Etiqueta: presidente Andrés Manuel López Obrador

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que el impulso a la reforma del Poder Judicial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador responde a la negativa de los legisladores opositores a aprobar una extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Mier cuestionó el sentido de la nueva reforma, dado que hace apenas dos años se había modificado la Ley General del Poder Judicial para abordar inconsistencias en la Judicatura Federal y la SCJN.

En el último foro para debatir la reforma, Mier explicó que en 2021 no se aprobó un artículo transitorio que prolongaba el mandato de Zaldívar como presidente de la SCJN por dos años más, lo que llevó a la necesidad de una nueva reforma. Esta modificación propone elegir a los ministros mediante votación directa y ajustar la estructura del Poder Judicial. Mier destacó que el Plan C, que incluye esta reforma, se deriva de la imposibilidad de extender el mandato de Zaldívar.

El legislador subrayó que, a pesar de la mayoría de Morena en el Congreso, el partido valora el diálogo y la tolerancia. Mier mencionó que los foros realizados buscan perfeccionar la propuesta del presidente López Obrador, escuchando a los trabajadores y garantizando un dictamen bien fundamentado.

En los próximos días, comenzará la redacción del proyecto de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, con la certeza de que, aunque se realizarán ajustes, la esencia de la iniciativa presidencial se mantendrá. Mier enfatizó que el proyecto debe garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, al tiempo que se alinee con el interés del pueblo mexicano para asegurar justicia pronta, gratuita y expedita.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha anunciado dos modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las preocupaciones de que la reforma se aprobara sin ajustes, Mier ha revelado los primeros cambios en la iniciativa.

El primer ajuste implica una revisión de los criterios de elegibilidad para los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se garantizará que todas las personas que cumplan con los requisitos, incluidas las actuales integrantes del Poder Judicial, puedan participar en el proceso de selección. Los aspirantes serán evaluados por comités técnicos compuestos por expertos de alto nivel en justicia. Mier especificó que estos comités realizarán entrevistas, exámenes y ensayos para seleccionar a los candidatos más capacitados. “Este proceso busca asegurar que solo los más calificados y con la mejor trayectoria sean escogidos”, afirmó Mier en el Sexto foro sobre la reforma judicial en Saltillo, Coahuila.

El segundo cambio anunciado es la implementación gradual de los nuevos criterios para la selección de los miembros del Poder Judicial. Mier señaló que esta decisión responde a las sugerencias hechas en los foros de discusión de la reforma.

Durante el foro, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reforma. Diana Berenice López Gómez, en representación de estos trabajadores, interrumpió el discurso de Mier para defender la integridad del Poder Judicial y criticar la propuesta de reforma. López Gómez argumentó que la carrera judicial es crucial para el acceso a diversos puestos y que la reforma no ha sido adecuadamente analizada. Los manifestantes exigieron un diálogo más amplio y expresaron su descontento con la percepción de corrupción atribuida al Poder Judicial.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que impugnarán la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas pasadas, afectando los principios de imparcialidad y equidad en tres de sus conferencias matutinas.

Durante una reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, Alcalde informó que junto con la Consejería Jurídica están preparando la impugnación. La funcionaria explicó que la Sala Especializada del TEPJF resolvió que el presidente, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las mañaneras del 20, 21 y 24 de mayo, al referirse a temas de infraestructura en salud, minería y reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo inapropiado para la difusión de estos temas.

Alcalde señaló que, según la autoridad electoral, no hubo beneficio indebido para la entonces candidata Claudia Sheinbaum ni para los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

En otro asunto, la secretaria informó que el jueves, en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobaron las primeras cuatro reformas del paquete de 20 presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Entre estas reformas están la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejoras en materia de vivienda, incrementos salariales por encima de la inflación y la elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó la importancia del avance en comisiones de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión igual a su último salario. Ríos recordó que una minoría de legisladores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero al elevarse a categoría constitucional, dicha acción quedaría sin efecto.

Alcalde mencionó que el 9 de agosto se discutirán las iniciativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el acceso prioritario al agua para consumo humano y doméstico. El 13 de agosto están programadas las iniciativas sobre prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Para el 14 de agosto, se discutirán las relacionadas con la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, la de la Guardia Nacional; y finalmente, el 22 de agosto, la del Poder Judicial.

Se espera que estas iniciativas sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, de ser así, pasen al Senado.

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La reunión estuvo marcada por la persistente tensión respecto a la participación del Ejército en el caso.

Durante el último año, López Obrador ha defendido consistentemente que no hay pruebas que impliquen a las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes, reiterándolo en sus conferencias mañaneras y en un informe entregado a los padres la semana pasada.

Sin embargo, los familiares de los estudiantes volvieron a expresar su frustración por la falta de resultados claros y la ausencia de una investigación exhaustiva sobre la actuación de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“El gobierno y el presidente siguen protegiendo al Ejército, y eso nos indigna porque no se está investigando a las fuerzas armadas; siguen sin entregar toda la documentación del caso”, declaró una de las madres al término de la reunión.

Un punto clave para los familiares es la exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue 800 documentos de inteligencia militar identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) antes de su salida del país el verano pasado. Estos documentos no han sido entregados bajo el argumento de que algunos son irrelevantes, otros clasificados, y algunos no están fechados antes de la desaparición.

“El presidente se ha burlado de nosotros. Él firmó un decreto presidencial comprometiéndose a resolver el caso Ayotzinapa, y hasta hoy no sabemos la verdad ni hay justicia. Está dejando el caso en la impunidad”, acusó otra de las madres.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, comentó que no tenían grandes expectativas en el encuentro con el presidente, dado que López Obrador ha mantenido su postura de que el Ejército no participó en el caso.

El pasado viernes, en su habitual conferencia, López Obrador reiteró que no hay pruebas que impliquen a los militares. “Si no hay pruebas, no las voy a inventar”, dijo.

Las esperanzas ahora están puestas en Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, quien se reunió con los padres a las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad de México. Los familiares entregaron un documento de 8 páginas refutando el informe de López Obrador y insistiendo en la necesidad de investigar la participación del Ejército.

“Esperamos que Claudia tenga más empatía con los padres y madres del caso Ayotzinapa, y que también tenga más credibilidad que López Obrador y quiera investigar a fondo el caso”, expresó Mario, padre de uno de los 43 normalistas, durante un evento cultural el pasado viernes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su defensa del Ejército, afirmando que no hay pruebas que impliquen a las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta declaración contrasta con las críticas de los padres de los normalistas, quienes acusaron al mandatario de contradecir las investigaciones realizadas por Alejandro Encinas, su exsubsecretario de Gobernación.

El jueves, López Obrador anunció que hará público el informe entregado a las familias de los estudiantes desaparecidos, ya que las familias han adoptado una postura. Además, confirmó que la reunión prevista para la próxima semana sigue en pie.

“El lunes creo que los voy a ver. Es que no había querido decir nada. Si ellos ya respondieron, ya voy a subir a la Red los documentos”, afirmó el presidente.

El pasado 20 de julio, La Jornada y el Sistema Público de Radiodifusión publicaron la carta completa que López Obrador envió a los padres y madres de los normalistas desaparecidos. En ella, el mandatario defendió a las Fuerzas Armadas y criticó a algunos defensores de las familias, acusándolos de formar parte del poder oligárquico.

“En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero”, señaló en la carta.

Por otro lado, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destacó la negativa de la Sedena a reconocer la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Este centro interceptó comunicaciones que podrían esclarecer el destino de aproximadamente 17 estudiantes llevados a la comisaría de Barandillas.

El gobierno de Estados Unidos ha restituido a México una suma superior a los 579 millones de pesos, resultado del desfalco cometido por Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. Los fondos serán destinados al apoyo de los deportistas olímpicos mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de esta devolución, señalando que es la primera vez que recuerda que el dinero, originado del erario de Coahuila, es restituido por las autoridades estadounidenses. “Lo detuvieron en Estados Unidos con dinero cuya legalidad no pudo probar, y lo encarcelaron. Ahora, nos están devolviendo ese dinero”, comentó el mandatario.

López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República recibió los fondos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales fueron depositados en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La cantidad exacta fue de 32,194,445.32 dólares, equivalentes a 579,500,015.76 pesos.

El presidente expresó su alivio por contar con estos recursos, especialmente para apoyar a los atletas olímpicos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos en Francia. “Nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí conseguir los fondos para apoyar a los deportistas. Ahora, ya tenemos un ahorro y una parte del dinero ha llegado”, afirmó.

Finalmente, el presidente subrayó su compromiso de dejar finanzas sanas y asegurar el presupuesto necesario para concluir su mandato y el próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “mentirosos” y “sin fundamento” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la sanción impuesta por violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante su conferencia matutina, el mandatario rechazó las acusaciones, afirmando que no existen pruebas en su contra. “No pueden castigarme por violencia de género, porque sencillamente están mintiendo,” declaró López Obrador.

El presidente argumentó que los magistrados actúan con sesgo conservador, señalando que estos organismos estaban anteriormente manejados por conservadores y reaccionarios, o por personas recomendadas. “Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios o gente que llegaba ahí recomendada,” indicó.

López Obrador cuestionó la base de las acusaciones: “No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera,” y preguntó retóricamente, “¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. Se atrevieron a manipular lo que expresé.”

El presidente concluyó su declaración criticando a los magistrados por presuntas manipulaciones y corrupción, y negó haber presionado a la gente para que votaran a favor de la presidenta electa. “Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa, ¿dónde están las pruebas?” dijo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma del “Plan C” que busca cerrar varios organismos autónomos que actualmente brindan servicios esenciales a miles de ciudadanos. Estos servicios van desde la obtención de historiales clínicos hasta la regulación de precios en productos básicos como la tortilla.

Uno de los organismos afectados sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición podría limitar el acceso a información crucial para miles de personas. En 2023, el Inai recibió más de 5,600 solicitudes de expedientes médicos, cifra que en 2022 fue de 6,246 y en 2020 de 6,140. Sin datos de 2021, el Inai ha gestionado más de 18,000 solicitudes entre 2020 y 2023, según sus informes anuales.

La reforma también busca eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos organismos son fundamentales para garantizar la competencia justa en los mercados y regular los servicios de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores con mejores precios y servicios de calidad.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó este paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Con Claudia Sheinbaum como su sucesora y una mayoría en el Congreso, el presidente tiene altas probabilidades de que sus propuestas sean aprobadas antes de finalizar su mandato.

Estos organismos autónomos, que se pretende sustituir por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desempeñan un papel vital en la protección de derechos y la promoción de la transparencia y la competencia en México.