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El proceso legislativo para discutir la legalización de la eutanasia en México avanza en el Senado mientras surgen posicionamientos desde distintos sectores. La Iglesia católica mexicana expresó este domingo su rechazo a la iniciativa que busca redefinir el concepto de “muerte digna”, al considerar que la propuesta abre la puerta a prácticas que implicarían provocar el fallecimiento de personas con enfermedades terminales o degenerativas.

A través de su editorial publicado en el semanario de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, el órgano religioso cuestionó que el término “muerte digna” sea utilizado para justificar la eutanasia o el suicidio asistido. Según el texto, esta interpretación supone aceptar que provocar la muerte en casos de padecimientos irreversibles forma parte de la dignidad humana.

La postura surge en medio de la discusión impulsada por la paciente con enfermedad terminal y activista Samara Martínez, quien promueve la llamada “Ley Trasciende” en el Senado de la República (México). La propuesta busca despenalizar la ayuda médica para morir dignamente en casos de padecimientos irreversibles.

El texto difundido por la Iglesia también retomó pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que el concepto de “muerte digna” no implica necesariamente la eutanasia o el suicidio asistido. De acuerdo con el órgano religioso, la Corte ha sostenido que este término se vincula con el “bien morir”, entendido como un proceso natural acompañado, y no como una muerte provocada o anticipada.

Asimismo, citó la postura de la Comisión Nacional de Bioética, que ha señalado que el “bien morir” consiste en brindar cuidados paliativos adecuados para reducir el dolor de pacientes con enfermedades terminales. Bajo esta perspectiva, la Iglesia enfatizó que el enfoque debe centrarse en aliviar el sufrimiento y no en acelerar el fallecimiento.

“Está comprobado que cuando una persona con una enfermedad puede eliminar el sufrimiento y el dolor, en lo que menos piensa es en morir; debemos luchar por eliminar el dolor, no al doliente”, indicó el editorial.

Mientras continúa la discusión, la iniciativa legislativa avanza con fechas definidas. El próximo 16 de abril se realizará un diálogo encabezado por Martínez, y el 23 de abril está programado un conversatorio en el Senado con mesas especializadas en aspectos médicos, jurídicos y la perspectiva de pacientes y cuidadores. La impulsora de la propuesta ha señalado que el objetivo es obtener un dictamen antes del 30 de abril para que el proyecto continúe su proceso legislativo.

En el contexto del debate, datos de 2023 indican que solo el 5% de los pacientes terminales en México tiene acceso a cuidados paliativos. Además, 20 de las 32 entidades del país, incluida la capital, cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas, práctica conocida como eutanasia pasiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que Juan Ramón de la Fuente solicitara dejar el cargo para someterse a un proceso de rehabilitación. En su lugar, la mandataria federal designó a Roberto Velasco Álvarez, quien actualmente se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

El anuncio fue realizado por la propia presidenta a través de un video difundido en la red social X, donde explicó que propondrá al Senado la ratificación de Velasco Álvarez como titular de la Cancillería. En el mismo mensaje, Sheinbaum señaló que De la Fuente podría integrarse a otra área del gobierno una vez que su condición de salud mejore.

La salida de De la Fuente ocurre después de que, en noviembre pasado, solicitara licencia para someterse a una intervención quirúrgica. Durante ese periodo, Roberto Velasco quedó al frente de la dependencia, asumiendo temporalmente la conducción de la política exterior del país.

Durante su gestión, Juan Ramón de la Fuente enfrentó diversos desafíos diplomáticos, particularmente ante el gobierno de Donald Trump, con quien se abordaron temas relacionados con seguridad, comercio exterior y migración. Entre los asuntos que marcaron su administración destacaron las redadas realizadas por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El entonces canciller también respondió a críticas por los nombramientos políticos realizados en embajadas y consulados durante la administración de Sheinbaum. Ante los cuestionamientos por la designación de exgobernadores y figuras sin trayectoria diplomática, De la Fuente defendió la decisión de incorporar perfiles diversos como representantes del país en el exterior.

Como parte de su estrategia de comunicación, el funcionario impulsó conferencias periódicas enfocadas en la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, estos encuentros dejaron de realizarse tras la licencia solicitada en noviembre.

Entre los encuentros relevantes de su periodo, De la Fuente recibió en septiembre pasado a Marco Rubio, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México. En esa reunión se abordaron temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

Antes de encabezar la Cancillería, De la Fuente se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, dejó ese cargo para integrarse al equipo de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Tras la victoria electoral, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores, posición que ahora deja después de un año y medio al frente de la dependencia.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió sobre la posibilidad de que el partido gobernante Morena y el gobierno federal estén detrás de la formación de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones federales y locales de 2027. De acuerdo con el legislador, esta estrategia podría buscar fragmentar el voto durante los próximos comicios.

Castañeda señaló que el proceso de creación de nuevas fuerzas políticas que actualmente se desarrolla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser observado con atención. El senador subrayó la importancia de identificar quién impulsa a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos y cuál es el objetivo de su participación en el escenario electoral.

“Hay que estar muy atentos de lo que sucede con la creación de partidos políticos. Porque me parece que ahí el régimen lo que intenta hacer desde el poder es fragmentar justamente la votación”, afirmó el legislador al referirse al proceso de registro que se encuentra en marcha.

El coordinador parlamentario insistió en que también es necesario revisar si las agrupaciones que buscan su registro cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, planteó analizar con qué propósito se conforman estas organizaciones y cuáles son las expectativas electorales que podrían tener rumbo a los próximos comicios.

Castañeda llamó a “sacar la antena” sobre este tema, al considerar que el oficialismo podría enfrentar una contienda electoral compleja en 2027. En ese contexto, señaló que el comportamiento político actual se asemeja a prácticas observadas en el pasado.

“Como este oficialismo se comporta de forma muy similar a como se comportaba el régimen priista, no hace falta tener una bola de cristal para tratar de prever que mucho de los nuevos partidos políticos será parte de la construcción de la estrategia electoral del oficialismo”, expresó.

Mientras se desarrolla el proceso de registro, diversas organizaciones avanzan en los requisitos necesarios para convertirse en partidos políticos nacionales. Entre ellas se encuentra Somos México, agrupación vinculada al movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa. También figura Construyendo Sociedades de Paz, organización que surge tras la desaparición del partido Encuentro Social, así como México tiene Vida, proyecto político relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Datos del INE indican que actualmente 65 organizaciones buscan obtener el registro como partido político nacional. Sin embargo, hasta ahora solo tres han logrado avanzar en uno de los requisitos clave del proceso: reunir al menos 256 mil afiliaciones válidas.

El proceso de revisión continuará dentro del organismo electoral mientras las agrupaciones interesadas completan las etapas establecidas por la legislación para poder participar formalmente en el sistema de partidos políticos de México rumbo a las elecciones de 2027.