Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el instituto tiene un “Plan D” de diálogo para evitar su desaparición, tal como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el Conservatorio: Acción y Promoción de los Derechos Humanos, organizado por el Senado, Alcalá Méndez explicó que el plan busca abrir un diálogo nacional sobre la importancia de contar con un órgano que garantice la transparencia y, al mismo tiempo, implementar cambios que mejoren y eficienten la labor de la institución.

Alcalá Méndez destacó que el INAI y los organismos del Sistema Nacional de Transparencia son esenciales para la defensa y el ejercicio de derechos humanos, como el acceso a la información y la protección de la privacidad. Advirtió que sin estos órganos autónomos, la ciudadanía quedaría expuesta a la opacidad y al uso indiscriminado de sus datos personales, sin mecanismos claros para exigir transparencia y responsabilidad.

En su discurso, pronunciado en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, reconoció que el INAI enfrenta un momento crítico debido a la posible reforma que busca desmantelar el sistema de transparencia. Aseguró que el instituto está dispuesto a dialogar y defender los derechos humanos en espacios como el Senado, promoviendo un Congreso abierto donde se puedan debatir ideas.

Alcalá Méndez se mostró abierto a la mejora institucional y legislativa, resaltando la necesidad de trabajar integralmente con la sociedad, los gobiernos, la academia y el público en general, como órganos autónomos. Recordó que la creación del INAI no fue una concesión política, sino una conquista ciudadana, originada por el “Grupo Oaxaca”.

Hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han sido invitados a participar en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados desde hace dos semanas. No obstante, Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, confía en que eventualmente serán convocados para expresar sus opiniones.

En el Tercer Foro Nacional: El Abogado y el Legislador, organizado por el Senado, Soto fue cuestionada sobre la posible participación de los magistrados en estos diálogos nacionales, que se han desarrollado en varias entidades del país. “Por el momento no nos han convocado, estamos en línea de espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y esperaremos sobre ese momento para opinar al respecto”, indicó Soto. Al ser preguntada sobre la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, prefirió no emitir su opinión.

Tribunal Electoral a la expectativa de impugnaciones contra el PRI

Mónica Soto también informó que el TEPJF está en espera de las impugnaciones contra la reforma de los estatutos del PRI, que permitirían a su dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse hasta en dos ocasiones más, extendiendo su mandato hasta 2032. Soto subrayó que no pueden pronunciarse sobre casos susceptibles de llegar al tribunal hasta que las impugnaciones sean presentadas. “Hasta ahorita  p lazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre,  no tenemos ninguna impugnación”, aseguró.

En cuanto a la calificación de la elección presidencial, Soto recordó que el plazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre, aunque se está considerando que la resolución se realice antes. Esta decisión está siendo evaluada por una comisión especial encargada de sustanciar el expediente principal y la impugnación madre.

El Senado de la República está evaluando una reforma sugerida por el partido Movimiento Ciudadano a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta reforma pretende clasificar el vandalismo como una acción punible con hasta 10 años de prisión para aquellos que cometan actos vandálicos contra los monumentos históricos.

El senador Noé Castañón Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano, señaló que en los últimos años ha habido un aumento de actos de vandalismo dirigidos a monumentos históricos. Estos actos no solo causan daños materiales, sino que también afectan la identidad cultural del país y el legado que representa para la nación.

La propuesta está siendo examinada por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera. Establece que aquellos que dañen, alteren o destruyan intencionalmente un monumento arqueológico, artístico o histórico podrían enfrentar penas de tres a diez años de prisión, además de una multa de hasta el doble del valor del daño ocasionado. Esta sanción se aplicaría junto con las penas establecidas en el Código Penal Federal y otras leyes vigentes.

El senador enfatizó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta no deben confundirse con la invitación al daño del patrimonio cultural. Destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural como un legado invaluable para las generaciones presentes y futuras.

Castañón Ramírez diferenció entre el vandalismo, que busca simplemente causar daño y destruir la propiedad, y la “iconoclasia”, que es una forma de protesta que busca la reescritura o eliminación de iconos culturales considerados injustos u ofensivos para ciertos grupos de personas.

En este sentido, subrayó que la evolución de las culturas implica preservar las expresiones artísticas, tangibles e intangibles, para construir un patrimonio cultural que conserve la memoria colectiva y la identidad a lo largo del tiempo.

México, según datos de la Oficina de la UNESCO para la Educación, es uno de los países más ricos y diversos en patrimonio cultural, con 35 lugares reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad.

El Senado ha dado inicio al proceso legislativo para considerar las peticiones de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. La Comisión de Gobernación convocó a sus 16 integrantes para analizar la viabilidad de estas solicitudes. Sin embargo, prevalece la opinión consensuada de que en ninguno de los dos casos se justifica la intervención, ya que los tres poderes del estado continúan operando.

Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que la presidenta de la Comisión, Mónica Fernández Balboa, no ha convocado a la Junta Directiva para discutir los términos del documento que será presentado a los integrantes el próximo 2 de abril. Anaya señaló que esta falta de consulta va en contra del reglamento establecido, y hasta el momento no han recibido ningún documento oficial para su revisión.

Una consulta informal realizada por Excélsior reveló que la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación considera que las peticiones de desaparición de poderes no proceden, ya que en ninguno de los dos estados se ha interrumpido el funcionamiento de los poderes.

La Constitución otorga al Senado la facultad de declarar la desaparición de poderes solo en casos donde estos no estén en funcionamiento, como se hizo en 2006 con el caso de Oaxaca. Además, según la Ley Reglamentaria correspondiente, la desaparición de poderes solo se configura en situaciones específicas que no concuerdan con la realidad de Guerrero y Guanajuato.

En entrevistas separadas, Claudia Anaya y el senador Damián Zepeda coincidieron en que, a pesar de la crisis de inseguridad en ambos estados, no existe justificación para la desaparición de poderes, ya que los tres niveles de gobierno continúan operando dentro de los límites establecidos por la constitución y las leyes.

En un hecho inusual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) excedió el límite legal para dar luz verde a casi cuatro mil candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

El plazo máximo para que el INE aprobara las listas de aspirantes venció a medianoche del jueves 29 de febrero, marcando el inicio de las campañas electorales.

Sin embargo, el acuerdo sobre las candidaturas para el Senado, abordando ambos principios, fue unánimemente aprobado por los consejeros a las 5:04 a.m. de ayer, mientras que la aprobación para la Cámara de Diputados llegó a las 06:26 a.m., según se informó a través de publicaciones en la red X compartidas por la consejera Carla Humphrey.

El INE, mediante un comunicado, informó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó un total de dos mil 399 solicitudes, incluyendo 475 de elección consecutiva, además de verificar el cumplimiento de acciones afirmativas, como la inclusión de 35 personas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco migrantes y residentes en el extranjero.

Las listas difundidas por el INE entre los consejeros, de las cuales se ofreció un adelanto ayer, revelan que en 12 estados Morena, PT y PVEM contenderán por separado, con el objetivo de ganar los tres escaños de cada entidad. Estos estados son Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

A pesar de enfrentar un proceso penal, que incluye una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue incluido como candidato de mayoría relativa del Partido Verde.

Durante la sesión, se presentaron impugnaciones, entre las cuales se destacó la del representante del PRI, Hiram Hernández, quien rechazó la candidatura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, actual asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum y aspirante a una senaduría por Morena.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna también impugnó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado plurinominal del PAN.

En la lista de candidaturas plurinominales también sobresalen nombres como Eruviel Ávila, por el PVEM, y Julio Javier Scherer, hijo del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.