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Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a instituciones públicas utilizar recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles, una decisión que avanzó con el respaldo de Morena y aliados, pero que generó el rechazo del PAN y PRI.

El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalado en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Estudios Legislativos Primera con 15 votos a favor de Morena, PT y PVEM, ocho en contra del PAN y PRD, y la abstención de Movimiento Ciudadano. La minuta podría discutirse en el pleno del Senado esta misma semana.

Durante la sesión, seis legisladores de Morena que no estuvieron presentes dejaron firmado su voto a favor, pero la senadora Geovanna Bañuelos informó que dichos sufragios no fueron contabilizados debido a que ese mecanismo no está contemplado en el reglamento del Senado.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como el Infonavit, realicen inversiones y aportaciones destinadas a adquirir, construir, rehabilitar o demoler viviendas, además de financiar la autoproducción y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. El objetivo es generar condiciones que faciliten a los trabajadores acceder a créditos más accesibles y suficientes.

La discusión evidenció posturas encontradas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la reforma permitirá al gobierno federal disponer de recursos de los trabajadores al servicio del Estado para la construcción de vivienda.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la medida como un “atraco” y advirtió que el uso de esos fondos podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Señaló que, aunque es necesario construir más viviendas con mejores servicios, existe la posibilidad de que los recursos se destinen a proyectos que no resulten exitosos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, respondió a las críticas y señaló: “otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño y yo creo que ese cuento nadie les cree”.

El dictamen también contempla modificar el lenguaje de la legislación al sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como reemplazar “familias” por “personas”, con el fin de reconocer la vivienda adecuada como un derecho para todos.

Una serie de mensajes de respaldo a Marcelo Ebrard comenzó a difundirse en redes sociales en los últimos días, luego de que se revelara que su hijo permaneció durante seis meses en la residencia de la embajada de México en Londres. La movilización digital incluyó a familiares, legisladores, colaboradores cercanos y funcionarios vinculados a la Secretaría de Economía, quienes destacaron la trayectoria del exsecretario de Relaciones Exteriores y su desempeño en distintas responsabilidades públicas.

La polémica surgió después de que el periodista Claudio Ochoa diera a conocer la información sobre la estancia del hijo del funcionario en la sede diplomática en Reino Unido. A partir de ese momento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de respaldo, replicando una dinámica similar a otras campañas políticas utilizadas para defender a figuras públicas.

Entre las primeras publicaciones destacó la de su esposa, Rosalinda Bueso Asfura, quien recordó la participación de Ebrard durante la pandemia de Covid-19. En su mensaje señaló que el actual secretario de Economía se dedicó a conseguir vacunas para el país y afirmó que “mientras muchos se detenían, él no descansó ni un solo día, trabajando incansablemente”.

A esta postura se sumó el diputado morenista y exembajador de México en Haití, Jesús Valdés Peña, quien compartió un video en el que repasó la trayectoria del funcionario durante su paso por la Ciudad de México, particularmente en el programa “Policía de barrio”. A través de su cuenta en la red social X, lo calificó como “Funcionario ejemplar que siempre ha trabajado por el proyecto México. Un México igualitario, equitativo y democrático”.

También participó Bárbara Botello, responsable del plan de marca “Hecho en México” dentro de la Secretaría de Economía, quien publicó una fotografía junto al funcionario y destacó su papel en las negociaciones del T-MEC. En su mensaje escribió: “Marcelo Ebrard es, sin duda, un gran secretario de Economía. En un momento clave para México, ha demostrado visión, experiencia y una capacidad real para conducir temas que definen el rumbo del país”.

Otros pronunciamientos retomaron la fórmula del “no estás solo”, utilizada anteriormente por simpatizantes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa línea, la diputada morenista Luz María Rodríguez expresó: “¡Total apoyo a mi líder. Cuando no hay argumentos, aparecen las descalificaciones. Pero frente a eso, hay algo que no se puede borrar: una trayectoria de resultados”.

Asimismo, el diputado local en Baja California, Ramón Vázquez Valadez, difundió una infografía donde enlistó distintas acciones del funcionario desde su etapa en la Ciudad de México, destacando su experiencia y resultados en temas de igualdad e inclusión. Aunque la mayoría de los mensajes difundidos en redes sociales respaldaron al secretario de Economía, también surgieron comentarios críticos que cuestionaron el apoyo público, lo que mantuvo activa la discusión en plataformas digitales.

El Partido Verde Ecologista de México ratificó que mantendrá su alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo en las elecciones federales de 2027, mientras avanza en conversaciones preliminares para definir posibles acuerdos en el ámbito estatal y municipal. Así lo confirmó el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, quien aclaró que no existe ruptura entre las fuerzas políticas, pese a que el partido verde contempla competir en solitario en algunas entidades.

Desde el Senado de la República, Velasco explicó que ya comenzaron los primeros acercamientos entre las dirigencias de los partidos aliados con el objetivo de analizar la viabilidad de coaliciones en los distintos estados y municipios para el proceso electoral de 2027. No obstante, subrayó que estas conversaciones se encuentran en una fase inicial y aún no derivan en acuerdos concretos.

“Son mesas iniciales, todavía no hay acuerdos formales, digamos que más que mesas son el inicio de pláticas. Yo no estuve en la reunión del día de ayer, participaron otros compañeros donde empiezan a tener pláticas rumbo al 2027, pero todavía no hay nada definido”, estableció.

El senador también defendió la posibilidad de que el PVEM participe sin coalición en determinadas contiendas locales, como se anunció previamente en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Según indicó, esta estrategia responde al derecho del partido de fortalecer su presencia política en algunas regiones, sin que ello implique un distanciamiento con sus aliados a nivel nacional.

Velasco insistió en que la relación entre los partidos permanece firme de cara a los comicios federales. “No hay ruptura a nivel nacional, ya hay un acuerdo que se hizo público entre las dirigencias nacional de Morena, Verde y Partido del Trabajo para ir juntos al proceso del próximo año, sobre todo en las elecciones federales, nos sentimos muy orgullos de la presidenta de México”, dijo.

El legislador agregó que, aunque el PVEM mantiene coordinación política con Morena, no corresponde a su partido intervenir en decisiones internas de esa fuerza política. En ese contexto, se refirió a la permanencia de Luisa María Alcalde al frente de Morena, y señaló que la determinación recae exclusivamente en la militancia morenista.

“Nosotros vemos que ella es la que ha venido realizando los trabajos por parte de Morena, pero a nosotros no nos corresponde opinar en los temas internos de Morena, son ellos los que tomas sus proas decisiones”, destacó.

Las declaraciones del coordinador del PVEM se producen mientras las fuerzas políticas comienzan a delinear sus estrategias rumbo a 2027, con un escenario en el que la alianza federal se mantiene, pero las definiciones locales continúan en proceso de negociación.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

Una nueva confrontación protagonizada por el senador Gerardo Fernández Noroña volvió a generar polémica, esta vez en el Aeropuerto de Tijuana, donde un ciudadano lo cuestionó por el uso de una sala VIP, desatando un intercambio verbal que quedó registrado en video.

El episodio ocurrió cuando una persona se acercó al legislador de Morena para preguntarle de qué manera había accedido al área exclusiva del aeropuerto. Ante el señalamiento, el senador explicó que el ingreso formaba parte de los beneficios incluidos en su tarjeta de crédito e incluso invitó al ciudadano a acompañarlo para conocer el lugar.

La conversación tomó un giro cuando el hombre que lo interpelaba afirmó que él también había estado en esa área. “Yo vengo de ahí”, respondió. La afirmación provocó la reacción inmediata del legislador, quien interpretó el cuestionamiento como un reclamo sobre su derecho a utilizar ese tipo de servicios.

“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores y los hijos del pueblo no tenemos derecho. Platícanos cómo lo pagaste”, expresó Noroña durante la discusión.

El ciudadano que grababa el momento aseguró que él había pagado el acceso con recursos propios. Fue entonces cuando el senador respondió con una frase que generó controversia: “Y yo lo pagaré con el tuyo, dime en qué trabajas”.

Tras pronunciar esa declaración, el legislador intentó matizar el comentario y sostuvo que se trataba de una expresión irónica. Además, acusó al ciudadano de tergiversar el sentido de sus palabras.

“Yo vivo de mi trabajo, lo pagaré con tu dinero, dije, pero eso era una ironía, estás distorsionando”, afirmó Noroña al finalizar el intercambio.

El incidente se suma a otros episodios recientes en los que el senador ha protagonizado confrontaciones con ciudadanos que lo cuestionan sobre su estilo de vida y sus viajes. Estas discusiones han ocurrido tanto en espacios públicos como en redes sociales, donde el legislador ha respondido directamente a críticas relacionadas con sus actividades personales y su desempeño político.

El nuevo altercado, ocurrido en el aeropuerto fronterizo, vuelve a colocar al senador en el centro de la conversación pública, luego de que el video del intercambio se difundiera ampliamente y generara reacciones por el tono del diálogo y la respuesta del legislador ante el cuestionamiento ciudadano.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.