La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.
La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.
La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.
La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.
La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.
Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.
La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.
El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.