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El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

Después de una investigación que incluyó la búsqueda de domicilios en cuatro estados, la revisión de cuentas bancarias y el análisis de material audiovisual, el Instituto Nacional Electoral se encamina a cerrar uno de los expedientes más polémicos relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes, el Consejo General del INE discutirá un proyecto que propone exonerar a Morena y a Martín Jesús López Obrador de presuntas irregularidades vinculadas con recursos entregados por David León Romero en 2015.

La indagatoria tuvo como punto de partida un video difundido por el medio periodístico Latinus en 2021. En las imágenes aparece Martín López Obrador reunido con David León en una vivienda de Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, León cuenta dinero en efectivo y separa una parte del monto antes de colocar 150 mil pesos en un sobre amarillo que entrega al hermano del entonces mandatario federal.

En la grabación también se escucha que los recursos eran para su hermano, hoy expresidente de México. Asimismo, David León comenta que conservará 16 mil pesos y entregará únicamente los 150 mil restantes.

A partir de esa difusión pública, la autoridad electoral abrió una investigación para determinar si el dinero tuvo algún vínculo con el financiamiento de Morena. Sin embargo, el proyecto que será sometido a votación sostiene que no fue posible acreditar que esos recursos llegaran al partido o fueran utilizados en actividades relacionadas con éste.

Según el documento, las pruebas disponibles no permitieron establecer una conexión suficiente entre la entrega observada en el video y un eventual beneficio para Morena. La autoridad también concluyó que no obtuvo elementos que le permitieran reconstruir con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar una infracción electoral.

Durante las diligencias, la Unidad Técnica de Fiscalización intentó localizar a Martín López Obrador en seis domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa, sin éxito. Paralelamente, con apoyo de autoridades financieras, identificó siete cuentas bancarias vinculadas a él y otras siete relacionadas con David León.

Morena rechazó haber recibido recursos para campañas electorales o haber incurrido en financiamiento indebido. Por separado, el partido y David León argumentaron ante el INE que la denuncia presentada en 2021 por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo fue promovida más de tres años después de los hechos investigados, por lo que plantearon la prescripción del caso. La resolución será analizada por los consejeros electorales durante la sesión de este viernes.

La tensión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal alcanzó un nuevo nivel este jueves. Dirigentes de la organización acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de romper los canales de interlocución con el magisterio disidente y de incumplir los compromisos asumidos en torno a la reforma de la Ley del ISSSTE.

Mientras miles de docentes mantenían protestas en distintos puntos de la Ciudad de México, líderes de la Coordinadora cuestionaron las declaraciones emitidas por la mandataria en sus conferencias matutinas y rechazaron la estrategia planteada por el gobierno para dialogar directamente con maestros en cada entidad federativa.

Isael González, dirigente de la sección 7 en Chiapas, sostuvo que cerrar la interlocución con las representaciones de la CNTE constituye un error. Advirtió que, aun en medio de diferencias, el diálogo debe mantenerse abierto. También rechazó la propuesta de realizar consultas escuela por escuela para discutir el tema de las pensiones, al considerar que ese mecanismo retrasaría la atención de las demandas ya presentadas por el movimiento.

Las críticas surgieron durante una jornada de movilizaciones organizada para exigir la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la creación de un régimen de pensiones solidario para los trabajadores de la educación. Como parte de las acciones, integrantes de la CNTE se concentraron en siete sedes de Afores ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en una más localizada sobre avenida Revolución.

Durante las protestas también se escucharon consignas dirigidas a la presidenta por las promesas realizadas durante la campaña presidencial de 2024. “¡Claudia, mentiste, con la reforma a la Ley del ISSSTE!”, corearon los manifestantes.

Desde Zacatecas, Marcelino Rodarte, dirigente de la sección 58, afirmó que la Coordinadora buscó establecer acuerdos con la presidenta incluso antes del inicio del Mundial de futbol, el pasado 11 de junio. 

Según expuso, las demandas siguen sin resolverse y, en contraste, el movimiento ha recibido descalificaciones desde el gobierno federal. “Son de su propia voz y eso es una traición porque viniendo del movimiento de izquierda, de disidencias, ella sabe que lo que dice es contrario al origen que ella pregona”, declaró.

La movilización se desarrolló en medio de negociaciones aún abiertas con la Secretaría de Gobernación. Aunque Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, reconoció algunos avances, afirmó que estos no resuelven la demanda central del movimiento. Al concluir las protestas, los contingentes regresaron a su campamento en el Zócalo capitalino para definir las acciones que emprenderán este viernes.

Antes de que inicie formalmente la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para fijar las reglas que regirán la competencia interna y evitar confrontaciones entre quienes busquen una candidatura.

La principal definición alcanzada por las dirigencias nacionales fue que los procesos deberán desarrollarse sin divisiones públicas entre aspirantes. Además, acordaron que la comunicación oficial relacionada con las candidaturas quedará concentrada en la mesa nacional de los tres partidos, mientras que las dirigencias estatales serán llamadas a moderar sus posicionamientos.

Durante la presentación de los lineamientos, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dejó claro el objetivo político de esta estrategia. “No queremos que el proceso interno sea un pleito interno, sino que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar y construir territorialmente con su liderazgo, y luego ya será una encuesta la que defina al candidato”, señaló.

Con las reglas ya definidas, el siguiente paso será el registro de aspirantes. Quienes busquen convertirse en coordinadores estatales de la defensa de la transformación podrán inscribirse del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. La selección final se realizará mediante encuestas que serán levantadas después del Mundial de Futbol.

Los participantes deberán cumplir una serie de condiciones: separarse de cargos públicos, dedicarse de tiempo completo a tareas organizativas, evitar campañas ostentosas, no utilizar espectaculares y abstenerse de recurrir a programas sociales para promover su imagen.

También tendrán que comprometerse a respetar los resultados de las encuestas, aceptar ese mecanismo como definitivo, evitar conflictos internos y acreditar una trayectoria sin procesos judiciales pendientes.

Otro de los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y Verde fue respetar las normas internas de cada fuerza política. Bajo ese criterio, los partidos aliados conservarán la posibilidad de postular a familiares de gobernantes en funciones si sus estatutos lo permiten.

En ese contexto, Hernández afirmó que el senador Félix Salgado Macedonio está en posibilidad de registrarse como aspirante, al igual que cualquier otro militante de Morena, aunque será la Comisión de Elección la que determine posteriormente si cumple los requisitos para continuar en el proceso.

La conferencia concluyó sin respuesta a una pregunta sobre las medidas para impedir que el crimen organizado influya en la selección de candidatos. Tras la interrupción de la sesión, los dirigentes de los tres partidos optaron por una fotografía conjunta para mostrar unidad rumbo a la contienda interna.

A días de que Morena abra el registro para definir a quienes buscarán encabezar la defensa de la soberanía en 17 estados, Ricardo Monreal lanzó un llamado para contener disputas internas y evitar que intereses particulares compliquen la ruta electoral de 2027.

El coordinador de los diputados federales de Morena colocó a San Luis Potosí en el centro de la discusión al insistir en que la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México permanezca unida en esa entidad, donde el PVEM ha decidido impulsar una candidatura propia para la gubernatura.

Durante una entrevista con medios, Monreal sostuvo que le gustaría ver a las tres fuerzas políticas compitiendo juntas no sólo en San Luis Potosí, sino en las 17 entidades que renovarán gubernatura. El legislador advirtió que romper la alianza podría poner en riesgo la posibilidad de obtener una victoria electoral.

El posicionamiento ocurre después de que el Partido Verde anunciara su intención de contender sin Morena y el PT en territorio potosino, con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como su carta para la elección estatal.

Ante ese escenario, Monreal reconoció las aspiraciones políticas de Gallardo y de la legisladora, aunque afirmó que en determinados momentos es necesario privilegiar el interés general por encima de los intereses de grupo o de partido. También señaló que la permanencia del proyecto gobernante en la entidad depende de una alianza amplia entre las tres fuerzas políticas.

En paralelo, el morenista planteó una condición para el desarrollo del proceso interno: que quienes ocupan cargos de gobierno se mantengan al margen de las definiciones partidistas. Según explicó, los gobernadores no deberían intervenir a favor de aspirantes específicos, ya que ello contribuiría a preservar la unidad y permitir que las encuestas definan a quienes encabecen la siguiente etapa.

Monreal también dirigió un mensaje a quienes buscarán competir dentro del movimiento. Les pidió respetar las reglas internas, evitar confrontaciones y abstenerse de promover campañas negras o descalificaciones contra otros participantes. Además, llamó a la Comisión de Honestidad y Justicia a vigilar el proceso para impedir maniobras que generen conflictos al interior del partido.

El registro de aspirantes se realizará del 22 al 26 de junio en las 17 entidades que elegirán gobernador en 2027, un proceso que marcará el arranque formal de las definiciones internas rumbo a la próxima contienda estatal.

La elección para renovar el Congreso de Coahuila entró en una nueva etapa de disputa política y jurídica. Morena anunció que buscará anular los resultados de los 16 distritos locales ganados por el PRI en los comicios celebrados el pasado 7 de junio, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar la validez de la jornada electoral.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que la estrategia incluye la presentación de recursos ante diversas autoridades electorales y financieras. Entre las instancias a las que acudirán se encuentran la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente su Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión, explicó, se basa en la detección de presuntas anomalías en 962 casillas, cifra que representa el 22.6 por ciento de la votación emitida en la entidad. Con esos argumentos, Morena solicitará la nulidad total de la elección correspondiente a los 16 distritos locales.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que el partido cuenta con pruebas relacionadas con distintos hechos ocurridos durante el proceso electoral. Entre los señalamientos mencionó presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales y rebase de topes de campaña.

La dirigente aseguró que los recursos legales buscarán que dichas conductas sean revisadas por las autoridades competentes y formen parte del análisis sobre la validez de la elección. Al explicar la postura de Morena, afirmó que la controversia no se limita al resultado final de los comicios, sino a las condiciones en las que se desarrolló la votación.

“Lo que nosotros no podemos permitir, adelante, es que se vulnere la democracia de esta manera; está en juego la legalidad íntegra del proceso electoral, pero también la libertad y la secrecia del voto, que es un valor fundamental para el respeto del sufragio”, declaró.

Con la presentación de estos recursos, la disputa por la integración del Congreso de Coahuila se trasladará al terreno legal, donde Morena buscará que se revisen los resultados obtenidos por el PRI en los 16 distritos locales.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio un nuevo paso en el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, al solicitar una sentencia de 154 años de prisión contra quien fuera secretario de Seguridad estatal y a quien las autoridades identifican como líder de “La Barredora”. La petición fue presentada por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, según información confirmada por autoridades estatales.

El avance judicial representa uno de los episodios más recientes de un caso que se remonta a la búsqueda y captura de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”. Antes de ser detenido, el exfuncionario abandonó el país y llegó a Paraguay, mientras en Tabasco ya era requerido por la justicia.

Cuando fue localizado y arrestado en septiembre de 2025, enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. El complejo penitenciario está ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concentra a personas acusadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Por sus instalaciones han pasado figuras como Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; Amado Carrillo Fuentes, identificado como “El Señor de los Cielos”; y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esa misma prisión también se encuentra recluido “Don Rodo”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan a Bermúdez Requena como líder de “La Barredora” en Tabasco, una organización vinculada al CJNG. Mientras permanece en El Altiplano, la fiscalía estatal busca que reciba una condena acumulada de 154 años de cárcel por los delitos que le atribuye.

Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración estatal encabezada por Adán Augusto.

Más de siete semanas después de la salida de Citlalli Hernández del gabinete federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente confirmó quién asumirá de manera permanente la conducción de la Secretaría de las Mujeres.

La designación recayó en Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien se incorporará a la administración federal una vez que concluya sus responsabilidades legislativas.

La vacante se abrió el pasado 16 de abril, cuando Hernández dejó la dependencia para convertirse en presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Desde entonces, la Secretaría permaneció sin una titular formal mientras continuaban las actividades institucionales.

Durante ese periodo, la operación de la dependencia quedó bajo la responsabilidad de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien mantuvo el funcionamiento de los programas y tareas vinculadas a la atención de las mujeres.

Fue este lunes cuando Sheinbaum puso fin a la incertidumbre sobre el relevo y adelantó que Castillo será la encargada de encabezar la Secretaría una vez que finalice su gestión en el Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, informó la mandataria.

La futura integrante del gabinete asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 30 de agosto para un periodo de un año, por lo que aún deberá concluir ese encargo antes de trasladarse al Ejecutivo federal. De acuerdo con la presidenta, faltan alrededor de mes y medio para que se concrete el cambio.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que las actividades de la dependencia no se han detenido durante el proceso de transición.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y en el momento en que se pueda incorporar —Laura Itzel Castillo—, ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Con este anuncio, el gobierno federal define la sustitución de Hernández y establece la ruta para que Castillo se integre al gabinete una vez concluida su responsabilidad al frente del Senado.

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

Un mensaje enviado a un grupo interno de legisladores de Morena terminó por escalar a una nueva confrontación entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados.

La polémica gira en torno a una instrucción atribuida al vocero morenista Arturo Ávila, difundida el pasado 28 de mayo, en la que se pedía dirigir acciones contra la diputada panista Paulina Rubio y lanzar ofensivas desde la tribuna contra el dirigente priista Alejandro Moreno.

“Queja a la mesa directiva, específicamente Paulina (Rubio), con todo. A todas y todos los compañeros: Uno, los que suban (a la tribuna), con todo contra Alejandro Moreno, sin límite, todos pidan la palabra”, señala el mensaje que ese día fue difundido por el medio de información Latinus mediante una captura de pantalla de la denominada “vocería de Morena”.

Horas después, la sesión en San Lázaro estuvo marcada por fuertes cuestionamientos contra Rubio, quien ocupaba la presidencia en funciones de la Mesa Directiva tras un acuerdo alcanzado entre los integrantes de ese órgano legislativo.

A partir de esos hechos, el diputado del PAN Federico Döring lanzó una ofensiva pública contra Ávila. En un video difundido en redes sociales aseguró que el legislador morenista instruyó a integrantes de su bancada para “golpear, calumniar y tratar de injuriar” a la panista desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

El panista sostuvo además que detrás de las críticas contra Rubio hubo una acción coordinada y acusó que se recurrió a terceros para atacarla políticamente durante la sesión.

La controversia creció cuando la diputada de Morena Dolores Padierna intervino desde su curul para cuestionar la conducción de Rubio al frente de los trabajos legislativos.

“Esta Cámara de Diputados no se merece perfiles en la Mesa como ese. No ha sido la sesión más larga de esta legislatura. Ha sido la de mayor desgarriate creado por las panistas en la Presidencia”, expresó.

Federico Döring respondió con una serie de señalamientos dirigidos a figuras de Morena. Entre ellas mencionó al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, así como a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes pidió pronunciarse sobre la actuación de Ávila.

Durante su mensaje también cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su compromiso de respaldo a las mujeres no se ha cumplido. Como parte de sus críticas, mencionó el caso de Karla Estrella y sostuvo que existe abandono frente a situaciones que involucran a mujeres.

La disputa dejó abierto un nuevo frente de confrontación política dentro de la Cámara de Diputados, ahora centrado en el contenido y alcance de una instrucción difundida desde un canal interno de Morena.