Si el Instituto Nacional Electoral (INE) declara inconstitucional e ilegal la reciente reforma estatutaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), todos los actos posteriores, incluido el proceso de renovación o reelección de la presidencia del partido, serán inválidos, afirmó Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Humphrey destacó que lo primero a analizar es si el partido tenía permitido realizar cambios a sus estatutos en este momento, según los plazos establecidos. La dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos está encargada de esta proyección.

“Si se determina que no es el tiempo adecuado, no se procederá al estudio de fondo sobre la legalidad y constitucionalidad de estos cambios. Paralelamente, hay seis o siete juicios en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, explicó Humphrey.

La consejera añadió que, en segundo lugar, es esencial verificar si se siguieron todas las formalidades estatutarias para reformar los estatutos, como la convocatoria en tiempo y forma, el envío de documentos a los participantes de la asamblea, la adecuación de los reglamentos a los estatutos y la participación de los militantes con el quórum requerido.

Humphrey subrayó que, después de estos pasos, se analizará el plazo, la forma y, en su caso, la legalidad y constitucionalidad de las reformas.

Ante la pregunta sobre la legalidad del inicio del proceso de renovación de la dirigencia sin el aval del INE a los cambios estatutarios, Humphrey recordó un caso reciente resuelto por la Sala Superior en octubre del año pasado. Este determinó que las acciones de los partidos, una vez reformados los estatutos, son válidas mientras el INE no determine su legalidad y constitucionalidad. Si el INE decide que no son válidas, todo lo actuado será nulo de pleno derecho.

Finalmente, Humphrey indicó que el INE debe analizar si los cambios se hicieron dentro del tiempo permitido y si se cumplieron todas las formalidades. Luego, se decidirá sobre la legalidad y constitucionalidad de las reformas. El INE recibió la documentación del PRI el viernes pasado y tiene 30 días naturales para emitir una resolución, primero en la comisión y luego en el consejo general del Instituto.

Miembros del Observatorio Ciudadano se reunieron con consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y su presidenta, Guadalupe Taddei, para discutir la sobrerrepresentación de Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados, señalando la asignación de plurinominales como el principal problema.

A la reunión asistieron Jorge Alcocer, Morelos Canseco, Elba Arjona y Jesús Orozco, quienes también entregarán un documento al INE detallando su análisis sobre el tema.

En una conferencia, Jorge Alcocer explicó que la Constitución impone dos límites: ningún partido debe tener una sobrerrepresentación mayor al 8% ni más de 300 diputados por ambos principios.

“El análisis del Observatorio Ciudadano concluye que estas dos restricciones constitucionales del artículo 54 se aplican tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales. Según esta interpretación, la coalición de Morena, Verde Ecologista y PT no debería tener más de 300 diputados en la próxima legislatura y no debe exceder una sobrerrepresentación del 8% como coalición”, señaló Alcocer.

Alcocer también mencionó que las consejerías no han presentado una proyección sobre la posible integración de la Cámara de Diputados y que siguen analizando el tema, con una resolución esperada para el 20 de agosto.

Jesús Orozco, por su parte, enfatizó la necesidad de una interpretación sistemática y funcional del texto constitucional, enfocándose en las coaliciones en lugar de los partidos individualmente.

El Observatorio Ciudadano también ha solicitado una audiencia con las cinco magistraturas del Tribunal Electoral para presentar los mismos argumentos.

Este lunes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) revisará la posible imposición de sanciones a diversos partidos políticos por un total de mil 565 millones de pesos, debido a irregularidades detectadas en campañas tanto federales como locales. Morena es el partido que enfrenta la mayor multa, ascendiendo a 392 millones de pesos.

Durante la sesión del INE, los montos de las sanciones podrían ser ajustados. Movimiento Ciudadano podría recibir la segunda multa más alta, con 245 millones 072 mil pesos, seguido del Partido Verde con 200 millones 951 mil pesos. El PRI y el PAN podrían ser multados con 196 millones 896 mil pesos y 168 millones 202 mil pesos respectivamente.

Otros partidos también enfrentarían multas significativas: el Partido del Trabajo con 133 millones 501 mil pesos y el PRD con 83 millones 375 mil pesos.

Las principales irregularidades incluyen egresos no reportados por 519 millones de pesos, egresos reportados tardíamente por 129.9 millones de pesos, eventos registrados fuera de tiempo por 90 millones de pesos y prorrateo indebido por 76 millones de pesos.

El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) ha emitido un pronunciamiento instando a las autoridades electorales a hacer cumplir las normas constitucionales que limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esta solicitud surge en un contexto donde Morena podría obtener una mayoría calificada que le permita impulsar reformas constitucionales.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran figuras destacadas como Jorge Alcocer Villanueva, especialista electoral, y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte. También firman el jurista Diego Valadés, la exconsejera del IFE y excomisionada del INAI María Marván Laborde, el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas y el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez.

El comunicado solicita una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar sus argumentos. Mencionan un precedente de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor, interpuso un recurso contra la sobrerrepresentación en la ley electoral de Quintana Roo, el cual fue resuelto a su favor por la Corte, con una tesis expuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero.

La preocupación del Observatorio se intensifica en el contexto de la reforma propuesta por López Obrador para la designación de jueces mediante voto popular, la cual ha generado críticas, como la del magistrado federal Mauricio Barajas, quien señaló que Morena y sus aliados podrían obtener más del 70% de las curules con solo el 52% de los votos.

El Observatorio destaca que desde 1996, el artículo 54 de la Constitución establece reglas para evitar la sobrerrepresentación, limitando la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules a un máximo de 8 puntos porcentuales. Citan también una sentencia de la Suprema Corte de 1998, derivada de un recurso interpuesto por López Obrador, que reafirma este principio.

Finalmente, los firmantes exhortan a las autoridades del INE y del TEPJF a respetar y hacer cumplir las normas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación y solicitan una audiencia pública para discutir sus preocupaciones.

En el segundo semestre de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará el proceso para la creación de nuevos partidos políticos que se formalizarán en enero de 2025. Entre los aspirantes se perfila el movimiento Marea Rosa.

El Frente Cívico Nacional (FCN) ha sido el primero en manifestar su intención de convertirse en un partido político. Este grupo incluye a figuras como Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, el panista Gustavo Madero, y los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán.

Otra iniciativa que está considerando convertirse en partido es el Movimiento de la Marea Rosa, que apoyó a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial bajo la coalición PAN-PRI-PRD.

Asimismo, el movimiento de extrema derecha Viva México, liderado por el actor y productor Eduardo Verástegui, ha expresado su intención de convertirse en un partido nacional en 2025. Este movimiento cuenta con el respaldo de organizaciones como México Republicano, dirigida por Juan Iván Peña Neder.

El FCN busca consolidarse como una agrupación civil que represente causas ciudadanas, incluyendo el apoyo a las madres buscadoras y a los padres de niños con cáncer, así como la necesidad de más estancias infantiles y una educación de calidad. Aunque el FCN formó parte de la Marea Rosa junto con otros grupos como Unidos y Sí por México, estos últimos no buscan convertirse en partidos.

La Marea Rosa, surgida en 2022, es un movimiento ciudadano que se ha mantenido al margen de los partidos tradicionales y tiene como objetivo principal la defensa del INE. En 2024, el movimiento respaldó la candidatura de Xóchitl Gálvez.

El pasado 7 de julio, desde Brasil, Eduardo Verástegui anunció su intención de formar un nuevo partido político conservador en 2025, respaldado por grupos como México Republicano.

Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, mencionó la posibilidad de crear un nuevo partido tras la pérdida del registro del PRD, indicando un proceso de “reconstrucción” y “renovación”.

A finales de este año, el INE emitirá la convocatoria para el registro de nuevos partidos, proceso que se lleva a cabo cada seis años después de la elección presidencial. Los interesados deberán cumplir con varios requisitos, incluyendo la organización de asambleas y la afiliación de simpatizantes en al menos 20 entidades o 200 distritos electorales, además de contar con una base militante del 0.26% del padrón electoral.

Si las asociaciones políticas cumplen con todos los requisitos, podrán obtener el reconocimiento del INE a mediados de 2026 y participar en su primera elección federal en 2027 sin alianzas con partidos existentes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha recibido una notificación formal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto a las modificaciones en sus estatutos, informó la consejera del INE, Carla Humphrey.

Humphrey precisó que, según la legislación vigente, el PRI tiene un plazo de 10 días naturales para informar al INE sobre los cambios, contados desde el momento en que se realizaron. En este caso, la fecha límite es el 19 de julio. Posteriormente, el INE dispondrá de 30 días para evaluar la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones.

“Es necesario que nos notifiquen para revisar varios aspectos: primero, para verificar si los cambios se ajustan a la Constitución y a la ley; segundo, para asegurar que el partido haya seguido las normas establecidas en sus propios estatutos, como la convocatoria en los tiempos adecuados y el respeto a los derechos de todos los militantes,” explicó Humphrey.

Xóchitl Gálvez, ex candidata de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Gálvez acusa a Taddei de actuar de manera “parcial, constante y reiterada” en perjuicio de la oposición, según documentos obtenidos por Animal Político.

Gálvez, quien perdió las elecciones ante Claudia Sheinbaum de Morena por más de 30 puntos, sostiene que tanto el Gobierno como las instituciones electorales influenciaron significativamente en los resultados. Esta es la primera demanda contra el INE desde las elecciones de 2006.

Entre las acusaciones, Gálvez señala que Taddei realizó “diversas intervenciones y amenazas” contra las fuerzas políticas opositoras y sus simpatizantes. En mayo, Taddei pidió a los partidos no usar el color rosa, asociado con las protestas de la Marea Rosa, argumentando que es el mismo color del INE. Además, Gálvez acusa a Taddei de instar a los manifestantes a “ser prudentes”, supuestamente a petición de Morena, lo cual considera una coacción del derecho de reunión y una actitud negativa hacia la coalición PAN-PRI-PRD.

La denuncia de 1,764 páginas alega que las acciones del INE representaron “una intromisión directa en las elecciones” y un sesgo a favor de Morena. También critica a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE por atender solo el 15% de las quejas presentadas por la coalición opositora, calificando su actuación como deficiente y negligente.

El documento, presentado el 13 de junio, detalla otras acusaciones de Gálvez, como la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral, el uso de programas sociales por parte del Gobierno para ganar votos, y la injerencia de sindicatos. También señala que la Sala Superior del TEPJF no funcionaba plenamente debido a la falta de nombramientos de dos magistrados desde octubre de 2023, lo que generó incertidumbre jurídica.

El TEPJF deberá determinar la veracidad de las acusaciones. El tribunal ya había dictaminado el 13 de junio que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género contra Gálvez en sus conferencias matutinas de 2023. Aunque Gálvez perdió las elecciones, busca que se reconozca en los tribunales que fue una “elección de Estado” debido a la “intervención” del Gobierno y del INE.

Amado Avendaño, comunicador y activista, acudió hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar una acusación relacionada con el supuesto financiamiento de un evento de la “Marea Rosa”, al que asistió la excandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez en el Zócalo de la Ciudad de México. Avendaño, miembro del Frente Cívico Nacional, calificó la situación como una persecución política.

El INE notificó a Avendaño sobre una queja que lo acusa de haber proporcionado mobiliario y equipo para el evento del 19 de mayo, incluyendo un templete principal, torres de audio, consolas, plantas de luz, camiones de desemboque, personal de instalación, vallas metálicas, carpas blancas, vehículos para el traslado de equipo y un camper con baño.

El 8 de julio, Avendaño compartió el documento en la red social X, afirmando que la acusación se basaba en un video que subió a YouTube. “Este lunes recibí en mi domicilio un requerimiento del INE acusándome de que yo pagué el evento de la Marea Rosa el 19 de mayo”, escribió.

El INE, a través de su cuenta Certeza INE, aclaró que el requerimiento enviado a Avendaño no lo acusa de aportar bienes, sino que simplemente solicita su pronunciamiento sobre la queja. “La Unidad Técnica de Fiscalización no hace afirmación alguna ni acusa a Amado Avendaño de realizar aportaciones para la celebración de un evento público el 19 de mayo pasado”.

En respuesta, Avendaño afirmó que el INE tiene pruebas de que “el evento está comprobado en sus gastos y responsables” y acusó al instituto de parcialidad, señalando que la queja proviene de Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

En entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Gabriela Warkentin, Avendaño explicó que tenía 48 horas para responder al requerimiento y que, de no hacerlo, podría enfrentar una multa de 54 mil pesos. Añadió que debía demostrar cómo se realizaron las aportaciones y justificó la publicación del video en YouTube diciendo que lo hizo “porque se me dio la gana”.

Esta mañana, Avendaño entregó su respuesta al INE, informando a través de un tuit acompañado de una fotografía suya en la entrada del instituto: “Acabo de entregar en la oficialía de partes del INE la respuesta al requerimiento que me hizo la Unidad Técnica de Fiscalización en la que me hace presunto responsable del financiamiento de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la autoridad para sancionar al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Zaldívar fue acusado de manifestar su apoyo a la entonces candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras aún ejercía como ministro.

La decisión del TEPJF contó con los votos en contra de la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La Sala Superior del tribunal revocó los acuerdos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, que había admitido las denuncias contra Zaldívar por sus declaraciones en una entrevista con Ciro Gómez Leyva el 8 de noviembre de 2023.

La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso argumentó que el INE no tiene competencia para iniciar procedimientos sancionadores contra un ministro en funciones de la Suprema Corte. Zaldívar renunció a su cargo el 15 de noviembre, tras la aprobación de su dimisión por el Senado, por lo que no era aplicable el régimen sancionador electoral en su caso.

Aunque Otálora Malassis y Rodríguez Mondragón coincidieron en la falta de facultades del INE, sugirieron consultar a la Suprema Corte sobre quién tiene la competencia para pronunciarse en denuncias contra un ministro en funciones. Sin embargo, Soto Fregoso rechazó esta propuesta, afirmando que el TEPJF nunca ha consultado a otra instancia sobre cómo proceder en casos bajo su jurisdicción. Argumentó que el tribunal debe esperar a que la Corte resuelva cualquier controversia antes de actuar para evitar conflictos de criterios, pero no debe preguntar qué hacer.