Etiqueta: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo este sábado su asamblea ordinaria, un encuentro centrado en la renovación de su Consejo Nacional para los próximos tres años y en la discusión sobre posibles reformas a sus estatutos internos. El evento estuvo acompañado por un mensaje directo de exigencia de paz al gobierno federal, así como por señalamientos sobre los hechos de violencia registrados en la marcha de la llamada “Generación Z” del pasado 15 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente del PAN, Jorge Romero, destacó que la militancia se reunió con el fin de “alzar la voz por México”, al referirse al panorama de inseguridad que enfrenta el país. En su mensaje subrayó que recuperar la tranquilidad es una demanda urgente. “México se merece y, por tanto, exige recuperar la paz, algo tan simple como que nos den paz en México”, expresó ante los asistentes. Añadió que la violencia actual no solo está asociada a enfrentamientos entre grupos delictivos, sino que impacta de forma amplia en la vida cotidiana.

Romero señaló que la renovación del Consejo Nacional representa una etapa clave para la organización del partido, encaminada a los próximos tres años de trabajo político y estratégico. También indicó que la asamblea servirá para debatir si se modifican los estatutos internos, con el propósito de fortalecer la operación interna del PAN. En ese contexto, afirmó: “México es mucho más que su gobierno o que sus gobiernos de todos los colores”, al insistir en que el país debe aspirar a superar el clima de violencia.

El presidente panista también hizo referencia a los hechos ocurridos durante la marcha del movimiento conocido como “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre. En esa movilización se registraron enfrentamientos entre personas encapuchadas y elementos de la policía, que derivaron en la detención de 29 personas y dejaron un saldo de 84 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionados. Romero señaló la importancia de dar seguimiento puntual a estos acontecimientos y reiteró que el partido mantiene firme su postura frente a actos de violencia.

Además, recordó que el PAN presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la apertura de una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la marcha. De acuerdo con el documento promovido por el partido, la petición busca denunciar irregularidades cometidas contra manifestantes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

La asamblea ordinaria concluyó con la reafirmación del PAN de continuar impulsando acciones que, desde su perspectiva, contribuyan a fortalecer la vida democrática y a exigir condiciones de seguridad para la ciudadanía en todo el país.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.

Bernabé fue elegido como presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La designación, que ocurrió en apenas tres minutos, fue resultado de un acuerdo directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y marcó el inicio formal de un órgano que llevaba un año de retraso en su instalación.

El nuevo presidente del Comité, que tiene la misión de promover la transparencia, la integridad y la conducta ética entre las y los legisladores, llega al cargo con un historial cargado de señalamientos. Entre ellos, destacan acusaciones por intentar reelegirse como candidato indígena sin pertenecer a esa comunidad, por el presunto secuestro durante una disputa política en Veracruz y por el manejo de un equipo de asesores con sueldos que superaban los 180 mil pesos mensuales.

Pérez Bernabé fue cuestionado desde 2024, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura tras descubrir que se había registrado bajo la acción afirmativa indígena con documentos que no coincidían con su lugar de nacimiento.

 Aunque presentó una constancia emitida por una comunidad de Papantla, el organismo electoral comprobó que el diputado nació en Gutiérrez Zamora, a casi 30 kilómetros de distancia. Su suplente, Victoria Méndez, sí fue reconocida como candidata indígena válida.

Aun así, semanas después el morenista logró solventar las inconsistencias y consiguió postularse nuevamente, resultando electo por mayoría relativa. Desde entonces, su trayectoria política ha estado acompañada de polémicas, pero también de alianzas que le permitieron consolidar su posición dentro del partido guinda y, ahora, alcanzar la presidencia de un comité encargado de vigilar la ética legislativa.

El nombramiento también incluye al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, como vicepresidente, además de los legisladores Luis Agustín Rodríguez, del PAN, y Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, como secretarios.

La integración del Comité se completa con los llamados decanos, entre ellos el morenista Manuel Espino Barrientos, quien actualmente se encuentra en recuperación tras un derrame cerebral sufrido en septiembre.

La creación del Comité de Ética, que debió haberse instalado desde hace más de un año, busca reforzar los principios de transparencia y conducta pública dentro del recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, la elección exprés de un presidente con antecedentes polémicos ha generado críticas en los pasillos del Congreso y reabre el debate sobre los filtros éticos en los nombramientos dentro del Poder Legislativo.

Pese a las controversias, la nueva dirigencia del Comité de Ética deberá asumir su tarea de velar por el comportamiento institucional de los diputados y prevenir actos que comprometan la integridad de la Cámara. El reto será mayor: hacerlo bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más exigente con sus representantes públicos.

Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

Con una amplia mayoría de 352 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2026, propuesta que contempla un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos. La iniciativa fue respaldada por los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en medio de un intenso debate con los partidos de oposición.

La aprobación también autoriza un endeudamiento externo neto superior a los 15 mil millones de dólares, destinado a financiar parte del gasto público para el ejercicio fiscal del próximo año. Con esta medida, el gobierno federal busca cubrir sus compromisos económicos y sostener los programas prioritarios de desarrollo, pese a las críticas de diversos sectores legislativos.

Durante la sesión, el legislador Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre los riesgos del alto nivel de deuda, señalando que con estas cifras “los gobiernos de Morena prácticamente habrán duplicado la deuda histórica del país, empeñando el futuro de nuestras hijas e hijos”. Según el diputado, al cierre de 2026 la deuda nacional alcanzará los 20 billones de pesos, lo que equivaldría a que “cada mexicano deba alrededor de 153 mil pesos”.

El dictamen aprobado será turnado al Senado de la República, donde se espera sea analizado la próxima semana. Una vez votado en la Cámara Alta, el documento pasará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Durante la discusión en el Pleno, Morena presentó tres reservas con el objetivo de realizar ajustes al dictamen. Una de las modificaciones busca evitar que las aseguradoras retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las personas aseguradas, lo que podría implicar una recuperación de alrededor de 20 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025.

La Ley de Ingresos aprobada prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una inflación del 3%, un precio promedio del petróleo de 54.9 dólares por barril y un tipo de cambio estimado en 19.3 pesos por dólar. Estos indicadores servirán como base para la elaboración del Presupuesto de Egresos del próximo año.

Los legisladores de oposición manifestaron su rechazo, argumentando que el nivel de deuda propuesto compromete las finanzas públicas y aumenta la vulnerabilidad económica del país. En contraste, los diputados de Morena defendieron la iniciativa, asegurando que la estrategia financiera busca garantizar el crecimiento económico y la continuidad de los programas sociales impulsados por el actual gobierno.

La sesión concluyó con un ambiente de polarización entre las bancadas, marcando el inicio del siguiente paso legislativo en el Senado para definir la ruta económica del país en 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles una nueva medida ambiental que transformará la forma en que los capitalinos separan sus desechos.

A partir del 1 de enero de 2026, la basura deberá clasificarse en tres categorías: orgánica, inorgánica reciclable e inorgánica no reciclable, con el objetivo de fortalecer el manejo responsable de los residuos y fomentar el aprovechamiento sustentable de los materiales.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que la medida estará acompañada de una campaña informativa dirigida a la población para explicar los cambios y promover la correcta separación desde los hogares, comercios y espacios públicos.

La nueva clasificación considera dentro de los residuos orgánicos los restos de verduras, frutas y hortalizas, así como cascarones de huevo, restos de café y té, filtros de papel para café, pan, tortillas, productos lácteos sin recipiente, huesos, aceite de cocina usado, servilletas de papel y heces de animales.

En la categoría de residuos inorgánicos no reciclables se incluyen pañuelos usados, papel de baño, bolsas de frituras, preservativos, toallas sanitarias, curitas, pañales, celofán, calzado, colillas de cigarro y chicle. Estos materiales no pueden ser reincorporados al ciclo productivo y deberán destinarse a sitios de disposición final.

Por su parte, los residuos inorgánicos reciclables comprenderán papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, ropa y textiles, madera y envases, materiales que podrán ser aprovechados en procesos de reciclaje industrial.

Brugada destacó que esta nueva estrategia busca fortalecer la infraestructura ambiental de la ciudad, por lo que se destinarán recursos para el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos orgánicos, con la meta de alcanzar la producción de 300 mil toneladas de composta. 

Aunque no precisó el monto de inversión, aseguró que el plan forma parte de una política integral para reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y aprovechar al máximo los desechos.

La medida representa un cambio estructural en la gestión de residuos sólidos urbanos en la capital del país, que actualmente genera más de 12 mil toneladas diarias de basura, según cifras del propio gobierno local.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema, el gobierno capitalino busca reducir el impacto ambiental, mejorar los procesos de reciclaje y compostaje, y avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible mediante la participación activa de los habitantes. La implementación iniciará el 1 de enero de 2026, tras un periodo de preparación y difusión que arrancará en los próximos meses.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca frenar los cobros excesivos y facilitar la cancelación de servicios contratados a través de plataformas digitales. El proyecto, presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue discutido como de obvia y urgente resolución y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 438 votos a favor.

Desde tribuna, Monreal compartió su experiencia personal para ejemplificar la problemática. Relató que, tras rentar un departamento, intentó cancelar un servicio de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos. “Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta solo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, señaló.

El legislador morenista denunció que alrededor de 62 millones de ciudadanos están expuestos a penalizaciones y a procesos complicados para cancelar sus suscripciones. “Es impresionante, porque es muy fácil contratarlos. Basta un clic para contratar una tecnología de la información. Aprietas el clic y de inmediato quedas sujeto al contrato que te expiden y que te obligan a cumplir. Pero si quieres cancelar una de esas suscripciones, imposible. Sea telefónica, de entretenimiento, música o videojuegos, es un calvario”, advirtió.

La iniciativa establece que las empresas deberán notificar al consumidor al menos cinco días antes de renovar automáticamente un servicio, con el fin de cerrar la puerta a cobros sorpresivos y reforzar el consentimiento informado.

Durante la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, presentó una reserva que fue aceptada y aprovechó para exigir que también se dé salida a las propuestas de su bancada, las cuales, dijo, muchas veces quedan “en la congeladora”. Expresó solidaridad con quienes terminan en buró de crédito por cargos indebidos en tarjetas de crédito y señaló que también ocurre con pagos domiciliados en tarjetas de débito.

“Más tarda en caer su sueldo, que ya se lo están arrebatando por servicios que ni siquiera están recibiendo”,subrayó. Recordó además que en abril de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir las comisiones por pago con tarjeta, pendiente aún en el Senado.

Lixa adelantó que el PAN presentará una iniciativa para eliminar los cobros por consultas de saldo bancario, que calificó como excesivos. También enlistó propuestas en curso: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua, exentar de ISR los aguinaldos, garantizar medicamentos, deducir el pago de colegiaturas y sancionar a funcionarios coludidos con el crimen organizado.

En medio de los cruces parlamentarios, Monreal logró el aval de todos los partidos a su propuesta, que busca poner un alto a lo que calificó como un “calvario” en los procesos de cancelación y cobros indebidos de plataformas digitales.