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El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la nueva Ley de Aguas, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto legislativo. La votación, realizada mientras productores agrícolas mantenían un bloqueo en los accesos de San Lázaro, concluyó con 28 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que la oposición reclamó que no se atendieron las demandas del sector agrícola.

De acuerdo con legisladores consultados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, notificó personalmente y por teléfono a diputados de la oposición que “hay una decisión de más arriba” para modificar el orden del día y dar prioridad a la discusión y votación de la Ley de Aguas en el pleno. Desde temprano, productores de distintas regiones del país se movilizaron hacia la capital y posteriormente instalaron un cerco con tractores y vehículos alrededor del Congreso de la Unión para intentar frenar el avance del proceso legislativo.

Monreal explicó que pidió a la Junta de Coordinación Política realizar el cambio en la agenda para que la reforma sea discutida y votada en las próximas horas. Con la aprobación en comisiones, el dictamen avanza hacia el pleno, donde legisladores anticipan que será votado a favor.

Tras conocer el resultado en comisiones, organizaciones y dirigentes agrícolas expresaron sentirse “traicionados” por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmaron que radicalizarán las movilizaciones en todo el país ante lo que consideran una falta de atención a las observaciones presentadas durante más de una semana de trabajo con legisladores.

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), señaló que habían construido acuerdos para garantizar la continuidad de concesiones y la atención a pozos sin títulos: “Duramos más de una semana trabajando junto con ellos… ya habíamos confiado”. Jorge Gutiérrez, dirigente agrícola de Chihuahua, advirtió que “siguen nada más la línea que le manda la señora presidente”, y responsabilizó a diputados y autoridades federales de las acciones que se deriven.

El malestar también se extendió entre productores como Jorge Robles, quien consideró que la reforma “acorralará” a quienes abastecen de alimentos al país. Otros dirigentes anunciaron que las protestas se ampliarán a todos los estados, incluyendo cierres carreteros y bloqueos en aduanas fronterizas. Señalaron que incluso impedirán el evento masivo convocado por el gobierno federal para celebrar siete años de Morena en el poder.

Baltazar Valdés, también dirigente del FNDCM, afirmó: “El Congreso nos traicionó… necesitamos bloquear el evento del sábado para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos”. En ese mismo sentido, la productora Alexa Jiménez cuestionó que haya motivos para celebrar: “El campo está en el abandono… están a punto de quitarnos la principal materia para producir”.

Con el dictamen aprobado en comisiones y en ruta hacia el pleno, el país entra en una jornada marcada por presión legislativa y una creciente movilización nacional del sector agrícola.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro Grandeza, una obra que escribió desde su retiro de la vida pública y en la que busca, según explicó, “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”. Este título se convierte en el número 21 de su trayectoria como autor, después de haber cerrado su ciclo político en 2024 y entregar la presidencia a Claudia Sheinbaum, actual mandataria del país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, López Obrador anunció la publicación del libro y compartió un mensaje donde destaca el legado cultural de los pueblos originarios. “Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, escribió.

El exmandatario detalló que no realizará giras ni eventos públicos para promover Grandeza, ya que mantiene su decisión de permanecer retirado. Sin embargo, en su mensaje abrió la posibilidad de reaparecer en espacios públicos si lo considera necesario. “Sólo saldría a la calle por tres razones”, señaló antes de enumerarlas: la defensa de la democracia, la protección del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y la preservación de la soberanía nacional.

Sobre el primer punto, López Obrador afirmó que volvería a las calles “si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, los grandes fraudes, los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio”. En cuanto a Sheinbaum, pidió respaldo para su administración al afirmar que “todavía es temporada de zopilotes, hay buitres y hay halcones”. Añadió que, si existieran intentos de golpe de Estado o acoso contra la mandataria, intervendría públicamente.

Respecto a la soberanía, el exmandatario señaló que México “no es colonia de ningún país extranjero” y advirtió que también regresaría al espacio público si hubiera una violación a la independencia nacional.

Grandeza se suma a la lista de publicaciones recientes del fundador de Morena, entre las que destacan Gracias (2024), A la mitad del camino (2021), Hacia una economía moral (2019), 2018 La salida (2017), El poder en el Trópico (2015), La mafia nos robó la Presidencia (2007) y Entre la historia y la esperanza (1995). Su libro anterior, Gracias, abarca su trayectoria desde sus inicios en la política hasta finales de 2023 y fue dedicado a quienes buscan dedicarse a esta actividad, descrita por él como “tan importante, tan humana, tan limpia”.

La nueva obra está disponible en formato físico en librerías de todo el país, acorde con la línea editorial que López Obrador ha seguido durante su carrera, enfocada en temas políticos y en su visión sobre la historia y el rumbo del país.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.

Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

Autoridades de México decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile en un camión que se dirigía hacia Mexicali, Baja California, procedente del estado de Sinaloa. El operativo fue realizado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional durante una revisión en un punto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento incluyó 1,777 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, todos ocultos en un cargamento de productos agrícolas. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena detalló que el tractocamión tenía como destino la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, y había partido desde el municipio de Espinal, en el estado de Sinaloa, una región identificada por las autoridades como zona de tránsito y producción de drogas sintéticas. Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en paquetes ocultos entre las cajas que simulaban un cargamento legal de chiles, con el fin de evadir los controles de inspección.

“El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes”,precisó el comunicado de Defensa.

El hallazgo forma parte de los operativos implementados dentro de la Operación Frontera Norte, una estrategia puesta en marcha en febrero pasado y coordinada entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos y combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

La iniciativa surgió tras las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió al Gobierno mexicano fortalecer su estrategia de seguridad y tomar medidas concretas para detener el flujo de fentanilo hacia su país. El acuerdo bilateral también buscó evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, medida que Washington había amenazado con aplicar si no se intensificaban las acciones contra el narcotráfico.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, México ha decomisado más de 98.3 toneladas de droga, incluyendo 452.3 kilogramos de fentanilo, y ha detenido a 7,482 personas relacionadas con actividades del crimen organizado, según los reportes oficiales difundidos hasta el 22 de septiembre pasado.

Con este nuevo decomiso, las fuerzas de seguridad mexicanas refuerzan su presencia en la franja fronteriza del norte del país, una zona clave para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda de metanfetaminas y fentanilo continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad binacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días comenzará a aplicarse el descuento salarial a los legisladores que se ausenten del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el salón de sesiones. La medida busca reforzar la asistencia y la participación activa en los procesos parlamentarios.

“Sí, va a haber modificaciones en cuanto a la asistencia y también en cuanto a la participación en comisiones”, señaló Monreal, para evitar casos de participaciones remotas en las que los diputados se dediquen a otras actividades, como ocurrió con el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Monreal Ávila confirmó que será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará el tema de los diputados faltistas, en una semana en la que incluso algunos presidentes de comisiones no asistieron a sus reuniones.

“El que se ausenta de su trabajo, no puede percibir un salario, en este caso una dieta; creo que sería normal que se les rebajara proporcionalmente de su dieta y eso es elemental”, indicó.

El líder parlamentario destacó que, aunque Morena es mayoría, las decisiones sobre la asistencia y participación se tomarán considerando el parecer de todos los grupos parlamentarios. “He estado ya conversando con ellos, para tomar decisiones que puedan mejorar la calidad de la elaboración de leyes y sobre todo la asistencia de todos en momentos fundamentales de leyes importantes”, apuntó.

Monreal reiteró que su bancada será más rigurosa en el control de las ausencias. “Vamos a restringir ausencias para que todos participemos en el pleno y en las comisiones, la próxima semana vamos a revisarlo”, afirmó, y subrayó que la bancada de Morena ha cumplido con su responsabilidad, con un gran número de diputados presentes incluso cuando no es estrictamente obligatorio.

El presidente de la Jucopo explicó que se revisará la agenda de actividades de los diputados, especialmente en los meses con múltiples solicitudes para eventos de distinta naturaleza. “Vamos a restringirlos y solo serán eventos de carácter legislativo, no vamos a abrir a otra naturaleza, a otros eventos distintos al legislativo”,garantizó.

Monreal Ávila subrayó que la agenda se revisará con mayor escrúpulo para evitar malas interpretaciones o que los legisladores participen fuera de sesiones o días sin trabajo legislativo. “Seguramente todo eso se va a eliminar y vamos a exigir mayor seriedad y rigurosidad en cuanto a la presencia de diputados y mayor conocimiento en cuanto a la materia que se debate. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con responsabilidad”, concluyó.

Con esta medida, el coordinador de Morena busca garantizar que los diputados cumplan con mayor disciplina y compromiso en la elaboración de leyes y en la atención de sus responsabilidades legislativas, reforzando la presencia y participación activa en las comisiones y el pleno.