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La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

México descendió hasta el lugar 147 de un total de 181 países evaluados en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad, una medición internacional que analiza el nivel de inclusión, justicia y seguridad para las mujeres en distintas regiones del mundo. El informe es elaborado por el Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, y se publica desde 2017.

De acuerdo con el reporte, México forma parte del último grupo de países con peores resultados. El estudio clasifica a las naciones evaluadas en cinco quintiles jerárquicos, donde el primero corresponde a los mejores desempeños y el quinto a los más bajos. En esta edición, México se ubicó en el segundo puesto dentro del último quintil, por debajo de Djibouti y por encima de Colombia, Palestina, Pakistán y Afganistán, este último situado en el lugar 181 del ranking.

El análisis destaca que, desde el inicio de la medición en 2017, México ha registrado un descenso aproximado del 11% en su desempeño general, lo que lo coloca entre los diez países que más han retrocedido en el periodo evaluado.

El Índice de Mujeres, Paz y Seguridad mide tres dimensiones principales: inclusión, justicia y seguridad. Cada uno de estos ejes integra distintos indicadores que permiten evaluar la situación de las mujeres en los países analizados.

En materia de inclusión, el estudio contempla variables como el acceso a la educación, la participación en el empleo, la inclusión financiera, el uso de teléfonos móviles y la representación parlamentaria. Estos factores permiten medir la participación de las mujeres en la vida económica y política.

El componente de justicia, por su parte, evalúa aspectos relacionados con la ausencia de discriminación legal, el acceso efectivo a la justicia, la mortalidad materna y la preferencia por hijos varones, indicadores que reflejan condiciones estructurales y culturales que influyen en la igualdad de derechos.

La dimensión de seguridad incluye variables vinculadas con la violencia de pareja, la seguridad comunitaria, la violencia política contra las mujeres y la cercanía a contextos de conflicto, elementos que determinan el entorno en el que viven y se desarrollan.

En contraste con la posición de México, los países mejor evaluados en el índice pertenecen a la región nórdica europea. Dinamarca ocupa el primer lugar, seguida por Islandia. Noruega y Suecia comparten el tercer sitio, mientras que Finlandia completa el grupo de las cinco naciones con mejor desempeño.

El informe subraya así la brecha entre regiones y el retroceso registrado por México dentro de una evaluación que examina condiciones fundamentales para la igualdad y la seguridad de las mujeres a nivel global.

Un video difundido en redes sociales detonó una investigación federal por el saqueo de huevos de tortuga golfina en la costa de Oaxaca. Las imágenes muestran a tres hombres extrayendo los huevos directamente de la arena mientras los ejemplares se encontraban en pleno proceso de desove, lo que provocó la intervención de autoridades ambientales y de procuración de justicia.

La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que confirmó que el caso ya es analizado por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El incidente ocurrió el 23 de marzo en Playa Escobilla, considerada la zona de anidación más importante del mundo para la tortuga golfina.

Las grabaciones evidencian a tres sujetos utilizando costales para recolectar los huevos mientras manipulan a las tortugas antes de que concluyan el proceso de anidación. Incluso, en una de las escenas, uno de los individuos arroja a un ejemplar, mientras continúan retirando los huevos de los nidos. El saqueo se realizó a plena luz del día y sin que se observara presencia de vigilancia en el lugar.

Habitantes del municipio de Santa María Tonameca alertaron sobre lo ocurrido, lo que llevó a que el material audiovisual se viralizara y derivara en la denuncia formal ante las autoridades. La Conanp señaló que, pese a estos intentos de saqueo, las labores de conservación continúan en la zona.

“El trabajo no se detiene a pesar de los recientes intentos de saqueo de huevos de tortuga golfina (que ya fueron denunciados y están siendo investigados), la fuerza de la comunidad es más grande”, informó la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la comisión, actualmente más de 117 personas participan en actividades de vigilancia y monitoreo biológico en Escobilla, Vainilla y Barra del Potrero. Estas acciones forman parte de un esquema de conservación que, durante dos décadas, ha involucrado a comunidades locales y autoridades de seguridad nacional, incluyendo la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional.

Además, la Conanp mantiene activos proyectos de subsidio enfocados en la protección de especies prioritarias, en los que participan habitantes de Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, quienes colaboran en tareas de resguardo de nidos y monitoreo ambiental.

La tortuga golfina cuenta con protección legal en México debido a su condición de riesgo. La normativa NOM-059-SEMARNAT-2010 prohíbe cualquier aprovechamiento extractivo, comercial o de subsistencia de tortugas marinas, incluidos sus huevos. Asimismo, el Código Penal Federal establece sanciones de entre uno y nueve años de prisión para quienes cometan este delito.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del saqueo ocurrido durante el periodo de desove en una de las playas más relevantes del mundo para la reproducción de la tortuga golfina.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, pidió que la actual fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, sea excluida del proceso para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al señalarla por presunta omisión en la investigación de irregularidades relacionadas con un parque fotovoltaico en Aguascalientes.

Ruvalcaba sostuvo que en 2019 el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy para abastecer de electricidad a 55 mil luminarias que, según afirmó, fueron adquiridas a sobreprecio. Indicó que el acuerdo debió cancelarse; sin embargo, en 2020 fue modificado para ampliar su alcance y suministrar energía destinada a la extracción de agua de pozos municipales a través de un parque fotovoltaico que, aseguró, no se construyó.

En su intervención, la senadora afirmó que, pese a que “no se ha generado ni un solo watts”, el municipio ha pagado casi 2 mil millones de pesos desde entonces. Detalló que en 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Según su dicho, dicha instancia no emprendió acciones de investigación ni ejerció acciones para procurar justicia.

La morenista agregó que un día antes de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, la fiscal María de la Luz Mijangos Borja se declaró incompetente para conocer del caso y remitió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes.

Durante su posicionamiento, Ruvalcaba advirtió a la Cámara de Diputados —instancia que lleva a cabo el proceso de selección del próximo titular de la ASF— que la actual fiscal anticorrupción figura entre las aspirantes al cargo. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que, afirmó, no debería quedar en manos de quien, a su juicio, no actuó frente a denuncias relacionadas con el manejo de dinero público.

La senadora, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, reiteró sus señalamientos sobre la falta de actuación en el caso del proyecto fotovoltaico y pidió que se valore su desempeño dentro del proceso de designación en curso.

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.

“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.

Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.

Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York en una operación encabezada por autoridades estadounidenses. Ambos serán presentados ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde enfrentarán formalmente los cargos en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro y Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 del mediodía, hora local. Desde la noche del sábado, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde suelen ser ingresados acusados de delitos federales graves mientras se desarrollan los procedimientos iniciales de sus casos.

La detención de Maduro y su esposa ocurrió durante la madrugada del sábado en Caracas, como parte de una operación relámpago de Washington denominada “Resolución Absoluta”. Tras su captura, fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que desde hace varios años pesan en su contra ante la justicia federal estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento en apoyo de actividades criminales. Además, las acusaciones incluyen su presunta colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Según los señalamientos presentados originalmente en 2020 y ratificados tras su captura, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red criminal que utilizó el tráfico de drogas como un instrumento dirigido contra Estados Unidos. Los documentos judiciales describen una estructura que habría operado con alcance internacional y con apoyo logístico y armado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas actividades de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las acusaciones contra la diputada venezolana están vinculadas a su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el funcionamiento de dicha estructura.

En esta primera audiencia, como ocurre en casos federales de alto perfil, el procedimiento contempla la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la revisión de aspectos preliminares del proceso judicial. Entre estos puntos se incluyen la situación legal de los detenidos, la posibilidad de que permanezcan bajo detención preventiva y la designación o ratificación de su representación legal.

La comparecencia de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial contra Maduro y Flores en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de una de las cortes federales más relevantes del país para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.