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En la mañana del 24 de marzo, un caos repentino y la violencia se desataron en las calles de Culiacán, Sinaloa, cuando individuos armados abrieron fuego contra la Guardia Nacional que patrullaba la zona. El tenso enfrentamiento tuvo lugar en el Nuevo Malecón de Culiacán y fue capturado en video por un corresponsal de Luz Noticias, quien transmitía en vivo a través de Facebook para mantener informada a la población.

Las imágenes muestran cómo una camioneta blanca se aproximó a gran velocidad hacia los elementos de la Guardia Nacional, sin intenciones de detenerse. En un abrir y cerrar de ojos, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar armas de alto calibre contra los agentes, desencadenando una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

El reportero y sus colegas se vieron obligados a resguardarse detrás de un automóvil cercano mientras la balacera continuaba. A pesar del peligro inminente, el periodista logró narrar los momentos de tensión, describiendo la intensidad de los intercambios de disparos.

“En estos momentos estamos protegidos detrás de un vehículo. Cuidado, se desató la balacera. Una camioneta blanca pasó a toda velocidad y comenzó un intenso enfrentamiento”, informó el reportero.

Ante el riesgo latente de más violencia, un agente de la Guardia Nacional ordenó a los periodistas abandonar el lugar de forma urgente, mientras las autoridades locales tomaban medidas para asegurar la zona y evitar la aproximación de otros vehículos.

Horas antes del violento enfrentamiento, la Guardia Nacional había estado involucrada en un operativo de búsqueda relacionado con el secuestro de varias personas en días anteriores. Informes no oficiales sugieren que durante este operativo, un miembro de la Guardia Nacional perdió la vida, mientras que otro resultó gravemente herido, siendo su estado de salud motivo de preocupación.

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reafirmó su compromiso este sábado, asegurando que ejerce sus funciones sin distinción y con las puertas abiertas para atender las denuncias de todos los ciudadanos.

En un comunicado emitido, el INAI subrayó su papel como un órgano autónomo constitucional encargado de salvaguardar el derecho a la protección de datos personales en los ámbitos público y privado. Enfatizó que este derecho humano es tutelado y defendido para todas las personas, independientemente de su estatus.

Esta declaración surge en medio de la difusión en redes sociales de números telefónicos de funcionarios gubernamentales, líderes de Morena, periodistas afiliados a la llamada Cuarta Transformación y del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.

Además, coincide con las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó haber compartido el número celular de la corresponsal en México del diario estadounidense The New York Times, Natalie Kitroeff.

El INAI enfatizó que tiene la facultad de iniciar investigaciones ante posibles violaciones a los principios y deberes establecidos en la legislación sobre protección de datos personales, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Actúa de oficio cuando se identifica a la persona, empresa o institución responsable del tratamiento indebido de datos, mientras que en otros casos espera denuncias para actuar.

Adrián Alcalá, presidente del INAI, condenó en sus redes sociales la filtración o vulneración de información privada y anunció que el organismo ejercerá sus facultades para proteger este derecho.

En relación con las declaraciones del presidente López Obrador, Alcalá reiteró que nadie está por encima de la ley y que es responsabilidad del INAI garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales. Explicó que la ley establece que los datos personales no pueden ser divulgados sin el consentimiento expreso del titular, a menos que existan causas extraordinarias previstas en la legislación.

El INAI determinará si hubo violaciones a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Las sanciones administrativas por estas violaciones pueden variar desde amonestaciones hasta multas económicas e inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

En cuanto a los plazos de investigación, Alcalá explicó que la ley establece un periodo de 50 días para iniciar la investigación y otros 50 días para verificar posibles violaciones.

En medio de la controversia generada por las recientes acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra el diario The New York Times, Estados Unidos ha salido en defensa de la libertad de prensa, rechazando las críticas y expresando su compromiso con un ambiente donde los periodistas puedan informar libremente.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema durante una rueda de prensa, respondiendo a las acciones de López Obrador que desataron la polémica. Jean-Pierre manifestó su desaprobación, señalando que no es algo que el gobierno estadounidense respalde. Además, condenó enérgicamente el acoso que podría derivarse de tales acciones presidenciales contra la libertad de prensa.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, destacó la vocera de la Casa Blanca.

El jueves pasado, López Obrador exhibió públicamente el teléfono y una carta de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, durante una conferencia de prensa. Esta acción se produjo como respuesta a la investigación que Kitroeff estaba llevando a cabo para un artículo que, finalmente, fue publicado después de los comentarios del presidente.

El artículo reveló que Estados Unidos había mantenido una investigación abierta sobre presuntos fondos del narcotráfico destinados a los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados durante la campaña presidencial de 2018.

El incidente ha suscitado preocupaciones sobre la intimidación y el respeto a la libertad de prensa en México. Jean-Pierre subrayó la importancia de que los periodistas puedan realizar su trabajo de manera segura y sin temor a represalias, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de la libertad de expresión.

La polémica continúa generando reacciones en el ámbito internacional, destacando la importancia de preservar un entorno en el que los periodistas puedan desempeñar su papel crucial en la sociedad, informando con independencia y responsabilidad.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.

En una advertencia contundente, Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, señaló el miércoles que, al presentar pruebas sobre presuntos actos de corrupción y “moches” en el Gobierno federal, podría afectarse la candidatura de una figura política sin mencionar directamente a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Martínez, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que no busca perjudicar ni al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a la próxima administración, pero afirmó tener grabaciones que involucran a diversas personas. Compartió un fragmento de una conversación con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, acusándolo de pagar en efectivo a periodistas afines al Gobierno y liderar una campaña de ataques en su contra.

La ex funcionaria denunció amenazas de muerte y afirmó tener pruebas en su poder. En sus publicaciones, expuso que el vocero presidencial estaba involucrado en el pago en efectivo a periodistas pro 4T y en la orquestación de campañas de desprestigio utilizando fondos públicos.

A principios de enero, Martínez destapó una presunta solicitud de “moches” para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Después de la extinción de Notimex, la ex directora acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de solicitar fondos ilícitos a cambio de liquidaciones para los empleados de la Agencia.

La periodista también acusó a Jesús Ramírez de promover a Adriana Urrea, lideresa del sindicato de Notimex, mientras revelaba un audio en el que el funcionario supuestamente intentaba perjudicarla durante la huelga de Notimex. Sanjuana adelantó tener más grabaciones y expresó su disposición a hacerlas públicas si es necesario.

En el polémico audio compartido, se escucha a Martínez y Ramírez discutir la negociación con diversas personas, la exclusión de algunas del trato y la posibilidad de persecución por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Destaca que ante la consulta del medio REFORMA, Jesús Ramírez declinó hacer comentarios sobre el tema. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Gobierno, desafiando la narrativa oficial.

La Alianza de Medios MX, integrada por una decena de medios mexicanos, expresó su repudio este sábado frente a la filtración de datos en línea de más de 300 periodistas que cuentan con acreditación para cubrir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a enjuiciar a los responsables.

Mediante un comunicado, la Alianza manifestó su inquietud por la exposición indebida de información de periodistas tanto nacionales como extranjeros, hecho confirmado previamente por Artículo 19 el viernes pasado.

“Desde la Alianza de Medios MX observamos con inquietud la exposición ilegal de los datos personales de 323 periodistas que han participado en la cobertura de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló la Alianza en su comunicado.

Se recordó que la violación de la información de la Presidencia resultó en la inclusión en bases de datos públicas de fotografías, identificaciones, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones y Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de los periodistas, poniéndolos en riesgo de sufrir ataques físicos y afectando su dignidad.

Además, la Alianza exigió a las autoridades pertinentes realizar una investigación a fondo para determinar si se trató de un hackeo informático o de una “filtración dolosa” de la información personal de los comunicadores, así como la consignación de los culpables.

El viernes, Artículo 19 confirmó la filtración de datos personales de al menos 300 reporteros que han solicitado su acreditación para la conferencia de López Obrador. Tras conocerse esta situación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de “un análisis técnico de la información pública sobre la eventual filtración de datos personales”.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha mantenido una forma inédita de gobernar a través de sus conferencias de prensa diarias, conocidas como las ‘mañaneras’, que duran más de dos horas cada día.

Estas conferencias han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa debido a los ataques del presidente contra periodistas críticos de su Gobierno. Por otro lado, la oposición lo acusa de utilizar las ruedas de prensa para difundir propaganda y desinformación.

Desde junio de 2021, en la conferencia matutina se incluye el segmento ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’, en el que cada miércoles se critica a la prensa nacional por supuestas noticias falsas.