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La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue designado como presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano recién creado para aportar análisis y recomendaciones estratégicas a Petróleos Mexicanos (Pemex). El anuncio se realizó durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera de México, realizada en Pueblo Viejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la integración del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al nuevo consejo, cuya finalidad será fortalecer la toma de decisiones dentro de la empresa productiva del Estado. Durante el acto, la mandataria agradeció públicamente al político su disposición para participar en el organismo.

“Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos”, expresó.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que Cárdenas encabezará la Comisión Consultiva debido a su experiencia y trayectoria. Detalló que el grupo analizará las condiciones, tendencias y perspectivas de la industria de los hidrocarburos tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de emitir opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones dentro de la empresa.

La designación ocurre ocho meses después de que Cárdenas criticara al gobierno federal durante el aniversario luctuoso número 37 de Francisco Xavier Ovando, el 3 de julio de 2025. En ese momento advirtió sobre la falta de recursos públicos para atender distintos sectores del país.

“Hay insuficiencia de recursos del Estado para invertir tanto en la atención de necesidades sociales, salud, educación, seguridad social, como en el fomento al desarrollo, energía, infraestructura, agricultura, industrialización, cultura, turismo, mediante políticas que mantengan entre sus objetivos concretos y prioritarios el crecimiento de la economía”,señaló entonces.

En el evento también participaron la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma legal orientada a fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en el campo, además de establecer mecanismos que vinculen el comercio agroalimentario con estándares ambientales y laborales verificables.

El proyecto legislativo plantea modificaciones a diversas normas federales con el objetivo de armonizar la política comercial con las políticas laboral y ambiental del Estado mexicano. Entre las leyes que se propone reformar se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector agropecuario, así como reforzar la protección de los ecosistemas forestales frente a prácticas productivas que puedan provocar la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agrícolas orientadas a la exportación.

El texto de la propuesta señala que la medida busca establecer una relación más directa entre el comercio exterior agroalimentario y el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la ampliación de atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que podría emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agroalimentario. Este mecanismo permitiría verificar que las actividades productivas destinadas a exportación cumplan con las normas laborales vigentes.

La iniciativa también plantea ampliar los supuestos en los que el Estado puede aplicar medidas de regulación o restricciones no arancelarias a la exportación de mercancías, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Estas disposiciones permitirían intervenir cuando se detecten incumplimientos relacionados con derechos laborales o impactos ambientales vinculados con la producción agrícola.

El documento ya fue turnado por la presidencia del Senado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, paso previo a su eventual discusión y votación en el pleno.

El proyecto incluye además un artículo transitorio que establece que la implementación de la reforma deberá realizarse con los recursos ya contemplados en el presupuesto vigente. Según el texto, las erogaciones que se generen por la entrada en vigor de la iniciativa deberán cubrirse con los presupuestos aprobados para las dependencias responsables durante el actual ejercicio fiscal, sin que se autoricen recursos adicionales para su aplicación.

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa aún no ha comenzado, pues dependerá del tiempo que tomen las negociaciones entre los afectados y la empresa propietaria del vehículo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal detalló que el proceso de compensación se encuentra en etapa de análisis y que la institución ha asignado personal especializado para acompañar y asesorar a las víctimas en los diálogos con los representantes legales de la compañía.

“Esto va a depender de la salida por la que opten las víctimas en este caso. Estamos investigando delitos culposos, tanto homicidios culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos. Estos delitos permiten, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas; una de ellas, efectivamente, es la mediación y los acuerdos reparatorios”, explicó Alcalde Luján.

El siniestro dejó hasta el momento 31 personas fallecidas y 53 lesionadas, de las cuales nueve permanecen hospitalizadas. Además, decenas de viviendas y vehículos resultaron afectados por la explosión y el incendio posterior.

La fiscal indicó que el monto de la reparación económica se definirá con base en estudios psicológicos, peritajes sociales y evaluaciones del daño moral realizado a cada una de las víctimas, así como en los casos de fallecimiento o discapacidad permanente. “El daño moral se calcula también en relación con las periciales en psicología, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, cómo fue afectado el proyecto de vida y, muy importante, con el lucro cesante”, señaló.

Explicó que el lucro cesante corresponde al monto que las víctimas o sus familiares dejaron de percibir a causa del accidente. “En el caso sobre todo de los fallecimientos o donde hay lesiones que invalidan por completo a las personas y ya no pueden trabajar, se hace un cálculo a partir de lo que la persona fallecida hubiera ganado en su vida laboral”, puntualizó.

Bertha Alcalde agregó que los acuerdos reparatorios pueden alcanzarse durante la etapa inicial de la investigación, sin necesidad de que exista una imputación formal ante un juez. “En los acuerdos reparatorios no es necesario ni siquiera que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino que, en la etapa de investigación inicial, se puede llegar a un acuerdo a partir de lo que decidan las partes”, subrayó.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la empresa propietaria de la pipa y de los operadores involucrados en el siniestro, mientras continúa el acompañamiento psicológico y legal a los afectados.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.