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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propuesto un conjunto de 30 modificaciones a la reforma de la Ley del Infonavit aprobada previamente por el Senado. Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia, garantizar la equidad en la toma de decisiones y brindar mayor protección a los derechos de los trabajadores.

 

Entre los principales cambios, destaca la obligación de la Dirección General del Instituto de publicar en su página web información actualizada y precisa sobre aspectos financieros, administrativos y operativos. Este punto es crucial para ofrecer a los derechohabientes una visión clara del estado del Fondo de Vivienda y de los proyectos de construcción.

 

Monreal también subraya la importancia de preservar el equilibrio histórico en la gobernanza del Infonavit mediante la integración tripartita de sus órganos. En este sentido, plantea ajustar la composición de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría para que cada sector –gobierno, trabajadores y empresarios– tenga la misma representación, evitando la predominancia de uno sobre los otros.

 

Un elemento central de su propuesta es blindar las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores. Estas serán consideradas inviolables, lo que significa que no estarán sujetas a auditorías o fiscalizaciones. Este enfoque responde a las inquietudes expresadas por representantes sindicales y trabajadores, quienes buscan mayor seguridad en la gestión de sus recursos.

 

Otro punto relevante es la modificación del plazo para la creación de una empresa filial que coordine la construcción de viviendas. Inicialmente prevista para finales de 2024, Monreal propone extender el plazo hasta febrero de 2025, permitiendo una planificación más detallada y adecuada a las nuevas normativas.

 

En cuanto a la fiscalización, el proyecto establece que será responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando un escrutinio riguroso e independiente del Instituto como organismo fiscal autónomo. Asimismo, los proyectos de vivienda aprobados antes del 1 de julio de 2023 serán cancelados, aunque los promoventes tendrán 30 días para presentar propuestas alineadas a las nuevas reglas.

 

Con estas modificaciones, la reforma pretende reforzar la confianza en el Infonavit como una institución al servicio de los trabajadores, promoviendo transparencia y equilibrio en su funcionamiento. Se prevé que las propuestas sean discutidas en comisiones el próximo jueves y turnadas al pleno en febrero, antes de ser enviadas nuevamente al Senado para su aprobación final.

 

La iniciativa liderada por Monreal busca no solo modernizar el marco jurídico del Infonavit, sino también proteger los intereses de los trabajadores y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde al Comité de Evaluación que supervisará la elección judicial local. Este órgano será clave para evaluar a las personas aspirantes a jueces y magistrados, analizando sus expedientes y seleccionando a quienes cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, ya que la integración del Comité ha generado fuertes críticas por violar la paridad de género, un principio estipulado por la ley.

 

Conformado por Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde, el Comité incluye solo a una mujer entre cinco integrantes, lo que va en contra de las normas que exigen una representación equitativa entre hombres y mujeres.

 

La oposición en el Congreso no tardó en señalar esta irregularidad. Legisladores como Roifyd Torres, del Movimiento Ciudadano, exigieron que se repusiera el proceso o, al menos, que se realizara una nueva votación para incluir a otra mujer en el Comité. Torres propuso que se eliminara a uno de los integrantes masculinos, sugiriendo que esto podría resolverse mediante votación o sorteo.

 

El morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para la Selección de Jueces y Magistrados, admitió que el Comité no cumple con la paridad de género, pero defendió la decisión argumentando limitaciones de tiempo. Según Martínez Urincho, aplazar la instalación del Comité sería inviable debido a los plazos del proceso de elección judicial.

 

“Estas fueron las propuestas que recibimos de las diputadas y diputados. Reconocemos que no se cumple con la paridad, pero el Comité debe instalarse de inmediato”, afirmó.

 

La oposición no se conformó con estas explicaciones. Legisladoras como Tania Larios, del PRI, insistieron en que el respeto a la ley no es opcional. Subrayaron que la paridad de género es un principio legal que debe garantizarse en cualquier circunstancia.

 

A pesar de las críticas, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar la conformación del Comité tal como estaba propuesta, cerrando la puerta a cualquier modificación.

 

Este debate no solo refleja las tensiones políticas dentro del Congreso, sino que también pone sobre la mesa un tema fundamental: el compromiso con la igualdad de género en procesos institucionales. Mientras tanto, el Comité, cuya instalación ya está en marcha, tendrá la tarea de seleccionar a las personas más capacitadas para los cargos judiciales, con una sombra de controversia que no será fácil de disipar.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

 

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

 

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

 

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

 

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

 

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

 

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

La violencia golpea nuevamente a Zacatecas con el asesinato de Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del estado. El funcionario fue acribillado en la localidad de La Tinaja, municipio de Valparaíso, según confirmó la fiscalía estatal.

 

El ataque, ocurrido el miércoles por la tarde, dejó consternada a la comunidad política y al sector agropecuario, donde Bañuelos Márquez era reconocido por su compromiso y liderazgo. Recientemente, el subsecretario había mostrado interés en postularse para la presidencia municipal de Valparaíso, consolidándose como una figura relevante en el partido Morena.

 

El gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, exigió a la fiscalía realizar una investigación exhaustiva para garantizar que este crimen no quede impune. “Nuestras condolencias a la familia de Juan Francisco Bañuelos Márquez. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la seguridad en el estado”, expresó el Ejecutivo Estatal en un comunicado.

 

Las autoridades trabajan intensamente para esclarecer el caso. La fiscalía informó que agentes de investigación, en conjunto con la policía estatal y el Ejército Mexicano, realizan operativos terrestres y aéreos en la zona, conocida por su difícil acceso y alto riesgo.

 

Este lamentable hecho se suma a una serie de asesinatos de figuras públicas en Zacatecas. Durante el verano, Juan Pérez, exdirector de Desarrollo Económico de Fresnillo, y Jorge Monreal, sobrino del gobernador, también fueron víctimas de la violencia que azota la región.

 

Bañuelos Márquez era un defensor incansable del campo zacatecano, destacándose por su labor en el fortalecimiento del sector ganadero y su cercanía con las comunidades rurales. Su asesinato representa una pérdida profunda para el estado y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan sus habitantes.

 

Mientras las investigaciones continúan, Zacatecas enfrenta una realidad que exige medidas urgentes para frenar la violencia y proteger a quienes trabajan por el bienestar de su gente. La memoria de Bañuelos Márquez permanecerá como un recordatorio de la importancia de luchar por un futuro más seguro y justo.

En un esfuerzo por garantizar una reforma integral y libre de corrupción, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la revisión a la Ley del Infonavit se llevará a cabo en un parlamento abierto a inicios de 2025. Este proceso pretende escuchar a todos los sectores involucrados para asegurar que la nueva legislación sea justa, funcional y transparente.

 

“Queremos una ley que derrote la corrupción y las malas prácticas, y que garantice viviendas dignas y adecuadas para las y los trabajadores de México”, declaró Monreal en una entrevista reciente.

 

La decisión de posponer la discusión de la reforma se debe a la necesidad de reflexionar y escuchar propuestas de sindicatos, empresarios e industriales. Morena y sus aliados buscan asegurar que la ley proteja a los derechohabientes y evite los abusos.

 

“Estamos haciendo una pausa para revisar a fondo. No queremos que haya desinformación ni aprovechamiento por parte de vivales que intentan engañar a los trabajadores”, afirmó el legislador.

 

La iniciativa de parlamento abierto arrancará después del 6 de enero y será un espacio crucial para debatir las modificaciones a la ley. La Comisión de Vivienda y la de Trabajo y Previsión Social jugarán un papel esencial en este proceso de diálogo y construcción de consenso.

 

Monreal hizo un llamado a la calma, garantizando que los ahorros y aportaciones de los trabajadores están seguros. “Ni un solo centavo de los derechohabientes está en riesgo. Antes de aprobar la reforma, escucharemos a todos los sectores y actuaremos con responsabilidad”, puntualizó.

 

Este esfuerzo legislativo no solo busca mejorar el acceso a una vivienda digna, sino también cerrar las puertas a posibles actos de corrupción. La pausa en la aprobación no significa retroceso, sino una oportunidad para construir una ley que beneficie realmente a los trabajadores y al desarrollo del país.

 

Con un 2025 a la vuelta de la esquina, el futuro de la Ley del Infonavit se perfila hacia una transformación que promete justicia, transparencia y eficiencia en el derecho a la vivienda. La “Cuarta Transformación”, una vez más, apuesta por el diálogo y la participación ciudadana para consolidar un cambio real en beneficio de millones de mexicanos.

En una reunión clave celebrada en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum logró lo que parecía complicado: calmar las aguas turbulentas entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila. El desencuentro público entre ambos líderes de Morena por temas presupuestales amenazaba con agrietar la unidad del partido, pero la presidenta actuó con firmeza y diplomacia para evitar mayores fracturas.

Sheinbaum hizo un llamado directo y claro: “Lo que está en juego es muy importante; necesitamos unidad para avanzar con la Cuarta Transformación”. Este mensaje fue contundente y sin aspavientos, desactivando la disputa sin recurrir a reproches severos. En palabras de los presentes, la presidenta fue “amable pero firme”, dejando claro que la división no es una opción.

El enfrentamiento se originó cuando Adán Augusto denunció en tribuna presuntos contratos irregulares por 150 millones de pesos. Sin embargo, Sheinbaum desestimó la existencia de estos “negocitos” y enfatizó que lo realmente preocupante fue la forma en que se ventiló la diferencia. “No es correcto dañar la unidad del movimiento”, reiteró.

Adán Augusto respondió al llamado con determinación: “Hago caso a su llamado, presidenta”. Monreal, por su parte, también aceptó la exhortación a la conciliación: “Me parece oportuno y también lo atiendo”.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, expresó confianza en que ambos líderes mantendrán la unidad. “Este es un ejemplo de que, pese a las diferencias, el diálogo es el camino”, afirmó Alcalde, subrayando que los conflictos internos deben resolverse internamente y con respeto.

Mientras el partido se enfoca en consolidar el “segundo piso de la Cuarta Transformación“, el mensaje es claro: la unidad es el cimiento para seguir avanzando. La reunión en Palacio Nacional no solo evitó una crisis mayor, sino que demostró que Morena tiene los mecanismos y el liderazgo para mantenerse firme.

Morena sale de este episodio con una lección aprendida: las diferencias existen, pero el proyecto de transformación debe prevalecer por encima de ellas. La política de los acuerdos y del diálogo sigue siendo la bandera que guía al partido en tiempos de tensión.

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.

La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.

Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.

La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.

Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.

La Cámara de Diputados avanza con paso firme en la discusión del presupuesto que definirá el rumbo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año al frente de México. Este lunes, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la Ley de Derechos 2025, enviándolos al Pleno de San Lázaro para su revisión final. Sin embargo, no todo ha sido consenso: la oposición cuestiona duramente las proyecciones macroeconómicas y la falta de estrategias recaudatorias a largo plazo.

 

Los documentos aprobados proyectan ingresos presupuestarios por 8.056 billones de pesos, un aumento real del 5.4% respecto a 2024. Este optimismo se sustenta en un crecimiento económico esperado de entre 2% y 3% para 2025, cifras que, según la oposición, distan de las expectativas del mercado financiero. “Es irresponsable proyectar un crecimiento tan optimista sin medidas claras para fomentar la inversión y el empleo”, señaló un diputado del PAN durante la sesión.

 

En cuanto a los ingresos por derechos, se anticipa una recaudación de 137,500 millones de pesos, un salto significativo respecto a los 59,091 millones aprobados para 2024. Parte de este aumento provendrá de ajustes como la elevación del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5%, medida que, según la Secretaría de Hacienda, busca equilibrar los beneficios obtenidos por las empresas mineras frente a los recursos no renovables de la nación.

 

Otro punto de debate ha sido la autorización de un endeudamiento neto interno por 1.5 billones de pesos, destinado a cubrir los ingresos faltantes del Presupuesto de Egresos, que asciende a 9.226 billones de pesos. La oposición critica que esta decisión compromete la sostenibilidad financiera del país. “Estamos hipotecando el futuro para financiar proyectos sin un impacto claro en el crecimiento económico”, advirtió un legislador de Movimiento Ciudadano.

 

Por otro lado, la Ley de Derechos incluye una distribución específica de los recursos obtenidos por el uso de aeropuertos federales: el 60% será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 40% a la Secretaría de Marina para infraestructura y operaciones. Esta decisión busca fortalecer el desarrollo aeroportuario bajo la gestión de estas dependencias.

 

La supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso apunta a aprobar el paquete el próximo 27 de noviembre, pero no sin enfrentar cuestionamientos. Desde la ausencia de funcionarios de Hacienda durante las discusiones hasta la falta de una política recaudatoria clara, el debate está lejos de terminar. “México merece un presupuesto realista y responsable que atienda las necesidades actuales sin hipotecar el futuro”, expresó un diputado del PRI.