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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

La discusión por el ajuste al calendario escolar escaló al Senado luego de que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reiterara su exigencia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, deje el cargo por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador acusó al titular de la SEP de afectar la educación de estudiantes de nivel básico al plantear un periodo vacacional que abarcaría del 5 de junio al 29 de agosto, medida que fue presentada bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video, Añorve sostuvo que Delgado “debe renunciar ya” y aseguró que el funcionario “no sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que también está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”.

El senador priista también vinculó al secretario con otras polémicas y afirmó: “Mario Delgado vive entre escándalos: el huachicol, los pésimos resultados educativos y ahora su obsesión por las vacaciones, diciendo que es por el calor y el fútbol. Mario Delgado ya se debe de ir”.

La Secretaría de Educación Pública informó el jueves pasado sobre modificaciones al calendario de educación básica y media superior. Mediante un comunicado indicó que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio y que las actividades del periodo 2026-2027 arrancarían formalmente el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que todavía no existe un calendario definitivo. Explicó que la propuesta surgió desde los estados y respondió a solicitudes de algunos maestros que plantearon adelantar vacaciones debido al Mundial de Futbol.

Añorve aseguró que, tras las críticas de asociaciones de padres de familia, integrantes del gobierno federal y de Morena comenzaron a deslindarse de la propuesta. Según dijo, ahora buscan responsabilizar a docentes, padres y secretarios estatales de Educación, incluidos funcionarios de gobiernos morenistas.

“Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, sólo piense en cómo tener más vacaciones. Ante el rechazo social y la presión pública que esto generó, tuvieron desde la mañana que corregir”, declaró el coordinador priista. El legislador añadió que, pese a las aclaraciones posteriores, Morena intenta evitar asumir la responsabilidad de la iniciativa sobre el calendario escolar.

En medio de la estrategia federal para promover música sin contenidos relacionados con violencia o apología del delito, el cantante Junior H apareció este lunes en Palacio Nacional para sumarse públicamente a la iniciativa “México canta”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante la conferencia matutina, la mandataria invitó al intérprete a participar en la segunda edición del programa, pese a la controversia registrada el año pasado tras cantar un narcocorrido vinculado con “El Azul” durante un concierto en Jalisco.  

El artista, conocido también por sus colaboraciones con Peso Pluma y Natanael Cano, aprovechó el encuentro para relatar cómo inició su trayectoria musical antes de alcanzar popularidad en plataformas digitales. 

Según contó ante medios de comunicación, comenzó a involucrarse en la música cuando tenía 15 años y trabajaba como cocinero. En esa etapa coincidió con un joven que empezaba a grabar canciones, situación que lo motivó a intentar hacer sus propias composiciones utilizando únicamente su teléfono celular.  

Junior H recordó que grababa desde su habitación “cohibido y tímido”, hasta que sus temas comenzaron a acumular millones de reproducciones. Más adelante, reconoció el impacto que puede tener la música cuando llega a grandes audiencias. 

“Fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”, declaró en Palacio Nacional. 

La presencia del cantante ocurrió después de la polémica generada en las Fiestas de Octubre de Jalisco, donde interpretó un narcocorrido relacionado con Juan José Esparragoza Moreno durante una presentación en el palenque. 

Tras ese episodio, fue requerido por la Fiscalía General del Estado y el ayuntamiento de Zapopan informó que sería sancionado con una multa de 33 mil pesos. Sin embargo, públicamente no se esclareció el desenlace del caso. 

La iniciativa “México canta”, promovida por el gobierno federal, busca impulsar canciones alejadas de contenidos violentos tanto en México como en Estados Unidos.

Con playeras de la Selección Mexicana intervenidas con la pregunta “¿Dónde están?” y pancartas que reclamaban justicia, cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir respuestas a las autoridades y denunciar la crisis de desapariciones en el país.

La movilización, denominada “XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, partió por la mañana desde el Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia. A lo largo de Paseo de la Reforma, los contingentes avanzaron cargando fotografías, fichas de búsqueda y lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿Por qué lo buscamos?, porque los queremos”. También lanzaron críticas por la atención que el gobierno ha destinado a la organización del Mundial de Futbol frente a la crisis de desapariciones.

Algunas de las camisetas utilizadas por los manifestantes mostraban en la espalda la frase “¿Dónde están?” y al frente la imagen de sus familiares. Otras pancartas incluían mensajes como “Nos urgen goles que nos lleven a encontrarlos”, “SOS, necesitamos ayuda internacional” y “Nada que celebrar porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil, el de la justicia”.

Las familias exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum recibir a colectivos de búsqueda y acelerar las investigaciones para localizar a personas desaparecidas en el contexto de la próxima Copa del Mundo, cuyo primer partido en México está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En el Ángel de la Independencia se instaló un micrófono abierto donde familiares compartieron testimonios y denuncias. Entre quienes participaron estuvo Joanna Alvea, madre de Lilith Saori, una joven transgénero desaparecida en Puerto Escondido, Oaxaca, el 2 de enero de 2023.

Otra participante cuestionó la promoción del torneo internacional frente a la ausencia de miles de personas desaparecidas. “Yo les pregunto a mexicanos, por qué nosotros tenemos que estar viendo un comercial de ‘El balón regresa a casa’ cuando nuestras desaparecidas y nuestros desaparecidos no han regresado a la casa”, expresó.

Mientras se desarrollaban las intervenciones, un colectivo pintó sobre Reforma una cancha de futbol improvisada con las frases “Hasta encontrarlos” y “Nos faltan más de 135 mil”.

La protesta también ocurrió después de que un comité de la ONU solicitó investigar la situación de desapariciones forzadas en México, caso que ya fue remitido a la Asamblea General.

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, terminó con un señalamiento público de habitantes Yaquis que denunciaron abandono en sus comunidades, pese a los anuncios oficiales sobre obras y apoyos para la región.

La mandataria acudió al evento para encabezar la entrega de un acueducto de agua potable, restitución de tierras y un comedor escolar destinado a estudiantes de primaria, acciones integradas al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Durante su intervención aseguró que el programa busca reparar una deuda histórica con los pueblos originarios y recordó que este esquema comenzó en 2021.

“Los planes de justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el pueblo Yaqui y hoy le estamos dando continuidad a ese plan de justicia”, declaró.

En el acto también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien informó que en las comunidades Yaquis se han destinado más de 18 mil 300 millones de pesos en proyectos de salud, infraestructura y desarrollo económico. Además, reconoció el trabajo de su equipo de colaboradores.

“Quiero decirles que es un equipo extraordinario, ahora sí que diría el clásico “no lo tienen ni en Dinamarca es un equipo solidario”, expresó.

Después de las participaciones de funcionarios federales y estatales, entre ellos la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, un integrante de la comunidad Yaqui pidió intervenir ante la presidenta.

El hombre, quien no reveló su identidad, afirmó que distintas localidades continúan enfrentando carencias relacionadas con el campo, el agua y los caminos. También sostuvo que acuerdos realizados el 19 de noviembre en el ejido San Francisco no habían sido cumplidos.

“Él nos da solución a nuestras peticiones él ha dado orden, pero no ha sido ejecutada de ninguna manera”, dijo al referirse a compromisos hechos por el gobierno estatal.

El campesino mencionó que el ejido Enrique Landa y otras comunidades de San Ignacio Río Muerto permanecen “abandonadas totalmente” y describió dificultades para conseguir agua potable.

“Sufren mucho, como no se imaginan, las ven con las mangueras en los brazos para ir a conseguir el agua. Los caminos totalmente abandonados. Están abandonados. Estamos abandonados”, señaló.

Tras escuchar el reclamo, Sheinbaum atribuyó parte de la situación a las modificaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en materia de agua y afirmó que las reformas recientes permitirán otorgar nuevos derechos para pozos.

La ceremonia concluyó con un grupo de niñas y niños Yaquis interpretando el Himno Nacional en su lengua originaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir comentarios sobre el ataque armado registrado este sábado contra una vivienda vinculada a Rubén Rocha Moya en Culiacán. Durante una gira en Sonora, la mandataria respondió brevemente a los cuestionamientos de la prensa sobre los hechos.

“Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa”, declaró ante medios de comunicación, sin ampliar detalles sobre el atentado.

Horas antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la vivienda atacada, ubicada en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace más de una década por Rocha Moya. La dependencia también informó que no hubo personas lesionadas durante la agresión.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue notificado a las autoridades alrededor de las 10:12 de la mañana, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego contra el inmueble. Tras la llegada de elementos de seguridad, se corroboró que la propiedad había sido atacada.

Las autoridades detallaron que la casa relacionada con el gobernador con licencia recibió múltiples impactos de bala. Reportes preliminares señalaron que el inmueble fue rafagueado al menos 50 veces.

El hecho provocó alarma entre habitantes del sector residencial. Vecinos de Las Quintas acudieron al sitio tras escuchar las detonaciones y expresaron preocupación por la violencia en la capital sinaloense. Algunos residentes decidieron permanecer dentro de sus viviendas ante el temor generado por los disparos de armas de alto calibre.

La publicación difundida por la Secretaría de Seguridad estatal en la red social X reiteró que la propiedad no estaba habitada y confirmó que, pese a la intensidad del ataque, no se reportaron víctimas.

La reactivación del debate sobre un posible “fracking sustentable” detonó protestas de comunidades indígenas y colectivos ambientales que se concentraron en la capital del país para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum cumplir el compromiso de prohibir la fractura hidráulica en México.

La movilización fue organizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, agrupación que reúne a más de 40 organizaciones. Durante la jornada participaron representantes de Veracruz, la Huasteca Potosina y estados del norte del país, quienes denunciaron afectaciones derivadas de la extracción de hidrocarburos mediante hidrofracturación.

Entre las principales denuncias mencionaron contaminación del agua, daños ambientales, enfermedades y deterioro social en comunidades cercanas a zonas petroleras. Los participantes calificaron esta práctica como “una tecnología de muerte” que “acaba con el agua” y afecta directamente a la población.

Alejandra Jiménez, integrante de la alianza convocante, rechazó la idea de desarrollar una modalidad sustentable de esta técnica. “Ni en México ni en ninguna parte del mundo existe un ‘fracking sustentable‘”, afirmó durante la protesta.

También pidió que el comité científico creado por el gobierno federal para evaluar yacimientos no convencionales visite las regiones afectadas. “Que vayan a oler, que vayan a ver cómo se vive en los territorios que ya han sido impactados por los hidrocarburos y por el ‘fracking‘. Que tomen un vasito de agua de los que los compañeros tienen que estar tomando día con día”, expresó al referirse a enfermedades como cáncer en esas zonas.

Desde la Huasteca Potosina, Hermelinda Vázquez reprochó que el tema vuelva a discutirse después de la promesa presidencial de prohibirlo. “Yo estaba orgullosa de que una mujer fuera nuestra presidenta. Estuve en la entrega del bastón de mando (investidura) y hoy hasta siento vergüenza porque ahora nos quiere destruir con esta práctica”, declaró.

Romualdo García, defensor del territorio en Papantla, Veracruz, denunció derrames y contaminación en una región donde existen cerca de 2 mil 500 pozos petroleros. “Lo que nos dijeron que era progreso para nosotros es una destrucción masiva”, sostuvo.

La preocupación también se extendió al norte del país. Leslie Sánchez, integrante de Coahuila Sin Fracking y Noreste Sin Fracking, alertó sobre el consumo de agua que requiere esta técnica en entidades con estrés hídrico como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Según explicó, cada pozo puede utilizar entre ocho y 80 millones de litros de agua.

La protesta estuvo acompañada por música tradicional y fandango, actividades que los asistentes identificaron como parte de la resistencia comunitaria. Además, las organizaciones convocaron a una jornada nacional contra el “fracking” a partir del próximo 5 de junio.

La propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 provocó posiciones distintas dentro del propio Gobierno federal. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aún no existe una definición oficial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que las clases concluirán el próximo 5 de junio.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró este viernes que el ajuste al calendario escolar todavía permanece en revisión. Explicó que la propuesta fue impulsada por autoridades estatales y docentes que solicitaron modificar las fechas debido al Mundial de futbol de 2026, torneo en el que México será sede de 13 encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La SEP había establecido originalmente que el ciclo escolar terminaría el 15 de julio de 2026. Sin embargo, el jueves Mario Delgado informó que las vacaciones de verano iniciarían desde el 5 de junio y que el regreso a las aulas se contemplaba para el 31 de agosto. La decisión fue presentada tras la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Pese a las declaraciones de la presidenta, Delgado reafirmó horas más tarde, durante una visita a una escuela en Hermosillo, Sonora, que la fecha de salida de estudiantes permanece sin cambios. El funcionario argumentó que varios estados enfrentan temperaturas extremas y añadió que el Mundial también influyó en la medida.

“Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5; los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, declaró.

El titular de la SEP indicó que la discusión actual se concentra en la fecha de regreso a clases. Señaló que la propuesta inicial contemplaba volver el 17 de agosto, aunque el calendario difundido por la dependencia establece el retorno de estudiantes hasta el 31 de agosto y el reinicio de actividades docentes el 10 de agosto con Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

El posible recorte de hasta siete semanas al calendario escolar generó críticas de organizaciones civiles y de padres de familia. Mexicanos Primero, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, así como la Unión Nacional de Padres de Familia, rechazaron el cambio por considerar que podría afectar el aprendizaje y la dinámica cotidiana de millones de familias.

“Por un par de partidos de futbol, resulta que millones de niños, niñas y adolescentes, y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos”, señalaron.

La relación entre México y Corea del Sur vivió este miércoles una jornada marcada tanto por la diplomacia como por el fenómeno global del K-Pop. Mientras miles de personas se concentraban en el Zócalo capitalino para recibir a BTS, el nuevo embajador surcoreano en el país inició formalmente sus funciones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Jooil Lee, representante de la República de Corea del Sur en México, entregó sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director general de Protocolo de la SRE. La ceremonia protocolaria fue difundida por la Embajada de Corea en México mediante una fotografía oficial del encuentro.

En el mensaje compartido por la representación diplomática se informó que “Su Excelencia el Sr. Chait dio la bienvenida al Embajador Lee a México. El Ministro Fernando González Saiffe, Director General para Asia y el Pacífico, también estuvo presente en la reunión y expresó su voluntad de cooperar y seguir fortaleciendo la relación entre Corea y México”.

La actividad diplomática coincidió con la visita de BTS a la Ciudad de México, donde más de 50 mil personas acudieron a la Plaza de la Constitución para ver a los integrantes de la agrupación surcoreana.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook acudieron primero a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Después aparecieron en uno de los balcones del recinto, desde donde saludaron a sus seguidores entre gritos y muestras de entusiasmo.

La presencia del grupo ocurre en el contexto de los tres conciertos programados en la capital del país. Tras el encuentro, Sheinbaum publicó una fotografía junto a los artistas sosteniendo una imagen de la gira 2026 firmada por los siete integrantes.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

Antes del inicio de los conciertos, Sheinbaum pidió a la agrupación regresar el próximo año, al considerar que muchos seguidores mexicanos no podrán asistir a las presentaciones actuales.

La presidenta también explicó que el encuentro con BTS fue posible luego de que su gobierno enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, derivada de las inconformidades por la falta de boletos. Según detalló, el gobierno surcoreano respondió favorablemente a la solicitud. “Entonces, me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la visita concluyó sin incidentes gracias a un operativo interinstitucional de seguridad.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que permanecerá en su cargo pese a las acusaciones en su contra por parte de una Fiscalía en Nueva York, que lo señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó que enfrentará el proceso sin separarse del Senado y que utilizará el fuero constitucional para su defensa legal.

A través de su cuenta en X, Inzunza negó los señalamientos relacionados con posesión de armamento y vínculos con la facción de “Los Chapitos”, por los cuales autoridades estadounidenses han solicitado su detención y extradición. También aseguró que acudirá ante instancias mexicanas si es requerido. 

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó.

Su postura contrasta con la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencias temporales mientras se desarrollan las investigaciones.

El senador también vinculó las acusaciones con su oposición a la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Según explicó, su postura derivó en una solicitud de juicio por presunta “traición a la patria” contra la gobernadora María Eugenia Campos. “Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó, al tiempo que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional. Hasta ahora, se desconoce el paradero de Inzunza, quien no ha sido visto desde la última sesión ordinaria del Senado el miércoles pasado.

En paralelo, el caso ha puesto atención sobre su entorno familiar. Su esposa, Claudia Meza Avendaño, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en noviembre de 2021, tras la salida de Inzunza de ese mismo órgano. Además, varios de sus hermanos han ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal.

Aída Inzunza es magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa desde diciembre de 2020. Lorena Inzunza fue nombrada jueza civil en septiembre de 2024 y actualmente encabeza el Juzgado Tercero Civil en Culiacán. Javier Inzunza, por su parte, se integró en noviembre de 2024 como secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la administración estatal en la que el ahora senador se desempeñó como secretario general. Las acusaciones en Estados Unidos se remontan a ese periodo, cuando Inzunza formaba parte del gabinete estatal.