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Las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos ya no esperarán años para llegar a la Fiscalía. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que presentó 21 denuncias penales relacionadas con un posible daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivadas de auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2020 a 2024.

Los recursos fueron interpuestos el pasado 26 de junio y representan las primeras denuncias promovidas durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente del órgano fiscalizador, cargo que asumió tras ser designado por la Cámara de Diputados a principios de marzo.

Las investigaciones alcanzan a instituciones federales, gobiernos estatales, municipios y una universidad pública. Entre los casos se encuentran tres denuncias contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una más contra Talleres Gráficos de México.

También figuran el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias penales; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; el municipio de Alvarado, Veracruz, con cinco denuncias; además de Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.

El auditor superior explicó que la ASF modificó el momento en que decide acudir a la vía penal cuando identifica posibles ilícitos durante sus procesos de revisión. “Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos. ¿Contra quién? Contra la entidad en la cual nos damos cuenta que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables”, declaró.

Añadió que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, quiénes son los funcionarios presuntamente involucrados. “Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”, señaló.

Además de las acciones penales, Hernández Palacios informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la ASF remitió 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves, relacionados con posibles colusiones y contrataciones indebidas en procedimientos de contratación pública.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior para presentar denuncias penales cuando sus auditorías detecten probables delitos en el ejercicio de recursos públicos, así como para colaborar con la Fiscalía Especi

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

El arranque de Rafael Marín Mollinedo en la contienda interna de Morena por Quintana Roo estuvo marcado por una serie de cuestionamientos sobre su pasado reciente y sus relaciones políticas, más que por el trámite de su registro como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante su encuentro con medios, el exdirector general de Aduanas tuvo que responder por su reciente visita al exgobernador Mario Villanueva, condenado por delitos relacionados con narcotráfico. Marín confirmó el encuentro y reconoció que mantiene una relación con él.

“Yo lo conozco y pues sí lo fui a visitar. Yo visito a quien me invita y no tengo ningún problema. Platicamos que Quintana Roo, él es un referente en el estado”, declaró.

Cuando una reportera le preguntó si Villanueva le había dado su respaldo para buscar la gubernatura, el aspirante rechazó esa posibilidad. “No, yo no ando buscando bendiciones de nadie para la candidatura. Yo me vengo a inscribir porque tengo el derecho, como fundador de Morena, de participar en este proceso”, respondió.

Otro de los temas que enfrentó fueron los señalamientos surgidos durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas, cargo que dejó para incorporarse de lleno a su proyecto político en Quintana Roo. Marín rechazó cualquier vínculo con el llamado “huachicol” fiscal y aseguró que su gestión dejó resultados.

“Tengo una trayectoria limpia, nadie me puede decir nada”, afirmó. Además, sostuvo que durante su administración la recaudación aumentó en 250 mil millones de pesos de un año al otro. “Eso se debió a que hicimos nuestro trabajo como correspondía”. También negó haber sido citado por la Fiscalía General de la República para aclarar esos señalamientos. “No, nunca. Yo no tengo nada. Al contrario, trabajamos y dimos resultados”.

El morenista rechazó además versiones sobre presuntos privilegios dentro del partido. Aseguró que lleva más de 40 años impulsando el movimiento que dio origen a la Cuarta Transformación y sostuvo que su participación responde a una petición de habitantes de Quintana Roo, no a respaldos políticos.

Sobre su patrimonio, afirmó que sus propiedades son producto de su trabajo como empresario y que toda su información patrimonial está reflejada en sus declaraciones ante la Función Pública y en sus declaraciones fiscales.

Al concluir su registro en el World Trade Center, Marín se reunió con simpatizantes que lo esperaban con música y carteles. Posteriormente abandonó el lugar acompañado por su equipo en tres camionetas blindadas con rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México para regresar a Quintana Roo.

Mientras la atención nacional se concentraba en el partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, una resolución judicial puso punto final a uno de los procesos penales más prolongados y controvertidos de los últimos años.

La tarde del 18 de junio, Mary Sainz informó a través de redes sociales que un Tribunal Colegiado de Apelación confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada en favor de Israel Vallarta Cisneros. La decisión respalda el fallo emitido el 31 de julio de 2025 por la jueza Mariana Vieyra Valdez y mantiene firme la liberación que se concretó el pasado 1 de agosto.

Con esta determinación queda resuelta la apelación presentada por la Fiscalía General de la República, que buscaba revertir la absolución relacionada con el secuestro de seis personas. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura pública sobre el fallo.

La resolución llega después de que Vallarta permaneciera cerca de dos décadas en prisión sin recibir sentencia. El caso avanzó hacia su desenlace cuando las investigaciones fueron concentradas en un solo expediente, procedimiento que derivó en la conclusión de que hubo violaciones al debido proceso.

Al absolverlo, la jueza estableció que la FGR no logró acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban: “secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.

El origen del caso se remonta al 8 de diciembre de 2005. Ese día, Vallarta fue detenido junto con Florence Cassez cuando ambos viajaban en una camioneta. Según el informe oficial, tras la captura se obtuvo información sobre personas privadas de la libertad en un rancho.

Posteriormente, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación ingresaron al inmueble y reportaron la localización de Cristina Ríos Valladares, su hijo menor de edad y Ezequiel Elizalde Flores. La averiguación previa señala que las víctimas habían sido secuestradas entre octubre y noviembre de ese mismo año.

La investigación adquirió una dimensión nacional cuando se reveló que la detención fue recreada para las cámaras de televisión por instrucciones de Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, con apoyo de Luis Cárdenas Palomino.

Años después, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios federales señalaron la existencia de otros procesos por secuestro relacionados con Vallarta. En 2021, Olga Sánchez Cordero habló de dos causas penales adicionales y, meses más tarde, Adán Augusto López sostuvo que, pese a que se había acreditado que fue sometido a tortura, otro proceso abierto impedía su liberación.

La ofensiva federal contra autoridades municipales de Morelos investigadas por presuntos nexos con grupos criminales dio un nuevo paso este sábado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jesús “N”, alcalde de Cuautla, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones en su contra.

La resolución judicial se produjo una semana después de su captura y establece un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el presidente municipal permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

El caso del edil se encuentra dentro de las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad contra funcionarios de Morelos señalados por presuntas relaciones con el crimen organizado, una estrategia que las autoridades desarrollan bajo el denominado “Operativo Enjambre”.

Las autoridades federales atribuyen a Jesús “N”, Jesús Corona Damián,  presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y señalan una posible vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Su detención ocurrió en la colonia Costa Azul, en Acapulco, donde fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La captura se concretó luego de diez días de búsqueda desplegada para ubicarlo.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que habrían afectado a comerciantes, transportistas, familias y diversos sectores productivos del estado de Morelos.

El expediente no se limita al alcalde de Cuautla. Entre las personas detenidas dentro de las mismas investigaciones figuran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal; Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del municipio, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Con la vinculación a proceso de Jesús “N”, las investigaciones federales continúan avanzando sobre una red de funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos bajo sospecha de mantener presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

Cinco años después de iniciar una disputa legal por un proyecto de energía limpia que nunca se concretó como estaba previsto, el contrato entre el Ayuntamiento de Monterrey y la empresa Next Energy no sólo fue cancelado, sino que ahora derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Adrián de la Garza.

La dirigencia de Morena en Nuevo León, acompañada por legisladores federales y locales, acudió a las instalaciones de la FGR para denunciar al edil por presunto ejercicio abusivo de funciones, al considerar que el convenio firmado con la compañía generó una afectación económica superior a los 7 mil 300 millones de pesos para las finanzas municipales.

La acusación se centra en la firma del contrato celebrado con Next Energy de México. Según Morena, en ese proceso participaron Adrián de la Garza y la entonces contralora municipal, Jobita Morín Flores, quien presuntamente también mantenía una relación como socia de la empresa.

Anabel Alcocer Cruz, presidenta estatal del partido, señaló que la denuncia busca esclarecer si durante la formalización del acuerdo ocurrieron actos que pudieran constituir conductas ilegales. Citó además el artículo 220 del Código Penal Federal, que sanciona a servidores públicos que intervienen en contratos que generen beneficios económicos indebidos para ellos o personas vinculadas.

El caso cobró nueva relevancia apenas un día después de que el Ayuntamiento de Monterrey anunciara, el 2 de junio de 2026, la cancelación definitiva del contrato con Next Energy, luego de años de litigios relacionados con el incumplimiento de la empresa para suministrar energía limpia al municipio.

La controversia también provocó confrontaciones políticas entre Adrián de la Garza y el exalcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, quien durante su administración intentó rescindir el convenio. Sin embargo, la empresa logró impedir la cancelación mediante recursos de amparo.

Mientras la investigación escala en Nuevo León, el director de Next Energy, Eugenio Javier Maiz, permanece detenido en Aguascalientes. El empresario enfrenta denuncias por incumplimientos contractuales en Monterrey, Mexicali y la capital hidrocálida.

En ese último municipio, la compañía obtuvo en 2019 un contrato por 7 mil 800 millones de pesos para desarrollar infraestructura fotovoltaica en Cañada Honda. El proyecto contemplaba la instalación de mil 919 microplantas y más de 60 mil paneles solares durante un periodo de 30 años. Tras retrasos y modificaciones al convenio, el ayuntamiento presentó una denuncia en 2022.

Maiz fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, en diciembre de 2025. Posteriormente fue trasladado a Aguascalientes, donde un juez le impuso prisión preventiva justificada por los delitos de amenazas y cohecho, después de que presuntamente ofreciera 500 mil pesos a custodios para intentar evitar su traslado.

La investigación federal sobre el operativo relacionado con agentes extranjeros continúa creciendo. La Fiscalía General de la República confirmó que César Jáuregui, quien encabezó la Fiscalía de Chihuahua hasta finales de abril, ya compareció ante autoridades federales para aportar información sobre el caso.

El anuncio fue realizado por Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, quien informó que el exfuncionario rindió una entrevista ministerial en calidad de testigo. Según detalló, durante la diligencia proporcionó elementos considerados relevantes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que forman parte de una carpeta de investigación por presuntos delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

La comparecencia ocurre mientras la dependencia federal profundiza las indagatorias. De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora han sido entrevistadas 60 personas que participaron en el operativo donde fue asegurado un laboratorio, además de que se han llevado a cabo más de 120 diligencias ministeriales relacionadas con el expediente.

En paralelo, la FGR mantiene bajo resguardo todos los objetos localizados en el narcolaboratorio. El material permanece asegurado y es analizado exclusivamente por autoridades federales como parte de las investigaciones en curso.

Dentro de las actuaciones integradas al caso también figura información proporcionada por la Fiscalía de Chihuahua respecto a las presuntas actividades que realizaban agentes extranjeros antes del operativo que derivó en la apertura de las investigaciones.

La participación de Jáuregui en las diligencias federales se produce semanas después de su salida de la Fiscalía estatal. El 27 de abril anunció su renuncia al cargo, más de una semana después de la muerte de dos agentes extranjeros ocurrida tras un operativo.

Al comunicar su decisión, el entonces fiscal sostuvo: “Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”.

En ese mismo mensaje reconoció que hubo omisiones relacionadas con la información y la gestión institucional del caso, cuya situación fue dada a conocer el pasado 19 de abril.

El aseguramiento de cinco pericos cachetes amarillos en Zacatecas volvió a colocar en el centro del debate una reforma que busca endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en México y que aún no concluye su proceso legislativo en el Congreso.

Los ejemplares, catalogados como una especie protegida por la legislación mexicana, fueron rescatados este domingo durante un operativo encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre.

La intervención se llevó a cabo después de varias semanas de trabajo de vigilancia e inteligencia. Las autoridades contaron además con reportes ciudadanos y avisos emitidos por Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, que señalaron la posible comercialización ilícita de especies protegidas.

A partir de este caso, el Partido Verde reiteró la necesidad de fortalecer las herramientas legales para sancionar con mayor rigor a quienes participan en actividades que afectan la biodiversidad y los ecosistemas nacionales.

La propuesta impulsada por la bancada ecologista plantea modificaciones al Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión y las multas económicas relacionadas con diversos delitos ambientales. 

Entre las conductas contempladas se encuentran el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la tala clandestina, los incendios forestales provocados, la destrucción de ecosistemas y la contaminación de suelos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre del año pasado. 

Además del aumento de castigos, incorpora agravantes para los casos cometidos dentro de áreas naturales protegidas o cuando las afectaciones recaigan de manera grave sobre especies en riesgo. De acuerdo con el Partido Verde, estas medidas buscan desalentar actividades que generan beneficios económicos mediante el deterioro del patrimonio natural del país.

Pese al avance legislativo alcanzado en San Lázaro, la reforma todavía no entra en vigor. “la iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo, ya que el Senado de la República realizó modificaciones a la minuta y la devolvió a la Cámara de Diputados, donde permanece pendiente de su dictaminación final”, acusó el Partido Verde en una nota de prensa.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.