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Autoridades mexicanas confirmaron la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros privados ilegalmente de la libertad en Sinaloa el pasado 23 de enero, quien laboraba para la empresa canadiense Vizsla Silver. La información fue dada a conocer por colectivos, organizaciones y familiares, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara el hallazgo de cuerpos y restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de Concordia.

La confirmación se produce dos días después de que la FGR informara sobre la localización de la fosa, en la que se encontraba al menos una persona con características compatibles con uno de los mineros secuestrados. Posteriormente, se estableció que los restos correspondían a Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios, la notificación oficial del fallecimiento fue realizada a los familiares por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia adscrita a la FGR. La identificación del cuerpo generó diversas reacciones públicas, principalmente en redes sociales.

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, expresó su postura a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”. La publicación se sumó a otros mensajes de solidaridad difundidos tras conocerse el caso.

Por su parte, la empresa minera Capstone Copper también emitió una esquela en la que manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador. “Nos unimos con sincero pesar al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.

En paralelo, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, solicitaron a las autoridades que se informe de manera precisa el número total de cuerpos y restos humanos localizados en la fosa de Concordia, así como el avance en los procesos de identificación.

Los 10 mineros habrían sido interceptados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, cuando se dirigían a sus labores, según testimonios de familiares citados por medios locales. El caso se enmarca en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que, además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una problemática de inseguridad relacionada con la operación del crimen organizado, con impactos directos en comunidades y sectores productivos como la minería.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) oficializó una serie de movimientos en su estructura directiva con la formalización de 11 nuevos nombramientos, a poco más de un mes del arribo de Ernestina Godoy Ramos a la institución. Los ajustes abarcan áreas estratégicas y se realizan conforme a la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR, de acuerdo con la información difundida por la propia dependencia.

Los cambios incluyen la designación de nuevos titulares en áreas que previamente estaban encabezadas por funcionarios cercanos al exfiscal Alejandro Gertz Manero. Entre los nombramientos que destacan se encuentra el de Ulises Lara López, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una de las instancias con mayor peso en la atención de casos de alto impacto.

La reconfiguración también contempla la llegada de Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como el nombramiento de David Boone de la Garza al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa quedó designada como responsable de la Fiscalía Especializada en esta área (FEMDH).

En el ámbito administrativo, Laura Ángeles Gómez fue nombrada Oficial Mayor de la FGR, mientras que Maribel Bojorges Beltrán asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia clave en la atención de delitos con perspectiva de género y protección a sectores vulnerables.

Otros movimientos relevantes incluyen la designación de Richard Urbina Vega como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, así como la incorporación de Julio César Bonilla Gutiérrez a la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Estas áreas están vinculadas con los mecanismos de control interno y el acceso a la información dentro de la institución.

A través de un comunicado oficial, la FGR también dio a conocer nombramientos adicionales que completan la lista de ajustes. Claudia Luengas Escudero fue designada como nueva Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez quedó al frente de la Unidad de Comunicación Social.

Cabe recordar que el 28 de noviembre del año pasado el medio Latinus adelantó parte de estos movimientos, entre ellos la llegada de Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el contexto de los cambios que comenzaron a perfilarse tras la transición en la titularidad de la FGR.

Con estas designaciones, la Fiscalía General de la República formaliza una nueva etapa organizativa, con relevos en áreas sustantivas y administrativas que ya operan bajo la actual conducción institucional.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

La mañana del domingo 28 de diciembre se registró un grave accidente ferroviario en el estado de Oaxaca, luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico que circulaba por la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el trayecto que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información oficial, en el convoy viajaban aproximadamente 250 personas al momento del accidente. Tras las primeras evaluaciones, se determinó que 139 pasajeros se encuentran fuera de peligro. En tanto, los 98 lesionados presentan distintos niveles de gravedad: una parte sufrió lesiones menores que no comprometen su vida, mientras que decenas requirieron hospitalización. Las autoridades confirmaron que 13 personas perdieron la vida a consecuencia directa del descarrilamiento.

La Semar, a través de un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el hecho como un lamentable accidente. Asimismo, reiteró su compromiso de brindar atención inmediata a las personas afectadas, actuar con responsabilidad y transparencia, y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Durante las labores de auxilio y rescate, la Secretaría de Marina desplegó un amplio operativo en la zona del accidente. En estas tareas participaron 360 elementos navales, apoyados con 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de ubicar a los pasajeros, brindar atención prehospitalaria y facilitar los traslados médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, mediante redes sociales, que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se trasladaran al lugar del accidente y atendieran personalmente a las familias de las víctimas. También señaló la participación de delegados del IMSS y del programa IMSS-Bienestar. La mandataria indicó que la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de atención a los afectados y agradeció el respaldo del gobierno de Oaxaca en las tareas de respuesta.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Detalló que agentes del Ministerio Público Federal, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para recabar pruebas, testimonios y dictámenes técnicos.

En el ámbito de la atención médica, el IMSS-Bienestar activó sus protocolos de emergencia y distribuyó a las personas lesionadas en tres hospitales del estado. Un total de 29 pacientes reciben atención en el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero; 22 más se encuentran en el Hospital de Juchitán y 11 en el Hospital de Ixtepec, sumando 62 personas hospitalizadas.

La institución proporcionó la identificación de 25 pacientes atendidos en Juchitán e Ixtepec, y señaló que dará seguimiento puntual a la evolución clínica de todas las personas lesionadas que permanecen bajo atención médica en las unidades hospitalarias de Oaxaca.

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena continuarán congeladas luego de que una jueza federal rechazó conceder la suspensión provisional solicitada por el ex funcionario, quien buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberara sus recursos. La resolución fue emitida por Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco.

La juzgadora dio trámite a la demanda de garantías promovida por Bermúdez, conocido como El Abuelo, en cumplimiento de una determinación previa de un Tribunal Colegiado. No obstante, resolvió negar la medida cautelar solicitada, por lo que el bloqueo financiero impuesto por la UIF permanece vigente.

En el escrito presentado ante el juzgado, Bermúdez Requena expuso que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco y aseguró que ha sido vinculado de manera injusta con el grupo criminal conocido como La Barredora. En el mismo documento señaló que existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, la cual calificó como ilegal. También afirmó que tanto él como su familia enfrentan una persecución política derivada de estas acusaciones.

El ex funcionario indicó que tuvo conocimiento del bloqueo de sus cuentas bancarias y de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano el 25 de julio de 2025, medida ordenada por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Será el próximo 2 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia en la que la jueza definirá si procede o no otorgar la suspensión definitiva solicitada por Bermúdez Requena.

El 18 de septiembre, el ex servidor público fue entregado a autoridades mexicanas por el gobierno de Paraguay, país en el que había sido detenido. En el ámbito del fuero común enfrenta un proceso penal por los delitos antes mencionados. A nivel federal, existe una orden de aprehensión concedida a la Fiscalía General de la República por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro, la cual aún no ha sido ejecutada.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Bermúdez Requena es señalado como fundador de La Hermandad o Cártel Policiaco, organizaciones vinculadas con actividades como tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas y control de centros nocturnos en Tabasco.

Tras una disputa con el Cártel del Golfo y una posterior alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2023 se produjo una ruptura interna que derivó en la conformación de La Barredora, grupo que actualmente disputa el control territorial para diversas actividades delictivas.

La situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, también propietario del certamen Miss Universo, permanece sin una postura pública definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la dependencia informar sobre el cambio de medida cautelar y la reactivación de una orden de aprehensión en su contra. El tema fue abordado durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, donde la mandataria federal fue cuestionada directamente sobre el estatus legal del caso.

Durante su intervención, Sheinbaum precisó que corresponde exclusivamente a la FGR dar a conocer los detalles relacionados con la situación jurídica del empresario. “Tiene que informarlo la fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía”, señaló la presidenta ante los medios, al subrayar la autonomía de la institución encargada de la investigación.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que indicó que dará a conocer información sobre el caso una vez que sea legalmente procedente. En el mensaje, la dependencia señaló que actúa conforme al marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso. “En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”, informó la FGR, sin detallar plazos ni precisar el alcance de las actuaciones en curso.

El contexto de este pronunciamiento se da después de que el medio Latinus reportara, la noche anterior, la existencia de una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, presuntamente relacionada con el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con dicha información, la orden fue autorizada por un juez del estado de Querétaro el pasado 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, la propia Fiscalía indicó que desconoce el paradero actual del empresario.

Según los elementos presentados por el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión, Rocha Cantú no cuenta con un domicilio plenamente identificable para su localización. La documentación judicial refiere que el domicilio proporcionado por el imputado fue verificado por personal de la FGR y se constató que no es habitado por él. Este hecho fue integrado como parte de las pruebas que sustentaron la solicitud ante la autoridad judicial.

En el texto de la orden de captura se establece que el empresario no tiene un arraigo domiciliario comprobable en el Estado de México, Querétaro ni en la Ciudad de México. Asimismo, se señala que en el inmueble registrado nunca ha pernoctado y que se trata de un domicilio irregular, presuntamente proporcionado con el fin de evitar su ubicación por parte de las autoridades.

Mientras la orden judicial permanece vigente y la localización del empresario no ha sido confirmada, la Fiscalía General de la República mantiene reserva sobre el avance de las actuaciones. La dependencia reiteró que cualquier información adicional será comunicada públicamente cuando así lo permita el proceso legal en curso.

Ernestina Godoy Ramos presentó los fundamentos de su plan estratégico de procuración de justicia durante su primera intervención como titular de la Fiscalía General de la República en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a autoridades federales y estatales, delineó un conjunto de acciones inmediatas para consolidar una institución que, según expuso, busca responder a las exigencias actuales y mantener a la víctima en el foco de todas las actuaciones.

La fiscal general señaló que su propuesta se sustenta en seis líneas de trabajo articuladas a partir de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento de las 32 fiscalías estatales. Indicó que el diseño contempla un nuevo modelo de investigación e inteligencia adecuado a los parámetros probatorios que demanda el sistema penal.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, afirmó. De igual modo, insistió en la continuidad de esfuerzos para erradicar cualquier forma de corrupción o prácticas negligentes dentro de la institución.

Entre los puntos centrales de su plan también figura la reestructuración, modernización y robustecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Godoy Ramos explicó que esta instancia será orientada de manera más directa a atender delitos de alto impacto, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa de la FGR en investigaciones complejas. Añadió que la presentación formal del plan se realizará en los plazos previstos por la legislación vigente.

La sesión del Consejo contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los gobernadores de las 32 entidades. En este encuentro se avaló el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento impulsado para enfrentar uno de los delitos con mayor presencia en distintas regiones del país. García Harfuch destacó que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio, se han registrado más de 102 mil llamadas al número de denuncia anónima 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en aproximadamente 22 estados.

El secretario subrayó la relevancia de reforzar la profesionalización policial, consolidar la coordinación institucional y mejorar los sistemas de información con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la población. Sheinbaum coincidió en que la extorsión representa uno de los retos más urgentes en materia de seguridad y sostuvo que es esencial continuar avanzando en su eliminación, apoyándose en la nueva legislación en la materia.

Antes de la aprobación de esta ley, la extorsión correspondía al fuero común y requería la denuncia de la persona afectada para que pudiera abrirse una carpeta de investigación. Con la reforma vigente, la FGR tiene la facultad de perseguir el delito aun sin la presentación formal de denuncia, lo que amplía la capacidad de intervención de la autoridad federal.

El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

El proceso para seleccionar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó esta semana con la publicación de la lista oficial de 43 aspirantes registrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La relación de perfiles se integra por figuras del ámbito jurídico, político y administrativo, incluida Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la fiscalía, quien continúa al frente del organismo mientras se desarrolla la etapa de selección.

El documento muestra la incorporación de perfiles vinculados a Morena, como Hamlet García Almaguer, exlegislador y cercano a la organización La Luz del Mundo; así como Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas. También aparece César Gutiérrez Priego, abogado y exaspirante a ministro de la Suprema Corte durante el proceso de elección judicial. Todos ellos figuran entre los perfiles destacados por su experiencia en temas públicos y jurídicos.

La procedencia geográfica de las postulaciones se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque también se registraron aspirantes de estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esta distribución refleja el alcance nacional del llamado emitido por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR para asumir una embajada en un “país amigo”.

Además de los nombres ya mencionados, el listado incluye a Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero. Todos ellos forman parte de los perfiles que avanzaron a esta fase inicial del proceso.

El periodo de registro duró tres días y se realizó de manera virtual, tal como lo definió el Senado para esta convocatoria. Una vez concluido, la Jucopo —encabezada por el líder de la mayoría, Adán Augusto López— quedó como la instancia responsable de revisar los expedientes y seleccionar a las personas que continuarán en el procedimiento. Esta mecánica difiere de la aplicada en 2019, cuando la Comisión de Justicia asumió la conducción del proceso correspondiente.

En cuanto a Ernestina Godoy, además de figurar como aspirante, permanece al frente de la institución para garantizar la continuidad operativa mientras se define a la próxima persona que ocupará el cargo. Su nombre forma parte de los perfiles de mayor experiencia dentro del ámbito fiscal y político.

Con la lista de las 43 personas postuladas, el Senado avanza hacia las siguientes etapas del proceso, en las que la Jucopo determinará qué perfiles serán tomados en cuenta en la siguiente fase rumbo a la definición del relevo en la Fiscalía General de la República.