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La detección de un punto de almacenamiento ilegal en Pénjamo, Guanajuato, derivó en el aseguramiento de 63 mil litros de combustible, tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales que intervinieron un predio utilizado para actividades vinculadas al llamado “huachicol”.

El Gabinete de Seguridad confirmó este miércoles la localización del sitio, identificado como un centro de acopio clandestino donde se concentraba hidrocarburo de procedencia ilícita junto con infraestructura destinada a su resguardo.

En el lugar fueron asegurados 11 contenedores y un vehículo. Entre los recipientes localizados se encontraban al menos cuatro tanques de color azul utilizados para la instalación de cisternas, además de bidones transparentes distribuidos dentro del inmueble.

El despliegue operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía de Guanajuato y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes participaron en la inspección del predio intervenido.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble funcionaba bajo un techado improvisado, estructura que cubría el área donde se concentraban los contenedores con combustible.

Las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad muestran el interior del sitio y la disposición de los recipientes utilizados para el almacenamiento del hidrocarburo asegurado.

Este aseguramiento en Pénjamo se registra un día después de otra intervención similar en Guanajuato, ahora en el municipio de Cortazar, donde fue localizado un centro de almacenamiento clandestino con características distintas.

En ese segundo operativo se identificó una cisterna artesanal tipo fosa con capacidad para 50 mil litros de combustible. Sin embargo, al momento de la inspección, la estructura se encontraba al 10 por ciento de su capacidad, con aproximadamente 5 mil litros en su interior.

Durante esa acción en Cortazar, las autoridades detuvieron a una persona que intentó huir al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad. Ambos casos forman parte de operativos recientes en la entidad enfocados en la localización de infraestructura utilizada para el resguardo y manejo ilegal de hidrocarburos.

Semanas antes de ser asesinado, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, ya había advertido que su seguridad estaba en riesgo. De acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde comunicó directamente a autoridades estatales que temía por su vida tras haber sido víctima de una agresión y de un secuestro virtual cometido por hombres armados.

Según el partido, la advertencia llegó hasta una mesa regional de seguridad realizada el 11 de mayo, donde Bravo Martínez expuso personalmente su situación ante el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. En ese encuentro, afirmó Acción Nacional, se le informó que contaría con escoltas para reforzar su protección. Sin embargo, el PAN sostiene que esa medida nunca se concretó.

La mañana de este sábado, el alcalde fue atacado a tiros en el municipio que gobernaba, ubicado en la región Mixteca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que el crimen ocurrió durante un ataque armado directo y señaló que las investigaciones quedaron abiertas para esclarecer lo sucedido.

Los primeros reportes indican que un grupo de hombres armados llegó al domicilio del edil y disparó en su contra. La agresión terminó con la vida del presidente municipal, semanas después de que hubiera denunciado públicamente hechos de violencia en su contra.

Tras conocerse el homicidio, el PAN responsabilizó a las autoridades de responder a los cuestionamientos surgidos alrededor del caso. En un comunicado, el partido señaló que cuando una autoridad electa advierte que enfrenta amenazas, solicita apoyo institucional y posteriormente es asesinada, deben aclararse las circunstancias que rodearon los hechos.

La dirigencia nacional panista también exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables. Jorge Romero Herrera afirmó que el asesinato se suma a otros episodios de violencia registrados contra autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en distintas partes del país.

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad federal aseguró que trabaja de manera coordinada con el gobierno de Oaxaca para apoyar las indagatorias. A través de redes sociales sostuvo que se realizarán las acciones necesarias para detener a los responsables y aseguró que el caso no quedará impune.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara expresó sus condolencias a la familia de Bravo Martínez e informó que, tras conocerse el ataque, fue desplegado un operativo para localizar a los presuntos autores del crimen.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

“Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

El fallecimiento de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, derivó en cuestionamientos institucionales y reacciones políticas ante la ausencia de información oficial sobre su presencia en México.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal, difundido el viernes 24 de abril de 2026, reveló que ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país. Además, precisó que ninguna dependencia del propio Gabinete ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que personal extranjero estuviera llevando a cabo labores en territorio nacional.

Según los registros migratorios citados en el comunicado, uno de los agentes ingresó como visitante, sin autorización para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El tema escaló al ámbito legislativo. En el Senado de la República se aprobó, por mayoría, llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones se permitió la presencia de personal extranjero que presuntamente participaba en tareas de capacitación en seguridad, sin notificación al gobierno federal ni al Congreso.

En paralelo, durante una gira en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los detalles del ingreso de los agentes al país. La mandataria fue interceptada por medios al arribar al municipio de Tenango de Doria, donde sostuvo actividades con personas afectadas por las lluvias de octubre de 2025.

Cuestionada directamente sobre los mecanismos que permitieron el acceso de los agentes, Sheinbaum interrumpió la pregunta y se limitó a responder: “…el lunes”.

El accidente en el que murieron los agentes, sumado a la falta de claridad institucional sobre su presencia, detonó un debate entre fuerzas políticas, en el que se confrontan posturas sobre el control, supervisión y coordinación en materia de seguridad con actores internacionales.

Una agresión armada registrada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó como saldo una turista canadiense fallecida y siete personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con la actualización más reciente emitida por el IMSS-Bienestar y autoridades de seguridad.

El incidente ocurrió en la Pirámide de la Luna, donde el agresor se colocó en la parte superior para realizar una serie de disparos. Tras el ataque, el tirador se quitó la vida en el mismo sitio. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la identidad o motivaciones del responsable.

El Gabinete de Seguridad confirmó que la víctima mortal es una mujer de origen canadiense. Además, se informó que entre las personas lesionadas hay turistas extranjeros, quienes fueron identificados como dos personas colombianas, una rusa y una canadiense, según lo señalado por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Posteriormente, el IMSS-Bienestar actualizó la cifra de heridos a siete personas, incluyendo un menor de edad cuya nacionalidad aún no ha sido determinada. De acuerdo con la dependencia federal, cuatro de los lesionados presentan heridas provocadas por arma de fuego, mientras que una persona sufrió una fractura, otra más presentó un esguince y una última fue atendida por crisis de ansiedad.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros del lugar donde se registró el ataque, donde actualmente reciben atención médica especializada.

Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el gobierno federal mantiene comunicación con la embajada de Canadá luego del asesinato de la turista. A través de su cuenta en la red social X, la mandataria expresó su solidaridad con las personas afectadas y con las familias de las víctimas.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente (…) Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió.

Asimismo, la presidenta señaló que personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se trasladó al sitio para acompañar a las autoridades locales en la atención de la emergencia y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la representación diplomática de Canadá no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el ataque ocurrido en la zona arqueológica. Mientras tanto, el área permanece resguardada por elementos de seguridad, en tanto continúan las investigaciones y se mantiene la atención médica para las personas lesionadas.

La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó una serie de bloqueos y hechos violentos en al menos 14 estados del país, de acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo.

Autoridades federales informaron que las afectaciones incluyeron quema de vehículos y cierres en vías primarias y secundarias. Entre las entidades con incidentes se encuentran Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo.

Según la Guardia Nacional, el primer bloqueo fue reportado a las 9:32 horas en Michoacán; minutos después se notificó otro en Jalisco por un vehículo incendiado. En esa entidad, el Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas se contabilizaban 21 bloqueos carreteros activos. 

Cinco de ellos habían sido controlados, mientras fuerzas federales y estatales permanecían desplegadas para restablecer la circulación. La autoridad precisó que en los puntos intervenidos se mantenía flujo vehicular lento pero constante.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que, derivado de los hechos en la entidad, se registraron seis personas detenidas y un presunto agresor abatido. En avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle fueron aseguradas dos personas y un vehículo; en ese punto, uno de los involucrados murió. 

En la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, se reportaron cuatro detenciones adicionales y el aseguramiento de otro automóvil. Además, se confiscaron dos vehículos en el cruce de avenida Periférico y avenida Guadalupe.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el abatimiento del líder criminal. Durante una visita a Coahuila, fue abordada por medios de comunicación mientras saludaba a asistentes desde una camioneta. Ante los cuestionamientos, respondió: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Horas antes, en un acto público en San Pedro, Coahuila, la mandataria centró su mensaje en programas sociales y no hizo referencia a los hechos relacionados con el operativo. Al insistirle la prensa para enviar un mensaje a la ciudadanía tras la muerte de “El Mencho”, reiteró que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, las fuerzas federales no han presentado un informe ampliado sobre el operativo ni sobre el balance total de los incidentes registrados en las distintas entidades.

Con órdenes de aprehensión cumplimentadas y dos detenidos bajo custodia, la Fiscalía estatal dio por esclarecida en su fase investigativa la agresión armada registrada en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. Los arrestados serán puestos a disposición de un juez por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que las detenciones se realizaron la mañana posterior a los hechos, tras cateos ejecutados en el mismo municipio. “El asunto está plenamente resuelto en lo investigativo, tenemos órdenes de aprehensión”, declaró al detallar que el avance fue presentado ante el gabinete de seguridad. La autoridad continúa la búsqueda de otros dos hombres señalados por su participación directa en la agresión.

El ataque ocurrió la noche del martes, cuando hombres armados identificados como integrantes del grupo criminal “Los Carranza” irrumpieron en el parque. De acuerdo con la investigación, el objetivo era un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien realizaba una transacción de droga en el lugar.

En el sitio fue asesinado Fernando “N”, de 36 años. Un día después falleció Giovanni, de 24 años, debido a las lesiones sufridas durante el atentado. En medio de los disparos, ocho menores de entre cinco y 16 años resultaron heridos; cinco de ellos son hombres. Todos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta, reportados fuera de peligro.

Las autoridades atribuyen la agresión al grupo “Los Carranza”, organización que opera desde hace más de una década en San Francisco del Rincón y a la que se le relaciona con delitos como homicidios y secuestros en la zona.

Con las dos capturas confirmadas y las órdenes judiciales en proceso de ejecución contra otros implicados, la Fiscalía sostiene que la línea de investigación está definida y que el caso avanza hacia su etapa judicial tras un ataque que dejó víctimas mortales y menores lesionados en un espacio público del municipio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.