La indignación y el dolor de las comunidades indígenas purépechas se transformaron en acción contundente este jueves, cuando al menos seis carreteras de Michoacán fueron bloqueadas en una protesta sin precedentes. Los manifestantes exigen justicia por las desapariciones forzadas de más de 115 mil personas en México, un grito de auxilio que ha resonado a lo largo y ancho del país.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, encabezó esta jornada de lucha para exigir la intervención del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el esclarecimiento de la desaparición forzada en 1974 de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y dos de sus amigos. Estos crímenes se atribuyen a tropas del Ejército mexicano, lo que ha aumentado la tensión entre las comunidades indígenas y las autoridades.
Los bloqueos se concentraron en seis puntos estratégicos, paralizando importantes vías de comunicación en el estado. Dos de las carreteras afectadas unen el municipio de Cherán con Zamora y Uruapan, mientras que otra conecta Morelia con Quiroga. Las otras tres rutas bloqueadas enlazan Pátzcuaro con Uruapan, Uruapan con Los Reyes, y una caseta de peaje de la autopista federal entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura de Taretan, también quedó bajo control de los manifestantes.
“El dolor de nuestras familias no tiene fronteras. No estamos pidiendo nada que no sea justicia. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos y por qué se los llevaron. No podemos permitir que el olvido borre sus nombres ni la impunidad sus historias”, expresó un representante del CSIM durante uno de los bloqueos.
El caso emblemático que detonó la protesta tiene sus raíces en 1974, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, junto con sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, fueron detenidos y desaparecidos. Los siete eran conocidos por su activismo político y lucha social, razones que, según las comunidades, los convirtieron en blancos de una brutal represión durante el mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez.
Las demandas del CSIM también incluyen el esclarecimiento de una lista más amplia de desaparecidos, en la cual se presume que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”. Esta práctica, documentada por el colectivo “A dónde van los desaparecidos”, consistía en arrojar a opositores políticos desde aviones al océano Pacífico entre 1972 y 1974, a manos de elementos del Ejército y de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial del Estado de Guerrero.
La intervención del gobierno federal es un reclamo urgente para las comunidades indígenas, que denuncian no solo la desaparición de sus seres queridos, sino también una continua violencia estatal y falta de respuesta institucional. “Los pueblos originarios seguimos aquí, luchando, resistiendo. No vamos a callar hasta que sepamos la verdad, hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen o, al menos, encontremos un lugar digno donde llorarlos”, afirmó otro de los líderes comunitarios.
