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En un esfuerzo por combatir el contrabando en la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que Plaza Izazaga 89, un conocido punto de comercio irregular, será sometida al proceso de extinción de dominio. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó que la medida sigue a un operativo en el que se incautaron miles de productos ilegales, buscando frenar el impacto del comercio ilícito en la industria nacional.

El operativo, liderado por la Secretaría de Economía, contó con la colaboración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y autoridades locales. Durante la intervención, se decomisaron 88 mil piezas de contrabando, mayormente de origen chino. Según Ebrard, los productos carecían de documentación que acreditara su legalidad, lo que llevó a las autoridades a aplicar la extinción de dominio como un recurso definitivo para erradicar estas actividades.

Ebrard detalló que este no es el primer operativo en esta plaza, conocida también como México Mart, la cual ha sido clausurada en repetidas ocasiones por irregularidades. “Ya son tres o cuatro intervenciones sin resultados duraderos; por eso hemos decidido proceder con firmeza”, explicó.

La extinción de dominio permitirá al Estado tomar control del inmueble, ya que se ha demostrado su uso reiterado para actividades ilegales. Esta acción no solo busca desmantelar redes de comercio ilícito, sino también enviar un mensaje a propietarios que toleran estas prácticas.

Plaza Izazaga 89 ha sido señalada como un centro de distribución de mercancías ilegales que afectan sectores como el calzado, el textil y los juguetes, impactando tanto la economía nacional como las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El operativo fue respaldado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de combatir el comercio ilegal en la capital. “Hemos iniciado una operación de limpieza en el Centro Histórico con el apoyo de la Marina y la Policía de la Ciudad de México”, afirmó Ebrard a través de su cuenta de X.

La intervención marcó la primera participación de la Secretaría de Marina en este tipo de operativos bajo la actual administración. Con 32 elementos de Infantería, el despliegue reflejó la seriedad del compromiso gubernamental.

El IMPI señaló graves violaciones a las normas de etiquetado y propiedad intelectual, mientras que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) había clausurado previamente la plaza por operar sin permisos. Sin embargo, algunos locatarios ignoraron la clausura y continuaron sus actividades, lo que motivó medidas más severas.

Ebrard destacó que la problemática trasciende la evasión fiscal, ya que este tipo de comercio representa una competencia desleal para las empresas mexicanas y pone en riesgo la soberanía económica. Asimismo, la investigación apunta a identificar cómo esta mercancía logra ingresar al país y llegar al centro de la capital, con puertos como Manzanillo bajo escrutinio.

Con esta acción, las autoridades buscan establecer un precedente que desincentive el uso de inmuebles para actividades ilegales. Según el Secretario de Economía, este es solo el inicio de una estrategia más amplia que incluirá otros inmuebles en situaciones similares, reafirmando el compromiso del gobierno con la legalidad y la protección de la industria nacional.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves, con mayoría de votos, la designación de Claudia Arlett Espino como Secretaria Ejecutiva del organismo. La propuesta fue presentada por Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del consejo, tras un análisis minucioso de la trayectoria profesional y académica de Espino, así como de su cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El dictamen resalta que Espino cumple con las disposiciones del artículo 38 de la LGIPE, que exige requisitos como la nacionalidad mexicana por nacimiento, tener más de 30 años, contar con un título en Derecho con más de cinco años de antigüedad y no haber sido condenada por delitos graves.

Claudia Arlett Espino posee un amplio perfil académico, entre el que destacan:

• Maestría en Derecho Financiero y un Doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
• Especialización en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Investigación doctoral en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en la misma universidad.

En el ámbito profesional, Espino ha desempeñado roles clave en el sector público y académico, como representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También fue consejera y presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Su experiencia como litigante, asesora y consultora complementa su capacidad para liderar la Secretaría Ejecutiva del INE, un puesto fundamental para la planeación y organización de los procesos electorales.

Guadalupe Taddei Zavala subrayó que la elección de Espino fortalece al INE como un órgano autónomo dedicado a la democracia. “La experiencia y el conocimiento de Claudia Arlett Espino serán clave para potenciar las capacidades operativas y estratégicas del instituto”, señaló.

Espino asumirá el cargo el 1 de diciembre de 2024, en un periodo crucial previo a las elecciones intermedias de 2025. Entre sus principales retos estarán fomentar la participación ciudadana, garantizar la transparencia en los procesos y enfrentar los desafíos tecnológicos en materia electoral.

Al rendir protesta, Espino reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ámbito electoral, enfatizando su dedicación a fortalecer los principios democráticos del país.

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

• Abuso o violencia sexual contra menores.
• Delincuencia organizada.
• Extorsión.
• Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
• Contrabando.
• Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

En el marco de la reforma judicial, el proceso de selección de ministros, jueces y magistrados en México ha generado gran expectativa entre la ciudadanía. Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno, dio a conocer a los aspirantes, destacando 11 perfiles de un total de 484 registrados, muchos de ellos vinculados a Morena o con experiencia en la administración pública.

Los aspirantes destacados

• Lenia Batres
  Actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es licenciada en Derecho con especialización en derecho penal, administración pública y urbanismo. Su trayectoria incluye roles legislativos y asesorías en el Congreso. Busca ser reelecta como ministra.
• Paula María García Villegas Sánchez Cordero
  Magistrada de Circuito e hija de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Con estudios en derecho y economía por la UNAM y la London School of Economics, aspira a formar parte de la SCJN.
• Rafael Guerra Álvarez
  Exlíder del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y abogado por la UNAM, posee una destacada carrera judicial. También busca un lugar como ministro en la SCJN.
• Bernardo Bátiz Vázquez
  Consejero de la Judicatura Federal y experto en Derecho Parlamentario, ha ocupado diversos cargos legislativos y judiciales. Es otro aspirante al máximo tribunal.
• Roberto Gil Zuarth
  Exfuncionario durante el gobierno de Felipe Calderón y especialista en derecho constitucional. Figura clave del PAN, busca integrarse a la SCJN.
• Eduardo Santillán Pérez
  Representante de Morena ante el INE y exlegislador del PRD, con experiencia en derecho electoral y política. Aspira a ser parte del máximo tribunal.
• Guillermo Valls Esponda
  Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, experto en derecho fiscal y administrativo. También compite por un lugar como ministro.
• Plácido Humberto Morales Vázquez
  Titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y con amplia trayectoria política en Chiapas, busca aportar su experiencia a la SCJN.
• Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco
  Abogado cercano a Morena y defensor del obradorismo. Ha trabajado como representante del partido ante el INE y aspira a ser ministro.
• Ricardo Peralta Saucedo
  Exsubsecretario de Gobierno, experto en seguridad y anticorrupción. Cuenta con una destacada experiencia en instituciones públicas y busca integrarse al máximo tribunal.
• Marisela Morales Ibáñez
  Exprocuradora General de la República y maestra en Ciencias Penales. Ha dedicado su carrera a la justicia y aspira a un lugar en la SCJN.

El proceso de selección avanza con un enfoque en evaluar la trayectoria y capacidades de los candidatos para ocupar los importantes puestos del Poder Judicial.

Diversos exfuncionarios públicos y personajes del ámbito político han presentado su registro para competir por uno de los codiciados puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunos de estos aspirantes han dejado sus cargos en el servicio público, mientras que otros buscan avanzar en el Poder Judicial tras desempeñarse en diversas funciones.

Uno de los nombres destacados es el de Marisela Morales, quien fue la primera mujer en encabezar la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cargo que ocupó bajo la administración del expresidente Felipe Calderón. A ella se une Gerardo Márquez Guevara, quien fue fiscal de Coahuila durante siete años y recientemente dejó ese puesto, y Gilberto Higuera Bernal, fiscal de Puebla, quien también busca un lugar en la Corte.

En el terreno político, algunos aspirantes han sido cercanos a los partidos, como Andrés Alcántara Silva, exaspirante priista a diputado en Oaxaca, y Luis Euripides Alejandro Flores, exrepresentante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Francisco Becerra Ávalos, quien intentó postularse como candidato presidencial independiente en las elecciones pasadas, también ha mostrado interés en un cargo en el alto tribunal.

De la misma SCJN, varios magistrados también aspiran a un ascenso, como Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México. Además, Carlos Enrique Odriozola, abogado conocido por su trabajo con personalidades, busca dejar los litigios privados para ocupar una posición de gran relevancia en la justicia mexicana.

Entre los nombres que tienen un pase directo para mantenerse en su puesto dentro de la Corte se encuentran las ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortíz y Lenia Batres, quienes ya cuentan con un asiento asegurado en la elección.

El Operativo Enjambre, llevado a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con fuerzas federales, continúa ejecutando órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado. En total, 14 órdenes han sido emitidas, pero aún faltan algunas capturas, entre ellas las de dos presidentas municipales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la fiscalía, las autoridades están buscando a Rosario “N”, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos por el PRD, y Marlen “N”, presidenta municipal de Tonatico por el PAN. Además, aún están pendientes las detenciones de Hipólito “N”, presidente del Comisariado Ejidal de Chicoloapan, Armando “N”, comisario de Seguridad Ciudadana de Coacalco, y Arturo “N”, comisario de Seguridad Pública y Movilidad de Jilotzingo.

Las investigaciones apuntan a que estos funcionarios estarían implicados en delitos graves como homicidio, secuestro exprés y extorsión. Los operativos continúan para capturarlos, ya que se encuentran prófugos de la justicia.

El objetivo de estas detenciones es desarticular una red de complicidad entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, como La Familia Michoacana. El 22 de noviembre, la operación culminó con la detención de siete personas, entre ellas cinco mandos policiales, una presidenta municipal y un presidente honorífico del DIF.

Este mismo viernes iniciaron las audiencias de los funcionarios detenidos en la operación. Entre los detenidos se encuentran el subdirector operativo de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Omar “N”, y los mandos policiales de Ixtapaluca, Rodolfo “N” y Roberto “N”. Además, en el Valle de Toluca se llevarán a cabo las audiencias de la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, y otros directores de Seguridad Pública de la región.

Este domingo 24 de noviembre finalizó el plazo para registrar a los aspirantes a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en tribunales y juzgados del país. Según información proporcionada por los comités de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se recibieron un total de 9,500 solicitudes para los distintos cargos judiciales en disputa.

De estas, 2,007 fueron registradas ante el Poder Judicial, 2,747 ante el Comité del Poder Ejecutivo y el resto por la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, expresó en su cuenta de X su satisfacción por la alta participación ciudadana en este proceso, destacando que la cifra de solicitudes recibidas superó las expectativas.

Los datos preliminares indican que la mayoría de los aspirantes son hombres (60%), mientras que las mujeres representan el 40% restante. A pesar del incremento de inscripciones durante los últimos días, se estima que las solicitudes podrían ser insuficientes para completar las ternas necesarias para todos los cargos judiciales disponibles.

Los aspirantes serán evaluados según criterios técnicos, éticos y profesionales. El proceso de selección tomará en cuenta los méritos académicos (40 puntos), la experiencia profesional (30 puntos) y la reputación pública (30 puntos), sumando un total de 100 puntos.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la lista de candidatos seleccionados será publicada antes del 31 de enero de 2025. El 8 de febrero, los comités enviarán los expedientes al Senado, que a su vez los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Este último organizará las elecciones extraordinarias, programadas para el 1 de junio de 2025.

El Frente Cívico Nacional (FCN), encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, anunció su intención de transformarse en un partido político nacional en 2024, con la meta de consolidarse como una fuerza opositora clave en las elecciones intermedias de 2027 y proyectarse como contendiente en las presidenciales de 2030, según reportó Reforma.

La decisión se someterá a votación este sábado durante una asamblea nacional en la Ciudad de México, donde los integrantes debatirán su transformación formal. Acosta Naranjo destacó que el objetivo es crear una organización con principios democráticos sólidos, reglas claras y un enfoque innovador. “Si no vamos a hacer algo diferente, mejor no hagamos nada”, declaró.

Entre las principales propuestas del FCN destacan:

• Los dirigentes no podrán postularse a cargos públicos.
• Los candidatos serán seleccionados mediante votaciones abiertas a la ciudadanía.
• Se dará prioridad a jóvenes menores de 35 años y representantes de causas ciudadanas.

Acosta Naranjo enfatizó que el FCN no se identificará con ideologías tradicionales, sino que se centrará en la defensa de valores democráticos. “Aquí tienen cabida quienes representen una democracia de derecha, de centro o de izquierda; lo fundamental es la democracia”, expresó.

El dirigente aseguró que el FCN cuenta con la estructura y respaldo necesario para cumplir los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE): reunir a 520,000 afiliados y realizar al menos 200 asambleas distritales. Confía en obtener el registro para finales de 2025.

Figuras como Gustavo Madero, Fernando Belaunzarán, Cecilia Soto, René Arce, Adrián LeBarón y José Antonio Crespo participarán en la asamblea, fortaleciendo el carácter plural y ciudadano del movimiento. Además, Acosta Naranjo mencionó la buena relación con Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial opositora, quien tendría espacio dentro de la organización.

El proyecto también busca distanciarse de las prácticas tradicionales de los partidos políticos. “Queremos reglas que fomenten la renovación y que eviten los vicios del pasado”, afirmó Acosta Naranjo.

En sus declaraciones, el líder comparó la ambición del FCN con la trayectoria de Morena. “Morena surgió en 2015 y ganó en 2018. Nosotros empezaremos en 2027 y triunfaremos en 2030”, aseguró. La organización planea apoyarse en el impulso ciudadano de movimientos como la “Marea Rosa”, que en 2023 movilizó a miles en favor de causas democráticas. “Con ética y mística, todo es posible”, concluyó Acosta Naranjo.

El diseño de la próxima elección judicial en México enfrenta enormes retos técnicos y logísticos que han disparado su costo en comparación con procesos electorales tradicionales. Desde boletas de gran tamaño y múltiples papeletas hasta un aumento significativo en el presupuesto para capacitación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja contrarreloj para enfrentar este desafío.

Complejidad sin precedentes

La elección judicial incluirá 881 cargos, casi tres veces más que los 333 de la elección federal de 2024. Entre los puestos a elegir están nueve para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos para la Sala Superior, 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco para el Tribunal de Disciplina, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados distritales.

Para este proceso, las áreas técnicas del INE deberán rediseñar la cartografía electoral, ya que los distritos judiciales no coinciden con los electorales. Esto implica reconfigurar o dividir secciones y crear una nueva distribución en cuestión de semanas, cuando usualmente toma años.

Boletas y urnas sin precedentes

Uno de los mayores retos es el diseño de las boletas. Por ejemplo, en el caso de la SCJN, se elegirán nueve ministras y ministros, con 81 candidaturas en total. Una opción es incluir todos los nombres en una sola boleta, donde los votantes seleccionarían cinco mujeres y cuatro hombres. Otra propuesta es dividir las candidaturas en nueve boletas separadas, lo que requeriría el uso de nueve urnas sólo para este cargo.

Además, la producción y distribución del material electoral representará un costo significativo. De los 13,205 millones de pesos que el INE solicitó para este proceso, más de 4,552 millones están destinados a la producción y logística del material.

Incremento en sueldos y capacitación

El INE busca contratar a 50,500 capacitadores y supervisores electorales, con un aumento salarial del 20% para evitar renuncias, problema que afectó las elecciones pasadas. Los sueldos pasarían de 10,000 a 12,000 pesos, sumado a equipo de comunicación para garantizar conectividad en zonas de difícil acceso.

Otros costos asociados

El presupuesto también incluye arrendamiento de plantas eléctricas, rubro que anteriormente era cubierto por la Comisión Federal de Electricidad, y un bono especial para altos funcionarios, medida que no se aplicaba desde 2012.

A pesar de las suspensiones judiciales que han paralizado decisiones clave, el INE continúa trabajando en soluciones para llevar a cabo una elección que marca un parteaguas en la historia del país.

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