El arranque de la campaña en Ixtapaluca fue un fracaso para Felipe Arvizu de Morena. Con una escasa asistencia en su evento y la sombra de problemas como la seguridad pública, Felipe Arvizu se enfrenta a un desafío monumental para asegurar su reelección.

En el primer minuto de este 26 de abril, arrancaron oficialmente las campañas electorales en Ixtapaluca, municipio gobernado actualmente por Felipe Arvizu, de Morena, quien busca la reelección. Sin embargo, el inicio de la campaña de Arvizu no fue el esperado.

Felipe Arvizu no logró llenar el evento de arranque realizado en el kiosco de la plaza municipal. Según testimonios recogidos, se ofreció dinero y cenas a los asistentes, lo que sugiere un despliegue de “acarreo” que finalmente no funcionó.

Incluso en su discurso, Arvizu no logró conectar con los pocos asistentes presentes, lo cual es un mal presagio para su campaña. Y es que nada es casualidad, esto se suma a los terribles resultados en temas de seguridad que enfrenta el municipio, como ejemplo, el asesinato del ex presidente municipal Fernando Fernández, ocurrido apenas el 24 de abril.

Con este mal momento, la campaña de Felipe Arvizu comienza “cuesta arriba”. De hecho, no se perfila como el favorito en las encuestas, lo que representa un reto importante para el actual alcalde en su búsqueda por la reelección.

Es evidente que Felipe Arvizu tendrá que trabajar arduamente para convencer a los electores de Ixtapaluca y revertir la imagen negativa que parece haber generado en torno a su gestión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este viernes que ha sancionado a varios partidos políticos con multas que suman un total de 105 millones de pesos debido a irregularidades detectadas durante las precampañas.

Morena encabeza la lista de sanciones, con una multa que asciende a 60 millones 589 mil pesos, de los cuales 37 millones corresponden a nivel nacional y 22.6 millones a nivel local. El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aliados de Morena, también fueron multados con 3 millones 742 mil pesos y 4 millones 687 mil pesos, respectivamente, sumando juntos el 4% del total de sanciones.

Movimiento Ciudadano fue otro de los partidos más penalizados, con un total de 14 millones 719 mil pesos en multas. En el bloque opositor, el Partido Acción Nacional (PAN) recibió sanciones por 7 millones 958 mil pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 4 millones 521 mil pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 3.7 millones de pesos.

Además, el INE impuso multas a partidos locales por un total de 4 millones 662 mil pesos y a los aspirantes a cargos de elección popular por 774 mil 677 pesos, como resultado de diversas irregularidades en las precampañas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.

El domingo, un grupo de personas encapuchadas interceptó la caravana en la que viajaba Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el partido oficialista, mientras realizaba campaña en Chiapas.. Los encapuchados exigieron a Sheinbaum abordar el problema de la violencia en la región, donde dos cárteles del narcotráfico mantienen una disputa territorial.

Los encapuchados se identificaron como habitantes locales y expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno contra la inseguridad. Pidieron a Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un “desastre” similar a otras áreas.

En el video, Sheinbaum aparece escuchando a los encapuchados con atención, sin que se vean armas presentes. La candidata estaba escoltada por el Ejército y la Guardia Nacional, y confirmó el incidente, restando importancia al evento.

Sin embargo, la diputada federal por el partido oficialista Morena, Patricia Armendáriz, que acompañaba a la caravana, expresó en la red social X su preocupación de que los encapuchados estuvieran vinculados a algún cártel, aunque borró su publicación poco después.

En una reunión con la prensa, Sheinbaum describió el incidente como “extraño” y mencionó que el video fue difundido por un medio crítico con el oficialismo. Aunque no creía que los encapuchados fueran parte del crimen organizado, la región donde ocurrió el incidente es un punto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Los cárteles han estado imponiendo retenes, sometiendo a los pobladores y provocando desplazamientos masivos, lo que era más común en otras partes de México, pero relativamente nuevo para Chiapas hasta el año pasado. Los grupos buscan controlar rutas de migrantes, drogas y armas provenientes de Centro y Sudamérica con destino a México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta restringiendo los viajes de sus funcionarios a esta zona debido a la creciente violencia.

Este jueves, el partido Morena dará un paso decisivo al presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Xóchitl Gálvez, figura prominente de la oposición, por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. La noticia fue anunciada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el portavoz de la campaña, Víctor Hugo Romo.

Durante una rueda de prensa, Delgado afirmó que la candidata presidencial de la oposición ha incurrido en una serie de mentiras persistentes y sistemáticas. Una de las principales acusaciones recae en la discrepancia entre lo declarado por Gálvez en su patrimonio y la información corroborada por el Registro Público y de Comercio.

“La falta de transparencia y la aparente ocultación de su verdadero patrimonio son preocupantes”, señaló Delgado. Romo, por su parte, destacó que cada vez que Gálvez aborda el tema de sus bienes, genera más interrogantes que respuestas claras.

En particular, se destacó el caso de la empresa OMEI, fundada por Gálvez y su esposo en 1998, donde la candidata habría ocultado su participación accionaria y su papel como apoderada legal. También se cuestionó la declaración sobre la compra de su vivienda, donde se alega que no se dio información precisa sobre el financiamiento.

“Estas inconsistencias nos llevan a cuestionar la idoneidad de Gálvez para ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración pública”, concluyó Romo. La denuncia de Morena busca arrojar luz sobre estas supuestas prácticas irregulares y promover la transparencia en el proceso político.

En una reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ha aprobado, con 19 votos a favor de Morena y sus aliados y 10 en contra de diputados de oposición, el dictamen que reforma diversas leyes para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los legisladores oficialistas niegan que esta medida afecte a los trabajadores en activo, argumentando que busca corregir las deficiencias de las reformas de 1997 y 2007, aprobadas por el PRI y el PAN.

Por otro lado, los diputados de la oposición señalan que la reforma presenta inconsistencias y constituye un “robo” contra miles de trabajadores.

Este fideicomiso, que estaría integrado por aproximadamente 40 mil millones de pesos, se nutrirá de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad.

La diputada de Morena, Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión, explicó que una de las fuentes de ingresos será el dinero de las cuentas inactivas en las Afores, que asciende a unos 40 mil millones de pesos, de los 6 billones de pesos que manejan las administradoras de fondos.

Según Cisneros, el objetivo es mejorar una ley existente para crear un fondo solidario de pensiones que pueda compensar los daños ocasionados por las reformas neoliberales de 1997 y 2007.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó las acusaciones de que se esté robando el dinero de los trabajadores y afirmó que el fondo busca compensar las distorsiones generadas por el esquema de 1997, que afecta a 45 millones de trabajadores.

Sin embargo, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, criticó la reforma, argumentando que no garantiza una pensión al 100% y que debilitaría al ISSSTE, desviando recursos destinados a programas de salud, vivienda, educación y seguridad social.

Ante estas críticas, el priista Tereso Medina propuso realizar un parlamento abierto para aclarar las dudas de los trabajadores antes de aprobar la reforma.