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La última sesión del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados derivó este jueves en una confrontación entre legisladores de Morena y PRI, marcada por mensajes internos, descalificaciones desde tribuna y protestas con mantas en el pleno de San Lázaro.

Antes del inicio de la sesión, el diputado morenista Arturo Ávila envió instrucciones a integrantes de su bancada mediante un grupo de mensajería. En el mensaje pidió intervenir contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y presentar reclamos dirigidos a la mesa directiva, en particular contra la panista Paulina Rubio. “Todos pidan la palabra”, escribió como parte de las indicaciones compartidas al mediodía.

Minutos después comenzaron las intervenciones desde la tribuna. El diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, afirmó que el PRI podría perder su registro en 2027 y responsabilizó directamente a Alejandro Moreno por la situación del partido.

A los señalamientos se sumó el legislador Guillermo Rafael Santiago, quien vinculó al dirigente priista con investigaciones judiciales y lanzó críticas también contra las dirigencias del PAN y Movimiento Ciudadano.

“Y ahora vamos con el PRI, Alejandro Moreno, un delincuente con fuero que tiene más de cuatro carpetas de investigación y que vaya que es un delincuente, que casi todo lo que se roba se lo gasta en bótox, cuidado con eso, por cierto”, declaró.

Mientras continuaban las participaciones de Morena, diputados del PRI organizaron una protesta desde los balcones del salón de sesiones. Carlos Gutiérrez Mancilla, junto con Ariana Rejón, Ivonne Ruiz y Xitlalic Ceja, desplegó mantas con mensajes contra Morena y con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos mayores.

Las lonas incluían frases como “El cártel de Morena. rateros, corruptos, asesinos, criminales” y “Morena, Los narcos del Bienestar”.

Las legisladoras priistas utilizaron además un megáfono y una sirena para lanzar consignas desde el segundo piso del recinto, mientras en tribuna esperaba intervenir el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez.

La tensión obligó al despliegue de personal de Protección Civil dentro del salón de sesiones ante el riesgo de una caída desde las galerías. Los elementos bloquearon parte del pasillo principal para restringir el paso. En medio del intercambio, la diputada Dolores Padierna criticó el desempeño de la presidencia de la Mesa Directiva encabezada por el PAN.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la representación de México fijó este martes una postura clara y firme sobre los recientes acontecimientos que rodean la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano. La intervención estadounidense ha generado reacciones diversas a nivel regional e internacional, con fuertes críticas de varios gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales.

Durante su intervención ante la OEA, el embajador permanente de México, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que “las intervenciones extranjeras en países de Latinoamérica nunca han traído democracia ni estabilidad duradera”, subrayando que los cambios de régimen promovidos por actores externos contradicen el derecho internacional y han exacerbado conflictos en la región. Asimismo, destacó la necesidad de respetar la igualdad soberana de los Estados y la resolución pacífica de controversias, tal como lo establece el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

Encinas también advirtió sobre las declaraciones recientes que sugieren la posibilidad de expandir acciones militares más allá de Venezuela, lo que, según México, representa una amenaza a la paz en las Américas y a la estabilidad regional. El diplomático reiteró que “solo un proceso político liderado por los venezolanos puede conducir a una democracia sostenible” y que cualquier resolución del conflicto debe surgir de mecanismos pacíficos, sin injerencias externas.

La postura mexicana se alinea con la de otros países de la región que han expresado su rechazo a la operación. Colombia calificó las acciones de Estados Unidos de “una violación al derecho internacional y una amenaza para la soberanía regional”, y Brasil, Chile y Panamá también han manifestado su rechazo en diversos comunicados y foros multilaterales.

La operación ejecutada por Estados Unidos el pasado fin de semana resultó en la captura de Maduro en Caracas y su traslado a una prisión federal en Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington asumirá temporalmente la dirección de Venezuela hasta lograr una transición “segura y ordenada”, y anunció que grandes compañías petroleras estadounidenses participarían en la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana, medida que ha intensificado el debate sobre la soberanía del país sudamericano.

La acción militar ha generado críticas desde diversos sectores, incluidos organismos internacionales como la ONU, que ha advertido sobre riesgos para la seguridad global, y gobiernos aliados de Estados Unidos que recalcan la necesidad de respetar los principios del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. El Sol de Sinaloa

México ha utilizado el foro de la OEA para reiterar su rechazo a la intervención militar extranjera, enfatizar la importancia del respeto a la soberanía y promover la solución pacífica de las tensiones en Venezuela, subrayando que los pueblos latinoamericanos deben definir sus propios procesos políticos sin presiones ni tutelajes externos.

En una maratónica sesión extraordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la polémica Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La velocidad del proceso encendió alarmas entre legisladores de oposición, quienes acusaron falta de transparencia y riesgo para los datos personales de la ciudadanía.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que esta nueva legislación contempla la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad y combate a la desaparición de personas. “No solamente nos estamos adelantando al incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales”, subrayó Téllez.

La nueva plataforma LlaveMX, diseñada para funcionar como sistema único de autentificación, dependerá de la CURP biométrica para acreditar la identidad de los ciudadanos. A pesar de los beneficios prometidos, como la reducción de tiempos y trámites, la centralización de datos sensibles encendió alertas entre legisladores que ven en esta iniciativa riesgos de control y censura.

“El proceso para dictaminar en comisiones se establece en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no se cumplió”, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes, quien detalló que el dictamen fue circulado apenas unas horas antes de su discusión, contraviniendo los plazos legales.

Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó su preocupación por la exigencia de rehacer el trámite de la CURP con datos biométricos. “Hay manos de segundo nivel, de tercer nivel, que hacen mal uso de esta situación y que nos han demostrado una y otra vez el saqueo de datos”, alertó el priista.

El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, defendió el proyecto asegurando que la ley busca “reducir las cargas económicas y los obstáculos para el desarrollo”. Además, destacó que la implementación de LlaveMX permitirá acreditar la identidad sin necesidad de múltiples documentos, agilizando los trámites gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la discusión de esta nueva ley continuará en el pleno a partir de las 4:00 de la tarde, en una sesión semipresencial que promete extender el debate sobre el futuro del control digital y los derechos ciudadanos.

La controversia queda servida en un tema que pone en juego la seguridad de los datos personales frente a la modernización de los servicios públicos.