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Tribunal confirma que no hay pruebas contra ‘El Mochomo’ en caso Ayotzinapa

Publicada el por CuestionesdePolítica

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

 

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

 

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

 

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

Sheinbaum propone nuevo equipo científico para ofrecer nueva línea de investigación al caso Ayotzinapa

Publicada el por CuestionesdePolítica

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció crear un nuevo equipo de investigación basado en elementos científicos para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, detalló que durante la reunión, que duró casi dos horas, la presidenta también mencionó la posibilidad de llamar a testificar al expresidente Enrique Peña Nieto si el nuevo equipo encuentra pruebas que lo involucren. “Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, afirmó Rosales.

 

El nuevo equipo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Su propósito será aplicar una metodología científica, incluyendo el análisis de telefonía celular y otros datos tecnológicos, con el fin de obtener avances significativos en la investigación. Sin embargo, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa continuará operando paralelamente.

 

Rosales también destacó que la relación con la presidenta ha permitido construir bases de confianza mutua. No obstante, insistió en la necesidad de que el gobierno federal exija la entrega de expedientes militares que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha proporcionado. 


“El Ejército lo ha negado, la posición que el Ejército tiene es la que ya conocemos, entonces ella nos dice que el Ejército refiere ya entregó toda la información. Sin embargo, hemos insistido que esa información, básicamente la que se refiere a los 16 jóvenes trasladados de barandilla y de una conversación del día 26 de septiembre del 2014 y una del 4 de octubre del 2014, no se han dado”, explicó.

 

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Sheinbaum reconoció que hay dificultades para que Israel conceda la extradición, pero dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas, como la intervención de un tribunal internacional.

 

El encuentro reafirma el compromiso del gobierno actual con la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, aunque los familiares continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen el esclarecimiento del caso.

Procesan a dos exfuncionarios del SAT por presunta corrupción de 172 millones de pesos

Publicada el por Fernando Guzman

Un juez dictó vinculación a proceso contra dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su presunta participación en actos de corrupción que habrían afectado al erario público por aproximadamente 172 millones de pesos.

Se trata de Leopoldo “N”, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén “N”, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal. Ambos son señalados de haber cometido los delitos de uso de documentos falsos, ejercicio indebido del servicio público y actos contra la administración pública mientras desempeñaban altos cargos en el SAT.

Leopoldo Carrillo Werring trabajó en el SAT desde 2002 hasta diciembre de 2018, abarcando las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para dejar el cargo al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Rubén Durán Miranda tuvo una amplia carrera en el sector público entre 2002 y 2019, con labores en el SAT y otras dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el SAT, detectó las irregularidades que presuntamente involucraban a los exfuncionarios. Según el comunicado emitido por la FGR, estas acciones reafirman su política de “cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con fortalecer la recaudación fiscal como parte del proyecto de transformación del país.

“La lucha contra la corrupción es esencial para construir cimientos sólidos en beneficio de los mexicanos y demostrar que las instituciones están combatiendo este flagelo”, destacó la FGR en su declaración.

La vinculación a proceso de ambos exfuncionarios representa un paso significativo en los esfuerzos por garantizar la transparencia en la administración pública y proteger los recursos fiscales del país.

Artículo 19 honra periodistas en México, víctimas de la impunidad y la violencia

Publicada el por CuestionesdePolítica

México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

Crecen 92% las Impugnaciones a Respuestas de la Administración Pública en el Gobierno de AMLO

Publicada el por Fernando Guzman

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.

Controversias por falta de permisos en construcción militar en Santa Fe

Publicada el por CuestionesdePolítica

Controversias por falta de permisos en construcción militar en Santa Fe

La reciente auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha arrojado luz sobre una serie de irregularidades en la construcción de 120 departamentos militares en Santa Fe, Ciudad de México, llevada a cabo por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Según el informe de la Cuenta Pública 2023, la obra se realizó sin los permisos ambientales ni las aprobaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que ha generado un debate significativo en torno a la legalidad y el impacto de estas construcciones. 

La ASF detalló que, al revisar el proyecto, el Instituto no presentó la acreditación de la propiedad del terreno, el comprobante de pago del predial, ni los dictámenes de impacto urbano requeridos. Tampoco se entregaron los documentos de factibilidad de servicios hidráulicos, determinación de límites de zonificación, modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, ni el certificado de uso de suelo, todos esenciales para asegurar la viabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.

 

En mayo de 2024, la ASF notificó estas omisiones al Instituto, que respondió entregando documentos que demostraban que estaban en proceso de obtener los permisos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la ASF decidió mantener la observación debido a la falta de documentación concreta que acreditara las factibilidades legales y ambientales necesarias para la construcción.

 

La construcción de la nueva unidad habitacional militar comenzó en 2022 y se extiende por 15 mil metros cuadrados, incluyendo seis edificios de cinco niveles cada uno, con un total de 120 departamentos. Cada vivienda está diseñada para albergar a cuatro personas, con sala comedor, cocina, tres recámaras, dos baños y un cuarto de servicio, ofreciendo capacidad para 480 habitantes en total.

 

Este proyecto no está exento de un pasado controversial. En 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se planificó un desarrollo inmobiliario de lujo en el mismo sitio, lo que desató protestas por las posibles afectaciones al entorno local y al cercano bosque de Chapultepec. Tras asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó brevemente la idea con fines recaudatorios para la Guardia Nacional, pero ante las críticas, canceló ese plan y anunció la construcción de viviendas exclusivamente para militares.

 

El descubrimiento de irregularidades en la construcción no es un caso aislado. Las auditorías de la Cuenta Pública 2022 ya habían encontrado excesos de pagos por más de 5 millones de pesos en el mismo proyecto. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las normativas vigentes para evitar daños ambientales y urbanísticos.

 

La construcción en Santa Fe ha reavivado la discusión sobre la gestión de proyectos por parte de las Fuerzas Armadas y el impacto que estas edificaciones pueden tener en el entorno urbano y ambiental de una de las zonas más importantes de la Ciudad de México.

 

El futuro de la unidad habitacional en Santa Fe sigue siendo incierto, mientras las autoridades deben decidir cómo abordar las irregularidades detectadas y asegurar que los proyectos futuros cumplan con todos los requisitos necesarios para su aprobación y desarrollo. 

 

Cuestiones de Política 

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AMLO Supervisa el “El Insurgente” con un Recorrido a Pesar de Controversias

Publicada el por CuestionesdePolítica

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer recorrido de supervisión en el Tren Interurbano, un proyecto de infraestructura que ha generado diversas críticas y controversias. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, AMLO destacó los avances y reveló que la inauguración completa de la obra, que conectará Toluca con la Ciudad de México, se llevará a cabo en agosto, desafiando las críticas que ha enfrentado durante su construcción.

El mandatario resaltó el funcionamiento actual del tramo de Zinacantepec a Lerma, apodado “El Insurgente”, señalando que ya cuenta con 10 mil pasajeros diarios. El recorrido de supervisión abarcó desde Lerma hasta la estación Santa Fe, y AMLO compartió la experiencia a través de un video en redes sociales, subrayando los beneficios que el Tren ha proporcionado a los habitantes de la zona.

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, iniciado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo fundamental conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el oeste de la Ciudad de México. Con una inversión original de 56 mil 511 millones de pesos, busca aliviar el tráfico entre ambas zonas y mejorar la movilidad en la región.

El presidente informó que se han iniciado pruebas en el nuevo tramo que conectará Zinacantepec con Santa Fe, agregando 9 kilómetros al recorrido ya existente. La infraestructura completa del Tren abarca 58 kilómetros desde Zinacantepec hasta la estación Observatorio, conectándose con la red del Metro de la CDMX y atravesando cinco municipios en el Estado de México y dos alcaldías en la capital.

El proyecto contempla siete estaciones y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros y una velocidad máxima de 160 km/h. La inversión total estimada para la culminación del proyecto asciende a 97 mil millones de pesos, con la expectativa de servir a 81 mil usuarios diarios y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A pesar de los avances y las cifras positivas presentadas por AMLO, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, ha expresado críticas y preocupaciones. Limón García ha destacado la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la construcción, señalando incidentes como el fallecimiento de un obrero y la ausencia de diálogo con los vecinos afectados.

La alcaldesa también hizo hincapié en la reciente caída de dos trabajadores del proyecto, resultando en una muerte y una grave lesión. Estos eventos subrayan, según Limón García, la insuficiencia de medidas preventivas y la falta de permisos necesarios para la obra.

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

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En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.