México y EE. UU. refuerzan cooperación militar con entrenamiento en Campeche

El Senado de la República ha autorizado a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la entrada a territorio mexicano de 10 militares del Ejército de Estados Unidos. Su presencia en el país tiene como objetivo participar en un programa de adiestramiento denominado “Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina”. 

Este entrenamiento se llevará a cabo del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025 en el centro de capacitación y adiestramiento especializado de infantería de la Marina, ubicado en San Luis Carrizo, Campeche. La iniciativa fue aprobada con unanimidad por el Senado, con un total de 107 votos a favor de todas las fuerzas políticas.

 

El propósito principal de este programa es que las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos y la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina de México lleven a cabo actividades conjuntas de capacitación. Entre los temas que abordarán se encuentran la ejecución de tácticas, técnicas y procedimientos de combate.

 

La delegación estadounidense estará conformada por 10 elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Estos militares ingresarán al país portando armamento, municiones, material y equipo especializado, indispensables para el desarrollo del entrenamiento conjunto.

 

Está previsto que el personal de instructores llegue a México el 15 de febrero de 2025, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Campeche en una aeronave militar tipo C-130, propiedad del Ejército de los Estados Unidos. Su salida del país está programada para el 30 de marzo del mismo año.

 

Este tipo de ejercicios entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa. La capacitación conjunta permitirá el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en operaciones especiales, reforzando la preparación de ambas naciones ante posibles amenazas o desafíos en materia de seguridad.

 

La aprobación de este programa de entrenamiento refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener relaciones de cooperación con Estados Unidos en temas de defensa y seguridad. Además, destaca el compromiso de ambas naciones en la formación de personal altamente capacitado para enfrentar situaciones de riesgo y fortalecer la operatividad de sus fuerzas militares.

 

Con la llegada de estos instructores, la Secretaría de Marina busca mejorar sus capacidades tácticas y operacionales, elevando el nivel de preparación de sus elementos en el uso de estrategias avanzadas de combate. Este tipo de entrenamientos no solo benefician a las fuerzas armadas, sino que también contribuyen a garantizar la seguridad y estabilidad en la región.

 

La implementación de este programa refuerza los lazos de colaboración entre México y Estados Unidos, promoviendo un trabajo conjunto en beneficio de la seguridad nacional.

Senado retoma el control del proceso de selección del Poder Judicial

El Senado de la República acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, asumiendo las tareas previamente encargadas al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta decisión busca garantizar la continuidad del proceso y evitar que los aspirantes queden en un estado de indefensión, según explicó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. 

La determinación implica que la Mesa Directiva del Senado llevará a cabo el mecanismo de insaculación, mediante el cual se determinarán los candidatos seleccionados entre los aspirantes que lograron superar la segunda etapa del proceso. En esta etapa, cerca de 600 aspirantes serán evaluados para convertirse en candidatos a los cargos del Poder Judicial, en un proceso que se espera sea transparente y equitativo.

 

Fernández Noroña destacó que, en la Mesa Directiva, cada integrante tiene un voto y que se busca garantizar la pluralidad de la Cámara de Senadores. Además, aseguró que el Senado está comprometido con construir un acuerdo que respalde este procedimiento, señalando que el resultado será presentado dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la notificación oficial del TEPJF.

 

En cuanto a las críticas hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF), Fernández Noroña acusó al organismo de actuar de manera irresponsable y de intentar sabotear el proceso de elección establecido por la reforma constitucional. Afirmó que la credibilidad del PJF ha sido afectada por su manejo del proceso y por no asumir plenamente su responsabilidad. Según el presidente del Senado, el amparo otorgado que detuvo el proceso inicial no debió proceder, ya que no estaba dentro de las competencias del juez encargado.

 

“No se van a quedar fuera las personas que, de buena fe, confiaron en el Poder Judicial. Lo que está haciendo el tribunal es garantizar los derechos de los aspirantes. Lo que hizo el Poder Judicial es contrario a los intereses nacionales y a cualquier mínima ética jurídica”, afirmó Fernández Noroña.

 

A pesar de las críticas, el senador reconoció el esfuerzo del Comité de Evaluación del PJF, que implementó un proceso de selección riguroso dejando fuera a dos tercios de los 3,000 aspirantes iniciales. Sin embargo, subrayó que el resultado final dependerá del mecanismo de insaculación y, en última instancia, del pueblo.

 

Este paso marca un momento clave en el proceso de selección, que ha sido objeto de controversias y tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La resolución del TEPJF y la intervención del Senado buscan dar continuidad al procedimiento, con la promesa de respetar los derechos de los aspirantes y asegurar que el proceso sea justo y transparente.

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

Senado detiene dictamen de Ley de Datos Biométricos con un análisis profundo

El Senado de la República ha decidido postergar el dictamen de la controversial Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye disposiciones para la posesión de datos biométricos de toda la población. Esta decisión ha generado un debate intenso entre los legisladores, evidenciando las complejidades y preocupaciones que rodean esta iniciativa. La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Balboa, justificó la demora en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta. 

La Ley General de Operaciones de Registros Civiles fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados en marzo de 2023, en cumplimiento de un mandato judicial que exige su aprobación. La propuesta incluye la creación de un registro único con parámetros base que garantizan el respeto a los derechos de identidad, el registro de nacimiento inmediato, y principios de igualdad y no discriminación para todos los nacidos en México, incluyendo a hijos de migrantes.

 

La senadora Balboa explicó que la comisión recibió una notificación judicial el pasado 13 de junio, ordenando la aprobación inmediata de esta ley. Sin embargo, este mandato ha sido un punto de discordia, especialmente por la figura del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha estado involucrado en decisiones judiciales controvertidas, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y la modificación del plan de vacunación contra el COVID-19.

 

La dictaminación de la ley ha sido pospuesta debido a las inquietudes expresadas por varios senadores, quienes consideran que se requiere un análisis más profundo y la inclusión de opiniones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La senadora del PES, Eunice Romo, criticó al Poder Judicial por lo que considera un exceso al imponer plazos y procedimientos al Senado. Romo subrayó la necesidad de estudiar detalladamente las propuestas antes de proceder a su aprobación.

 

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó su sorpresa ante la existencia de un mandato judicial que obligaba al Senado a aprobar la ley, indicando que esto no estaba claramente especificado en el dictamen. Además, expresó su desacuerdo con ciertos aspectos del dictamen, especialmente con la formación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos.

 

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para reflexionar sobre este tema, citando su importancia para los derechos humanos, la identidad y la protección de datos. Abreu insistió en la necesidad de un análisis minucioso y completo antes de avanzar con la legislación.

 

La ley propone la creación del SID, una base de datos que centralizará información crucial sobre todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y la Clave Única del Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación será responsable de establecer los mecanismos y requisitos para que entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente esta información.

 

La postergación de la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles refleja la complejidad y las sensibilidades asociadas con la gestión de datos biométricos. La demanda de un análisis más detallado y la inclusión de múltiples perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos individuales como la seguridad nacional.

 

El debate continúa, con la expectativa de que se logre un consenso que permita avanzar en la modernización de los registros civiles en México, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de la población. La Comisión de Gobernación tendrá la tarea de equilibrar estas consideraciones y avanzar con una legislación que cuente con el respaldo necesario para su implementación efectiva.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Senado Erradica el Matrimonio Infantil en Comunidades Indígenas con Reforma Constitucional

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.