Alejandro Gallegos: Un nuevo ataque contra la libertad de prensa en México

El asesinato del periodista Alejandro Gallegos León, ocurrido en Tabasco, ha generado una fuerte condena tanto en el ámbito nacional como internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su rechazo al crimen y exigió una investigación que contemple la labor periodística de Gallegos como una posible línea de investigación.

Gallegos León, quien fue visto por última vez el pasado viernes, fue localizado sin vida al día siguiente en el municipio de Cárdenas. Reconocido como fundador de La Voz del Pueblo y columnista en Tabasco Hoy, también se desempeñaba como docente y se especializaba en temas educativos y políticos. Su trabajo incluía la administración de la página de denuncia ciudadana La Voz del Pueblo, Noticias Sin Censura.

 

“Condenamos la desaparición y el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León. Hacemos un llamado a las autoridades a realizar una investigación efectiva que considere su labor periodística como línea de investigación”, señaló la ONU-DH en un comunicado difundido en redes sociales. Además, la organización manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos del comunicador en este difícil momento.

 

La organización Artículo 19 también se pronunció sobre el caso, exigiendo justicia y solicitando la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco (FGJE) confirmó que el periodista había sido reportado como desaparecido el viernes, alrededor de las 2:25 p. m., tras perder contacto con su familia.

 

El asesinato de Gallegos León suma un nuevo golpe a la libertad de prensa en México, un país considerado peligroso para el ejercicio del periodismo. Desde el año 2000, se han registrado más de 169 asesinatos de periodistas, incluyendo dos durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024.

 

Este caso subraya la urgente necesidad de proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. La investigación en torno a la muerte de Gallegos no solo debe esclarecer los hechos, sino también enviar un mensaje claro de que los ataques contra la libertad de expresión no quedarán impunes.

Crisis de Violencia y Alta Impunidad Marcan el Inicio del Gobierno de Sheinbaum en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo inició con dos asesinatos de periodistas, sumando a la larga lista de agresiones contra la prensa en México, donde la violencia y la impunidad se mantienen alarmantemente altas. En vísperas del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, se registraron los homicidios de Mauricio Cruz Solís, director del medio digital Minuto x Minuto, en Uruapan, Michoacán, y de Patricia Ramírez, periodista de espectáculos en Colima, conocida como Paty Bunbury. Hasta el 1 de noviembre, las autoridades aún no habían identificado a los responsables de estos crímenes, lo que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales que luchan por la protección de la libertad de expresión.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19 destacan que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, RSF ha documentado 156 asesinatos de periodistas, mientras que Artículo 19 ha registrado 168, reflejando una impunidad de hasta el 98% en estos casos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, RSF contabilizó 37 asesinatos de periodistas, mientras que Artículo 19 reporta 47, cifras que contrastan con las de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que solo reconoce 38 homicidios directamente vinculados a la labor periodística.

La FEADLE, creada en 2010, ha llevado a cabo más de mil 700 investigaciones por agresiones a periodistas, siendo las amenazas, el abuso de autoridad y las lesiones los delitos más frecuentes. Hasta septiembre de 2024, la fiscalía ha obtenido 41 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad de expresión, de las cuales solo ocho corresponden a homicidios.

En entrevista con Proceso, Artur Romeu, director de RSF en América Latina, calificó la situación en México como “catastrófica”, señalando que la violencia contra periodistas se ha vuelto estructural y persistente, sin relación directa con cambios de gobierno. Romeu explicó que esta violencia también incluye secuestros y amenazas, en muchos casos con la complicidad de autoridades locales y el crimen organizado.

Romeu destacó que, durante su estancia en México, tuvo reuniones con funcionarios de derechos humanos y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar esfuerzos para combatir la impunidad en los crímenes contra la prensa, un compromiso asumido por Sheinbaum en su campaña. Pese a esto, lamentó que no haya habido un pronunciamiento por parte de Sheinbaum tras los recientes asesinatos de Cruz Solís y Paty Bunbury, y advirtió sobre la importancia de erradicar los discursos hostiles contra la prensa desde el gobierno.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, subrayó que el principal aliciente de la violencia es la impunidad, que refleja en muchos casos la complicidad entre las autoridades y los perpetradores de estos delitos. Maldonado también apuntó que solo el 40% de los asesinatos de periodistas durante el sexenio de López Obrador fueron atraídos por la FEADLE, mientras que el resto quedaron sin justicia efectiva.

Aunque Artículo 19 reconoce una disminución en los ataques retóricos contra la prensa desde la presidencia en este nuevo gobierno, Maldonado advierte que aún falta establecer una ruta clara de protección y justicia para el gremio periodístico.

‘El Patrón’ es vinculado a proceso por atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva

'El Patrón' es vinculado a proceso por atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva

En una jornada judicial que atrajo la atención de todo el país, un juez federal vinculó a proceso a Armando Escárcega Valdez, conocido como ‘El Patrón’, por su presunta responsabilidad en el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva. La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para el reconocido comunicador. 

Armando Escárcega Valdez, apodado ‘El Patrón’, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, tras ser señalado como el autor intelectual del ataque que sufrió Gómez Leyva en diciembre de 2022. El atentado, ocurrido cuando el periodista llegaba a su domicilio en la Ciudad de México, no fue un intento de robo o secuestro, sino un ataque directo con la clara intención de acabar con su vida, según confirmaron las autoridades.

 

El juez de control del Reclusorio Norte dictaminó prisión preventiva justificada para Escárcega Valdez, quien permanecerá en este centro de reclusión durante los cuatro meses que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa tendrán para llevar a cabo la investigación complementaria. La solicitud de trasladar al imputado al penal del Altiplano fue rechazada, manteniéndose su detención en el Reclusorio Norte.

 

En un mensaje en sus redes sociales, Ciro Gómez Leyva comunicó la decisión del juez: “Se dicta la prisión preventiva justificada en contra de Armando Escárcega, el Patrón. El juez rechaza que sea llevado al penal federal del Altiplano. Permanecerá en el Reclusorio Norte”.

 

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR, celebró la decisión judicial como un avance en el caso. “Es un avance, vamos a seguir avanzando en el caso, todavía faltan otros elementos, formular imputación por otros delitos, que se hará en los próximos días, entonces creo que vamos por buen camino”, expresó Sánchez Pérez del Pozo.

 

La fiscalía, además, ha solicitado una fecha para la audiencia inicial en la que se imputará a ‘El Patrón’ por el delito de asociación delictuosa. La dependencia continúa trabajando en la identificación y captura de todos los responsables involucrados en el atentado.

 

Por su parte, la defensa de Escárcega Valdez, encabezada por el abogado Raymundo Álvarez, decidió no impugnar los datos de prueba presentados por la FGR en esta etapa del proceso. Álvarez mencionó que están evaluando las opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar la vinculación ante un Tribunal Colegiado o promover un amparo en los próximos días.

 

Armando Escárcega Valdez fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México el 29 de junio para enfrentar los cargos. Su detención en territorio estadounidense ocurrió tras haber obtenido una visa de turista con afirmaciones falsas, mintiendo sobre su historial de arrestos. Según documentos del FBI y la Secretaría de Seguridad Pública de México, Escárcega Valdez estuvo involucrado en un secuestro en la Ciudad de México en 2017, lo cual fue clave para su captura y extradición.

 

El atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, conmocionó a la opinión pública y puso de manifiesto los peligros que enfrentan los periodistas en México. El periodista ha sido una voz crítica y ha denunciado constantemente la violencia y la corrupción, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos detrás del ataque.

 

El propio Ciro Gómez Leyva ha expresado su firme deseo de justicia, reiterando que el ataque no fue un hecho aislado ni un intento de robo, sino un acto premeditado para silenciarlo. “Alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche”, afirmó en su momento.

 

La vinculación a proceso de ‘El Patrón’ representa un paso significativo hacia la justicia en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva. La resolución de este caso no solo es crucial para el periodista y su familia, sino también para la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores en México.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Ordenan a la SHCP Transparentar Contratos del Software Espía Pegasus

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.