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La Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de excluir a los partidos políticos de las sesiones del Consejo General donde se discutan temas sobre la elección de cargos del Poder Judicial, argumentando que es “para evitar efectos no deseados”. Esta medida fue confirmada tras un recurso presentado por el PAN y Movimiento Ciudadano, quienes impugnaron la decisión.

El INE ajustó su reglamento de sesiones para alinearlo con la reforma del Poder Judicial, la cual establece que los partidos no deben participar en las fases de este proceso electoral. El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y aprobado por mayoría de votos, señaló que las impugnaciones eran infundadas, ya que el INE tiene la autoridad para emitir las resoluciones necesarias en la organización de la elección judicial conforme a la reforma.

Según el documento, los argumentos presentados por los partidos son “hipotéticos” y no demuestran que la reforma afecte la participación de las representaciones y consejerías del Poder Legislativo en las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, en las cuales sí pueden intervenir y solicitar la inclusión o retiro de puntos en la agenda. Sin embargo, sus facultades están limitadas exclusivamente en lo referente a los procesos de renovación del Poder Judicial de la Federación.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, subrayó que los derechos de los partidos no se ven vulnerados, ya que únicamente se les impide intervenir en las sesiones extraordinarias relacionadas con la elección del Poder Judicial. “El INE actuó conforme a sus facultades reglamentarias y atendió a un mandato constitucional claro, que le otorga la facultad de establecer los acuerdos necesarios para el proceso electoral extraordinario”, explicó Soto, añadiendo que la exclusión de los partidos se debió a este mandato que restringe su participación.

Por otro lado, la magistrada Janine Otálora se mostró en desacuerdo con el proyecto, argumentando que el INE interpretó incorrectamente el artículo transitorio de la reforma al prohibir la presencia de partidos en el Consejo General. Según Otálora, los partidos podrían participar en las discusiones sin incurrir en proselitismo o tomar partido por alguna candidatura.

“La prohibición busca evitar que las intervenciones de los partidos en el Consejo General generen consecuencias no deseadas, según lo dispuesto en la reforma constitucional”, mencionó Otálora. Además, añadió que esta medida se aplica para moderar su influencia en los procesos judiciales, sin afectar la composición del Consejo General ni otros derechos de los partidos como integrantes del mismo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a las suspensiones dictadas por diversos juzgados de distrito, que buscan detener el proceso electoral del Poder Judicial previsto para 2025. El expediente, identificado como SUP-AG-209/2024, fue asignado al Magistrado Felipe de la Mata para su análisis.

El INE sostiene que las suspensiones otorgadas por los jueces interfieren con sus funciones, ya que considera que “los jueces no tienen competencia para frenar actos de naturaleza electoral y estas suspensiones están obstaculizando su labor”. La demanda fue firmada por Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva del INE, quien acudió a la Sala Superior del TEPJF para presentar el recurso en nombre del Consejo General del organismo electoral.

Suárez manifestó que los jueces de distrito han emitido un total de 70 suspensiones, en las que señalan al INE con apercibimientos que, según el organismo, invaden las atribuciones de las autoridades autónomas y dificultan el ejercicio de sus funciones constitucionales. Hasta el pasado viernes, el INE había recibido 25 notificaciones de estas suspensiones, en las que se les otorga un plazo de entre 24 y 48 horas para detener la organización de las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025.

El INE enfatiza que solo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de revocar las decisiones del Consejo General, incluyendo aquellas relacionadas con el inicio de la organización del proceso para la elección de jueces en 2025.

Un tribunal colegiado ratificó la decisión que impide al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. También se le ordenó abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización, desarrollo, vigilancia y fiscalización del mismo.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró improcedentes dos recursos de queja, uno de ellos presentado por el Senado de la República. La semana pasada, Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, obtuvo una suspensión provisional emitida por Francisco Javier García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.

El juez concedió esta medida cautelar al considerar que el proceso legislativo que originó el acto impugnado no se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, vulnerando la garantía de seguridad jurídica. El fallo ordena al Senado no convocar a la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el tribunal dictaminó que el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México deben abstenerse de realizar modificaciones a las leyes federales y locales para adaptar la reforma judicial, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de la oposición, está evaluando la posibilidad de crear un nuevo partido político, aunque dejó claro que no buscará la presidencia en 2030. “Pensar en crear un partido para uno mismo me parece algo desagradable”, expresó.

En entrevista con el diario 24 HORAS, Gálvez comentó que durante sus recorridos de agradecimiento por el país, muchas personas le han solicitado que impulse una nueva fuerza política, alejada de las prácticas que criticaron durante su campaña presidencial.

Ante estas demandas, Gálvez está considerando si unirse a un proyecto ya existente, como el que impulsa la sociedad civil a través del Frente Cívico, o bien, iniciar uno completamente nuevo. “Debo decidir si me sumo a uno de los proyectos que están buscando crear un partido innovador, disruptivo y patriótico, algo que sea inclusivo y hasta divertido”, indicó la exsenadora.

Gálvez subrayó que uno de los mayores desafíos será conformar un partido con personas comprometidas, que participen activamente en la política y no vean en el partido una forma de subsistencia. “El partido no puede ser un refugio para quienes buscan vivir de él. Si eso sucede, todo se arruinará”, advirtió.

Además, destacó la importancia de que el nuevo partido cuente con liderazgos jóvenes, con ideas frescas y deseos de hacer las cosas bien, afirmando que esta fuerza política no debe ser controlada por una sola persona, sino estar abierta a los mejores hombres y mujeres que puedan encabezar un proyecto sólido.

La también exsenadora adelantó que tomará una decisión este mes de octubre, cuando anunciará si se une al Frente Cívico o si emprende su propio camino. “Creo que debe haber un esfuerzo conjunto, porque no será fácil con un INE que, en mi opinión, está al servicio de Morena”, señaló.

Por último, Gálvez afirmó que estará atenta a los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral (INE) publique sobre el proceso de creación de nuevos partidos políticos, ya que este organismo requiere que la intención se presente en enero de 2025, seguida por las asambleas necesarias para cumplir con los requisitos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al Proceso Electoral del Poder Judicial, en el que se elegirá a jueces, ministros y magistrados. Este evento cívico fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y contó con la participación de 10 consejerías, con la notable ausencia de Uuc-kib Espadas. Además, estuvieron presentes invitados especiales.

Durante su intervención, Taddei aseguró que este proceso inédito será llevado a cabo con total transparencia y bajo normas claras para todos los participantes.

“Hemos comenzado, y estamos preparados para organizar este proceso extraordinario. No debe haber dudas de que actuaremos con el mismo nivel de profesionalismo que nos ha otorgado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Lo más relevante es que hemos logrado ganarnos la confianza de todos los ciudadanos”, afirmó.

La consejera también subrayó que los mecanismos de control y supervisión del INE asegurarán la transparencia e integridad de este proceso, el cual calificó como un momento crucial para la democracia del país.

“Esta es una oportunidad para fortalecer el estado de derecho mediante un proceso electoral legítimo y transparente. Aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los que participen”, añadió.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestó en las inmediaciones del INE en desacuerdo con el proceso. Los manifestantes expresaron críticas con consignas como “INE de orgullo nacional a palero presidencial”, calificando el proceso como un retroceso para el país y afirmando que la elección de jueces y magistrados es una simulación.

Entre las pancartas, se podían leer mensajes como “Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, “¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!”, y “¡Justicia por elección es simulación!”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado el primer paso en la organización de las elecciones para el Poder Judicial que se llevarán a cabo el domingo 8 de junio de 2025. En cumplimiento con la Reforma Judicial, el INE modificó su Reglamento de Sesiones para excluir a los partidos políticos de la coordinación de dicho proceso electoral.

Con las nuevas disposiciones, en las sesiones relacionadas con las elecciones de cargos judiciales solo podrán intervenir las 10 consejerías electorales y la presidencia del consejo, quienes tendrán tanto voz como voto. También podrá participar una o un Secretario Ejecutivo, con derecho de voz pero sin voto.

Hasta ahora, el Consejo General del INE está formado por estos 11 consejeros con derecho a voto, además de representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, aunque estos últimos no tienen derecho a votar. Sin embargo, la Reforma Judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre, establece que los representantes legislativos y de los partidos políticos no podrán involucrarse en actividades, sesiones o decisiones relacionadas con la elección de cargos judiciales.

Por tal motivo, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria urgente celebrada el 19 de septiembre, los cambios a su reglamento para garantizar que los partidos políticos y legisladores no puedan influir en este proceso. También se determinó que no podrán agregar o retirar temas en el orden del día durante las sesiones relacionadas con la organización de las elecciones judiciales.

La primera sesión de este tipo está programada para el 23 de octubre, donde se discutirá el proceso para la renovación de cargos en el Poder Judicial. En esa sesión no podrán participar los representantes de partidos políticos ni del Poder Legislativo. Este día marcará el inicio de la fase de preparación para las elecciones de junio de 2025, en las que se elegirán a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y a la mitad de los magistrados de circuito, jueces de distrito y magistradas de circuito.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizará una ceremonia cívica y una sesión formal para dar inicio al proceso electoral del Poder Judicial, tras la aprobación de la reciente reforma que regula este nuevo ejercicio democrático.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que están preparando un documento con los requerimientos para llevar a cabo este proceso, el cual será presentado ante los legisladores para resolver algunas dudas que persisten. “Además, hemos dado instrucciones a las áreas operativas para que comiencen con los trabajos. Primero, para definir el marco geográfico electoral, que será fundamental, y segundo, para organizar el calendario de actividades”, explicó.

Taddei subrayó que este proceso electoral es diferente a los que usualmente realiza el INE, ya que en lugar de basarse en la representación popular y los distritos geográficos, en esta ocasión se considera la distribución de las cargas de trabajo y procesales del Poder Judicial, lo que implica una configuración distinta.

La presidenta del INE también destacó que no hay presupuesto previsto para este año, ya que no se tenía contemplado este proceso, pero confía en que los recursos estén disponibles para 2025.

Por su parte, la consejera Dania Ravel detalló que la ceremonia cívica tendrá lugar el lunes 23 de septiembre a las 8:00 horas. Esto, debido a que la reforma establece un plazo de siete días para iniciar el proceso después de su publicación. “Iniciaremos con una declaratoria formal del proceso electoral y luego definiremos la comisión que llevará a cabo estos trabajos, si será una comisión específica o temporal, quiénes la integrarán y cuáles serán sus atribuciones”, puntualizó.

En cuanto al presupuesto, Ravel aclaró que aún no hay una cifra estimada, ya que este es un proceso sin precedentes en el país, lo que requerirá ajustes en los recursos asignados.

Además, la reforma constitucional prohíbe la participación de los partidos políticos en este proceso electoral, por lo que se modificó el reglamento de sesiones del Consejo General del INE para reflejar dicha exclusión. Según las modificaciones aprobadas, en las sesiones extraordinarias que se celebren para tratar asuntos relacionados con la elección del Poder Judicial, el Consejo se integrará únicamente por la Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, quienes tendrán voz y voto en las decisiones.

Finalmente, se acordó que todos los días y horas serán considerados hábiles durante este proceso para renovar los cargos del Poder Judicial, marcando el primer paso en la organización de esta inédita elección en México.

A pesar de que un Tribunal Colegiado había ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) incluyó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su edición vespertina del domingo. Esto implica que la reforma entrará en vigor a partir del lunes 16 de septiembre.

Esta controversial enmienda introduce cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Entre ellos, destaca la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2025. Además, se reducirán las dos salas del máximo tribunal y el número de ministros pasará de 11 a 9, con un mandato de 12 años en lugar de 15.

El proceso de selección de los nuevos ministros incluirá candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. Los aspirantes deberán tener al menos 10 años de experiencia en Derecho y no haber sido funcionarios federales. Las campañas se realizarán en medios, sin financiamiento público ni privado, bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

El presidente López Obrador, acompañado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, firmó el decreto en pleno contexto de las fiestas patrias, destacando que la reforma busca acabar con la simulación y garantizar un verdadero estado de derecho. “Ahora sí, el pueblo es el que manda”, aseguró el mandatario, reiterando su compromiso de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Sheinbaum también celebró el acontecimiento, subrayando la importancia histórica de esta transición.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido severamente criticado por su escaso uso de materiales reciclables en su propaganda electoral, según el informe del Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de su compromiso declarado con la sustentabilidad y el medio ambiente, el PVEM utilizó materiales reciclables en menos del 10% de su propaganda durante el periodo de precampaña.

Aunque esta cifra mejoró en el periodo de campaña, aún un 36% de la propaganda no cumplió con los requisitos ecológicos.

El informe del INE destaca que el PVEM fue el único partido en no cumplir con ninguno de los cuatro requisitos mínimos para informar sobre el uso de propaganda ecológica en la precampaña, y solo cumplió uno en la campaña.

Además, el partido no presentó informes completos sobre sus materiales ni la lista de proveedores, a pesar de las normativas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.