Asociaciones civiles en Tijuana han señalado que el Gobierno de Claudia Sheinbaum carece de un plan para afrontar la posible crisis migratoria derivada de las políticas de Donald Trump, quien recientemente anunció nombramientos clave alineados con su promesa de deportaciones masivas.

José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, destacó en entrevista con EFE que el desamparo hacia la frontera tiene raíces en la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que eliminó apoyos destinados a las organizaciones que trabajan con migrantes en todo el país.

“La Federación siempre ha estado distante”
García Lara afirmó que durante el gobierno anterior, lejos de recibir respaldo, las asociaciones civiles enfrentaron recortes presupuestarios que afectaron su labor en el norte, centro y sur del país. Añadió que, ante la amenaza de deportaciones masivas tras la reciente victoria de Trump, ya se han realizado reuniones entre organismos civiles y las autoridades de Baja California y Tijuana para planificar estrategias.

“Se llevó a cabo una reunión virtual con diversas autoridades locales, discutiendo las posibles acciones ante la incertidumbre que genera este panorama”, explicó el activista. Sin embargo, lamentó la ausencia del Gobierno Federal en estas iniciativas de coordinación.

Designaciones en EE.UU. y mayor incertidumbre
El nombramiento de Tom Homan, exdirector de ICE, como “zar de la frontera” y de Stephen Miller como subdirector de política de la Casa Blanca, ha incrementado la preocupación entre las organizaciones civiles. Ambos son figuras conocidas por endurecer políticas migratorias en la administración anterior de Trump.

García Lara expresó que están en diálogo con organizaciones internacionales para buscar apoyo ante una situación que podría agravarse en 2025. Aunque destacó la importancia de la coordinación local, reiteró la falta de participación federal en los planes de contingencia.

Denuncia del uso de recursos para controlar migrantes
Hugo Castro, fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, calificó de lamentable que el Gobierno de México destine recursos a tareas de control migratorio en lugar de atender la violencia y las necesidades de los migrantes. Señaló que muchos migrantes, incluidos mexicanos con familias en Estados Unidos, enfrentan obstáculos por parte de la Guardia Nacional durante su tránsito.

Según el último informe de seguridad, el Gobierno de López Obrador desplegó 36,000 efectivos de las Fuerzas Armadas en labores migratorias, lo que, según Castro, obliga a los migrantes a recurrir a traficantes para cruzar la frontera. “Son los únicos que se benefician de esta situación”, enfatizó.

Durante seis años, la estrategia de “abrazos, no balazos” fue el emblema de México en su combate al crimen organizado. Este enfoque evitó enfrentar directamente a los cárteles, apostando en su lugar por programas sociales para reducir su influencia. Sin embargo, a un mes de haber asumido el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum parece dar un giro a esta política, mostrando mayor disposición a emplear la fuerza militar y a la Guardia Nacional en la lucha contra el narcotráfico.

A diferencia de la guerra contra el narco que marcó la administración entre 2006 y 2012, hoy el desafío es más complejo. Los cárteles están profundamente diversificados, incursionando en el contrabando de migrantes y empleando cada vez más a adolescentes y extranjeros en sus filas. En este contexto, recientes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes han dejado víctimas civiles, principalmente migrantes, y se han registrado casos en los que los soldados salen ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos fallecen.

Sheinbaum, aunque se ha cuidado de utilizar el lema de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que los “abrazos” están dirigidos a los jóvenes vulnerables para evitar que se integren a las filas de los cárteles. Sin embargo, analistas de seguridad, como Falko Ernst, sugieren que este cambio en el tono de Sheinbaum podría ser una señal de una estrategia más firme contra las expresiones más violentas del crimen organizado.

A diferencia de López Obrador, quien llegó a alabar a algunos capos de la droga y evitar confrontaciones directas para disminuir el “índice de letalidad”, Sheinbaum ha mostrado menos tolerancia ante secuestros de policías y militares. Durante sus primeras semanas en el cargo, se registraron incidentes en los que la Guardia Nacional y el Ejército dispararon contra presuntos delincuentes, resultando en la muerte de migrantes y civiles inocentes.

El cambio de postura es notorio en la respuesta de las fuerzas armadas ante la creciente violencia. En un enfrentamiento reciente en Sinaloa, los soldados abatieron a 19 presuntos integrantes de un cártel sin bajas en sus filas, algo que López Obrador solía criticar en administraciones pasadas. Además, la presidenta enfrenta el desafío de contener un negocio en auge: el contrabando de migrantes. Hoy en día, los cárteles obtienen grandes ganancias por ayudar a personas de países lejanos a cruzar México, usando incluso a los migrantes como escudos humanos en sus enfrentamientos.

Según David Saucedo, analista de seguridad, los cárteles se fortalecieron durante el sexenio de López Obrador debido a la falta de enfrentamientos directos. Ahora, el gobierno de Sheinbaum enfrenta el reto de revertir esa situación, aunque los conflictos armados podrían intensificarse.

Finalmente, Sheinbaum debe lidiar con las consecuencias de la creciente militarización de la seguridad pública, un legado de la administración anterior que asignó a soldados una tarea para la cual no están entrenados. Esto, sumado a la creciente mezcla de migrantes y cárteles, sugiere un futuro con más riesgos para los civiles, en un escenario donde la Guardia Nacional y el Ejército aún enfrentan dificultades para aplicar adecuadamente las reglas de enfrentamiento.

El martes, un grupo de soldados mexicanos disparó contra una camioneta que transportaba a 33 migrantes, luego de que el vehículo intentara esquivar un retén militar, de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El incidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y diez heridas.

Según el comunicado oficial, 17 migrantes que resultaron ilesos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM). El hecho ocurrió en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en el estado de Chiapas, a unas 50 millas de la frontera con Guatemala. Las fuerzas militares realizaban patrullajes terrestres cuando detectaron una camioneta tipo “pick-up” circulando a alta velocidad, la cual intentó huir al notar la presencia militar. Detrás de ella, otras dos camionetas avanzaban, lo que generó sospechas, ya que este tipo de vehículos son comúnmente utilizados por grupos criminales en la región.

El personal militar afirmó haber escuchado disparos, lo que llevó a dos soldados a abrir fuego, deteniendo una de las camionetas. Durante la inspección del vehículo, encontraron a 33 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos egipcios, cubanos, nepaleses, indios y pakistaníes. Cuatro personas fallecieron en el lugar, mientras que 12 fueron heridas. Las autoridades brindaron atención médica a los lesionados y los trasladaron al Hospital General de Huixtla, donde lamentablemente dos más perdieron la vida.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificada para coordinarse con las embajadas correspondientes. La Cancillería peruana confirmó que un ciudadano de su país se encontraba entre las víctimas y exigió una investigación urgente para esclarecer los hechos. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por el incidente y señaló la importancia de contar con vías legales de migración para evitar tragedias.

Los dos soldados que dispararon fueron separados temporalmente y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, aunque la Fiscalía de Justicia Militar también investigará el caso por cuestiones disciplinarias. Este no es el primer incidente en Chiapas donde fuerzas de seguridad abren fuego contra migrantes. En 2021, la Guardia Nacional disparó contra una camioneta en la misma zona, causando la muerte de una persona e hiriendo a cuatro más.

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, más de 13 millones de migrantes han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos. Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se han convertido en puntos clave de este flujo migratorio, de acuerdo con Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM).

Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, la frontera norte de México se ha consolidado como una zona crucial para los migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, quienes buscan llegar a territorio estadounidense con la esperanza de mejores oportunidades laborales y de vida.

Ciudad Juárez, que limita con El Paso, ha sido uno de los corredores migratorios más importantes. Miles de personas se encuentran en albergues, campamentos improvisados o incluso en las calles, esperando cruzar el Río Bravo para solicitar asilo en Estados Unidos.

“Creo que ninguna frontera, ni la de México, Estados Unidos o Colombia, está preparada para recibir a 5 millones de personas. Estas son situaciones globales”, expresó Guillermo Asian, vocero del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec). “Entiendo que se están implementando medidas para evitar que los migrantes tengan que llegar hasta la frontera, pero el mundo no está listo para manejar esta ola migratoria”.

A pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos por aumentar la vigilancia y las deportaciones, el flujo migratorio no ha disminuido. En los últimos meses, El Paso ha experimentado un incremento en el número de personas que intentan cruzar la frontera, lo que ha llevado a la coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para abordar la crisis humanitaria.

Ciudad Juárez ha sido testigo de algunos de los episodios más trágicos de esta crisis, con violencia, explotación y condiciones precarias en los albergues. Un incidente especialmente doloroso fue el incendio en una estación migratoria que dejó 40 migrantes fallecidos hace poco más de un año.

A pesar de las políticas migratorias del Gobierno de López Obrador, como el despliegue de la Guardia Nacional y la contención en la frontera sur del país, el flujo de migrantes sigue siendo constante. Esta crisis en la frontera Juárez-El Paso refleja la complejidad del fenómeno migratorio en los tres mil kilómetros que separan a México y Estados Unidos, con millones de personas que buscan escapar de la violencia o mejorar su calidad de vida.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que aproximadamente mil 500 migrantes de otros países serán trasladados con seguridad hasta la frontera norte de México, siempre y cuando obtengan su cita para ingresar legalmente a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Desde el 23 de agosto, esta gestión puede realizarse directamente desde Chiapas y Tabasco, sin necesidad de que los migrantes se desplacen hasta la Ciudad de México.

Durante la presentación del Informe de Resultados ONU México 2023, Bárcena destacó que esta medida contribuirá a una disminución significativa en los flujos migratorios hacia la frontera, lo que calificó como un “alivio”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos amplió el uso de la aplicación CBP One desde el 23 de agosto, permitiendo que los migrantes gestionen sus citas desde el sureste de México, específicamente en Chiapas y Tabasco, eliminando así la necesidad de viajar al centro del país.

“Es un gran logro que Estados Unidos haya aceptado que la plataforma CBP One, que permite el ingreso legal a su territorio, pueda ser utilizada desde Chiapas y Tabasco. Esto ya es posible desde el pasado viernes, lo cual es crucial, porque ahora los migrantes pueden obtener sus citas en estos estados y no necesitan viajar hasta la Ciudad de México o la frontera. Nosotros nos encargaremos de transportarlos de manera segura a la frontera una vez que tengan su cita”, explicó la canciller.

Bárcena detalló que se trata de aproximadamente mil 500 personas diarias, que es la cantidad de citas que otorga la CBP cada día. Con este esquema, se espera una reducción importante en el número de migrantes que llegan a la frontera diariamente, lo que podría representar un alivio en comparación con los 3 mil migrantes que llegan actualmente.

La canciller también explicó que el Modelo Mexicano de Movilidad Humana aborda la migración con un enfoque diferente, considerando los peligros que enfrentan los migrantes al cruzar el país, como extorsión, secuestro y violación de derechos humanos. Además, mencionó que se está trabajando en un nuevo esquema de movilidad laboral para ofrecer empleo a los migrantes, con el objetivo de que México se convierta en un destino atractivo donde puedan encontrar trabajo con derechos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de personas migrantes han alzado la voz para exigir el respeto a los derechos de las familias en tránsito, luego de que elementos de la Guardia Nacional fueran acusados de disparar, agredir y robar a un grupo de migrantes de distintas edades y nacionalidades que viajaban en un tren de carga.

Mediante un comunicado respaldado por diez organizaciones y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para esclarecer responsabilidades, ya que fueron las autoridades migratorias quienes ordenaron el operativo y las fuerzas federales las que lo ejecutaron.

El incidente ocurrió mientras las familias migrantes atravesaban Silao en su trayecto hacia Estados Unidos, momento en el que comenzaron los disparos. Videos difundidos en redes sociales muestran a un elemento de la Guardia Nacional ordenando a los migrantes que bajaran del tren, mientras se observa la presencia de personal del Instituto Nacional de Migración.

Las agresiones, ocurridas la noche del 12 de agosto, se hicieron públicas a través de las redes sociales. Tras la difusión de los videos, el Instituto Nacional de Migración informó que se trató de un operativo de revisión migratoria en la comunidad de Nápoles, municipio de Silao, donde detuvieron el tren que transportaba a las familias migrantes.

Las organizaciones denunciaron que el operativo se realizó en violación de la Ley de Migración y los derechos humanos, pues se registraron abusos como agresiones físicas, disparos, retención indebida de documentos, amenazas, intentos de separar a madres de sus hijos, y el robo de pertenencias personales, incluyendo celulares y dinero.

Además de solicitar la intervención de la CNDH, las organizaciones exigieron protección para las víctimas, muchas de las cuales siguen en Irapuato, y pidieron la devolución de sus documentos y pertenencias, así como ayuda humanitaria, atención médica y psicológica.

Asimismo, instaron a las autoridades de Guanajuato, como la Secretaría del Migrante, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y el DIF estatal, a brindar asistencia humanitaria y asesoría legal a las familias afectadas.

El comunicado fue firmado por organizaciones como la Red de Casas de Apoyo al Migrante, Casa del Migrante Galilea, Amigos del Tren México, y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, entre otras.