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El fallecimiento de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, derivó en cuestionamientos institucionales y reacciones políticas ante la ausencia de información oficial sobre su presencia en México.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal, difundido el viernes 24 de abril de 2026, reveló que ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país. Además, precisó que ninguna dependencia del propio Gabinete ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que personal extranjero estuviera llevando a cabo labores en territorio nacional.

Según los registros migratorios citados en el comunicado, uno de los agentes ingresó como visitante, sin autorización para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El tema escaló al ámbito legislativo. En el Senado de la República se aprobó, por mayoría, llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones se permitió la presencia de personal extranjero que presuntamente participaba en tareas de capacitación en seguridad, sin notificación al gobierno federal ni al Congreso.

En paralelo, durante una gira en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los detalles del ingreso de los agentes al país. La mandataria fue interceptada por medios al arribar al municipio de Tenango de Doria, donde sostuvo actividades con personas afectadas por las lluvias de octubre de 2025.

Cuestionada directamente sobre los mecanismos que permitieron el acceso de los agentes, Sheinbaum interrumpió la pregunta y se limitó a responder: “…el lunes”.

El accidente en el que murieron los agentes, sumado a la falta de claridad institucional sobre su presencia, detonó un debate entre fuerzas políticas, en el que se confrontan posturas sobre el control, supervisión y coordinación en materia de seguridad con actores internacionales.

Una agresión armada registrada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó como saldo una turista canadiense fallecida y siete personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con la actualización más reciente emitida por el IMSS-Bienestar y autoridades de seguridad.

El incidente ocurrió en la Pirámide de la Luna, donde el agresor se colocó en la parte superior para realizar una serie de disparos. Tras el ataque, el tirador se quitó la vida en el mismo sitio. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la identidad o motivaciones del responsable.

El Gabinete de Seguridad confirmó que la víctima mortal es una mujer de origen canadiense. Además, se informó que entre las personas lesionadas hay turistas extranjeros, quienes fueron identificados como dos personas colombianas, una rusa y una canadiense, según lo señalado por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Posteriormente, el IMSS-Bienestar actualizó la cifra de heridos a siete personas, incluyendo un menor de edad cuya nacionalidad aún no ha sido determinada. De acuerdo con la dependencia federal, cuatro de los lesionados presentan heridas provocadas por arma de fuego, mientras que una persona sufrió una fractura, otra más presentó un esguince y una última fue atendida por crisis de ansiedad.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros del lugar donde se registró el ataque, donde actualmente reciben atención médica especializada.

Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el gobierno federal mantiene comunicación con la embajada de Canadá luego del asesinato de la turista. A través de su cuenta en la red social X, la mandataria expresó su solidaridad con las personas afectadas y con las familias de las víctimas.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente (…) Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió.

Asimismo, la presidenta señaló que personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se trasladó al sitio para acompañar a las autoridades locales en la atención de la emergencia y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la representación diplomática de Canadá no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el ataque ocurrido en la zona arqueológica. Mientras tanto, el área permanece resguardada por elementos de seguridad, en tanto continúan las investigaciones y se mantiene la atención médica para las personas lesionadas.

La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó una serie de bloqueos y hechos violentos en al menos 14 estados del país, de acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo.

Autoridades federales informaron que las afectaciones incluyeron quema de vehículos y cierres en vías primarias y secundarias. Entre las entidades con incidentes se encuentran Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo.

Según la Guardia Nacional, el primer bloqueo fue reportado a las 9:32 horas en Michoacán; minutos después se notificó otro en Jalisco por un vehículo incendiado. En esa entidad, el Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas se contabilizaban 21 bloqueos carreteros activos. 

Cinco de ellos habían sido controlados, mientras fuerzas federales y estatales permanecían desplegadas para restablecer la circulación. La autoridad precisó que en los puntos intervenidos se mantenía flujo vehicular lento pero constante.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que, derivado de los hechos en la entidad, se registraron seis personas detenidas y un presunto agresor abatido. En avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle fueron aseguradas dos personas y un vehículo; en ese punto, uno de los involucrados murió. 

En la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, se reportaron cuatro detenciones adicionales y el aseguramiento de otro automóvil. Además, se confiscaron dos vehículos en el cruce de avenida Periférico y avenida Guadalupe.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el abatimiento del líder criminal. Durante una visita a Coahuila, fue abordada por medios de comunicación mientras saludaba a asistentes desde una camioneta. Ante los cuestionamientos, respondió: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Horas antes, en un acto público en San Pedro, Coahuila, la mandataria centró su mensaje en programas sociales y no hizo referencia a los hechos relacionados con el operativo. Al insistirle la prensa para enviar un mensaje a la ciudadanía tras la muerte de “El Mencho”, reiteró que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, las fuerzas federales no han presentado un informe ampliado sobre el operativo ni sobre el balance total de los incidentes registrados en las distintas entidades.

Con órdenes de aprehensión cumplimentadas y dos detenidos bajo custodia, la Fiscalía estatal dio por esclarecida en su fase investigativa la agresión armada registrada en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. Los arrestados serán puestos a disposición de un juez por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que las detenciones se realizaron la mañana posterior a los hechos, tras cateos ejecutados en el mismo municipio. “El asunto está plenamente resuelto en lo investigativo, tenemos órdenes de aprehensión”, declaró al detallar que el avance fue presentado ante el gabinete de seguridad. La autoridad continúa la búsqueda de otros dos hombres señalados por su participación directa en la agresión.

El ataque ocurrió la noche del martes, cuando hombres armados identificados como integrantes del grupo criminal “Los Carranza” irrumpieron en el parque. De acuerdo con la investigación, el objetivo era un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien realizaba una transacción de droga en el lugar.

En el sitio fue asesinado Fernando “N”, de 36 años. Un día después falleció Giovanni, de 24 años, debido a las lesiones sufridas durante el atentado. En medio de los disparos, ocho menores de entre cinco y 16 años resultaron heridos; cinco de ellos son hombres. Todos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta, reportados fuera de peligro.

Las autoridades atribuyen la agresión al grupo “Los Carranza”, organización que opera desde hace más de una década en San Francisco del Rincón y a la que se le relaciona con delitos como homicidios y secuestros en la zona.

Con las dos capturas confirmadas y las órdenes judiciales en proceso de ejecución contra otros implicados, la Fiscalía sostiene que la línea de investigación está definida y que el caso avanza hacia su etapa judicial tras un ataque que dejó víctimas mortales y menores lesionados en un espacio público del municipio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó a México durante el fin de semana como parte de actividades previamente autorizadas por el gobierno mexicano, informó el Gabinete de Seguridad. La llegada de la aeronave ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Toluca y fue confirmada por autoridades federales a través de redes sociales, donde se precisó que el vuelo tuvo fines de capacitación y se realizó conforme a los acuerdos de colaboración entre ambos países.

De acuerdo con datos de la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24, el avión identificado con la matrícula RCH149 despegó alrededor del mediodía del sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, ubicada en Abilene, Texas. El trayecto se efectuó sin escalas y concluyó ese mismo día aproximadamente a las 14:40 horas, tiempo del centro de México, en Toluca, una de las principales terminales aéreas del centro del país.

La aeronave corresponde a un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, un modelo de transporte táctico ampliamente utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense. Según información del fabricante, este tipo de avión está diseñado para cumplir misiones diversas, entre ellas evacuaciones médicas, reabastecimiento aéreo para labores de combate de incendios y traslado de ayuda humanitaria, además de operaciones logísticas y de entrenamiento.

El aterrizaje se produjo horas después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una advertencia dirigida a operadores aéreos sobre posibles actividades militares en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica, así como en zonas marítimas del Pacífico y el Golfo de California. La alerta recomendó extremar precauciones ante eventuales interferencias en sistemas de navegación.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno federal no tiene registro de operaciones militares estadounidenses dentro del territorio nacional y afirmó que no existe información sobre maniobras fuera de lo ordinario en el espacio aéreo mexicano.

Hasta el momento, ni autoridades mexicanas ni estadounidenses han detallado de manera pública los motivos específicos del arribo del avión a Toluca. No obstante, el Gabinete de Seguridad reiteró que el vuelo fue autorizado y que se ajustó a los protocolos establecidos, en un escenario de cooperación bilateral vigente entre México y Estados Unidos.

Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

Ernestina Godoy Ramos presentó los fundamentos de su plan estratégico de procuración de justicia durante su primera intervención como titular de la Fiscalía General de la República en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a autoridades federales y estatales, delineó un conjunto de acciones inmediatas para consolidar una institución que, según expuso, busca responder a las exigencias actuales y mantener a la víctima en el foco de todas las actuaciones.

La fiscal general señaló que su propuesta se sustenta en seis líneas de trabajo articuladas a partir de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento de las 32 fiscalías estatales. Indicó que el diseño contempla un nuevo modelo de investigación e inteligencia adecuado a los parámetros probatorios que demanda el sistema penal.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, afirmó. De igual modo, insistió en la continuidad de esfuerzos para erradicar cualquier forma de corrupción o prácticas negligentes dentro de la institución.

Entre los puntos centrales de su plan también figura la reestructuración, modernización y robustecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Godoy Ramos explicó que esta instancia será orientada de manera más directa a atender delitos de alto impacto, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa de la FGR en investigaciones complejas. Añadió que la presentación formal del plan se realizará en los plazos previstos por la legislación vigente.

La sesión del Consejo contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los gobernadores de las 32 entidades. En este encuentro se avaló el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento impulsado para enfrentar uno de los delitos con mayor presencia en distintas regiones del país. García Harfuch destacó que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio, se han registrado más de 102 mil llamadas al número de denuncia anónima 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en aproximadamente 22 estados.

El secretario subrayó la relevancia de reforzar la profesionalización policial, consolidar la coordinación institucional y mejorar los sistemas de información con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la población. Sheinbaum coincidió en que la extorsión representa uno de los retos más urgentes en materia de seguridad y sostuvo que es esencial continuar avanzando en su eliminación, apoyándose en la nueva legislación en la materia.

Antes de la aprobación de esta ley, la extorsión correspondía al fuero común y requería la denuncia de la persona afectada para que pudiera abrirse una carpeta de investigación. Con la reforma vigente, la FGR tiene la facultad de perseguir el delito aun sin la presentación formal de denuncia, lo que amplía la capacidad de intervención de la autoridad federal.