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El mapa político nacional podría cambiar este jueves. Cinco organizaciones buscan obtener el registro oficial como partidos políticos y será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de decidir si podrán competir por primera vez en las elecciones federales de 2027.

La resolución llegará durante la segunda sesión programada por el organismo electoral para este jueves, en la que los consejeros discutirán una por una las solicitudes de las agrupaciones que aspiran a incorporarse al sistema de partidos.

Entre los casos que concentran la atención se encuentra Construyendo Sociedades de Paz, A.C., organización que tuvo que modificar su nombre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganara una impugnación ante el Tribunal Electoral por el uso de sus iniciales. Además, es la agrupación que registra el mayor número preliminar de afiliados entre las cuatro Asociaciones Políticas Nacionales que buscan convertirse en partido. 

El proyecto es encabezado por Armando González y por el diputado federal de Morena Hugo Éric Flores, expresidente de los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos aliados del partido gobernante.

Otra de las organizaciones que espera la decisión del INE es Somos México, impulsada a partir de la Marea Rosa de 2024 y encabezada actualmente por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. La lista también incluye a México Tiene Vida, organización promovida por evangélicos de Nuevo León que se define ideológicamente como conservadora.

Asimismo, el Consejo General analizará la solicitud de Que Siga la Democracia, encabezada por Édgar Francisco Garza Ancira, exconsejero nacional de Morena y pareja de la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy.

El quinto expediente corresponde a Interacción y Empatía para Todos, A.C., organización cuya petición también será sometida a votación durante la sesión.

Con estas resoluciones, el INE definirá cuáles de las cinco organizaciones cumplen con los requisitos para obtener el registro como partidos políticos nacionales y participar por primera vez en los comicios federales de 2027.

El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

Después de una investigación que incluyó la búsqueda de domicilios en cuatro estados, la revisión de cuentas bancarias y el análisis de material audiovisual, el Instituto Nacional Electoral se encamina a cerrar uno de los expedientes más polémicos relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes, el Consejo General del INE discutirá un proyecto que propone exonerar a Morena y a Martín Jesús López Obrador de presuntas irregularidades vinculadas con recursos entregados por David León Romero en 2015.

La indagatoria tuvo como punto de partida un video difundido por el medio periodístico Latinus en 2021. En las imágenes aparece Martín López Obrador reunido con David León en una vivienda de Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, León cuenta dinero en efectivo y separa una parte del monto antes de colocar 150 mil pesos en un sobre amarillo que entrega al hermano del entonces mandatario federal.

En la grabación también se escucha que los recursos eran para su hermano, hoy expresidente de México. Asimismo, David León comenta que conservará 16 mil pesos y entregará únicamente los 150 mil restantes.

A partir de esa difusión pública, la autoridad electoral abrió una investigación para determinar si el dinero tuvo algún vínculo con el financiamiento de Morena. Sin embargo, el proyecto que será sometido a votación sostiene que no fue posible acreditar que esos recursos llegaran al partido o fueran utilizados en actividades relacionadas con éste.

Según el documento, las pruebas disponibles no permitieron establecer una conexión suficiente entre la entrega observada en el video y un eventual beneficio para Morena. La autoridad también concluyó que no obtuvo elementos que le permitieran reconstruir con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar una infracción electoral.

Durante las diligencias, la Unidad Técnica de Fiscalización intentó localizar a Martín López Obrador en seis domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa, sin éxito. Paralelamente, con apoyo de autoridades financieras, identificó siete cuentas bancarias vinculadas a él y otras siete relacionadas con David León.

Morena rechazó haber recibido recursos para campañas electorales o haber incurrido en financiamiento indebido. Por separado, el partido y David León argumentaron ante el INE que la denuncia presentada en 2021 por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo fue promovida más de tres años después de los hechos investigados, por lo que plantearon la prescripción del caso. La resolución será analizada por los consejeros electorales durante la sesión de este viernes.

La elección para renovar el Congreso de Coahuila entró en una nueva etapa de disputa política y jurídica. Morena anunció que buscará anular los resultados de los 16 distritos locales ganados por el PRI en los comicios celebrados el pasado 7 de junio, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar la validez de la jornada electoral.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que la estrategia incluye la presentación de recursos ante diversas autoridades electorales y financieras. Entre las instancias a las que acudirán se encuentran la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente su Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión, explicó, se basa en la detección de presuntas anomalías en 962 casillas, cifra que representa el 22.6 por ciento de la votación emitida en la entidad. Con esos argumentos, Morena solicitará la nulidad total de la elección correspondiente a los 16 distritos locales.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que el partido cuenta con pruebas relacionadas con distintos hechos ocurridos durante el proceso electoral. Entre los señalamientos mencionó presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales y rebase de topes de campaña.

La dirigente aseguró que los recursos legales buscarán que dichas conductas sean revisadas por las autoridades competentes y formen parte del análisis sobre la validez de la elección. Al explicar la postura de Morena, afirmó que la controversia no se limita al resultado final de los comicios, sino a las condiciones en las que se desarrolló la votación.

“Lo que nosotros no podemos permitir, adelante, es que se vulnere la democracia de esta manera; está en juego la legalidad íntegra del proceso electoral, pero también la libertad y la secrecia del voto, que es un valor fundamental para el respeto del sufragio”, declaró.

Con la presentación de estos recursos, la disputa por la integración del Congreso de Coahuila se trasladará al terreno legal, donde Morena buscará que se revisen los resultados obtenidos por el PRI en los 16 distritos locales.

A un año de que México enfrente el proceso electoral más amplio de su historia, Lorenzo Córdova lanzó una advertencia directa al gobierno federal: la amenaza de que el crimen organizado intervenga en las elecciones sigue vigente y las medidas aprobadas recientemente no resolverán el problema.

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que la responsabilidad de impedir la infiltración criminal en la política corresponde al Estado y no a las autoridades electorales. Por ello, pidió que las instancias federales de seguridad e inteligencia realicen un análisis de riesgo antes de los comicios federales y locales de 2027.

Durante una entrevista, Córdova cuestionó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por Morena en el Congreso, mediante la cual el INE deberá verificar información sobre los candidatos con dependencias gubernamentales. A su juicio, esa medida no evitará que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a participar en las elecciones.

“Yo creo que esto es una simulación”, afirmó al señalar que los reportes solicitados antes del registro de candidaturas no garantizan que posteriormente no existan vínculos con organizaciones criminales.

El exconsejero recordó que los partidos políticos ya tenían la posibilidad de solicitar información a instituciones como la Fiscalía General de la República sobre sus aspirantes, por lo que consideró que la reforma no modifica de fondo el problema.

En sus declaraciones, planteó dos escenarios preocupantes. El primero, que las autoridades conozcan la forma en que opera el crimen organizado para influir en las elecciones y no actúen. El segundo, que ni siquiera tengan identificado el fenómeno. En ambos casos, advirtió, el país llegaría a 2027 sin una estrategia efectiva frente a un riesgo que calificó como grave.

Córdova también se refirió a los señalamientos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, requeridos en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como ejemplos de acusaciones que han colocado el tema en el centro del debate público.

“Si hoy tenemos este problema es porque el Estado claudicó”, sostuvo, al insistir en que combatir a la delincuencia organizada es una función exclusiva de las instituciones de seguridad y no del árbitro electoral.

Finalmente, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el INE validó la elección de Sinaloa durante su gestión. Según explicó, el instituto presentó denuncias por irregularidades ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y aseguró que la falta de acciones posteriores correspondió a esa autoridad.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó formalmente integrado con la incorporación de tres nuevos consejeros que ejercerán funciones hasta 2035, en un momento clave previo a la organización de las elecciones federales de 2027.

Blanca Yaasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López asumieron el cargo tras rendir protesta en sesión solemne este 22 de abril de 2026, iniciando un periodo que concluirá el 21 de abril de 2035. Su llegada ocurre en un contexto de renovación institucional que, de acuerdo con la autoridad electoral, marca el arranque de una nueva fase en la preparación de futuros procesos comiciales.

Durante la ceremonia, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó el alcance del encargo que asumen los nuevos integrantes del órgano electoral. “asuman ustedes hoy una responsabilidad de Estado”, expresó, al tiempo que destacó que su labor será determinante para fortalecer el funcionamiento del instituto.

En su mensaje, enfatizó que los consejeros tienen frente a sí “la oportunidad y el deber de contribuir a la consolidación de la democracia mexicana desde el más alto órgano de dirección electoral en el país”. Asimismo, indicó que su incorporación se suma al trabajo del Servicio Profesional Electoral, responsable de ejecutar las decisiones institucionales bajo principios constitucionales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Sobre el perfil de los nuevos funcionarios, se señala que Cruz García fue respaldada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, mientras que Gómez Puga contó con el impulso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. En el caso de Chávez López, quien ha sido asesor cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo una calificación casi perfecta en el examen aplicado por la Cámara de Diputados, a pesar de no contar con experiencia previa en la organización de elecciones.

Taddei también remarcó que las funciones dentro del Consejo General demandan altos estándares de desempeño. “tiene ustedes frente así la oportunidad y el deber de contribuir…”, reiteró, al referirse a la exigencia de profesionalismo, rigor técnico y transparencia que implica el cargo.

Finalmente, sostuvo que la integración completa del INE responde a una visión centrada en la ciudadanía, con el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales y fortalecer la confianza en los procesos democráticos del país.

El proceso para la posible creación de nuevos partidos políticos en México entró en una etapa decisiva luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que cinco organizaciones ciudadanas presentaron formalmente su solicitud de registro, cuyo resultado será determinado en junio de 2026.

Durante una sesión del Consejo General, el organismo electoral conoció el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales dentro del proceso 2025–2026. A partir de esta revisión, se confirmó que las solicitudes formales fueron entregadas en febrero de este año, lo que activó el procedimiento de evaluación correspondiente.

Las agrupaciones que buscan obtener el registro son Interacción y Empatía para Todos, A.C., que pretende conformar el Partido Interacción Empática; Construyendo Sociedades de Paz, A.C., que impulsa el Partido Paz y es encabezada por el diputado de Morena Hugo Éric Flores; así como Personas Sumando en 2025, A.C., conocida como Somos México, vinculada a la llamada “marea rosa” y presidida por Guadalupe Acosta Naranjo.

También participan la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, organización que en 2021 recabó firmas para la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y México Tiene Vida, A.C., que igualmente busca constituirse como fuerza política nacional.

El informe del INE detalló que, en una etapa previa, se recibieron 91 notificaciones de intención. De ese total, dos fueron presentadas fuera de plazo. Posteriormente, de las 89 restantes, 82 se consideraron procedentes y siete no cumplieron con los requisitos. Sin embargo, el proceso continuó con 31 desistimientos, lo que redujo el número final a las cinco organizaciones que formalizaron su solicitud en febrero de 2026.

“El INE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como de formular el proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General”, indicó el instituto.

Entre los requisitos establecidos para obtener el registro se encuentra acreditar documentos básicos, reunir un mínimo de afiliación equivalente al 0.26% del padrón electoral federal —256 mil 30 personas para este proceso— y demostrar la realización de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

Con la sesión celebrada este martes, comenzó el plazo de 60 días hábiles para analizar las solicitudes, periodo que se extenderá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026. En caso de que alguna organización cumpla con todos los requisitos, su registro como partido político nacional entrará en vigor a partir del 1 de julio de ese mismo año.

“El INE garantiza que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realice con estricto apego a la ley, fortaleciendo la vida democrática del país mediante reglas claras, procedimientos verificables y decisiones fundadas en criterios técnicos y objetivos”, mencionó el órgano electoral nacional.

La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.