La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

La política mexicana encuentra un nuevo escaparate en PRI: Crónica del Fin, la serie documental original de ViX que recorre cinco décadas de historia para narrar el ascenso y la caída del partido que dominó la vida nacional durante gran parte del siglo XX. Escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker y producida por N+ Docs, esta producción se estrenó este 22 de septiembre al concluir el noticiero En Punto por Las Estrellas y, a partir de ese momento, estará disponible de forma completa en ViX.

El proyecto consta de cinco episodios y requirió 35 meses de trabajo continuo. Durante ese periodo, el equipo revisó más de 3 mil 956 horas de archivo histórico inédito y digitalizó mil 694 horas de video. 

Además, se sumaron 130 horas de entrevistas exclusivas con protagonistas y testigos de la política mexicana que marcaron distintas épocas del partido. Entre ellos figuran expresidentes y figuras clave como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Elba Esther Gordillo.

La serie no solo ofrece un repaso por la trayectoria de un partido político, sino que se adentra en los rituales de poder, las disputas internas y las crisis que fueron minando su fortaleza hasta transformarlo en un reflejo debilitado de lo que fue. Cada episodio revela cómo, desde un sistema que parecía imposible de derrumbar, el PRI pasó a perder el control absoluto del país, dejando tras de sí un legado de excesos, contradicciones y luchas intestinas.

PRI: Crónica del Fin está construida como un viaje a través del archivo y la memoria colectiva. Se trata de una crónica que muestra los momentos más icónicos y las grietas más profundas del sistema político priísta: desde sus épocas de disciplina férrea y gestos ceremoniales hasta los episodios de crisis económica, rupturas internas y reformas que modificaron el rumbo de México.

El proyecto busca ser una herramienta para comprender el presente político del país. A lo largo de cinco capítulos, se establece un puente entre los años de hegemonía priísta y los escenarios actuales, planteando un retrato sobre cómo un partido que parecía inamovible se fue desmoronando con el paso de las décadas.

Con una narrativa que combina testimonios inéditos, imágenes rescatadas y un guion que organiza medio siglo de transformaciones, la serie se perfila como una de las producciones documentales más ambiciosas en torno a la política mexicana reciente.

El estreno del primer episodio marca la apertura de un relato que promete cautivar a quienes buscan entender cómo se gestó el fin de una era que parecía eterna.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, exhortó al senador Gerardo Fernández Noroña a cumplir con sus obligaciones tributarias en relación con una residencia ubicada en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. El funcionario recordó que quienes llegan a vivir al municipio deben respetar al pueblo y ajustarse a los métodos legales que rigen la adquisición de inmuebles en la zona.

“Quien llegue a residir lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo, Tepoztlán es un pueblo mágico como varios pueblos originarios que tiene sus usos, costumbre y tradiciones”, declaró Salgado Brito, quien subrayó que las propiedades deben adquirirse conforme a la normatividad ejidal o comunal.

El señalamiento surge después de que Fernández Noroña reconociera públicamente que su residencia carece de escrituras. En un video, el legislador explicó que en Tepoztlán no existen títulos de propiedad privada, sino posesiones comunales que pueden cederse por periodos de hasta 99 años. “La gente viene e invierte y tienes una estructura de propiedad privada montada ilegalmente o sin congruencia legal”, indicó, antes de lanzar un reto a los comuneros: “Si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí quiero verlo”.

Las irregularidades del inmueble, situado dentro del Parque Nacional El Tepozteco, han generado inconformidad entre comuneros que denuncian que la construcción viola disposiciones locales. De acuerdo con reportes, un grupo de habitantes intentó acercarse a la propiedad, pero fue contenido por elementos de seguridad federal.

El diputado local del PAN en Morelos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la casa del senador está custodiada por efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. “Qué en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios, de un senador de la república, que lo único de lo que ha hecho es una actitud porril”, señaló.

El panista también criticó que el senador de Morena mantenga un inmueble con valor millonario sin claridad sobre su adquisición. Recordó que Fernández Noroña cuestionó en su momento la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto. “De lo que tanto se quejaba, cuando decía que ese dinero se hubiera regresado para becas de estudiantes”, expresó.

Martínez Terrazas pidió que los 12 millones de pesos invertidos en la residencia se destinen a becas para estudiantes de Morelos. “Que esos 12 millones de pesos los regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero”, afirmó.

El caso mantiene en el centro del debate la situación de las propiedades en Tepoztlán, donde el régimen comunal limita la propiedad privada y exige a los habitantes cumplir con contribuciones y trámites específicos ante el ayuntamiento.

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció crear un nuevo equipo de investigación basado en elementos científicos para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, detalló que durante la reunión, que duró casi dos horas, la presidenta también mencionó la posibilidad de llamar a testificar al expresidente Enrique Peña Nieto si el nuevo equipo encuentra pruebas que lo involucren. “Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, afirmó Rosales.

El nuevo equipo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Su propósito será aplicar una metodología científica, incluyendo el análisis de telefonía celular y otros datos tecnológicos, con el fin de obtener avances significativos en la investigación. Sin embargo, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa continuará operando paralelamente.

Rosales también destacó que la relación con la presidenta ha permitido construir bases de confianza mutua. No obstante, insistió en la necesidad de que el gobierno federal exija la entrega de expedientes militares que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha proporcionado. 

“El Ejército lo ha negado, la posición que el Ejército tiene es la que ya conocemos, entonces ella nos dice que el Ejército refiere ya entregó toda la información. Sin embargo, hemos insistido que esa información, básicamente la que se refiere a los 16 jóvenes trasladados de barandilla y de una conversación del día 26 de septiembre del 2014 y una del 4 de octubre del 2014, no se han dado”, explicó.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Sheinbaum reconoció que hay dificultades para que Israel conceda la extradición, pero dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas, como la intervención de un tribunal internacional.

El encuentro reafirma el compromiso del gobierno actual con la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, aunque los familiares continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen el esclarecimiento del caso.