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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.

Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.

La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.

Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.

Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.

Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local. 

También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.

Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.

En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.

El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.

El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.

En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.

Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.

El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.

Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.

La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.

En el sexto día del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 35 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La nueva institución será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría de Economía. Sustituirá a la Cofece con un diseño institucional distinto, mayores atribuciones y cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Su principal objetivo será garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos.

El dictamen forma parte del paquete de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicado el 20 de diciembre de 2024. Establece un nuevo marco institucional, que modifica procedimientos, endurece sanciones y amplía las facultades del Estado para intervenir en los mercados.

Entre las innovaciones más destacadas figura la facultad para ordenar la desincorporación de activos en casos de concentración indebida en sectores clave como telecomunicaciones, medios y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.

También se fortalece la cooperación internacional. La reforma establece mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, especialmente en el marco del T-MEC, para permitir investigaciones transnacionales sobre colusión empresarial o prácticas anticompetitivas.

Se amplía el periodo para investigar concentraciones entre empresas de uno a tres años y se incorpora un nuevo libro legal que regula la participación cruzada en medios de comunicación.

El artículo Tercero Transitorio establece que la Cofece continuará en funciones de manera provisional hasta que se conforme el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Los nombramientos deberán ser enviados por el Ejecutivo al Senado y los periodos de los comisionados estarán escalonados hasta el año 2032.

Las sanciones se incrementan de manera considerable: se establecen multas de hasta 200 mil UMAs por obstrucción a verificaciones y se podrá inhabilitar hasta por cinco años a empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas en procesos de contratación pública.

Las resoluciones firmes de la Comisión habilitarán a los consumidores a presentar acciones colectivas sin necesidad de agotar juicio previo, facilitando la defensa de derechos en casos de afectación por prácticas anticompetitivas.

Desde tribuna, senadores de oposición calificaron la reforma como un retroceso. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de concentración de poder y pérdida de autonomía técnica. Por su parte, legisladores de Morena defendieron el rediseño institucional, al asegurar que responde a una realidad económica desigual y busca romper con estructuras tecnocráticas que no han garantizado una competencia auténtica. El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final.

El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones volvió a encender el debate en el Senado, en un ambiente donde la tensión entre libertad de expresión y regulación estatal tomó el protagonismo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en voz de su presidente José Antonio García Herrera, expresó un contundente rechazo ante lo que considera una propuesta regresiva que afecta directamente a los medios tradicionales, dejando fuera del marco regulatorio a los medios digitales y plataformas globales.

Durante su participación en el último conversatorio organizado en el Senado sobre esta ley, García Herrera calificó la propuesta como una amenaza directa a la democracia mexicana, acusando una sobrerregulación que discrimina a la radio y televisión abierta, mientras que plataformas de streaming, redes sociales y servicios digitales quedan intocables.

La inquietud central radica en la posibilidad de que la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones tenga la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial ni ofrecer derecho de audiencia a los medios afectados. Esta medida fue descrita como censura previa, una acción que, según el presidente de la CIRT, vulnera directamente los principios democráticos más elementales.

“El primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, expresó con firmeza García Herrera, subrayando que hoy existen múltiples canales y plataformas a disposición del público, lo que, a su juicio, hace innecesarias regulaciones paternalistas que “pretenden decidir por los ciudadanos qué deben o no escuchar”.

El dirigente criticó la propuesta de regresar a la normatividad de 2014, destacando que esta obligaría a los medios electrónicos a separar explícitamente la información de la opinión. Consideró esto como una exigencia impráctica, que entorpecería el trabajo cotidiano de conductores y comunicadores, y que además podría interpretarse como una forma disfrazada de censura.

“No podemos crear una información que atente contra los contenidos de los medios”, afirmó, mencionando incluso como ejemplo las conferencias presidenciales donde se entremezclan datos y opiniones sin mayor distinción. La imposición de criterios rígidos, señaló, rompe con la lógica de los formatos informativos contemporáneos.

El punto más alarmante, según su intervención, radica en la facultad de suspender transmisiones sin un procedimiento judicial. Esto implica, en palabras de García Herrera, una sanción anticipada, sin siquiera conocer el contenido que se busca penalizar. Una medida que, lejos de proteger, pone en jaque a la libertad editorial y a los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

“El internet es un arma que permite a cualquier medio internacional ingresar al país”, advirtió, subrayando la desigualdad que existe entre medios nacionales sujetos a regulaciones estrictas y gigantes digitales que operan sin restricciones desde el exterior.

Con un tono firme, concluyó su exposición apelando a la responsabilidad legislativa. “Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, sentenció. Las alarmas están encendidas. La industria de la radio y televisión tradicional lanza un llamado urgente para equilibrar la cancha y evitar que los avances tecnológicos sirvan de excusa para retroceder en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley sigue su curso en el Senado, pero el mensaje de la CIRT ha sido claro: el debate no ha terminado, y los medios tradicionales no piensan quedarse en silencio.

El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.

Con una apuesta fuerte por la digitalización nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa para crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que asumirá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El objetivo: dar un paso firme hacia un ecosistema de conectividad accesible, moderno y equitativo en todo el país.

La propuesta, incluida dentro de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, detalla que esta agencia será la encargada de regular y supervisar tanto el uso del espectro radioeléctrico como la operación de redes y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. También tendrá bajo su mando la gestión de infraestructura y servicios esenciales para el acceso universal.

La iniciativa plantea una transformación estructural profunda: digitalizar y simplificar más del 50% de los trámites gubernamentales, ofreciendo además una alternativa digital para el 80% de los servicios más demandados. La propuesta se perfila como el proceso de modernización administrativa más radical de la historia del país.

En el ámbito tecnológico, el plan resalta la apertura hacia la experimentación. Se propone una nueva manera de asignar espectro, con modalidades que contemplan desde estaciones terrenas satelitales hasta entornos de prueba llamados sandboxes regulatorios. Se abren las puertas a tecnologías emergentes como el acceso satelital directo a dispositivos, ideales para conectar comunidades remotas.

El sistema de concesiones también será renovado. Se contemplan cuatro modalidades: comercial, público, privado y social, incluyendo proyectos comunitarios, indígenas y afromexicanos. Para el uso público y privado, se implementará un esquema de asignación directa, aunque en el caso del sector privado, con una contraprestación establecida.

Los pilares democráticos de la comunicación también se mantienen presentes. La ley garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en todos los medios, tanto públicos como privados, subrayando el compromiso con una comunicación plural e incluyente.

Respecto a la conectividad, se prevé que todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones estén obligados a interconectarse sin discriminación ni opacidad, asegurando igualdad de condiciones para la operación del sector.

La propuesta incluye además la posibilidad de que el Ejecutivo federal reciba concesiones de bandas de frecuencia, facilitando así el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones desde el Estado.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación en los próximos días. Su aprobación representaría un cambio histórico en la gestión de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, con un enfoque centrado en la transformación digital, la inclusión y la innovación tecnológica.