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A pocos días de la inauguración del Mundial, el gobierno federal enfrenta un escenario marcado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cierres en el Centro Histórico y las afectaciones derivadas de las obras que se realizan en la Ciudad de México.

Frente a ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el arranque de la justa deportiva se desarrollará sin contratiempos y descartó cualquier respuesta represiva ante las manifestaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que existen intentos de provocar una reacción de su administración en medio de las protestas, incluso por parte de grupos que, afirmó, no necesariamente pertenecen al magisterio. “No vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer, y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración, no hay ningún problema”, señaló.

Las declaraciones ocurren mientras continúan las negociaciones entre autoridades federales y la CNTE, organización que ha mantenido presión mediante movilizaciones y que contempla nuevas acciones el próximo 10 de junio.

Sheinbaum indicó que esperará los resultados de las conversaciones antes de pronunciarse sobre posibles escenarios. Al mismo tiempo, reiteró que la inauguración del Mundial está garantizada y que el gobierno mantendrá su política de no represión. “Vamos a esperar y va a haber una buena inauguración, también, y está garantizado, y también que no va a haber represión, todo al mismo tiempo, así somos nosotros”, afirmó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el diálogo con la CNTE permanece abierto y que las autoridades siguen revisando los planteamientos que aún no tienen una resolución definitiva. En paralelo, la presidenta salió en defensa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante las críticas por las obras y restricciones implementadas en la capital rumbo al Mundial.

Sheinbaum consideró que parte de los señalamientos contra la administración capitalina carecen de sustento y destacó la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan, proyecto que calificó como una obra emblemática para los peatones. “La verdad le quedó muy bonito, está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad, la verdad, y la respaldamos el trabajo que está haciendo y estamos ayudando en todo lo que se necesita”, dijo.

Respecto a las vallas colocadas en el Centro Histórico, la mandataria aseguró que buscan evitar confrontaciones durante las protestas. Según explicó, la medida pretende impedir escenarios de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad.

Antes de que la CNTE ponga en marcha una nueva fase de movilizaciones, el Gobierno federal salió públicamente a pedir al magisterio que detenga las protestas que mantiene en distintas entidades del país y levante el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El posicionamiento fue difundido la noche de este sábado por las secretarías de Gobernación y Educación Pública, junto con el ISSSTE, apenas un día después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciara que intensificará sus acciones, principalmente en la capital del país.

Las dependencias federales argumentaron que la continuidad de las manifestaciones afecta a estudiantes que se encuentran en la recta final del ciclo escolar, además de generar impactos para trabajadores, visitantes y comerciantes de la zona donde permanece el campamento magisterial.

“Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, señalaron las autoridades.

El llamado ocurre a seis días del arranque del Mundial de fútbol y en medio de un conflicto que sigue sin resolverse pese a las mesas de diálogo realizadas entre funcionarios federales y representantes de la Coordinadora.

En el comunicado, el Gobierno aseguró que ha mantenido una estrategia orientada a la construcción de acuerdos y recordó las propuestas que puso sobre la mesa durante las negociaciones. Entre ellas figura la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), planteada por el secretario de Educación, Mario Delgado.

También fue retomada la propuesta presentada por el director general del ISSSTE, Martí Batres, para mejorar las pensiones mediante una “aseguradora pública”. Aunque ambas iniciativas ya fueron rechazadas por la CNTE, las autoridades insistieron en que existe una ruta para continuar atendiendo las demandas del movimiento.

Según el documento, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo durante conferencias de prensa realizadas jueves y viernes que los maestros cuentan con opciones para avanzar en la discusión de sus exigencias.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, indicó la funcionaria. El exhorto federal se produjo mientras la CNTE prepara una nueva escalada de movilizaciones en todo el país.

Gobierno propone una aseguradora pública para contener conflicto con la CNTE En medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal puso sobre la mesa una propuesta inédita: crear una Aseguradora Pública encargada exclusivamente de administrar y pagar pensiones a personas jubiladas. 

La iniciativa fue presentada durante una reunión entre dirigentes magisteriales y autoridades federales encabezadas por el director del ISSSTE, Martí Batres, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. De acuerdo con el planteamiento oficial, la nueva figura trabajaría en coordinación con Pensionissste y buscaría fortalecer el esquema actual de cuentas individuales. El gobierno señaló que se trata de la medida central de la propuesta, ya que actualmente no existe una aseguradora pública con ese objetivo específico. 

El comunicado conjunto de Gobernación, Educación e ISSSTE también destacó que Pensionissste, identificada como la única Afore 100% pública del país, puede convertirse en una alternativa para mejorar las pensiones de quienes se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales. La respuesta de la CNTE fue inmediata: no hubo acuerdo. Los dirigentes informaron que recibieron una nueva propuesta “desglosada” sobre “pensiones dignas”, pero aclararon que será analizada primero en una asamblea nacional antes de tomar una decisión definitiva. 

Los representantes magisteriales señalaron que el encuentro concluyó sin consensos y recordaron que ya habían rechazado una propuesta previa por considerarla ambigua y porque, a su juicio, la eliminación del sistema de carrera magisterial no resuelve las demandas centrales del movimiento. Jenny Pérez, de la Sección 22 de Oaxaca, afirmó que “no hay respuesta hasta el momento a nuestras demandas centrales”, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE, y anticipó que las movilizaciones continuarán. 

En paralelo, el gobierno insistió en que respeta la libre manifestación pacífica, aunque condenó la violencia, el vandalismo y los bloqueos que afectan la movilidad en la Ciudad de México y el tránsito de comerciantes, trabajadores y visitantes en el Centro Histórico. Rosa Icela Rodríguez sostuvo que “este gobierno no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos”. Durante la reunión, Mario Delgado reiteró además el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la USICAMM, escuchando la opinión de docentes y escuelas.

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

“Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.