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A pesar de haber respaldado en 2022 una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado impulsa ahora un cambio legal para eliminar esa facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La propuesta, presentada por todos los senadores petistas encabezados por Alberto Anaya, plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito. Esto aplicaría en casos donde existan indicios de vínculos con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El giro ocurre después de que, el pasado 6 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la norma vigente, argumentando que contempla un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa, con plazos definidos, posibilidad de ofrecer pruebas y acceso a impugnaciones ante tribunales administrativos.

En contraste, la nueva iniciativa del PT sostiene que el esquema actual vulnera derechos constitucionales, como la audiencia previa y la propiedad privada establecidos en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 16, que exige un mandamiento escrito de autoridad competente para cualquier afectación. También señala afectaciones a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba contempladas en el artículo 20.

“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, expone el documento.

La iniciativa también advierte sobre el impacto práctico de estas medidas: “El bloqueo de una cuenta bancaria es una de ellas. No se trata únicamente de un acto administrativo; es una interrupción inmediata de la vida económica y patrimonial de una persona”.

El texto añade que esta acción puede impedir cubrir necesidades básicas o cumplir obligaciones financieras, afectando tanto a empresarios como a personas en la informalidad.

La reforma que ahora se busca modificar fue aprobada en 2022 con el respaldo del propio PT y de Morena, permitiendo a la Secretaría de Hacienda incluir a personas en la lista de bloqueados con base en indicios de actividades ilícitas.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó una serie de ajustes al modelo de elección judicial y al funcionamiento interno del máximo tribunal, al considerar que el esquema de voto popular debe mantenerse, aunque con modificaciones que fortalezcan su operación.

Durante su participación en los “Diálogos de reflexión: perspectivas de la reforma al Poder Judicial”, donde coincidió con los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, la integrante de la Corte expuso que uno de los cambios necesarios es la reinstalación de las salas que operaban antes de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Según explicó, ese modelo permitía mayor agilidad en el análisis de los casos. “El trabajo de las salas era más dinámico, era una discusión dinámica, más breve y permitía un avance más rápido de la resolución de los asuntos”, afirmó.

En materia electoral, Esquivel propuso limitar los comicios judiciales a las vacantes que se generen en cargos de jueces y magistrados, con el objetivo de conservar continuidad en los criterios jurisdiccionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevos perfiles. “Vayamos a una elección de vacantes, mantengamos estabilidad en la función, en los criterios, y cada tres años la elección con las vacantes que se vayan generando”, señaló.

Como parte de los mecanismos para fortalecer el proceso, la ministra sugirió la creación de un examen nacional de aptitud jurisdiccional dirigido a quienes aspiren a competir por estos cargos. A su juicio, esta evaluación permitiría garantizar un estándar mínimo de conocimientos y experiencia entre los candidatos. “Los justiciables tienen derecho a una justicia de excelencia, profesional, con experiencia. Hoy necesitamos que haya ese examen para que haya un piso mínimo y poder accesar a ser juez”, sostuvo.

Finalmente, Esquivel respaldó iniciativas impulsadas por legisladores de Morena que buscan ajustar el diseño de la elección judicial. Entre ellas, destacó la propuesta de establecer un comité único encargado de evaluar a los aspirantes, así como la separación de los procesos electorales judiciales respecto de las elecciones políticas.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrá que cubrir el pago del impuesto predial por sus inmuebles en la Ciudad de México, tras una resolución tomada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó sin efecto una parte sustancial de un adeudo reclamado por el gobierno capitalino.

La decisión fue avalada por seis votos del pleno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En su propuesta se estableció que los bienes del ISSSTE se encuentran exentos de este gravamen, al tratarse de propiedades federales destinadas a funciones públicas.

El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera interpuso una demanda para exigir el pago de 5 mil 810 millones de pesos. El monto correspondía a distintos conceptos: impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos por suministro de agua, acumulados entre los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

De acuerdo con el argumento expuesto en el proyecto, el artículo 122 de la Constitución contempla que los inmuebles pertenecientes al dominio público de la Federación no están sujetos a impuestos locales cuando son utilizados para fines institucionales. Bajo esta interpretación, la Corte determinó improcedente el cobro del predial al ISSSTE.

Sin embargo, la resolución no abarcó todos los conceptos reclamados. La ministra puntualizó que el organismo no fue eximido del pago relacionado con el suministro de agua, por lo que ese componente del adeudo permanece vigente.

Durante la discusión en el pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó la posibilidad de retirar el asunto para una revisión adicional. La propuesta fue rechazada por Lenia Batres, quien argumentó que el tema llevaba varios meses en análisis dentro del máximo tribunal.

Cabe señalar que Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra ponente, se desempeña actualmente como director general del ISSSTE.

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca transformar el funcionamiento de la institución para reducir la impunidad, agilizar investigaciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

 

Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto responde a fallas estructurales en la administración de justicia, entre ellas la lentitud en la integración de carpetas de investigación, la falta de transparencia y el elevado número de delitos que no se resuelven. El documento reconoce que estas deficiencias han impactado en la percepción ciudadana sobre el acceso a la justicia.

 

Entre las principales acciones planteadas se encuentra la reubicación de sedes de las delegaciones de la fiscalía en 61 municipios, así como una reingeniería institucional para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la presencia territorial. La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de seguridad, procuración y judicialización de los casos.

 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, subrayó la importancia del intercambio permanente de información entre fiscalías y dependencias de seguridad para garantizar la trazabilidad de los casos.

 

“Es un plan que tiene objetivos, que tiene metas, tiene ruta y, sobre todo, lo más importante es acabar con la impunidad, disminuir el índice delictivo, acabar con la impunidad y generar un México en paz. Esos son los objetivos del plan que hoy se presentó”, señaló.

 

Autoridades estatales también destacaron la necesidad de fortalecer la presencia federal. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, pidió reforzar la operatividad en las entidades, especialmente en delitos relacionados con delincuencia organizada y robo de combustible.

 

“Hay muchos temas importantes a tratar con la fiscalía, por supuesto mayor presencia y operatividad en los estados a través de las delegaciones de la fiscalía, el trabajar en nuestro caso en el robo de combustible en la delincuencia organizada, son pocas las carpetas en la federación por ese tema, creemos que es importante fortalecer”, expresó.

 

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la coordinación institucional. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y, obviamente, con los entes autónomos”, afirmó.

 

La presentación se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con la asistencia de autoridades federales, legisladores, gobernadores y fiscales estatales, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y funcionarios del gabinete de seguridad.

Las indemnizaciones que pagan las aseguradoras en México deberán calcularse a partir de ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por unanimidad una contradicción de criterios heredada de sus salas, hoy extintas tras la reforma judicial.

La decisión surge tras la coexistencia de dos posturas distintas que generaban incertidumbre jurídica. Mientras una resolución permitía mantener el salario mínimo como referencia para calcular indemnizaciones, otra establecía que dicha práctica era incompatible con la reforma constitucional de 2016, la cual desindexó el salario mínimo y creó la UMA como unidad de referencia económica.

El origen del conflicto se remonta a dos casos analizados por las entonces Primera y Segunda Sala del máximo tribunal. La Primera Sala concluyó que utilizar el salario mínimo como base para determinar el monto de indemnizaciones no contravenía la Constitución. En contraste, la Segunda Sala determinó que, tras la reforma constitucional, el salario mínimo ya no podía emplearse como unidad de medida, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Ante este escenario, el pleno resolvió establecer un criterio único que pone fin a la disparidad. Con ello, las indemnizaciones deberán calcularse utilizando la UMA, cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. La cifra contrasta con el salario mínimo vigente, que alcanza los 315 pesos diarios, lo que evidencia una diferencia significativa entre ambos parámetros.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien presentó el proyecto, reveló que recibió comunicaciones relacionadas con el impacto de la resolución. Señaló que sostuvo conversaciones con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las posibles consecuencias financieras de la decisión.

“Recibí múltiples correos de aseguradoras, no platiqué con absolutamente ninguna. Eso sí, platiqué con el IMSS que nos refirió un altísimo impacto que un criterio de este tipo podía repercutirle a sus finanzas”, dijo la ministra Batres.

La resolución establece que, a partir de su aprobación, el cálculo de indemnizaciones deberá apegarse a la UMA, con lo que la Corte unifica el criterio judicial y cierra la controversia generada por las resoluciones divergentes emitidas previamente por sus salas.

El proceso legislativo para discutir la legalización de la eutanasia en México avanza en el Senado mientras surgen posicionamientos desde distintos sectores. La Iglesia católica mexicana expresó este domingo su rechazo a la iniciativa que busca redefinir el concepto de “muerte digna”, al considerar que la propuesta abre la puerta a prácticas que implicarían provocar el fallecimiento de personas con enfermedades terminales o degenerativas.

A través de su editorial publicado en el semanario de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, el órgano religioso cuestionó que el término “muerte digna” sea utilizado para justificar la eutanasia o el suicidio asistido. Según el texto, esta interpretación supone aceptar que provocar la muerte en casos de padecimientos irreversibles forma parte de la dignidad humana.

La postura surge en medio de la discusión impulsada por la paciente con enfermedad terminal y activista Samara Martínez, quien promueve la llamada “Ley Trasciende” en el Senado de la República (México). La propuesta busca despenalizar la ayuda médica para morir dignamente en casos de padecimientos irreversibles.

El texto difundido por la Iglesia también retomó pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que el concepto de “muerte digna” no implica necesariamente la eutanasia o el suicidio asistido. De acuerdo con el órgano religioso, la Corte ha sostenido que este término se vincula con el “bien morir”, entendido como un proceso natural acompañado, y no como una muerte provocada o anticipada.

Asimismo, citó la postura de la Comisión Nacional de Bioética, que ha señalado que el “bien morir” consiste en brindar cuidados paliativos adecuados para reducir el dolor de pacientes con enfermedades terminales. Bajo esta perspectiva, la Iglesia enfatizó que el enfoque debe centrarse en aliviar el sufrimiento y no en acelerar el fallecimiento.

“Está comprobado que cuando una persona con una enfermedad puede eliminar el sufrimiento y el dolor, en lo que menos piensa es en morir; debemos luchar por eliminar el dolor, no al doliente”, indicó el editorial.

Mientras continúa la discusión, la iniciativa legislativa avanza con fechas definidas. El próximo 16 de abril se realizará un diálogo encabezado por Martínez, y el 23 de abril está programado un conversatorio en el Senado con mesas especializadas en aspectos médicos, jurídicos y la perspectiva de pacientes y cuidadores. La impulsora de la propuesta ha señalado que el objetivo es obtener un dictamen antes del 30 de abril para que el proyecto continúe su proceso legislativo.

En el contexto del debate, datos de 2023 indican que solo el 5% de los pacientes terminales en México tiene acceso a cuidados paliativos. Además, 20 de las 32 entidades del país, incluida la capital, cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas, práctica conocida como eutanasia pasiva.

El uso comercial de símbolos de la cultura maya por parte de Grupo Xcaret quedó sin efecto este jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara revocar la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar empleando dichos elementos en su publicidad y plataformas digitales.

La decisión fue tomada por el Pleno del máximo tribunal, que consideró que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del Gran Consejo Maya de Quintana Roo, organismo que desde 2022 inició el reclamo contra el uso de símbolos mayas en la promoción turística del corporativo.

El caso se originó cuando el Consejo exigió a la empresa abstenerse de utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad. Posteriormente, Grupo Xcaret promovió un amparo que fue analizado por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En ese momento, el juez concedió una suspensión definitiva que permitió a la compañía continuar empleando las imágenes y símbolos con fines promocionales, principalmente para atraer turistas.

Sin embargo, el escenario cambió tras la intervención del máximo tribunal. En octubre de 2025, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso para su análisis. La resolución final fue presentada por la ministra María Estela Ríos González, quien propuso revocar la suspensión al considerar que corresponde a los pueblos indígenas decidir sobre el uso de su patrimonio cultural.

El fallo se sustentó en la reforma de 2024 al artículo 2 constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Bajo estos criterios, la Corte concluyó que la empresa deberá retirar cualquier elemento alusivo a la cultura maya de sus espacios de publicidad y medios de difusión.

En el documento, la ministra explicó que el uso de estos símbolos no es indispensable para la actividad comercial de la empresa. “El giro comercial de la quejosa (Xcaret), dada su naturaleza, no torna necesario que en sus páginas de internet haga uso de elementos culturales propios del Pueblo Maya, ya que el funcionamiento real para prestar servicios de hotelería, atracciones, restaurantes, etcétera“, se expresa en el fallo.

Con esta determinación, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución previa que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando referencias culturales mayas en su promoción turística. La decisión marca un precedente en torno a la protección del patrimonio cultural indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus símbolos y tradiciones.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.