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La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

Un mensaje enviado a un grupo interno de legisladores de Morena terminó por escalar a una nueva confrontación entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados.

La polémica gira en torno a una instrucción atribuida al vocero morenista Arturo Ávila, difundida el pasado 28 de mayo, en la que se pedía dirigir acciones contra la diputada panista Paulina Rubio y lanzar ofensivas desde la tribuna contra el dirigente priista Alejandro Moreno.

“Queja a la mesa directiva, específicamente Paulina (Rubio), con todo. A todas y todos los compañeros: Uno, los que suban (a la tribuna), con todo contra Alejandro Moreno, sin límite, todos pidan la palabra”, señala el mensaje que ese día fue difundido por el medio de información Latinus mediante una captura de pantalla de la denominada “vocería de Morena”.

Horas después, la sesión en San Lázaro estuvo marcada por fuertes cuestionamientos contra Rubio, quien ocupaba la presidencia en funciones de la Mesa Directiva tras un acuerdo alcanzado entre los integrantes de ese órgano legislativo.

A partir de esos hechos, el diputado del PAN Federico Döring lanzó una ofensiva pública contra Ávila. En un video difundido en redes sociales aseguró que el legislador morenista instruyó a integrantes de su bancada para “golpear, calumniar y tratar de injuriar” a la panista desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

El panista sostuvo además que detrás de las críticas contra Rubio hubo una acción coordinada y acusó que se recurrió a terceros para atacarla políticamente durante la sesión.

La controversia creció cuando la diputada de Morena Dolores Padierna intervino desde su curul para cuestionar la conducción de Rubio al frente de los trabajos legislativos.

“Esta Cámara de Diputados no se merece perfiles en la Mesa como ese. No ha sido la sesión más larga de esta legislatura. Ha sido la de mayor desgarriate creado por las panistas en la Presidencia”, expresó.

Federico Döring respondió con una serie de señalamientos dirigidos a figuras de Morena. Entre ellas mencionó al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, así como a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes pidió pronunciarse sobre la actuación de Ávila.

Durante su mensaje también cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su compromiso de respaldo a las mujeres no se ha cumplido. Como parte de sus críticas, mencionó el caso de Karla Estrella y sostuvo que existe abandono frente a situaciones que involucran a mujeres.

La disputa dejó abierto un nuevo frente de confrontación política dentro de la Cámara de Diputados, ahora centrado en el contenido y alcance de una instrucción difundida desde un canal interno de Morena.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

“Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La mandataria estatal fijó postura luego de que la Fiscalía General del Estado revelara avances sobre una investigación relacionada con la aparición de presuntos agentes estadounidenses en instalaciones oficiales y en el despliegue de seguridad.

En un comunicado, Campos afirmó que su administración continuará enfocada en el combate al crimen y rechazó las acusaciones impulsadas por Morena. “No tenemos nada que esconder”, sostuvo. También informó que instruyó a la Fiscalía para actuar “conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal confirmó que las personas bajo investigación estuvieron en al menos dos ocasiones dentro de instalaciones de la corporación antes del operativo. De acuerdo con la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Chávez Villanueva, las indagatorias permitieron identificar un “patrón de convivencia e interacción” entre esos individuos, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros funcionarios.

Las autoridades revisaron grabaciones de videovigilancia y detectaron a cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales, integrándose al convoy desplegado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía precisó que no existen elementos que acrediten que participaran en tareas de mando, entrenamiento o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva detalló además que uno de los presuntos agentes de la CIA fue grabado dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que no hay pruebas de que la utilizara o la portara fuera de esas instalaciones durante el operativo.

La funcionaria agregó que las autoridades estatales solicitaron información a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para conocer la identidad, situación migratoria y posibles acreditaciones de las personas involucradas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Dos de ellas continúan sin ser identificadas plenamente.

El Partido Acción Nacional expresó respaldo a la gobernadora y acusó al gobierno federal de intentar desacreditarla mediante señalamientos políticos. En un comunicado, el partido rechazó la solicitud de desafuero promovida desde Morena y afirmó que no existen investigaciones contra Campos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La falta de atención oportuna a los trastornos mentales en México está generando consecuencias graves, alertó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liliana Ortiz Pérez, quien subrayó la urgencia de cambiar el enfoque institucional hacia la prevención.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un problema creciente que, en muchos casos, no recibe atención a tiempo. “Hay una crisis silenciosa de salud mental que no podemos ignorar porque estamos llegando tarde”, afirmó.

Ortiz Pérez respaldó su señalamiento con datos preocupantes: “Uno de cada cuatro personas se enfrenta a un trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60% no recibe ni recibirá atención alguna y el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes y lo más grave, seguimos llegando tarde, cuando la crisis ya estalló”.

Como referencia reciente, mencionó lo ocurrido esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, hecho que calificó como un “ejemplo desafortunado”. La diputada expresó condolencias a las víctimas, sus familias y a la madre del joven involucrado.

“Un joven que atravesaba una crisis emocional profunda en un espacio público y la respuesta evidenció algo que no podemos ignorar, no estamos preparados para prevenir, contener ni atender de manera oportuna estas situaciones”, señaló.

Aclaró que el caso no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática más amplia. “No se trata de señalar un caso en particular, se trata de reconocer un patrón, estamos reaccionando cuando el problema ya es visible, cuando ya es urgente, cuando ya duele profundamente”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de intervención temprana tiene efectos acumulativos: “Eso tiene consecuencias porque detrás de cada crisis no atendida a tiempo hay una historia de silencio, de falta de acompañamiento y de ausencia institucional”.

La legisladora enfatizó la necesidad de construir un sistema que actúe antes de que las crisis escalen. “La salud mental no puede seguir dependiendo de la casualidad, de la buena voluntad o de la reacción de último momento, necesitamos un sistema que llegue antes, que detecte a tiempo y que acompañe de forma permanente”, sostuvo.

Asimismo, destacó que ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la atención en este ámbito, incorporar la inteligencia emocional en la educación y atender fenómenos emergentes como la soledad no deseada.

Finalmente, reconoció el trabajo de la organización Feelink y de sus fundadores, Martín Espinosa y Blanca Adán, por la realización del Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapia, programado para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México, como un espacio de colaboración entre distintos sectores.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.