

Otras monedas también sufrieron depreciaciones significativas, como el zloty polaco (-1.56%), el real brasileño (-1.36%), el peso chileno (-1.31%), el forínt húngaro (-1.28%) y la corona checa (-1.14%).

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos fue del 4.41%, mientras que el bono equivalente en México se mantuvo en 9.12%.