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El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

El diputado federal Sergio Mayer regresó a su curul en la Cámara de Diputados de México luego de concluir su participación en el reality show La casa de los famosos, programa para el que había solicitado licencia temporal a sus funciones legislativas desde el pasado 17 de febrero.

El actor y productor se separó de su cargo parlamentario para integrarse al programa televisivo, donde permaneció alrededor de 20 días antes de ser eliminado. Tras su salida del reality, Mayer presentó un oficio dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, en el que solicitó formalmente su reincorporación a las actividades legislativas con efecto inmediato, con base en el artículo 16 del reglamento del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La participación del legislador en el programa generó reacciones dentro de su propio partido. El 24 de febrero, Morena determinó suspender sus derechos partidistas al considerar que el diputado priorizó intereses privados sobre sus responsabilidades públicas al integrarse a un proyecto televisivo mientras formaba parte del Congreso.

Ante la polémica, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que será el propio partido el que determine si el legislador recibe o no alguna sanción por haberse separado temporalmente de sus funciones para participar en el reality.

Con la licencia solicitada por Mayer, su lugar en el pleno fue ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, comerciante vinculado a la Central de Abasto de la Ciudad de México, quien asumió temporalmente las funciones legislativas.

Sin embargo, tras la solicitud de reincorporación del diputado titular, autoridades administrativas del recinto legislativo dejaron de permitir el acceso a Morales Flores a la oficina parlamentaria que ocupaba durante la ausencia de Mayer. El suplente denunció el hecho a través de sus redes sociales.

Antes de que se le negara el ingreso, Morales Flores alcanzó a participar en una votación relevante dentro del pleno. Durante esa sesión votó a favor del dictamen presidencial de reforma electoral que se discutía en la Cámara de Diputados. La propuesta finalmente fue desechada al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Con la reincorporación formal de Mayer, el diputado retoma sus funciones legislativas dentro de la bancada de Morena en la actual legislatura. Entre sus actividades recientes dentro del Congreso destaca la invitación realizada en octubre de 2025 a los integrantes de La Sonora Santanera para recibir un reconocimiento en el recinto legislativo por sus 70 años de trayectoria artística.

Víctor Aguilar Pérez, actual jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, fue propuesto como nuevo embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras la designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió al Senado de la República la solicitud formal para su ratificación.

El funcionario cuenta con una trayectoria de más de una década dentro de la Secretaría de Economía, dependencia en la que trabaja desde 2011 en áreas relacionadas con el comercio exterior y la aplicación de medidas en materia de prácticas comerciales internacionales. Actualmente dirige la unidad encargada de analizar y atender casos vinculados con disputas comerciales y regulaciones que afectan el intercambio de bienes entre países.

Además de su experiencia en la administración pública federal, Aguilar Pérez formó parte de la misión diplomática de México ante la Unión Europea, donde participó en labores relacionadas con la representación del país en temas económicos y comerciales.

Su nombramiento fue notificado oficialmente al Senado mediante un oficio enviado por el Ejecutivo federal. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó que el documento fue recibido y será turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para el análisis correspondiente y la elaboración del dictamen.

De acuerdo con la legisladora, existe la posibilidad de que el pleno del Senado discuta y vote la ratificación del diplomático durante la próxima semana, una vez concluido el proceso legislativo en comisiones.

La eventual designación de Aguilar Pérez colocaría a un especialista en comercio internacional al frente de la representación de México ante la OMC, organismo encargado de establecer las reglas que rigen el comercio global entre las naciones.

La Organización Mundial del Comercio administra el sistema internacional de normas comerciales y opera como un foro de negociación para acuerdos entre países. También interviene en la solución de disputas comerciales y desarrolla mecanismos para atender las necesidades de las economías en desarrollo dentro del sistema de comercio internacional.

Actualmente, el organismo cuenta con más de 166 países miembros, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto concentran alrededor del 98% del comercio mundial. La representación mexicana ante la OMC participa en negociaciones multilaterales y en los mecanismos de resolución de controversias que influyen en el intercambio económico global.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió sobre la posibilidad de que el partido gobernante Morena y el gobierno federal estén detrás de la formación de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones federales y locales de 2027. De acuerdo con el legislador, esta estrategia podría buscar fragmentar el voto durante los próximos comicios.

Castañeda señaló que el proceso de creación de nuevas fuerzas políticas que actualmente se desarrolla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser observado con atención. El senador subrayó la importancia de identificar quién impulsa a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos y cuál es el objetivo de su participación en el escenario electoral.

“Hay que estar muy atentos de lo que sucede con la creación de partidos políticos. Porque me parece que ahí el régimen lo que intenta hacer desde el poder es fragmentar justamente la votación”, afirmó el legislador al referirse al proceso de registro que se encuentra en marcha.

El coordinador parlamentario insistió en que también es necesario revisar si las agrupaciones que buscan su registro cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, planteó analizar con qué propósito se conforman estas organizaciones y cuáles son las expectativas electorales que podrían tener rumbo a los próximos comicios.

Castañeda llamó a “sacar la antena” sobre este tema, al considerar que el oficialismo podría enfrentar una contienda electoral compleja en 2027. En ese contexto, señaló que el comportamiento político actual se asemeja a prácticas observadas en el pasado.

“Como este oficialismo se comporta de forma muy similar a como se comportaba el régimen priista, no hace falta tener una bola de cristal para tratar de prever que mucho de los nuevos partidos políticos será parte de la construcción de la estrategia electoral del oficialismo”, expresó.

Mientras se desarrolla el proceso de registro, diversas organizaciones avanzan en los requisitos necesarios para convertirse en partidos políticos nacionales. Entre ellas se encuentra Somos México, agrupación vinculada al movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa. También figura Construyendo Sociedades de Paz, organización que surge tras la desaparición del partido Encuentro Social, así como México tiene Vida, proyecto político relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Datos del INE indican que actualmente 65 organizaciones buscan obtener el registro como partido político nacional. Sin embargo, hasta ahora solo tres han logrado avanzar en uno de los requisitos clave del proceso: reunir al menos 256 mil afiliaciones válidas.

El proceso de revisión continuará dentro del organismo electoral mientras las agrupaciones interesadas completan las etapas establecidas por la legislación para poder participar formalmente en el sistema de partidos políticos de México rumbo a las elecciones de 2027.

Liliana Rodas Villatoro, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF del municipio de Suchiate, en Chiapas, fue destituida de su cargo luego de que se revelara un presunto esquema de desvío de recursos públicos dentro del organismo asistencial. La medida fue tomada por el gobierno municipal tras la difusión de señalamientos que apuntan a transferencias de dinero público a cuentas personales de funcionarios.

Las acusaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por el exadministrador del DIF municipal, Onam Abimael Pérez Pacheco, quien aseguró haber entregado 79 elementos de prueba ante las autoridades. Entre los documentos presentados se incluyen estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias y conversaciones de chat que, según la denuncia, evidencian movimientos de recursos públicos hacia cuentas vinculadas con Rodas Villatoro y otros servidores públicos.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema también involucra a otros integrantes del gobierno municipal, entre ellos el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo; la síndica municipal Claudia Reyna González; la directora del DIF Araceli Ordóñez Beliz; y Juan Rodas Villatoro, secretario particular del presidente municipal.

Tras la difusión de estas denuncias, el alcalde confirmó la separación del cargo de la presidenta del DIF y del administrador del organismo mientras se desarrollan las investigaciones. A través de sus redes sociales, Vázquez Gallardo informó que ya existen procesos abiertos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

En un mensaje público explicó: “Hago del conocimiento de todas y todos los suchiatenses que, desde antes de este señalamiento, ya se habían iniciado las respectivas denuncias. Asimismo, mientras se esclarecen los hechos, el administrador y la presidenta del Sistema DIF fueron separados de su cargo en su momento”.

Las denuncias presentadas ante las autoridades incluyen posibles delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, intimidación, peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Además de las acusaciones por manejo irregular de recursos públicos, en las denuncias también se mencionan presuntos casos de nepotismo relacionados con integrantes de la familia Rodas Villatoro dentro de la administración municipal. El alcalde no emitió comentarios sobre esos señalamientos.

Pérez Pacheco informó que renunció a su cargo en mayo de 2025 después de no recibir respaldo del gobierno municipal para proceder contra los presuntos responsables. El exfuncionario también señaló que, tras presentar las denuncias, ha recibido amenazas y responsabilizó al alcalde y a integrantes de la familia Rodas Villatoro de cualquier agresión que pudiera ocurrir en su contra o contra sus familiares.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma legal orientada a fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en el campo, además de establecer mecanismos que vinculen el comercio agroalimentario con estándares ambientales y laborales verificables.

El proyecto legislativo plantea modificaciones a diversas normas federales con el objetivo de armonizar la política comercial con las políticas laboral y ambiental del Estado mexicano. Entre las leyes que se propone reformar se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector agropecuario, así como reforzar la protección de los ecosistemas forestales frente a prácticas productivas que puedan provocar la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agrícolas orientadas a la exportación.

El texto de la propuesta señala que la medida busca establecer una relación más directa entre el comercio exterior agroalimentario y el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la ampliación de atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que podría emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agroalimentario. Este mecanismo permitiría verificar que las actividades productivas destinadas a exportación cumplan con las normas laborales vigentes.

La iniciativa también plantea ampliar los supuestos en los que el Estado puede aplicar medidas de regulación o restricciones no arancelarias a la exportación de mercancías, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Estas disposiciones permitirían intervenir cuando se detecten incumplimientos relacionados con derechos laborales o impactos ambientales vinculados con la producción agrícola.

El documento ya fue turnado por la presidencia del Senado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, paso previo a su eventual discusión y votación en el pleno.

El proyecto incluye además un artículo transitorio que establece que la implementación de la reforma deberá realizarse con los recursos ya contemplados en el presupuesto vigente. Según el texto, las erogaciones que se generen por la entrada en vigor de la iniciativa deberán cubrirse con los presupuestos aprobados para las dependencias responsables durante el actual ejercicio fiscal, sin que se autoricen recursos adicionales para su aplicación.

La Cámara de Diputados definió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras un proceso legislativo que culminó durante la madrugada de este martes con la votación del pleno. Luego de la revisión de perfiles y la integración de una terna final, los legisladores eligieron con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como responsable del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El proceso comenzó previamente en la Comisión de Vigilancia de la ASF, instancia que evaluó a los aspirantes y seleccionó a los tres perfiles mejor calificados para enviar la propuesta final a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. La terna quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Con esa propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados inició el procedimiento formal de elección. Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, dio inicio al proceso de votación a las 2:25 de la madrugada mediante el sistema de cédula.

Los legisladores se formaron a un costado del salón de sesiones para emitir su voto individual, el cual fue depositado en una urna transparente instalada en el recinto parlamentario. Uno a uno, los diputados acudieron a registrar su decisión mientras se desarrollaba el conteo correspondiente.

Durante la jornada de votación también se realizaron gestiones políticas dentro del recinto legislativo. El cabildeo de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios fue encabezado por Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien operó el respaldo en favor de Hernández Palacios.

Al concluir el escrutinio, la Mesa Directiva informó el resultado final de la elección. Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo 472 votos, cifra que superó ampliamente la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes.

En la misma votación, Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis sufragios, mientras que Elizabeth Barba Villafán, funcionaria de la Fiscalía General de la República y única mujer de la terna, recibió menos votos. También se registraron dos votos nulos durante el proceso.

Tras confirmar el resultado, la presidencia de la Cámara de Diputados anunció que Hernández Palacios asumirá el cargo a partir del 15 de marzo, fecha en la que iniciará formalmente su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

El nuevo titular sustituirá a David Colmenares, quien concluye su periodo de ocho años al frente del órgano fiscalizador. Posteriormente, la Mesa Directiva designó una comisión de legisladores encargada de acompañar al funcionario electo para rendir protesta ante el pleno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es economista y es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México a partir de enero de 2022.

Con esta votación, la Cámara de Diputados definió al funcionario que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante los próximos ocho años, organismo responsable de revisar las cuentas públicas y supervisar el ejercicio del gasto federal.

“Van como cuatro veces que —Lula— me invita y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente que es probable que vaya a Brasil”. Con esa frase, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que evalúa realizar un viaje a Brasil en los próximos meses tras la invitación reiterada del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para sostener un encuentro empresarial entre ambos países.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la posible visita se realizaría antes de junio debido al calendario político brasileño, ya que ese mes inicia el proceso rumbo a las elecciones generales en ese país. La agenda, detalló, estaría enfocada en avanzar en acuerdos derivados del trabajo bilateral que ambos gobiernos han desarrollado durante los últimos meses.

Sheinbaum hizo referencia a declaraciones difundidas por la presidencia brasileña sobre su participación en una próxima reunión empresarial. En ese contexto, confirmó que existe la invitación formal y que actualmente su administración analiza la posibilidad de concretar el viaje.

Según relató la presidenta mexicana, el mandatario brasileño ha insistido en varias ocasiones en organizar este encuentro. La conversación más reciente ocurrió durante una llamada sostenida el lunes, lo que reactivó la posibilidad de que el viaje se lleve a cabo en el corto plazo.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, el objetivo de la reunión sería avanzar hacia acuerdos más específicos derivados de las conversaciones que ambos gobiernos han sostenido en distintos niveles. “Sería para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando ya durante varios meses”, señaló al referirse al alcance de la posible visita.

La mandataria también explicó que el calendario electoral de Brasil condiciona la fecha del encuentro. “Ellos tienen jornada electoral este año y entiendo que inicia en junio o algo así. Entonces, tendría que ser antes de junio que yo fuera”, agregó.

El posible viaje ocurre en un contexto de creciente contacto político y económico entre México y Brasil, considerados las dos economías más grandes de América Latina. Desde que Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, ambos gobiernos han intensificado los intercambios y la coordinación en distintos temas de interés común.

Los acercamientos incluyen diálogo político, cooperación económica y reuniones orientadas a fortalecer la relación bilateral. En ese marco, el encuentro empresarial planteado por Lula da Silva se perfila como un espacio para impulsar proyectos y acuerdos entre ambos países.

De concretarse, la visita se realizaría antes del inicio del calendario electoral brasileño y estaría centrada en fortalecer la agenda económica y empresarial entre México y Brasil, así como en consolidar los trabajos bilaterales que ambos gobiernos han desarrollado durante los últimos meses.

Legisladores de oposición en el Senado de la República de México pidieron al gobierno federal intensificar el combate contra el crimen organizado para evitar que la situación de seguridad en el país sea utilizada como argumento para una posible intervención extranjera. Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano afirmaron que la defensa de la soberanía nacional es una prioridad, pero insistieron en que el Estado debe actuar con mayor contundencia frente al narcotráfico.

El senador Ricardo Anaya señaló que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, al tiempo que exigió al gobierno federal reforzar su estrategia de seguridad. “Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, eso no debe quedar ninguna duda”, declaró. No obstante, añadió que también se debe combatir “de manera frontal al crimen organizado” para evitar que la violencia sea utilizada como justificación para acciones desde el exterior.

El legislador panista sostuvo que la estrategia contra los grupos delictivos debe centrarse en labores de inteligencia y en el desmantelamiento de las estructuras criminales. En ese contexto, planteó la exigencia de que el partido gobernante rompa cualquier vínculo con organizaciones del narcotráfico y termine con posibles alianzas con estos grupos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos no deben tomarse a la ligera. El senador explicó que el comunicado difundido por la Casa Blanca describe una postura firme frente a los cárteles y plantea la posibilidad de acciones directas contra las organizaciones criminales. 

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, expresó el legislador, quien reiteró que el respeto a la soberanía es un principio inalienable del Estado mexicano.

El debate surgió después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas en América y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a su país frente al avance del narcotráfico.

En medio de estas tensiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de intervención extranjera. Las declaraciones de legisladores y autoridades se producen en un contexto marcado por el combate a organizaciones criminales que operan en el país, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El posicionamiento de los senadores refleja la discusión política que se mantiene en torno a la estrategia de seguridad y a las implicaciones que las declaraciones del gobierno estadounidense podrían tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.