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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una ceremonia marcada por el contexto de protestas convocadas por el movimiento “Generación Z” tras las detenciones registradas en la marcha del sábado pasado. Desde primeras horas, la mandataria recorrió la plancha del Zócalo capitalino a bordo de un vehículo militar, acompañada por el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

Este es el segundo desfile revolucionario que la presidenta encabeza desde que asumió el cargo. A su paso, estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Luego de entonar el Himno Nacional, se programó que los titulares de Defensa, Marina y la propia mandataria dirigieran mensajes oficiales.

En el Centro Histórico se implementaron cortes viales debido a las movilizaciones anunciadas, y fueron suspendidos los servicios de varias estaciones de la Línea 2 del Metro, entre San Antonio Abad y Revolución. Las medidas se aplicaron como parte del operativo de control y seguridad ante las manifestaciones previstas para la mañana.

Durante su discurso, Sheinbaum dirigió un mensaje firme a sus críticos y a sectores de la oposición, a quienes acusó de generar violencia y promover incluso una intervención extranjera. En una intervención que fue ovacionada, subrayó valores que, dijo, su gobierno ha mantenido, como la austeridad y el combate a la corrupción. “El que convoca la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca […] El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca”, expresó ante los asistentes. Agregó que su administración respeta la Constitución, la democracia y las libertades, además de atender las demandas de la población.

La ceremonia se llevó a cabo cinco días después de los hechos de violencia registrados durante la movilización en el Centro Histórico, donde hubo confrontaciones entre policías y manifestantes. Sin mencionar directamente esos incidentes, la presidenta condenó cualquier forma de violencia y recalcó que “México no volverá a caminar hacia atrás”, al insistir en que la paz deriva de la justicia y no de la imposición.

En su mensaje también criticó a sectores de los medios de comunicación y a comentaristas que, dijo, incurren en calumnias o adaptan sus posturas según sus intereses. Afirmó que, pese a campañas de desinformación, “el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia”, al asegurar que su administración ha mantenido principios de honestidad y transparencia.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una reunión estratégica con los demás ministros electos para definir el rumbo que tomará el máximo tribunal del país a partir de su instalación el 1 de septiembre.

En el encuentro, se estableció que los asuntos penales y fiscales recibirán atención prioritaria. Aguilar Ortiz explicó que el objetivo es resolver este tipo de casos dentro de los plazos establecidos por la Constitución, reforzando así la eficacia y el cumplimiento de la ley en materia judicial.

También se abordó la integración de los equipos de trabajo y la distribución de asuntos entre las nuevas ponencias, una tarea clave para el arranque de la nueva etapa de la Corte tras la reciente reestructuración.

Uno de los anuncios más relevantes fue el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, motivado por la desaparición de las dos salas de la SCJN. El nuevo esquema incluirá la emisión de reglamentos internos actualizados, con el objetivo de lograr “sesiones ágiles, eficientes y sustantivas”, según palabras del propio Aguilar Ortiz.

Además, se inició el análisis de los perfiles que integrarán el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que será clave en la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La agenda de los ministros electos para el 1 de septiembre contempla tres actos significativos:

• 16:00 horas: Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando.
  
• 19:30 horas: Toma de protesta ante el Senado de la República.
  
• 22:00 horas: Sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte.
  

La reorganización del trabajo interno, las reformas en la Secretaría General de Acuerdos y la definición de prioridades marcan el inicio de una etapa que busca optimizar el funcionamiento del máximo tribunal. Con estas decisiones, la próxima gestión apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la SCJN y garantizar que las resoluciones judiciales se emitan de forma más ágil y con pleno apego al marco legal.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.