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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer recorrido de supervisión en el Tren Interurbano, un proyecto de infraestructura que ha generado diversas críticas y controversias. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, AMLO destacó los avances y reveló que la inauguración completa de la obra, que conectará Toluca con la Ciudad de México, se llevará a cabo en agosto, desafiando las críticas que ha enfrentado durante su construcción.

El mandatario resaltó el funcionamiento actual del tramo de Zinacantepec a Lerma, apodado “El Insurgente”, señalando que ya cuenta con 10 mil pasajeros diarios. El recorrido de supervisión abarcó desde Lerma hasta la estación Santa Fe, y AMLO compartió la experiencia a través de un video en redes sociales, subrayando los beneficios que el Tren ha proporcionado a los habitantes de la zona.

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, iniciado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo fundamental conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el oeste de la Ciudad de México. Con una inversión original de 56 mil 511 millones de pesos, busca aliviar el tráfico entre ambas zonas y mejorar la movilidad en la región.

El presidente informó que se han iniciado pruebas en el nuevo tramo que conectará Zinacantepec con Santa Fe, agregando 9 kilómetros al recorrido ya existente. La infraestructura completa del Tren abarca 58 kilómetros desde Zinacantepec hasta la estación Observatorio, conectándose con la red del Metro de la CDMX y atravesando cinco municipios en el Estado de México y dos alcaldías en la capital.

El proyecto contempla siete estaciones y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros y una velocidad máxima de 160 km/h. La inversión total estimada para la culminación del proyecto asciende a 97 mil millones de pesos, con la expectativa de servir a 81 mil usuarios diarios y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A pesar de los avances y las cifras positivas presentadas por AMLO, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, ha expresado críticas y preocupaciones. Limón García ha destacado la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la construcción, señalando incidentes como el fallecimiento de un obrero y la ausencia de diálogo con los vecinos afectados.

La alcaldesa también hizo hincapié en la reciente caída de dos trabajadores del proyecto, resultando en una muerte y una grave lesión. Estos eventos subrayan, según Limón García, la insuficiencia de medidas preventivas y la falta de permisos necesarios para la obra.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.