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El gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, ha presentado una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la concesión de asilo al exvicepresidente Jorge Glas. Este último fue detenido en territorio mexicano tras una redada policial en la embajada mexicana en Quito.

La Cancillería de Ecuador confirmó el 29 de abril que la denuncia fue presentada por representantes ecuatorianos en el tribunal de La Haya. La demanda señala violaciones por parte de México de diversas obligaciones internacionales, refiriéndose al comportamiento del país desde el 17 de diciembre de 2023.

Jorge Glas, quien se refugió en la embajada de México en Ecuador en diciembre de 2023 alegando persecución política, recibió asilo del gobierno mexicano a principios de abril de 2024. Desde entonces, México insistió en que Ecuador debía proporcionar el salvoconducto necesario para que Glas pudiera salir del país.

El gobierno de Noboa, sin embargo, decidió irrumpir en la embajada mexicana para capturar a Glas, alegando riesgo de fuga. Esta acción generó críticas internacionales por violar tratados y por las agresiones al personal diplomático.

Ante estos eventos, México decidió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, y el 30 de abril se llevará a cabo la primera audiencia para escuchar los argumentos del gobierno mexicano. El día siguiente será el turno de Ecuador para exponer su defensa ante el tribunal.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

En una advertencia contundente, Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, señaló el miércoles que, al presentar pruebas sobre presuntos actos de corrupción y “moches” en el Gobierno federal, podría afectarse la candidatura de una figura política sin mencionar directamente a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Martínez, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que no busca perjudicar ni al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a la próxima administración, pero afirmó tener grabaciones que involucran a diversas personas. Compartió un fragmento de una conversación con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, acusándolo de pagar en efectivo a periodistas afines al Gobierno y liderar una campaña de ataques en su contra.

La ex funcionaria denunció amenazas de muerte y afirmó tener pruebas en su poder. En sus publicaciones, expuso que el vocero presidencial estaba involucrado en el pago en efectivo a periodistas pro 4T y en la orquestación de campañas de desprestigio utilizando fondos públicos.

A principios de enero, Martínez destapó una presunta solicitud de “moches” para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Después de la extinción de Notimex, la ex directora acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de solicitar fondos ilícitos a cambio de liquidaciones para los empleados de la Agencia.

La periodista también acusó a Jesús Ramírez de promover a Adriana Urrea, lideresa del sindicato de Notimex, mientras revelaba un audio en el que el funcionario supuestamente intentaba perjudicarla durante la huelga de Notimex. Sanjuana adelantó tener más grabaciones y expresó su disposición a hacerlas públicas si es necesario.

En el polémico audio compartido, se escucha a Martínez y Ramírez discutir la negociación con diversas personas, la exclusión de algunas del trato y la posibilidad de persecución por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Destaca que ante la consulta del medio REFORMA, Jesús Ramírez declinó hacer comentarios sobre el tema. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Gobierno, desafiando la narrativa oficial.

En un acto de desesperación y clamor por justicia, madres de migrantes desaparecidos instalaron un emotivo memorial frente a Palacio Nacional, exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda la crisis de personas no localizadas en México.

Sobre un camellón en la esquina de la calle Moneda, cerca de una entrada al recinto, se erigió una placa con la identidad de Óscar Antonio López Enamorado, hijo de la madre buscadora Ana Enamorado, desaparecido el 10 de enero de 2019 en su intento por llegar a Estados Unidos.

Con una emotiva declaración, Ana Enamorado, líder de la Red de Familias Migrantes, expresó su dolor y urgencia: “Mi hijo no se merece estar desaparecido. Mi hijo tiene que estar conmigo, así como los más de cien mil personas desaparecidas en este país y las miles de personas migrantes también desaparecidas en este país”, enfatizó.

Recordando la fecha, la activista, después de 14 años de búsqueda incansable, señaló con determinación: “Hasta que ninguna madre tenga que andar como yo, tocando una foto, es a él a quien quiero abrazar”.

Acompañada de voluntarios de la ONG y de buscadoras centroamericanas, Ana Enamorado leyó una carta dirigida a López Obrador, denunciando delitos que vulneran la seguridad de las personas en movilidad y visibilizando ataques contra migrantes, buscadoras y sus familiares no localizados.

El memorial no solo honró a Óscar, sino también a más de 50 migrantes desaparecidos en México, provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el marco de la Jornada de Búsqueda de Óscar Enamorado a 10 años de su desaparición.

Gabriela Hernández, directora de Casa Tochan, instó a las autoridades locales y federales a salvaguardar la vida de personas en movilidad y ordenar la búsqueda con vida de los desaparecidos.

La desesperación de las madres buscadoras, agravada por la falta de identificación oficial de muchos migrantes, se traduce en una crisis grave que, según Hernández, el Gobierno ha ignorado.

Las denuncias de las madres buscadoras apuntan a la paralización de la búsqueda de sus hijos con los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, aumentando su indignación y frustración ante la inacción gubernamental. Como medida de protesta, las madres planean acampar esta noche afuera de la casa del Ejecutivo federal.

La lucha de estas madres se convierte en un grito desesperado por visibilizar la crisis de desapariciones de migrantes en México y reclamar una acción inmediata por parte del Gobierno.

El memorial frente a Palacio Nacional no sólo es un recordatorio de vidas perdidas, sino un llamado urgente a la responsabilidad y empatía de las autoridades para poner fin a esta dolorosa realidad.