La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado acciones decisivas después de descubrir que 87 personas que ocupaban cargos de supervisores o capacitadores electorales están vinculadas a partidos políticos.

Este hallazgo, detectado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), ha motivado la determinación de dar de baja a estos individuos mientras se resuelve de manera definitiva su situación.

La UTCE, al analizar cédulas y expedientes electrónicos proporcionados por los propios partidos políticos involucrados, ha corroborado las afiliaciones de los supervisores electorales.

La presencia de firmas en la documentación, en una primera revisión, sugiere el consentimiento de estos individuos para formar parte de instituciones políticas, desencadenando una respuesta inmediata por parte del INE.

Ante la gravedad de esta situación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha optado por implementar una medida cautelar, que implica la suspensión provisional de los 87 supervisores o capacitadores electorales en cuestión.

Esta acción busca salvaguardar los principios de imparcialidad e independencia que deben prevalecer en la integración de los órganos electorales, asegurando la transparencia y confianza en los procesos electorales.

Mediante un comunicado oficial, el INE ha aclarado que esta medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva definitivamente el fondo de los asuntos, garantizando un proceso adecuado para esclarecer las afiliaciones partidistas de los involucrados.

En un paso significativo hacia la renovación política, Morena revela la lista de candidatos plurinominales para la Cámara de Diputados, destacando la presencia del vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas. Este proceso, definido por un sorteo transparente y participativo, busca consolidar la representación proporcional sin negociaciones opacas ni privilegios.

El presidente de Morena, Mario Delgado, reafirma el compromiso del partido con la transparencia y la participación de la militancia al utilizar la tómbola para designar a los candidatos plurinominales. Este método, anunciado en septiembre pasado, tiene como objetivo evitar negociaciones cupulares y garantizar que la designación sea equitativa y abierta.

En el ámbito del Senado, Morena enfrentó ciertas críticas al conformar la lista para la insaculación exclusivamente con consejeros nacionales, generando molestias entre los militantes no incluidos en este grupo selecto. Sin embargo, Mario Delgado reafirma el compromiso de incluir a toda la militancia en procesos futuros, garantizando espacios por tómbola para representar al movimiento en los congresos.

Las listas plurinominales para senadores y diputados federales reflejan la diversidad dentro de Morena. La selección para el Senado contará con 10 hombres y 10 mujeres, destacando nombres como Omar García Palomares, María Villa Figueroa, y Rafael Barajas Durán ‘El Fisgón’. En el caso de los diputados, figuras como Jorge Gómez Naredo, César Raúl Ojeda Zubieta, y José Ramiro López Obrador resaltan en diferentes circunscripciones.

El sorteo se llevó a cabo con la participación de un notario público, subrayando la transparencia del proceso. Mario Delgado explica detalladamente las reglas que rigieron este sorteo, destacando la intervención de la Comisión Nacional de Elecciones para asignar lugares. Este enfoque garantiza la equidad en la representación y refuerza el compromiso de Morena con la participación ciudadana.

El sorteo para la circunscripción que abarca la Ciudad de México revela la inclusión de figuras prominentes. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, se suma a la lista, al igual que Jesusa Rodríguez, actriz y activista, quien ya ha desempeñado funciones en la Cámara alta. Otros nombres notables incluyen a Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la capital, y Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo.

El proceso de selección de candidatos plurinominales de Morena se erige como un ejemplo de transparencia y participación en la vida política. Con Jesús Ramírez Cuevas liderando la lista para la Cámara de Diputados, se marca un hito en la renovación de liderazgos y se fortalece el compromiso del partido con la inclusión y la representación proporcional. El futuro legislativo se perfila con una diversidad de voces y experiencias que reflejan el espíritu de cambio y apertura en la escena política mexicana.

En una rueda de prensa contundente, Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, salió en defensa de Francisco Cienfuegos, su operador electoral en Nuevo León, frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Gálvez aseguró que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución del gobierno contra la oposición y expresó su satisfacción al escuchar la certeza de Cienfuegos de que las acusaciones son infundadas.

En el marco de su “Conferencia de la Verdad”, Xóchitl Gálvez criticó las denuncias sin fundamento y expresó su confianza en la inocencia de Cienfuegos, destacando que hasta el momento no se ha presentado evidencia que lo vincule con lavado de dinero o defraudación fiscal. La candidata presidencial señaló que la investigación iniciada en 2022 parece ser una represalia del gobernador Samuel García contra diputados locales que votaron en contra de sus propuestas legislativas.

Gálvez destacó la importancia de no aceptar a personas involucradas en corrupción en su equipo y aseguró que, si tuviera evidencia de malas prácticas, no aceptaría a alguien como Cienfuegos. Además, recordó que ella misma ha enfrentado denuncias, mostrando transparencia y disposición para colaborar con las autoridades, subrayando que la existencia de una denuncia no implica culpabilidad.

También aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de investigaciones sobre otros casos de presunta corrupción, como los contratos millonarios de Amílcar Olán, la empresa Romedic que suministra medicamentos a Tabasco y Quintana Roo, y las denuncias presentadas contra varios funcionarios y personajes cercanos al presidente López Obrador. Gálvez hizo hincapié en la necesidad de abordar estos temas y llamó al presidente a emitir la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, afectadas por una crisis hídrica.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su intervención exigiendo responsabilidad al presidente López Obrador y llamando la atención sobre los verdaderos problemas del país. La rueda de prensa concluyó con una declaración firme por parte de Gálvez, quien defendió la integridad de su equipo y se comprometió a afrontar cualquier investigación con transparencia y legalidad.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.

A tan sólo cuatro meses de las elecciones federales en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a los ciudadanos que formarán parte de las mesas directivas como funcionarios de casilla.

En un sorteo realizado en una sesión extraordinaria el 1 de febrero, se determinó que aquellos cuyos apellidos inicien con la letra “A” y que hayan nacido en marzo o abril serán los primeros en recibir la invitación del INE para participar en las elecciones de 2024.

Este proceso, llevado a cabo mediante un sorteo, es un componente crucial en la configuración de las mesas directivas de casilla, donde los funcionarios serán responsables de recibir y contar los votos de los ciudadanos durante la jornada electoral del 2 de junio.

La letra inicial del apellido y la fecha de nacimiento son los criterios iniciales que guiarán la convocatoria, y la participación de los ciudadanos es fundamental para garantizar un proceso electoral justo y transparente.

La consejera Norma de la Cruz Magaña instó a los ciudadanos que cumplan con los requisitos especificados a estar atentos y abrir sus puertas a los capacitadores electorales. Estos capacitadores visitarán a más de 12.8 millones de personas entre el 9 de febrero y el 31 de marzo para notificarles su selección como posibles funcionarios de casilla. Su tarea no solo será invitar a los ciudadanos seleccionados, sino también proporcionar la capacitación necesaria y los materiales esenciales para el día de la jornada electoral.

El siguiente paso en este proceso será la insaculación del 13% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que se llevará a cabo en las 300 juntas distritales del país el próximo martes 6 de febrero. Esta insaculación definirá de manera más concreta quiénes serán convocados como funcionarios de casilla, y a partir de ahí, se iniciará el proceso de notificación.

El INE ha diseñado un procedimiento meticuloso que incluirá la visita a domicilio de más de 42 mil capacitadores electorales, quienes informarán a los ciudadanos seleccionados sobre su responsabilidad como funcionarios de casilla. Este proceso de notificación se llevará a cabo entre el 9 de febrero y el 31 de marzo, y es esencial para asegurar la participación activa de los ciudadanos en el proceso electoral.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció que el próximo 2 de febrero, se llevará a cabo una reunión con el gabinete de seguridad del gobierno federal para conocer el plan propuesto por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en relación con la seguridad de los candidatos rumbo a las elecciones de junio de 2024. Este encuentro será clave para abordar las preocupaciones de seguridad y garantizar un proceso electoral sin contratiempos.

La seguridad de los candidatos ha sido un tema crucial en el contexto político actual, y la atención a los focos rojos identificados por las autoridades es fundamental. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha asegurado que ya tiene preparado un plan para proteger a los candidatos que se disputarán los 629 puestos de elección el 2 de junio, reconociendo la importancia de prestar especial atención a ciertas zonas identificadas como de mayor riesgo.

El INE se mantiene como un actor clave en la coordinación con las autoridades federales y locales para garantizar la seguridad de los candidatos y el buen desarrollo de las elecciones. La transparencia en el proceso de selección de funcionarios de casilla y la atención a temas de seguridad son piezas fundamentales para asegurar la integridad y legitimidad del proceso electoral de 2024 en México.