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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico 2025 a la Cámara de Diputados, marcando las directrices financieras que guiarán la administración de Claudia Sheinbaum. Este documento subraya las estrategias clave para impulsar el desarrollo del país, manteniendo la estabilidad fiscal y priorizando la austeridad.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) analizó el documento y destacó que el Paquete Económico debe salvaguardar la estabilidad fiscal de México ante los retos económicos que podrían intensificarse en el primer año del nuevo gobierno.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, adelantó que el plan incluirá un déficit del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, resaltó que la disminución de la inflación será un factor clave para alcanzar las metas propuestas sin abandonar la política de austeridad.

El Paquete Económico es un conjunto de propuestas económicas y fiscales que el Ejecutivo presenta al Legislativo para su análisis y eventual aprobación. Está compuesto por varios elementos fundamentales:

• Criterios Generales de Política Económica, donde se evalúa la situación económica global y nacional, lo que permite proyectar ingresos y gastos.
• Iniciativa de Ley de Ingresos, que detalla las fuentes de ingresos del gobierno, como impuestos y ventas de petróleo.
• Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que especifica en qué se gastarán los recursos públicos.
• Miscelánea Fiscal, que incluye reformas a leyes como la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación.

Los Criterios Generales de Política Económica proporcionan un panorama sobre el contexto económico que influirá en los ingresos estimados y el gasto público del próximo año. Por su parte, la Ley de Ingresos establece las fuentes de ingreso, mientras que el Presupuesto de Egresos detalla cómo se asignarán esos recursos.

El Paquete Económico 2025 refleja la visión de Claudia Sheinbaum de mantener la austeridad como pilar para respaldar las iniciativas de su administración, buscando un equilibrio entre la estabilidad financiera y el desarrollo del país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició el 12 de junio el pago de un bono por 894 millones de dólares con vencimiento en abril de 2025, como parte de su estrategia para eliminar completamente los pagos de deuda externa programados para ese año.

En un comunicado, la SHCP informó: “Este es el tercer bono, con vencimiento en 2025, que se liquida con este mecanismo, refinanciando un total de casi 4 mil millones de dólares en vencimientos programados para el primer año de gobierno de la siguiente administración”.

Gabriel Yorio, representante de la SHCP, explicó que esta medida busca proporcionar mayor flexibilidad financiera al próximo gobierno. Además, el plan incluye un refinanciamiento en el mercado local para reducir la deuda en pesos del próximo año. Yorio comentó: “En estos seis años refinanciamos más de 15 mil millones de dólares, y monitorearemos mercados para continuar con operaciones financieras que beneficien la liquidez. México cuenta con sólidos fundamentos económicos, bajo porcentaje de deuda/PIB y finanzas públicas ordenadas”.

Según el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, en los primeros cuatro meses del año, la deuda externa representó el 16.1 por ciento del total. Hasta abril, la deuda acumulada alcanzó los 13 billones 374 mil 36.8 millones de pesos, mostrando un aumento del 14.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Un reciente hallazgo de vulnerabilidad en el sistema informático del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha suscitado preocupación, justo en el umbral del inicio de la campaña para la declaración anual de impuestos por parte de personas físicas.

Según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir del próximo lunes 1 de abril de 2024, los contribuyentes individuales tendrán un mes para presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023.

No obstante, antes de que millones de ciudadanos utilicen este servicio en línea para cumplir con sus obligaciones fiscales, se ha revelado que el portal del SAT presenta una vulnerabilidad detectada por un hacker perteneciente al grupo conocido como ‘Mexican Mafia’, quien se hace llamar ‘Lord Peña’.

Este individuo ha identificado una vulnerabilidad denominada “reflected XSS” en el sitio web del SAT, la cual permite la ejecución de código JavaScript en los navegadores de los usuarios que acceden al portal. Aunque esta falla no afecta directamente al servidor del SAT, sí representa un riesgo para los contribuyentes al permitir la manipulación del comportamiento del sitio desde el lado del usuario.

El XSS reflejado, utilizado por ‘Lord Peña’, es una técnica que posibilita la ejecución de scripts en los navegadores de los usuarios, lo que podría conducir a campañas de phishing avanzadas. En este escenario, los contribuyentes podrían ser engañados para compartir contraseñas o datos financieros bajo la falsa creencia de interactuar con el sitio legítimo del SAT.

El hacker podría aprovechar esta vulnerabilidad para crear páginas web falsas que simulen ser el sitio oficial del SAT, con el fin de obtener información confidencial de los usuarios desprevenidos.

La revelación de esta vulnerabilidad plantea desafíos adicionales en términos de seguridad cibernética, especialmente en un momento crucial como lo es la temporada de declaración de impuestos.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.