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El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un cambio estructural en la forma en que definirá a quienes lo representarán en las urnas. La dirigencia nacional informó que dejará atrás los métodos tradicionales de designación interna para dar paso a un esquema en el que la ciudadanía tendrá un papel central en la elección de candidaturas.

Durante un evento partidista, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que el nuevo mecanismo contempla varias etapas diseñadas para medir el posicionamiento real de quienes aspiren a competir por un cargo público. El modelo incluye un registro inicial, seguido de entrevistas, un periodo de recolección de firmas y una serie de presentaciones en distintos foros, antes de avanzar a una fase de debates públicos entre finalistas.

El proceso culminará con una decisión directa de la ciudadanía, que será la encargada de definir quién obtiene la candidatura. Para participar, los interesados deberán completar su inscripción mediante una aplicación digital habilitada para este fin.

Romero Herrera detalló que este rediseño busca sustituir las prácticas que durante años dominaron la vida interna del partido, cuando las candidaturas se resolvían en convenciones o por determinación de las dirigencias. En contraste, la nueva ruta pone énfasis en el nivel de reconocimiento público de cada aspirante como criterio principal.

“Si quieres decididamente competir, medirte; si quieres defender a México, entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen las aspiraciones; si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, afirmó el dirigente.

El líder panista también subrayó que no habrá espacio para decisiones centralizadas en las cúpulas del partido. “La decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente que decida quién quiere que la represente, así de fácil, no habrá imposiciones cupulares, la gente decide (…) será una decisión ciudadana empoderando a otros ciudadanos, esta fue la visión original de nuestros fundadores”, señaló.

Además, estableció un criterio estricto respecto a los perfiles que podrán participar en este nuevo esquema. “Aquí no permitiremos ni la más mínima aproximación de personas que tengan que ver con el crimen organizado. Aquí ni en la última regiduría de este país serán aceptados”, sostuvo.

La dirigencia del PAN enmarca esta estrategia como parte de su preparación rumbo a 2027, con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral frente a Morena, en un escenario donde busca recuperar terreno político a través de un modelo que prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones internas.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.