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El aseguramiento de cinco pericos cachetes amarillos en Zacatecas volvió a colocar en el centro del debate una reforma que busca endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en México y que aún no concluye su proceso legislativo en el Congreso.

Los ejemplares, catalogados como una especie protegida por la legislación mexicana, fueron rescatados este domingo durante un operativo encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre.

La intervención se llevó a cabo después de varias semanas de trabajo de vigilancia e inteligencia. Las autoridades contaron además con reportes ciudadanos y avisos emitidos por Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, que señalaron la posible comercialización ilícita de especies protegidas.

A partir de este caso, el Partido Verde reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas legales para sancionar con mayor rigor a quienes participan en actividades que afectan la biodiversidad y los ecosistemas nacionales.

La propuesta impulsada por la bancada ecologista plantea modificaciones al Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión y las multas económicas relacionadas con diversos delitos ambientales. 

Entre las conductas contempladas se encuentran el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la tala clandestina, los incendios forestales provocados, la destrucción de ecosistemas y la contaminación de suelos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre del año pasado. 

Además del aumento de castigos, incorpora agravantes para los casos cometidos dentro de áreas naturales protegidas o cuando las afectaciones recaigan de manera grave sobre especies en riesgo. De acuerdo con el Partido Verde, estas medidas buscan desalentar actividades que generan beneficios económicos mediante el deterioro del patrimonio natural del país.

Pese al avance legislativo alcanzado en San Lázaro, la reforma todavía no entra en vigor. “la iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo, ya que el Senado de la República realizó modificaciones a la minuta y la devolvió a la Cámara de Diputados, donde permanece pendiente de su dictaminación final”, acusó el Partido Verde en una nota de prensa.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

“Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios ya está en manos de autoridades mexicanas, aunque sin respaldo probatorio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, los documentos enviados por la Embajada estadounidense fueron recibidos el martes a las 18:00 horas y analizados bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. Tras la revisión jurídica, la dependencia concluyó que la petición carece de elementos de prueba que sustenten las acusaciones.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba”, señaló la Secretaría en un comunicado oficial.

Pese a ello, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, instancia que determinará si existen indicios que permitan avanzar en el caso contra los señalados, todos vinculados políticamente a Morena.

El posicionamiento de la SRE se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la acusación formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros actores políticos del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados mantienen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

En paralelo, la Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento diplomático al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, debido a la forma en que se difundió públicamente la acusación antes de concluir los procesos correspondientes entre ambas naciones.

El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la FGR, que deberá definir si hay bases legales y probatorias para dar curso a la solicitud internacional.

En entrevista con medios locales, el morenista informó que ya sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbuam y le mostró su apoyo tras las acusaciones por parte del gobierno de Trump.

“¿Hay apoyo de parte de ella a su Sí, claro, persona por supuesto. ¿Va va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?, sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo al a a desempeñar mi trabajo”, dijo el morenista.

Además dijo que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y fue por el comunicado del Departamento de Justicia que tuvo conocimiento del tema.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará elevar la calidad de sus investigaciones y disminuir la impunidad mediante un nuevo modelo basado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, informó su titular, Ernestina Godoy, al exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado.

Durante su comparecencia, la fiscal detalló que el objetivo es consolidar carpetas de investigación con sustento probatorio sólido, capaces de sostenerse ante los tribunales y derivar en sentencias condenatorias. Según explicó, este enfoque pretende garantizar que los casos judicializados lleguen con elementos suficientes para evitar resoluciones absolutorias por falta de pruebas.

Ante legisladores de distintos partidos, Godoy subrayó que la institución enfrenta desafíos estructurales que deben corregirse, como el alto porcentaje de delitos no denunciados —superior al 95%— y el elevado índice de no ejercicio de la acción penal. “Porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto, eso quiere decir que hay impunidad no”, afirmó.

En ese contexto, planteó que los procesos internos serán ajustados para aumentar la judicialización de casos y asegurar que las investigaciones que lleguen a tribunales tengan la solidez necesaria.

La fiscal también sostuvo que existen condiciones actuales que obligan a la FGR a actuar sin excusas frente a delitos como el crimen organizado, el lavado de dinero, la desaparición de personas y los feminicidios.

“Nunca como ahora estamos ante la posibilidad de combatir, como con la fuerza del Estado completa, esto es ahora, con un marco jurídico legal y constitucional fuerte, con una coordinación fuerte y con tecnología distinta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la procuración de justicia es un componente central para la gobernabilidad del país, lo que —dijo— exige utilizar plenamente las capacidades institucionales disponibles en beneficio de la población.

En materia interna, Godoy anunció una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la fiscalía, acompañada de mecanismos de control que permitan sancionar conductas contrarias a la ley. “El buen juez por su casa empieza”, señaló al advertir que cualquier acción en perjuicio de las víctimas será castigada.

Finalmente, indicó que el plan podrá ajustarse en un plazo de tres años con las aportaciones del Poder Legislativo y definió como prioridades los delitos contra migrantes, menores de edad y mujeres, así como aquellos vinculados a integrantes de la delincuencia, además de la desaparición de personas y el lavado de dinero.

Un incendio consumió por completo las 16 bodegas del complejo Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales para contener las llamas y evitar mayores riesgos. El siniestro, ocurrido antes de las 19:00 horas, dejó pérdidas materiales totales, sin reporte de personas lesionadas hasta el cierre de esta edición.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el incendio habría sido provocado por la quema de neumáticos realizada por productores de frijol que mantenían protestas en el lugar.

“Lo que indica ahora el coordinador de Protección Civil, y lo que nos han dicho los peritos de las fiscalías (FGR y estatal) con la información que tienen, es que el incendio se provocó a raíz del incendio que provocaron los neumáticos”,declaró el funcionario.

Horas antes del siniestro, productores provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco habían tomado las instalaciones y bloqueado la carretera federal 45, en la salida hacia Fresnillo, donde también realizaron quemas como parte de sus protestas por presuntas irregularidades en el programa de acopio de frijol.

Entre las 15:00 y 16:00 horas, se registraron nuevas quemas dentro del patio de maniobras del complejo. Posteriormente, el fuego se extendió y terminó por consumir la totalidad de las bodegas. El sitio funcionó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como sede central de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Ante la emergencia, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades locales, quienes trabajaron para retirar vehículos cercanos y evitar que el fuego alcanzara depósitos de combustible.

Reyes Mugüerza señaló que previamente se buscó dialogar con los manifestantes para evitar la quema de neumáticos. “No hubo manera”, afirmó. También indicó que “es un delito lo que se está haciendo en este caso”, aunque aclaró que será necesario esperar los peritajes para determinar responsabilidades legales.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y definir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, autoridades confirmaron que los daños materiales serían totales y continúan pendientes los dictámenes oficiales sobre las causas del siniestro.