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De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un cambio estructural en la forma en que definirá a quienes lo representarán en las urnas. La dirigencia nacional informó que dejará atrás los métodos tradicionales de designación interna para dar paso a un esquema en el que la ciudadanía tendrá un papel central en la elección de candidaturas.

Durante un evento partidista, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que el nuevo mecanismo contempla varias etapas diseñadas para medir el posicionamiento real de quienes aspiren a competir por un cargo público. El modelo incluye un registro inicial, seguido de entrevistas, un periodo de recolección de firmas y una serie de presentaciones en distintos foros, antes de avanzar a una fase de debates públicos entre finalistas.

El proceso culminará con una decisión directa de la ciudadanía, que será la encargada de definir quién obtiene la candidatura. Para participar, los interesados deberán completar su inscripción mediante una aplicación digital habilitada para este fin.

Romero Herrera detalló que este rediseño busca sustituir las prácticas que durante años dominaron la vida interna del partido, cuando las candidaturas se resolvían en convenciones o por determinación de las dirigencias. En contraste, la nueva ruta pone énfasis en el nivel de reconocimiento público de cada aspirante como criterio principal.

“Si quieres decididamente competir, medirte; si quieres defender a México, entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen las aspiraciones; si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, afirmó el dirigente.

El líder panista también subrayó que no habrá espacio para decisiones centralizadas en las cúpulas del partido. “La decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente que decida quién quiere que la represente, así de fácil, no habrá imposiciones cupulares, la gente decide (…) será una decisión ciudadana empoderando a otros ciudadanos, esta fue la visión original de nuestros fundadores”, señaló.

Además, estableció un criterio estricto respecto a los perfiles que podrán participar en este nuevo esquema. “Aquí no permitiremos ni la más mínima aproximación de personas que tengan que ver con el crimen organizado. Aquí ni en la última regiduría de este país serán aceptados”, sostuvo.

La dirigencia del PAN enmarca esta estrategia como parte de su preparación rumbo a 2027, con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral frente a Morena, en un escenario donde busca recuperar terreno político a través de un modelo que prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones internas.

En medio del debate sobre el financiamiento público a la política en México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó en el centro de la discusión el acceso a las candidaturas, al afirmar que competir por un cargo de elección popular se ha convertido en un proceso condicionado por recursos económicos y redes de respaldo.

Durante su programa semanal “Martes del Jaguar”, transmitido a través de redes sociales, la mandataria expuso su postura sobre el funcionamiento del sistema electoral y lo vinculó directamente con la propuesta de reforma conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según explicó, la iniciativa busca reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de modificar las condiciones actuales de competencia.

En ese contexto, Sansores expresó: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. La declaración formó parte de un planteamiento más amplio en el que señaló que el sistema vigente limita la participación de ciudadanos sin respaldo económico o político.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, las condiciones actuales favorecen a perfiles con acceso a financiamiento significativo o con vínculos dentro de estructuras de poder, lo que, afirmó, reduce las posibilidades de que aspirantes sin esos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. En su intervención, vinculó esta situación con la necesidad de replantear el gasto público destinado a la política.

La mandataria también cuestionó las diferencias presupuestales entre congresos locales, al considerar desproporcionado que algunos operen con montos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros lo hacen con cinco millones. Desde su perspectiva, estas variaciones reflejan un uso desigual de los recursos públicos y forman parte de los problemas estructurales del sistema político.

En su mensaje, Sansores dirigió críticas hacia los partidos de oposición, a los que comparó con “franquicias familiares”que, según dijo, han convertido la actividad política en un negocio. Estas declaraciones se producen en un contexto nacional marcado por señalamientos sobre la posible infiltración de grupos delictivos en distintas regiones del país, así como por un aumento en los niveles de violencia.

Al mismo tiempo, medios locales han reportado que al menos 20 presuntos familiares de la gobernadora ocupan cargos públicos, entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien funge como asesor. Este señalamiento ha sido parte del entorno en el que se desarrollan sus declaraciones.

Las afirmaciones de Sansores se integran así al debate sobre la estructura del sistema electoral mexicano y el financiamiento de la política, en un momento en que se discuten cambios orientados a modificar las reglas de acceso al poder público.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

Morena aprobó este domingo la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, un nuevo órgano que tendrá la tarea de revisar cuidadosamente quiénes pueden sumarse a las filas del partido sin poner en riesgo su cohesión interna. Esta decisión fue tomada durante la reunión del Consejo Nacional, con el objetivo de evitar divisiones que puedan surgir de la incorporación de figuras políticas con trayectorias controvertidas o ajenas al proyecto de la 4T.

La comisión no revisará candidaturas de “cualquier nivel”, sino que se enfocará en personajes con visibilidad nacional o peso político relevante, cuyas trayectorias podrían representar un beneficio o una amenaza para la unidad del movimiento. Se trata de blindar la estructura interna frente a perfiles que no compartan los principios fundamentales del partido.

El órgano estará integrado por Luisa María Alcalde, presidenta del partido; Carolina Rangel, secretaria general; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; el académico Armando Bartra, y el productor Epigmenio Ibarra.

Bartra explicó que la comisión tiene la facultad de recomendar o rechazar el ingreso de personajes según su historial y el momento político. La evaluación no será automática: “Nosotros simplemente decidiremos si recomendamos o no que la persona que lo solicitó pueda ingresar en este momento o hasta otro”, precisó.

Desde otro frente, Epigmenio Ibarra aclaró que este nuevo filtro no implica una purga interna, sino un ejercicio de contención estratégica.

El vocero morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, señaló que esta medida responde a casos recientes, como el del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue considerado brevemente para respaldar la reforma judicial, pero rechazado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por su filiación con otro partido. También mencionó el caso de Luis Enrique Benítez Ojeda, exmilitante priista.

Además de este nuevo órgano, el Consejo Nacional aprobó otros tres lineamientos fundamentales: el Plan Organizativo de Comités Seccionales, el Plan Municipalista, y la reactivación del Consejo Consultivo Nacional.

Los Comités Seccionales constituirán la base territorial de Morena en las 71,541 secciones electorales del país, con la misión de movilizar y organizar a la militancia. Según el senador Emmanuel Reyes Carmona, cada actor político morenista tendrá la responsabilidad de crear al menos 10 comités, que deberán movilizar a unas 100 personas por base estructural.

El Plan Municipalista buscará fortalecer la presencia de Morena en los municipios que ya gobierna, alineando políticas públicas y reforzando la identidad del partido a nivel local.

Por último, la reactivación del Consejo Consultivo Nacional aportará una nueva capa de análisis y propuesta al interior del partido. Estará integrado por perfiles destacados del ámbito intelectual, científico, académico, cultural y empresarial, con la intención de enriquecer la toma de decisiones desde una perspectiva multidisciplinaria.

Con estas decisiones, Morena afina su engranaje político y organizativo, de cara a sus próximos retos electorales, mientras establece nuevos candados para mantener la identidad y coherencia de su movimiento.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.