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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Guerrero desmintió la existencia de una supuesta “carta de liberación” relacionada con el proceso de revisión a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La dependencia precisó que el procedimiento de fiscalización continúa vigente y se desarrolla conforme a lo establecido en la ley.

La aclaración se emitió luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre una presunta exención o cierre del procedimiento en favor de la presidenta municipal. Ante ello, la ASF señaló que dicha información es incorrecta y responde a una confusión de términos sobre el alcance real de la revisión en curso.

En un comunicado oficial, la auditoría reiteró que su actuación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad en el uso de los recursos públicos. “La ASF reitera su postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado”, indicó la institución.

La ASF explicó que el proceso al que se ha hecho referencia corresponde a una revisión del Ramo 28, relativo a las Participaciones Federales, y no a una supuesta “carta de liberación”, como se había informado. En ese sentido, puntualizó que no existe ningún documento que exonere o concluya de manera anticipada el procedimiento de fiscalización relacionado con el Ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, la dependencia detalló que se inició un proceso de fiscalización específico al municipio en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Esta revisión forma parte de las atribuciones legales de la ASF y se centra en conceptos distintos a los que han sido mencionados en algunas publicaciones.

La auditoría subrayó que todas las acciones emprendidas se realizan respetando el debido proceso y con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En ese contexto, aclaró que la revisión en curso no implica una resolución definitiva, sino una etapa dentro del procedimiento de fiscalización establecido en la normatividad vigente.

La aclaración de la ASF se da en el marco de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López. Al respecto, la auditoría local señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre dicho recurso.

Con esta postura, la ASF de Guerrero reafirmó que el proceso de fiscalización continúa y que no existe, hasta el momento, ninguna determinación que implique la liberación o conclusión del caso relacionado con la revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una ceremonia marcada por el contexto de protestas convocadas por el movimiento “Generación Z” tras las detenciones registradas en la marcha del sábado pasado. Desde primeras horas, la mandataria recorrió la plancha del Zócalo capitalino a bordo de un vehículo militar, acompañada por el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

Este es el segundo desfile revolucionario que la presidenta encabeza desde que asumió el cargo. A su paso, estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Luego de entonar el Himno Nacional, se programó que los titulares de Defensa, Marina y la propia mandataria dirigieran mensajes oficiales.

En el Centro Histórico se implementaron cortes viales debido a las movilizaciones anunciadas, y fueron suspendidos los servicios de varias estaciones de la Línea 2 del Metro, entre San Antonio Abad y Revolución. Las medidas se aplicaron como parte del operativo de control y seguridad ante las manifestaciones previstas para la mañana.

Durante su discurso, Sheinbaum dirigió un mensaje firme a sus críticos y a sectores de la oposición, a quienes acusó de generar violencia y promover incluso una intervención extranjera. En una intervención que fue ovacionada, subrayó valores que, dijo, su gobierno ha mantenido, como la austeridad y el combate a la corrupción. “El que convoca la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca […] El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca”, expresó ante los asistentes. Agregó que su administración respeta la Constitución, la democracia y las libertades, además de atender las demandas de la población.

La ceremonia se llevó a cabo cinco días después de los hechos de violencia registrados durante la movilización en el Centro Histórico, donde hubo confrontaciones entre policías y manifestantes. Sin mencionar directamente esos incidentes, la presidenta condenó cualquier forma de violencia y recalcó que “México no volverá a caminar hacia atrás”, al insistir en que la paz deriva de la justicia y no de la imposición.

En su mensaje también criticó a sectores de los medios de comunicación y a comentaristas que, dijo, incurren en calumnias o adaptan sus posturas según sus intereses. Afirmó que, pese a campañas de desinformación, “el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia”, al asegurar que su administración ha mantenido principios de honestidad y transparencia.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este lunes al Congreso capitalino el primer informe de la administración de Clara Brugada. La entrega formal estuvo a cargo del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acudió en representación de la jefa de Gobierno a la sede legislativa.

En un acto protocolario breve, Cravioto explicó que este informe da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital y representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Adelantó que será el próximo 12 de octubre cuando Brugada acuda personalmente al recinto legislativo a rendir su informe.

“El informe que hoy se entrega da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación. Además de atender esta obligación constitucional, la entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración”, declaró Cravioto al subir al estrado.

Tras la entrega, el funcionario subrayó que entre los temas más destacados está la seguridad, donde aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido 60%. Agregó que se han detenido a 500 personas por extorsión y que los homicidios dolosos bajaron de 2.4% el año pasado a 2.1% en lo que va de 2024.

El informe entregado consta de cuatro documentos: el propio informe, un análisis ejecutivo, un compendio estadístico y el reporte de cada una de las alcaldías. Entre los temas centrales se encuentran los programas sociales, como Mercomuna, Desde la Cuna y el apoyo a estudiantes para transporte, así como el avance de proyectos emblemáticos como el Cablebús y las Utopías.

Cravioto reconoció que en tres predios destinados a Utopías persisten conflictos vecinales, aunque descartó retrasos en los proyectos. Añadió que actualmente se atienden los problemas derivados de las lluvias, las más intensas en tres décadas, lo que ha impactado en el bacheo y mantenimiento vial.

“No estamos atorados en nada, bueno, ahora se vino el tema de las lluvias, que es un tema que la verdad, todo lo vemos, nunca lo habíamos percibido así, por lo menos en los últimos 30 años. De todos modos se está trabajando en el bacheo y, pasando las lluvias, estaremos trabajando en el reencarpetamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, señaló que el documento será revisado con rigor, destacando áreas como salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. “Nuestra labor es analizar estas acciones con responsabilidad institucional y un enfoque ciudadano, para garantizar que cada decisión tomada busque mejorar la vida cotidiana de los capitalinos”, puntualizó.

Con la entrega formal, se inicia el proceso de glosa en el Congreso, en el cual se solicitará la comparecencia de integrantes del gabinete de Brugada para detallar los avances de su primer año de gestión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

El Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos con 75 votos a favor —provenientes de Morena y aliados— y 37 en contra, emitidos por la oposición. Esta reforma establece el uso del mecanismo LlaveMX como plataforma única de acceso a trámites y servicios públicos digitales.

La iniciativa prevé sustituir trámites presenciales por digitales, fusionar procesos relacionados y promover pagos en línea. También busca eliminar intermediarios y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión gubernamental. De acuerdo con la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la ley representa una oportunidad para simplificar procesos, ahorrar recursos y garantizar mayor accesibilidad y transparencia para la ciudadanía.

Valdez subrayó que esta transformación permitirá la optimización administrativa entre dependencias, reduciendo tiempos y costos, al tiempo que fortalece la atención directa a la población. El mecanismo LlaveMX fungirá como una credencial digital unificada, válida en todos los niveles del gobierno federal.

Durante la discusión en el pleno, la bancada opositora expresó desacuerdos sustanciales. La senadora Laura Esquivel, del PAN, indicó que esta legislación no busca agilizar trámites, sino “concentrar el poder y la información” en una sola entidad, sin contrapesos ni protección suficiente para los datos personales. Desde su postura, la centralización representaría un riesgo para el equilibrio del federalismo.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, añadió que la iniciativa parece moderna y funcional, pero constituye “un paso irreversible hacia el control, la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo”. Señaló que la ley entrega al gobierno la capacidad de administrar sin regulación la identidad digital de los mexicanos.

Según Sánchez, esta ley “significa poner nuestra identidad al servicio del poder para que se use sin control alguno”, y calificó de obligatorio el registro de la población en el sistema. Señaló que una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital— tendrá el control de los trámites y el historial ciudadano.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley no solo podría vulnerar los datos personales de millones de ciudadanos, sino también entrar en conflicto con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 19, relacionado con la protección de la información digital.

Anaya agregó que el proyecto demandará una alta inversión pública en infraestructura tecnológica, recursos que actualmente no están disponibles en el presupuesto gubernamental. También destacó que la falta de garantías técnicas y jurídicas expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios.

Con esta reforma, la Agencia de Transformación Digital obtendrá un papel central en la administración pública digital, y será la responsable de coordinar todos los trámites en línea del país. La ley pasará ahora a su fase de aplicación y evaluación, en medio de un debate que mantiene latente la discusión sobre tecnología, derechos digitales y límites del poder estatal.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.