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La noche de este viernes marcó el fallecimiento de Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 89 años de edad. La noticia resonó en todos los rincones del ámbito jurídico nacional, generando expresiones de condolencias desde distintas esferas, incluida la propia Suprema Corte, que externó su solidaridad con familiares y amigos del jurista.

Nacido en la Ciudad de México en 1936, Mariano Azuela Güitrón fue parte de una familia con profundas raíces en la vida pública del país. Su formación académica se consolidó entre 1954 y 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, combinó su trayectoria profesional con una intensa vocación docente, impartiendo cátedra en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

Su vínculo con el Poder Judicial inició formalmente en 1960, al desempeñarse como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde, entre 1971 y 1983, se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y en 1981 fue designado presidente de dicho tribunal.

En mayo de 1983, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció con una participación prolongada, alternando entre la Segunda Sala y el Pleno. Entre el 2 de enero de 2003 y el 15 de enero de 2007, asumió la presidencia tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante su paso por la presidencia del máximo tribunal, el contexto político del país vivía una de sus tensiones más notorias. En 2004, la Procuraduría General de la República acusó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato por desobedecer una orden judicial vinculada al predio “El Encino”.

El proceso de desafuero que se desencadenó posteriormente fue respaldado por una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. El episodio estuvo marcado por fuertes señalamientos de presión política, en los que también fue mencionado Mariano Azuela Güitrón. En 2022, López Obrador revivió ese episodio al acusar al expresidente Vicente Fox y a un grupo de legisladores de operar el desafuero con la supuesta intervención del entonces presidente de la Corte.

Pese a las controversias, el legado de Azuela Güitrón en el sistema judicial mexicano es amplio, con décadas de participación en la interpretación y aplicación del derecho. Su figura representa una parte significativa de la historia reciente del Poder Judicial en México, con aportaciones relevantes tanto en el ámbito académico como institucional.

El Congreso de Tabasco dio un paso trascendental en materia de derechos reproductivos al aprobar la despenalización del aborto hasta la semana doce de gestación. Con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención, la entidad se integra al grupo de 24 estados en México que garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin criminalización.

La decisión se enmarca en una transformación jurídica y social de gran alcance. El 4 de abril de 2025, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito resolvió el Amparo en Revisión 153/2023, declarándose inconstitucionales los artículos que prohibían de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal local. Esta resolución sentó las bases legales para la reforma aprobada en el Congreso.

El impulso detrás de este cambio tiene historia. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha sido clave al presentar diversos recursos jurídicos en distintos estados del país, promoviendo un marco legal que respalde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su labor persistente se inspira en el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto por cualquier motivo.

Antes de esta reforma, el Código Penal tabasqueño contemplaba sanciones de seis meses a tres años de prisión para las mujeres que decidieran abortar. Además, si un profesional de la salud practicaba el procedimiento, enfrentaba no solo penas legales, sino también la suspensión de su ejercicio profesional por un periodo de dos a cinco años.

Existen excepciones que ya no eran punibles, como los embarazos producto de violación o inseminación indebida, o aquellos en los que la salud o vida de la mujer corriera riesgo, siempre que así lo determinara un médico. Sin embargo, estas causales limitadas no ofrecían una protección integral ni garantizaban una cobertura real al derecho de decidir.

La reforma fue recibida con entusiasmo por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Colectivos como Católicas por el Derecho a Decidir celebraron la medida como un avance significativo, reconociendo el resultado como fruto del esfuerzo colectivo, la resistencia feminista y la lucha constante por justicia reproductiva.

Tras la histórica votación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina Filigrana, solicitó la emisión del decreto correspondiente al Ejecutivo estatal, dando paso a su promulgación y publicación oficial.

Tabasco avanza con decisión hacia un marco legal más justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, tras el cierre de las casillas el 1 de junio a las 18:00 horas, dará inicio una jornada inédita: la sesión permanente de cómputos distritales para las seis elecciones judiciales programadas. A pesar de la posibilidad de un conteo rápido que permita ofrecer un primer panorama esa misma noche, los resultados oficiales quedarán definidos en un plazo de 10 días.

La elección marcará un hito en la historia electoral del país. Por primera vez, funcionarios del INE realizarán el escrutinio y cómputo de votos para definir ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las Salas Regionales del TEPJF, de los Circuitos Judiciales y jueces de Distrito.

Una vez cerradas las casillas, el procedimiento contempla el traslado de los paquetes electorales hacia los 300 consejos distritales del INE. Esta tarea será realizada por los funcionarios de casilla y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes serán los primeros responsables de custodiar los votos.

En cada consejo distrital, los paquetes se resguardarán hasta ser distribuidos en grupos de trabajo que iniciarán el minucioso cómputo. Cada boleta será revisada por un integrante del grupo, quien dictará el sentido del voto, mientras otra persona registrará la información en el Sistema de Cómputos Distritales. La información se capturará dos veces para asegurar su precisión y resguardo.

La sesión pública de cómputos, abierta a la ciudadanía, se extenderá hasta el 10 de junio. El primer resultado que se obtendrá será el correspondiente a la elección de ministras y ministros de la SCJN, seguido del resto de los cargos en disputa.

Previo al 1 de junio, del 25 de abril al 10 de mayo, los órganos distritales del INE ejecutarán simulacros operativos para reforzar el conocimiento práctico del procedimiento, considerado inédito. Esta preparación busca garantizar un proceso ágil y transparente, consolidando la confianza en una elección histórica.

El INE se prepara para una labor intensa que pondrá a prueba su capacidad organizativa y operativa, en un escenario donde la transparencia y la rapidez en el manejo de resultados serán observados con lupa por todo el país.

El máximo tribunal del país dio un paso firme al dejar fuera la solicitud de Carso Infraestructura y Construcción, filial de Grupo Carso, que buscaba frenar la sentencia que la obliga a aumentar las indemnizaciones a víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el amparo presentado por la empresa, el cual pretendía revertir una resolución emitida por una sala civil de la capital. Dicha sentencia había determinado que el acuerdo reparatorio celebrado en enero de 2022 con los afectados no era justo ni suficiente.

Tras el accidente que cobró vidas y dejó secuelas físicas, emocionales y económicas, un grupo de víctimas acudió a la vía civil en 2023. En su demanda señalaron que la reparación ofrecida originalmente por Carso no cubría adecuadamente los daños sufridos, incluidos gastos médicos, procesos de rehabilitación, impacto psicológico y pérdida de oportunidades laborales.

En respuesta a la condena civil dictada en abril de 2024, Carso argumentó que el acuerdo inicial debía respetarse, que el caso ya había sido resuelto judicialmente, y que incluso existían pruebas inadmitidas de manera incorrecta. También señaló que las autoridades de la capital deberían formar parte del juicio por su presunta responsabilidad en la falta de mantenimiento del tramo elevado que colapsó.

El 14 de febrero, un Tribunal Colegiado federal desestimó los argumentos de la empresa al confirmar la resolución anterior. El tribunal calificó las objeciones como infundadas y respaldó la orden de ampliar las compensaciones económicas a las víctimas.

Con la reciente negativa de la SCJN a atraer el caso, la sentencia queda firme. El acuerdo publicado este lunes establece que el caso no reúne los criterios de “interés excepcional” en materia de derechos humanos o constitucionales, necesarios para que la Corte intervenga.

Carso Infraestructura y Construcción deberá, por tanto, cumplir con el fallo y ajustar las indemnizaciones de acuerdo con lo establecido por el tribunal civil. La decisión refuerza la vía judicial como herramienta para la exigencia de justicia y abre un precedente en cuanto a la valoración de los acuerdos reparatorios posteriores a tragedias urbanas de gran escala.

El proceso electoral rumbo al 1 de junio suma una nueva controversia. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. La acusación: violación de los principios de equidad en la contienda, derivado del uso indebido de propaganda electoral y recursos tanto públicos como privados. 

Ortiz Ahlf, según la denuncia, recibió patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa La Cruz Azul. La presunta irregularidad se registró en un evento masivo realizado en el Auditorio Ernesto Velasco, ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Odriozola argumentó que no se extendió invitación a otros candidatos, afectando así el principio de equidad en la contienda.

Aunque la ministra Ortiz declaró que no realizó ningún gasto en el evento, sino que asistió como invitada, la normatividad electoral establece que las aportaciones en especie están prohibidas. Cualquier apoyo de este tipo podría constituir una falta a la legislación vigente en materia electoral.

Por otro lado, Odriozola señaló que Yasmín Esquivel inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, acompañada de integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al finalizar el evento, los asistentes recibieron atole y tamales, lo que podría representar otra violación a la normatividad electoral.

El documento presentado ante el INE exige que se fiscalicen ambos eventos y se determine la aplicación de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La ley electoral establece que durante los periodos de campaña está prohibido recibir aportaciones en especie, así como cualquier tipo de respaldo económico proveniente de organizaciones sindicales u otras instituciones con recursos públicos o privados.

Este nuevo señalamiento genera tensión en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias y controversias. Con la cercanía de la elección del 1 de junio, el INE tendrá que evaluar los hechos y determinar si las ministras Esquivel y Ortiz incurrieron en alguna falta.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de las normas electorales en el país. Mientras tanto, la denuncia de Odriozola aviva el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección de altos funcionarios en México.

Este domingo marcó el inicio de una etapa sin precedentes en la historia democrática de México. Comenzaron las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proceso que consolida un modelo inédito de participación ciudadana.

Durante la inauguración de la ampliación de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este proceso, México se convertirá en “el país más democrático del mundo” al permitir que el pueblo elija a los tres poderes.

“Ahora somos el único país del mundo en el que también el pueblo va a elegir a sus jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló la mandataria.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 100 millones de ciudadanos están convocados a participar en la elección del 1 de junio, en la que se elegirán 881 cargos federales entre tres mil 422 aspirantes registrados.

Sheinbaum subrayó que la democracia mexicana ha evolucionado al punto de permitir a los ciudadanos definir no solo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Explicó que, hasta ahora, los jueces y magistrados eran designados por el Senado o internamente dentro del Poder Judicial, pero este nuevo modelo traslada esa responsabilidad directamente al pueblo.

Las campañas se desarrollarán durante 60 días, hasta el 28 de mayo. Sin embargo, el proceso ha generado preocupación en distintos sectores. Organismos internacionales, asociaciones civiles y actores políticos han alertado sobre posibles riesgos, como la intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

Además, el INE estableció que los candidatos no recibirán recursos públicos y solo podrán utilizar fondos propios con montos limitados. Para los aspirantes a juzgados, el tope será de aproximadamente 220 mil pesos, mientras que los candidatos a la SCJN podrán gastar hasta 1.4 millones de pesos.

La Iglesia católica también hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de esta elección y la necesidad de informarse sobre los candidatos. En paralelo, el INE prohibió a funcionarios públicos, gobiernos y ministros de culto promover la participación ciudadana en la elección judicial.

El proceso avanza en medio de un debate intenso sobre sus implicaciones, mientras México se prepara para definir un nuevo capítulo en su democracia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado el límite de 220 mil pesos fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los gastos personales de campaña en la elección judicial. La decisión obliga al INE a establecer montos diferenciados según el cargo al que se aspire, pues se consideró que el tope uniforme no era racional ni razonable. 

El INE había establecido un límite general de 220 mil 326.20 pesos para todas las candidaturas en la elección judicial, lo que equivalía a un gasto diario de aproximadamente 3 mil 672.10 pesos. Sin embargo, el TEPJF determinó que este monto debía ser una base y no un tope absoluto, ya que la ley establece que el límite de gastos no podrá ser superior a esa cifra, pero no impide que se fijen montos diferenciados dependiendo del cargo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor del proyecto aprobado, argumentó que el límite de 220 mil pesos se aplica a las diputaciones federales por distrito, lo que significa que debe utilizarse como parámetro para ajustar los topes de cada cargo. Explicó que existen 300 distritos electorales uninominales, y aunque esto no implica multiplicar el monto por cada distrito, sí permite establecer un límite superior basado en una lógica diferenciada.

Rodríguez Mondragón señaló que el INE debe considerar el órgano a elegir, el tamaño del electorado y el territorio abarcado para definir los montos. En este sentido, subrayó que no es comparable el gasto de una persona que compite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con alcance nacional, frente a quien busca un puesto en un distrito judicial de menor extensión.

El Tribunal también resaltó que, debido a las restricciones impuestas en la reforma electoral, como la prohibición de contratar espacios en radio, televisión, espectaculares y redes sociales, las candidaturas deben contar con los recursos suficientes para llevar a cabo actividades permitidas, como la impresión de propaganda y la participación en foros públicos.

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra de esta resolución, argumentando que la ley es clara en que los topes de gastos de campaña no pueden superar el monto de 220 mil pesos. Consideró que elevar estos límites sin justificación afecta la equidad electoral, favoreciendo a quienes disponen de mayores recursos económicos. Su postura coincidió con la del consejero Uuc-kib Espadas, quien también sostuvo que los montos deberían ajustarse de forma diferenciada, pero sin superar el tope máximo legal.

El INE ahora deberá establecer una nueva fórmula para definir los gastos personales de campaña. En la sesión donde se discutió esta decisión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, propuso una estructura diferenciada, con montos que iban desde 220 mil pesos para juzgados de distrito hasta 1.4 millones de pesos para la Suprema Corte. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes insistieron en la necesidad de respetar el límite legal.

Con esta resolución, el INE enfrentará el reto de diseñar una nueva metodología para la asignación de gastos personales de campaña que concilie los principios de equidad y racionalidad en el uso de los recursos electorales.

El Congreso de Jalisco rechazó una iniciativa que buscaba permitir a menores de edad cambiar su identidad de género en documentos oficiales. Con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, las y los legisladores se opusieron a la medida, a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 que ordenaba reformas en el tema.

La propuesta pretendía que los menores de edad pudieran realizar el trámite acompañados de un tutor o, en caso de no contar con uno, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, el Congreso mantuvo su postura de restringir este derecho a personas mayores de 18 años, como ya está establecido en el Código Civil de Jalisco.

El rechazo de la iniciativa generó reacciones divididas entre organizaciones civiles y grupos conservadores. La Asociación por las Infancias Transgénero en Jalisco recordó que la SCJN determinó que el derecho a la identidad es universal y no debe estar sujeto a la edad. Asimismo, Izack Zacarías, coordinador de la organización Impulso Trans, afirmó que negar el reconocimiento legal de la identidad de género a niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia.

“Hablar de colocar una edad es seguir violentando a las personas en su identidad. Ya está comprobado que la identidad se reconoce desde temprana edad y hay que respetarla”, declaró Zacarías.

Por otro lado, el Frente Nacional por la Familia defendió la decisión del Congreso, argumentando que este tipo de cambios deben realizarse en la adultez. Jaime Cedillo, representante del grupo, señaló que la sociedad debe acompañar a los menores en su proceso de autodescubrimiento, pero sin tomar decisiones definitivas hasta la mayoría de edad.

Días antes de la votación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al Congreso rechazar la propuesta, argumentando que los menores no tienen la madurez suficiente para definir su identidad de género de manera legal.

A pesar del fallo legislativo, organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans seguirán impulsando acciones para que se cumpla la resolución de la SCJN. Mientras tanto, la falta de regulación deja a los menores de edad sin una vía legal para obtener documentos que reconozcan su identidad de género en Jalisco.

El próximo 1 de junio marcará un hecho histórico en México: por primera vez, los ciudadanos podrán elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta fecha será conocida como el “Día de la Democracia”, destacando su relevancia para el país.

Desde Colima, Sheinbaum celebró que esta elección permitirá a los ciudadanos decidir quiénes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, informó que los actuales jueces dejarán sus puestos en los próximos seis meses.

“El 1 de junio vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún otro país que lo haga, por eso digo que será el ‘Día de la Democracia'”, declaró la mandataria.

La presidenta afirmó que esta reforma es la “única manera” de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial. Según su declaración, este cambio permitirá construir un Poder Judicial honesto y comprometido con el pueblo. También aseguró que México será un ejemplo para el mundo al implementar este modelo.

En su discurso, Sheinbaum acusó a jueces y magistrados de corrupción, nepotismo y de favorecer la liberación de criminales. Este mensaje estuvo alineado con el que expresaron los integrantes de su Gabinete de Seguridad días antes, al justificar la extradición de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos sin completar el proceso de extradición tradicional.

La presidenta destacó el trabajo de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en su cargo anterior como secretaria de Seguridad denunció en varias ocasiones que jueces liberaban a delincuentes. Además, señaló que los puestos en el Poder Judicial solían asignarse entre familiares y allegados, fomentando el nepotismo.

“Ellos mismos decidían quiénes serían jueces y magistrados. Tanto, que ahora la mitad del Poder Judicial está conformado por hermanos, primos, cuñados y sobrinos. Hay jueces honestos, pero la mayoría han sido parte de un sistema corrupto”, aseguró Sheinbaum.

Con esta reforma, el gobierno busca transformar el sistema de justicia y devolverle la confianza a los ciudadanos. La elección del 1 de junio representará un paso sin precedentes en la democracia mexicana, poniendo en manos del pueblo la selección de quienes impartirán justicia en el país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado inicio a los preparativos para la jornada electoral del 1 de junio con la primera fase de capacitación a los ciudadanos seleccionados para fungir como funcionarios de casilla. Este proceso comenzó el 9 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Durante este periodo, Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales visitarán a 13.9 millones de mexicanos elegidos en el sorteo del pasado 6 de febrero. Su labor consiste en notificar y preparar a los ciudadanos que integrarán las mesas de votación, donde se elegirá a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos cargos locales.

En esta primera fase, denominada sensibilización, se busca capacitar a 12.94 millones de ciudadanos para las elecciones del Poder Judicial y a 987,334 para los procesos electorales locales en Durango y Veracruz. El INE ha exhortado a los seleccionados a recibir a los capacitadores y aceptar su participación para garantizar el correcto funcionamiento de las casillas el día de la elección.

Los capacitadores del INE visitarán los domicilios de los ciudadanos seleccionados para verificar si cumplen con los requisitos legales, sensibilizarlos sobre la importancia de su función y explicarles sus responsabilidades dentro de la jornada electoral. En caso de no ser localizados en una primera visita, se programarán nuevas visitas en horarios más adecuados. Además, se realizarán esfuerzos adicionales si no se logra completar el número necesario de funcionarios para cada casilla.

Las personas interesadas en participar, ya sea por contacto con los capacitadores o por iniciativa propia, deberán recibir la capacitación obligatoria correspondiente. Asimismo, el proceso incluye medidas para la inclusión de personas con discapacidad que deseen desempeñarse como funcionarios de casilla. Para ello, se brindará información detallada sobre los protocolos especiales que permitirán su plena integración en la jornada electoral.

Con este esfuerzo, el INE busca garantizar la correcta instalación y operación de las casillas, promoviendo la participación ciudadana en un proceso electoral que marcará un precedente histórico para la justicia en México.