La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.