Crecen 92% las Impugnaciones a Respuestas de la Administración Pública en el Gobierno de AMLO

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.

Controversias por falta de permisos en construcción militar en Santa Fe

Controversias por falta de permisos en construcción militar en Santa Fe

La reciente auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha arrojado luz sobre una serie de irregularidades en la construcción de 120 departamentos militares en Santa Fe, Ciudad de México, llevada a cabo por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Según el informe de la Cuenta Pública 2023, la obra se realizó sin los permisos ambientales ni las aprobaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que ha generado un debate significativo en torno a la legalidad y el impacto de estas construcciones. 

La ASF detalló que, al revisar el proyecto, el Instituto no presentó la acreditación de la propiedad del terreno, el comprobante de pago del predial, ni los dictámenes de impacto urbano requeridos. Tampoco se entregaron los documentos de factibilidad de servicios hidráulicos, determinación de límites de zonificación, modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, ni el certificado de uso de suelo, todos esenciales para asegurar la viabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.

 

En mayo de 2024, la ASF notificó estas omisiones al Instituto, que respondió entregando documentos que demostraban que estaban en proceso de obtener los permisos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la ASF decidió mantener la observación debido a la falta de documentación concreta que acreditara las factibilidades legales y ambientales necesarias para la construcción.

 

La construcción de la nueva unidad habitacional militar comenzó en 2022 y se extiende por 15 mil metros cuadrados, incluyendo seis edificios de cinco niveles cada uno, con un total de 120 departamentos. Cada vivienda está diseñada para albergar a cuatro personas, con sala comedor, cocina, tres recámaras, dos baños y un cuarto de servicio, ofreciendo capacidad para 480 habitantes en total.

 

Este proyecto no está exento de un pasado controversial. En 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se planificó un desarrollo inmobiliario de lujo en el mismo sitio, lo que desató protestas por las posibles afectaciones al entorno local y al cercano bosque de Chapultepec. Tras asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó brevemente la idea con fines recaudatorios para la Guardia Nacional, pero ante las críticas, canceló ese plan y anunció la construcción de viviendas exclusivamente para militares.

 

El descubrimiento de irregularidades en la construcción no es un caso aislado. Las auditorías de la Cuenta Pública 2022 ya habían encontrado excesos de pagos por más de 5 millones de pesos en el mismo proyecto. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las normativas vigentes para evitar daños ambientales y urbanísticos.

 

La construcción en Santa Fe ha reavivado la discusión sobre la gestión de proyectos por parte de las Fuerzas Armadas y el impacto que estas edificaciones pueden tener en el entorno urbano y ambiental de una de las zonas más importantes de la Ciudad de México.

 

El futuro de la unidad habitacional en Santa Fe sigue siendo incierto, mientras las autoridades deben decidir cómo abordar las irregularidades detectadas y asegurar que los proyectos futuros cumplan con todos los requisitos necesarios para su aprobación y desarrollo. 

 

Cuestiones de Política 

Directorio

AMLO Supervisa el “El Insurgente” con un Recorrido a Pesar de Controversias

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer recorrido de supervisión en el Tren Interurbano, un proyecto de infraestructura que ha generado diversas críticas y controversias. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, AMLO destacó los avances y reveló que la inauguración completa de la obra, que conectará Toluca con la Ciudad de México, se llevará a cabo en agosto, desafiando las críticas que ha enfrentado durante su construcción.

El mandatario resaltó el funcionamiento actual del tramo de Zinacantepec a Lerma, apodado “El Insurgente”, señalando que ya cuenta con 10 mil pasajeros diarios. El recorrido de supervisión abarcó desde Lerma hasta la estación Santa Fe, y AMLO compartió la experiencia a través de un video en redes sociales, subrayando los beneficios que el Tren ha proporcionado a los habitantes de la zona.

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, iniciado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo fundamental conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el oeste de la Ciudad de México. Con una inversión original de 56 mil 511 millones de pesos, busca aliviar el tráfico entre ambas zonas y mejorar la movilidad en la región.

El presidente informó que se han iniciado pruebas en el nuevo tramo que conectará Zinacantepec con Santa Fe, agregando 9 kilómetros al recorrido ya existente. La infraestructura completa del Tren abarca 58 kilómetros desde Zinacantepec hasta la estación Observatorio, conectándose con la red del Metro de la CDMX y atravesando cinco municipios en el Estado de México y dos alcaldías en la capital.

El proyecto contempla siete estaciones y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros y una velocidad máxima de 160 km/h. La inversión total estimada para la culminación del proyecto asciende a 97 mil millones de pesos, con la expectativa de servir a 81 mil usuarios diarios y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A pesar de los avances y las cifras positivas presentadas por AMLO, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, ha expresado críticas y preocupaciones. Limón García ha destacado la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la construcción, señalando incidentes como el fallecimiento de un obrero y la ausencia de diálogo con los vecinos afectados.

La alcaldesa también hizo hincapié en la reciente caída de dos trabajadores del proyecto, resultando en una muerte y una grave lesión. Estos eventos subrayan, según Limón García, la insuficiencia de medidas preventivas y la falta de permisos necesarios para la obra.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.