El gobierno de Estados Unidos ha restituido a México una suma superior a los 579 millones de pesos, resultado del desfalco cometido por Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. Los fondos serán destinados al apoyo de los deportistas olímpicos mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de esta devolución, señalando que es la primera vez que recuerda que el dinero, originado del erario de Coahuila, es restituido por las autoridades estadounidenses. “Lo detuvieron en Estados Unidos con dinero cuya legalidad no pudo probar, y lo encarcelaron. Ahora, nos están devolviendo ese dinero”, comentó el mandatario.

López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República recibió los fondos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales fueron depositados en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La cantidad exacta fue de 32,194,445.32 dólares, equivalentes a 579,500,015.76 pesos.

El presidente expresó su alivio por contar con estos recursos, especialmente para apoyar a los atletas olímpicos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos en Francia. “Nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí conseguir los fondos para apoyar a los deportistas. Ahora, ya tenemos un ahorro y una parte del dinero ha llegado”, afirmó.

Finalmente, el presidente subrayó su compromiso de dejar finanzas sanas y asegurar el presupuesto necesario para concluir su mandato y el próximo año.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.

En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional implementar una estrategia sólida y aumentar el número de efectivos para asegurar la integridad en la red vial del país.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se reportaron 13,848 robos en carreteras mexicanas, marcando un aumento del 4.6% en comparación con los incidentes de 2022.

La senadora Verónica Martínez, en representación de la bancada priista, resaltó que solo en las carreteras del Estado de México y Puebla se contabilizaron 7,445 robos durante ese periodo.

A través de una propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se enfatizó la urgencia de fortalecer la seguridad en estas vías.

Martínez también instó a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a trabajar en colaboración para evitar la impunidad en estos crímenes.

Además, señaló que los daños a los bienes de los conductores también afectan al sector productivo nacional, ya que el aumento de robos en carreteras perturba las diversas cadenas de suministro, aumentando el costo del transporte de bienes y afectando al consumidor final con precios elevados.

“Se estima que durante 2022, estos delitos han resultado en pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos, debido a la venta de productos, materias primas o bienes en el mercado informal, a precios que no corresponden a sus costos de producción”, agregó.

La legisladora detalló que los productos más afectados por los robos son hidrocarburos, productos químicos y prendas de vestir, que en conjunto representan casi el 81% del total de la carga robada, mientras que el 7% son alimentos y el resto corresponde a diversos productos y materias primas.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

En una rueda de prensa contundente, Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, salió en defensa de Francisco Cienfuegos, su operador electoral en Nuevo León, frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Gálvez aseguró que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución del gobierno contra la oposición y expresó su satisfacción al escuchar la certeza de Cienfuegos de que las acusaciones son infundadas.

En el marco de su “Conferencia de la Verdad”, Xóchitl Gálvez criticó las denuncias sin fundamento y expresó su confianza en la inocencia de Cienfuegos, destacando que hasta el momento no se ha presentado evidencia que lo vincule con lavado de dinero o defraudación fiscal. La candidata presidencial señaló que la investigación iniciada en 2022 parece ser una represalia del gobernador Samuel García contra diputados locales que votaron en contra de sus propuestas legislativas.

Gálvez destacó la importancia de no aceptar a personas involucradas en corrupción en su equipo y aseguró que, si tuviera evidencia de malas prácticas, no aceptaría a alguien como Cienfuegos. Además, recordó que ella misma ha enfrentado denuncias, mostrando transparencia y disposición para colaborar con las autoridades, subrayando que la existencia de una denuncia no implica culpabilidad.

También aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de investigaciones sobre otros casos de presunta corrupción, como los contratos millonarios de Amílcar Olán, la empresa Romedic que suministra medicamentos a Tabasco y Quintana Roo, y las denuncias presentadas contra varios funcionarios y personajes cercanos al presidente López Obrador. Gálvez hizo hincapié en la necesidad de abordar estos temas y llamó al presidente a emitir la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, afectadas por una crisis hídrica.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su intervención exigiendo responsabilidad al presidente López Obrador y llamando la atención sobre los verdaderos problemas del país. La rueda de prensa concluyó con una declaración firme por parte de Gálvez, quien defendió la integridad de su equipo y se comprometió a afrontar cualquier investigación con transparencia y legalidad.

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.