El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en pausa el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros debido a diversas resoluciones judiciales en curso. Así lo confirmó este jueves la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, quien explicó que la institución se encuentra en un estado de “pausa” mientras se analizan los recursos legales interpuestos y se espera la respuesta de instancias superiores.

La elección de cargos judiciales, programada para el 1 de junio de 2025, se encuentra temporalmente suspendida a la espera de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaren si las suspensiones judiciales aplican o no. La consejera De la Cruz señaló que el INE continúa evaluando los documentos relevantes y los efectos de las resoluciones para poder proceder de manera adecuada.

“Sí, estamos en esta como pausa en lo que se resuelve ante qué instancia y si aplican las suspensiones o no, y por el otro, estamos haciendo este análisis de los documentos”, declaró la consejera durante una conferencia de prensa. Las palabras de De la Cruz reflejan la incertidumbre que enfrenta el proceso, en el cual se han interpuesto diversos recursos legales que han generado retrasos en las decisiones que afectan tanto al INE como al futuro del sistema judicial mexicano.

El proceso judicial en cuestión es uno de los más importantes en la historia reciente de México, ya que en estas elecciones se elegirán a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, y a todos los magistrados de las salas regionales del TEPJF. Además, se seleccionarán los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito. La magnitud de estos comicios marca un hito en la historia del país, ya que se elegirá a una parte significativa de los funcionarios judiciales clave en un momento en que México enfrenta desafíos importantes en materia de justicia y legalidad.

La importancia de este proceso no ha pasado desapercibida para el INE, que a finales del mes pasado publicó cinco acuerdos clave en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para dar inicio formal al proceso electoral. Entre estos acuerdos destacan la ratificación de los consejeros electorales de los Consejos Locales del INE, la instalación de dichos consejos antes del 16 de noviembre de 2024, y la modificación del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, para alinearse con las reformas recientes al Reglamento del Consejo General del INE. No obstante, el avance del proceso se ha visto truncado por las suspensiones interpuestas y el análisis jurídico necesario para determinar cómo proceder.

El panorama jurídico actual ha planteado una serie de interrogantes sobre la capacidad del INE para llevar a cabo este proceso sin contratiempos. La ratificación de los consejeros y la instalación de los Consejos Locales son pasos esenciales para garantizar que el proceso electoral de 2025 sea transparente y eficiente, pero las suspensiones impuestas han forzado al INE a replantear sus estrategias y, por ahora, detener el avance.

Por su parte, la consejera De la Cruz ha hecho hincapié en que el INE se mantiene a la espera de las decisiones de las instancias judiciales correspondientes. “Es crucial que se defina pronto el camino a seguir para evitar mayores retrasos y asegurar que el proceso electoral se realice en tiempo y forma”, explicó la consejera. Sin embargo, por el momento, el INE debe esperar pacientemente el fallo de los tribunales, que determinará si las suspensiones se mantienen o si el proceso puede continuar.

La pausa en el proceso electoral es vista por muchos como un reflejo de la complejidad del entorno judicial en México. Mientras el INE espera la resolución de los tribunales, la institución se enfrenta a un entorno de incertidumbre que, según la consejera, podría afectar la planificación de los comicios de 2025 si no se resuelve pronto. “El INE está listo para avanzar, pero necesitamos claridad en cuanto a las implicaciones legales que enfrentamos”, concluyó Norma Irene de la Cruz.

A casi 15 años de la tragedia que conmocionó a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que ofrece un respiro de justicia y apoyo a las familias de las víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El 5 de junio de 2009, el país fue testigo de una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente, donde 49 menores perdieron la vida y decenas más resultaron con heridas permanentes. El decreto, publicado este sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las familias afectadas.

El nuevo decreto establece pensiones vitalicias para las madres y los padres de los menores que fallecieron en el incendio, una medida que busca brindarles apoyo financiero de por vida. “Esta es una deuda moral con las familias que, por más de una década, han enfrentado el dolor de una pérdida irreparable”, señaló el mandatario en una conferencia reciente.

El decreto no solo se limita a ofrecer pensiones a los padres de las víctimas, sino que también abarca a los niños y niñas que sufrieron lesiones permanentes en el incidente. Estos sobrevivientes, que ahora han crecido con cicatrices tanto físicas como emocionales, recibirán pensiones vitalicias, además de otros beneficios que les permitan llevar una vida digna y acceder a los recursos necesarios para su rehabilitación. “No solo es un tema de reparación económica, sino de brindarles el soporte que el Estado les debe desde hace mucho tiempo”, declaró un funcionario de alto nivel involucrado en la elaboración del decreto.

Entre las medidas anunciadas se incluye una beca educativa que garantizará el acceso a la educación para los menores que resultaron lesionados o que inhalaron humo y tóxicos en el incidente. Estas becas cubrirán los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior en instituciones oficiales o con reconocimiento oficial. “Es una forma de asegurar que estos niños y niñas, pese a la tragedia, tengan las oportunidades necesarias para un futuro mejor”, explicó el presidente durante la firma del decreto.

Además, las familias de los menores afectados tendrán acceso a la condonación del pago de electricidad en los hogares donde residan, especialmente aquellos que necesiten usar equipos médicos esenciales para el cuidado de la salud de los menores afectados.

Con este decreto, López Obrador culmina su sexenio con una de las medidas más simbólicas de su administración. Aunque quedan muchas preguntas sobre la justicia para los responsables de la tragedia, este acto es visto por muchos como un esfuerzo significativo para reconocer el dolor de las familias y brindarles un apoyo tangible. La madre de una de las víctimas, quien ha luchado incansablemente por justicia, expresó su sentir: “No hay dinero ni medida que pueda borrar el sufrimiento, pero saber que no nos olvidaron y que mis otros hijos tendrán un futuro seguro, nos da un poco de paz”.

El incendio en la Guardería ABC sigue siendo una herida abierta en el corazón de México, y este decreto es un recordatorio de la importancia de no olvidar a las víctimas. Las familias, que durante años han buscado justicia y reconocimiento, finalmente ven algunos frutos en su lucha.

La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.

Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.

“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.

El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.

La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.

En un acto que resonó con fuerza en las calles de Ciudad de México, cientos de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) salieron a las calles este lunes para alzar la voz contra la controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo el lema “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”, los jóvenes marcharon desde el icónico Águila de la Facultad de Derecho hasta el edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), marcando una clara postura de rechazo hacia los cambios propuestos que, aseguran, ponen en riesgo la independencia judicial del país.

El movimiento comenzó a las 12:30 del mediodía en Ciudad Universitaria, con una nutrida asistencia de estudiantes que portaban banderas, pancartas y lonas en las que se leían mensajes contundentes: “UNAM-CJF ¡Unidos!”, “Defender la justicia es nuestro derecho”, “Sin independencia judicial, no hay democracia”. A lo largo de su recorrido por Avenida Insurgentes Sur, la manifestación generó cortes intermitentes en el tránsito, atrayendo la atención de medios de comunicación, ciudadanos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La movilización no se limitó a la comunidad de la UNAM. Con un llamado abierto a la solidaridad, los estudiantes invitaron a sus pares de la Universidad Panamericana (UP) y de la Universidad Iberoamericana (Ibero) a sumarse a la protesta. “No se trata solo de defender a la UNAM o a nuestras universidades; se trata de proteger el Estado de derecho, de asegurarnos que nuestras instituciones sean realmente autónomas”, expresó Javier Ramírez, estudiante de quinto semestre de Derecho en la UNAM.

La reforma al Poder Judicial, incluida en el paquete de medidas del Plan C del presidente López Obrador, ha generado un intenso debate en el país. La propuesta establece, entre otros puntos, que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, y que se considere la carrera judicial como un requisito obligatorio para quienes aspiren a estos cargos. Según los estudiantes y varios expertos, estas medidas podrían debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a la politización del sistema de justicia.

El pasado 26 de agosto, representantes de nueve facultades y escuelas de derecho de México emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por la reforma. “Nos preocupa que se pierda la imparcialidad que debe caracterizar a los jueces y magistrados”, señaló Valeria Gómez, representante de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Si los jueces son elegidos por voto popular, estaríamos abriendo la puerta a intereses partidistas que pueden comprometer la justicia en nuestro país”.

Para muchos de los manifestantes, la protesta no es solo una respuesta a una iniciativa gubernamental; es un llamado a la reflexión y a la acción por parte de la sociedad civil. “Esta es una reforma que afecta a todos, no solo a los abogados o estudiantes de Derecho. Si perdemos la independencia del Poder Judicial, todos perdemos”, comentó Carlos Morales, alumno de la Universidad Iberoamericana, quien se unió al contingente frente al edificio del CJF.

El apoyo a la protesta se ha extendido a otras instituciones académicas, incluyendo el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad La Salle, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta unidad entre las principales casas de estudio del país destaca la magnitud del desafío que representa esta reforma para el sistema democrático mexicano.

Aunque la manifestación concluyó de manera pacífica frente al CJF, los estudiantes dejaron en claro que esta es solo una de muchas acciones que están dispuestos a tomar para defender la justicia y la legalidad en México. “Esta marcha es solo el principio. Vamos a seguir informando a la ciudadanía, haciendo foros, discutiendo y exigiendo que se respete la autonomía del Poder Judicial”, añadió Daniela Pérez, integrante del comité organizador de la marcha.

El 23 de agosto marca un día histórico en la Ciudad de México con la publicación de la Ley Paola Buenrostro en la Gaceta Oficial, una legislación que redefine el panorama de los derechos humanos y la justicia para las mujeres trans en el país. Esta ley tipifica el transfeminicidio como un delito, imponiendo penas que van desde los 35 hasta los 70 años de prisión, un castigo severo que busca frenar la violencia extrema contra este sector vulnerable de la población.

Con la entrada en vigor de esta legislación, la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad federativa en México, después de Nayarit, en reconocer el transfeminicidio como un delito. La Ley Paola Buenrostro, nombrada en honor a la primera víctima de transfeminicidio reconocida en el país, tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina y erradicar la impunidad que ha prevalecido en casos de violencia extrema contra mujeres trans.

“Es un acto de justicia histórica para nuestras compañeras trans que han sido víctimas de odio y violencia. La Ley Paola Buenrostro no solo honra la memoria de Paola, sino que envía un mensaje claro: la violencia transmisógina no será tolerada en nuestra ciudad”, expresó una activista trans durante una manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México.

La ley contempla reformas significativas en el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Estas modificaciones no solo establecen el transfeminicidio como un delito autónomo, sino que también agravan las penas cuando el crimen se comete bajo circunstancias específicas, como en el contexto del trabajo sexual, en presencia de personas cercanas a la víctima, o cuando la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o es una persona adulta mayor trans.

El artículo 148 Ter del Código Penal, ahora modificado, define el transfeminicidio como “el acto de privar de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”. Además, se añaden agravantes que aumentan la condena hasta en una tercera parte cuando el delito se perpetra con saña relacionada con la identidad o expresión de género de la víctima.

Otra adición crucial es la modificación del artículo 118 del Código Civil, que ahora permite que, en caso de fallecimiento de una persona transgénero, y si sus familiares se niegan a realizar el trámite de defunción o podrían vulnerar su identidad, una persona de su familia social, definida según la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pueda realizar dicho trámite. Esta medida busca asegurar que la identidad de las personas trans sea respetada incluso después de su muerte, un derecho fundamental que había sido ignorado hasta ahora.

Este avance legislativo en la Ciudad de México es un paso crucial en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos humanos de las personas trans. Sin embargo, a pesar de este progreso, aún queda un largo camino por recorrer en el resto del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya han instado a que todos los casos de muertes violentas de mujeres trans sean investigados bajo protocolos de feminicidio, y han exigido a los congresos locales que implementen medidas similares para garantizar la justicia en todo el territorio nacional.

“La Ley Paola Buenrostro es un hito, pero no es el final de nuestra lucha. Continuaremos presionando para que todos los estados adopten legislaciones similares y para que ningún crimen de odio quede impune en México”, afirmó la representante de una organización de derechos trans.