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La reactivación del debate sobre un posible “fracking sustentable” detonó protestas de comunidades indígenas y colectivos ambientales que se concentraron en la capital del país para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum cumplir el compromiso de prohibir la fractura hidráulica en México.

La movilización fue organizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, agrupación que reúne a más de 40 organizaciones. Durante la jornada participaron representantes de Veracruz, la Huasteca Potosina y estados del norte del país, quienes denunciaron afectaciones derivadas de la extracción de hidrocarburos mediante hidrofracturación.

Entre las principales denuncias mencionaron contaminación del agua, daños ambientales, enfermedades y deterioro social en comunidades cercanas a zonas petroleras. Los participantes calificaron esta práctica como “una tecnología de muerte” que “acaba con el agua” y afecta directamente a la población.

Alejandra Jiménez, integrante de la alianza convocante, rechazó la idea de desarrollar una modalidad sustentable de esta técnica. “Ni en México ni en ninguna parte del mundo existe un ‘fracking sustentable‘”, afirmó durante la protesta.

También pidió que el comité científico creado por el gobierno federal para evaluar yacimientos no convencionales visite las regiones afectadas. “Que vayan a oler, que vayan a ver cómo se vive en los territorios que ya han sido impactados por los hidrocarburos y por el ‘fracking‘. Que tomen un vasito de agua de los que los compañeros tienen que estar tomando día con día”, expresó al referirse a enfermedades como cáncer en esas zonas.

Desde la Huasteca Potosina, Hermelinda Vázquez reprochó que el tema vuelva a discutirse después de la promesa presidencial de prohibirlo. “Yo estaba orgullosa de que una mujer fuera nuestra presidenta. Estuve en la entrega del bastón de mando (investidura) y hoy hasta siento vergüenza porque ahora nos quiere destruir con esta práctica”, declaró.

Romualdo García, defensor del territorio en Papantla, Veracruz, denunció derrames y contaminación en una región donde existen cerca de 2 mil 500 pozos petroleros. “Lo que nos dijeron que era progreso para nosotros es una destrucción masiva”, sostuvo.

La preocupación también se extendió al norte del país. Leslie Sánchez, integrante de Coahuila Sin Fracking y Noreste Sin Fracking, alertó sobre el consumo de agua que requiere esta técnica en entidades con estrés hídrico como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Según explicó, cada pozo puede utilizar entre ocho y 80 millones de litros de agua.

La protesta estuvo acompañada por música tradicional y fandango, actividades que los asistentes identificaron como parte de la resistencia comunitaria. Además, las organizaciones convocaron a una jornada nacional contra el “fracking” a partir del próximo 5 de junio.

El uso comercial de símbolos de la cultura maya por parte de Grupo Xcaret quedó sin efecto este jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara revocar la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar empleando dichos elementos en su publicidad y plataformas digitales.

La decisión fue tomada por el Pleno del máximo tribunal, que consideró que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del Gran Consejo Maya de Quintana Roo, organismo que desde 2022 inició el reclamo contra el uso de símbolos mayas en la promoción turística del corporativo.

El caso se originó cuando el Consejo exigió a la empresa abstenerse de utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad. Posteriormente, Grupo Xcaret promovió un amparo que fue analizado por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En ese momento, el juez concedió una suspensión definitiva que permitió a la compañía continuar empleando las imágenes y símbolos con fines promocionales, principalmente para atraer turistas.

Sin embargo, el escenario cambió tras la intervención del máximo tribunal. En octubre de 2025, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso para su análisis. La resolución final fue presentada por la ministra María Estela Ríos González, quien propuso revocar la suspensión al considerar que corresponde a los pueblos indígenas decidir sobre el uso de su patrimonio cultural.

El fallo se sustentó en la reforma de 2024 al artículo 2 constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Bajo estos criterios, la Corte concluyó que la empresa deberá retirar cualquier elemento alusivo a la cultura maya de sus espacios de publicidad y medios de difusión.

En el documento, la ministra explicó que el uso de estos símbolos no es indispensable para la actividad comercial de la empresa. “El giro comercial de la quejosa (Xcaret), dada su naturaleza, no torna necesario que en sus páginas de internet haga uso de elementos culturales propios del Pueblo Maya, ya que el funcionamiento real para prestar servicios de hotelería, atracciones, restaurantes, etcétera“, se expresa en el fallo.

Con esta determinación, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución previa que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando referencias culturales mayas en su promoción turística. La decisión marca un precedente en torno a la protección del patrimonio cultural indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus símbolos y tradiciones.

Entre tonos de rosa mexicano, flores de cempasúchil y el aroma de copal, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la ofrenda del Día de Muertos instalada en Palacio Nacional, dedicada este año a las mujeres indígenas del país. La creación, elaborada en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), forma parte de las celebraciones del Año de la Mujer Indígena y busca rendir homenaje a las ancestras que han transmitido sus lenguas, tradiciones y conocimientos a lo largo de generaciones.

El altar fue concebido como un espacio que une la espiritualidad indígena con los elementos más representativos de esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La presidenta compartió en redes sociales un recorrido por la ofrenda, acompañada de un mensaje dedicado a las mujeres indígenas, quienes —según explicó— representan la fuerza, sabiduría y amor infinito que ha sostenido la identidad del país. La publicación resaltó la importancia de reconocer su legado en la historia y su papel en la preservación de la lengua, la medicina tradicional, la agricultura y la defensa del territorio.

El montaje de este año se distingue no solo por su estética colorida, sino también por su significado simbólico. Cada nivel de la estructura fue diseñado para representar las distintas etapas del ciclo de la vida y la conexión espiritual con los antepasados, un principio que se mantiene vivo en las comunidades indígenas de México. La flor de cempasúchil, protagonista del altar, destaca como una especie originaria del país y símbolo del camino que guía a las almas de regreso al mundo de los vivos.

En 2023, la ofrenda de Palacio Nacional estuvo dedicada a las heroínas de la patria, entre ellas Rita Cetina, Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo. Este año, el homenaje se centra en las mujeres que, desde sus comunidades, mantienen vivas las raíces del México profundo. Con esta instalación, la tradición del Día de Muertos se reafirma como una de las expresiones culturales más significativas del país, donde la memoria, el arte y la identidad se entrelazan para rendir tributo a quienes dieron vida y sentido a la historia colectiva.

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “postura regresiva” el cambio de criterio adoptado por los nuevos integrantes del máximo tribunal respecto a las consultas a personas con discapacidad. En su opinión, esta nueva postura impone a los propios grupos vulnerables la carga de defender derechos que deberían ser protegidos de manera preventiva.

A través de su cuenta en X, recientemente creada, Laynez Potisek expresó que el nuevo criterio que se perfila en la SCJN servirá como base para analizar impugnaciones a leyes que afecten a grupos vulnerables, incluso si no se llevaron a cabo consultas durante el proceso legislativo. “Sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”, subrayó el exministro en su publicación del martes.

Este lunes, el pleno de la SCJN invalidó un artículo de la Ley para personas con discapacidad de Guerrero, manteniendo la discusión abierta sobre el derecho a la consulta. El argumento mayoritario de los ministros fue que la violación al derecho a la consulta debe ser analizada únicamente cuando los grupos vulnerables afectados presenten impugnaciones.

La ministra Lenia Batres explicó que invalidar leyes por falta de consulta previa representaba “una deformación de los fines del derecho a la consulta conquistado por las personas con discapacidad para permitir que se utilizase en su contra al invalidar decretos que regulaban o ampliaban derechos”.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la práctica de la anterior composición de la SCJN consistía en invalidar automáticamente leyes o decretos por la ausencia de consulta, incluso cuando la legislación era favorable para pueblos y comunidades indígenas. Aguilar destacó que el nuevo criterio busca un “punto medio” en las decisiones del Pleno de la Corte.

Laynez Potisek abrió su cuenta de X el 1 de septiembre, apenas un día después de dejar el cargo la anterior composición de la Suprema Corte. La crítica al nuevo criterio sobre el derecho a la consulta constituye la primera postura pública que manifiesta un ministro en retiro respecto a las decisiones de los actuales integrantes del tribunal.

El exministro enfatizó que la carga de defender los derechos de las personas con discapacidad recae ahora directamente sobre los propios afectados, una situación que considera regresiva en términos de igualdad y protección legal. Su intervención marca un señalamiento importante dentro del debate sobre la forma en que la SCJN abordará la protección de grupos vulnerables en el futuro, particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes y normas que les conciernen.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

Durante una asamblea informativa celebrada en la comunidad de Zaragoza, en Acayucan, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas a lo largo del país. Este monto, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se aplicará en 2025 y estará bajo el control directo de las comunidades beneficiadas.

En el estado de Veracruz, se destinarán mil 418 millones de pesos para atender a 2 mil 500 comunidades que pertenecen a 18 pueblos indígenas y afromexicanos. La distribución de los recursos tomará en cuenta el grado de pobreza y la población de cada comunidad. A nivel nacional, el fondo alcanza una cobertura mucho más amplia, con la participación directa de los pueblos originarios en la planeación y ejecución de los proyectos.

Claudia Sheinbaum explicó que la administración de estos recursos se hará de manera participativa y transparente. Las decisiones se tomarán en asambleas comunitarias, donde las propias personas definirán las obras prioritarias para su desarrollo. Ahí mismo se elegirá a un comité encargado de ejecutar las acciones y otro de vigilancia que supervise el uso correcto del presupuesto.

También señaló que cada comunidad contará con una tesorera, y destacó que esta responsabilidad estará a cargo de una mujer, con el argumento de que “las mujeres administramos más honestamente los recursos”.La medida busca fomentar la participación de las mujeres en la gestión comunitaria, además de garantizar mayor transparencia en el uso del dinero.

Durante este evento, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, así como otros miembros del gabinete federal. Todos coincidieron en señalar que este modelo de inversión permitirá reducir desigualdades históricas al empoderar directamente a las comunidades con herramientas de organización, decisión y autonomía.

La estrategia impulsada por el gobierno federal representa un giro significativo en la manera de ejecutar obras públicas en contextos rurales y marginados, priorizando el enfoque comunitario y reconociendo la capacidad organizativa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción busca consolidarse como una base sólida para el desarrollo con identidad, inclusión y justicia social.

Durante su visita a Coatetelco, Morelos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo énfasis en que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cuenta con atribuciones para emitir opiniones sobre el modelo de elección del Poder Judicial en el país. Esta declaración surge tras las observaciones de la Misión de Observación Electoral del organismo, que sugirió no replicar este modelo en otras naciones de la región.

Sheinbaum remarcó que las decisiones sobre el sistema de justicia corresponden únicamente a los mexicanos y que cualquier intento de influencia externa transgrede la soberanía nacional. “La propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos”, expresó la mandataria, al señalar que México ha tomado una decisión legítima y democrática respecto al rumbo de su sistema judicial.

Durante el segundo acto público de su jornada, donde presentó los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social dirigido a comunidades indígenas y afromexicanas, Sheinbaum subrayó que el organismo internacional se extralimita en sus funciones al hacer recomendaciones sobre reformas internas. “No tienen atribución para ello”, afirmó.

La presidenta insistió en que la OEA puede observar y emitir comentarios sobre procesos electorales, pero no sobre decisiones soberanas. Calificó las observaciones del organismo como una falta de respeto hacia la voluntad popular expresada en las urnas y recordó que la forma de gobierno en México la determina exclusivamente el pueblo.

En ese mismo evento, Sheinbaum destacó uno de los cambios más significativos derivados de esta transformación judicial. Por decisión popular, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este hecho representa, según la jefa del Ejecutivo, un momento histórico que marca un antes y un después en la representación indígena en las instituciones del país.

“Después de Benito Juárez, el primer presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser un indígena mixteco, votado y reconocido por el pueblo de México, un hombre honesto y un gran abogado”, puntualizó Sheinbaum frente a las comunidades originarias reunidas.

Más tarde, la presidenta continuará su gira en el municipio de Yecapixtla, donde anunciará el inicio de las obras del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, como parte del plan de expansión del programa IMSS-Bienestar.

Con estas acciones, el gobierno federal busca reforzar su compromiso con la justicia social, la inclusión y el respeto a la autodeterminación nacional, alejándose de cualquier tipo de injerencia externa en decisiones clave para el desarrollo político y jurídico del país.

En un acto solemne celebrado en el patio de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reafirmando su compromiso con la igualdad de género en México. La ceremonia inició con un ritual indígena en el que Sheinbaum recibió un bastón de mando, un símbolo de reconocimiento y liderazgo por parte de comunidades indígenas.

Durante su discurso, la mandataria recordó el origen del 8 de marzo, haciendo referencia a la protesta de trabajadoras textiles en Nueva York, reprimida violentamente y que marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres. Enfatizó la importancia de garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y un salario justo, subrayando que “las mujeres requieren más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva”.

Sheinbaum destacó que la desigualdad de género persiste en distintos ámbitos y que es necesario cerrar estas brechas para lograr una sociedad más justa. Enumeró diversos derechos que deben ser garantizados para las mujeres, entre ellos el descanso laboral con salario cubierto, espacios adecuados para la lactancia, equidad en el reparto de tareas del hogar, el derecho a un salario igual al de los hombres por el mismo trabajo y, sobre todo, el derecho a una vida libre de violencia.

Entre los anuncios más importantes realizados por la presidenta, destacan:

• Creación de 24 efemérides para reconocer a mujeres en la historia.
  
• Apertura de la Sala de Mujeres en la Historia en Palacio Nacional.
  
• Distribución de millones de cartillas de derechos de las mujeres en    todo el país.
  
• Formación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.
  
• Implementación de la pensión “Mujeres Bienestar” para un millón de beneficiarias.
  
• Construcción de 200 centros de educación y cuidado infantil para madres trabajadoras.
  
•  Reconocimiento permanente a mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes.
  
• Priorización de mujeres en el programa de vivienda.
  
• Otorgamiento de derechos agrarios a al menos 150 mil mujeres.
  
• Organización de foros y consultas para reforzar reformas legales contra la violencia de género.
  

Además, Sheinbaum anunció que el año 2025 será reconocido como el “Año de la Mujer Indígena”, con el objetivo de visibilizar su papel histórico y promover su participación en el desarrollo del país.

Acompañada por integrantes de su gabinete y funcionarias de distintas instituciones, la presidenta reafirmó su compromiso con la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres, asegurando que su gobierno continuará trabajando para hacer realidad estos avances

MUBI y Pedro Reyes unen fuerzas para traer una experiencia cinematográfica única durante el mes del arte en México. A partir del 23 de enero, la plataforma de streaming y el reconocido artista contemporáneo presentan Under the Cloud, un cortometraje documental que marca el debut de Reyes como director, acompañado del especial Bajo la nube: el cine contra la bomba.

Esta colaboración explora el impacto devastador de la guerra nuclear, las armas y la fragilidad humana, ofreciendo al espectador una selección de tres obras imprescindibles que abordan el tema desde diferentes perspectivas. Con entrevistas, imágenes de archivo y una profunda reflexión, Under the Cloud expone el legado tóxico de la energía nuclear, el abuso hacia comunidades indígenas y los daños irreparables a la tierra.

El especial también incluye dos piezas magistrales del cine internacional:

• El sacrificio (1986), de Andrei Tarkovsky, que enfrenta al espectador con la crisis existencial de un hombre ante la amenaza inminente de la catástrofe nuclear.
• Hiroshima mon amour (1959), de Alain Resnais, un relato íntimo que entrelaza amor y memoria en la Hiroshima de la posguerra.

Pedro Reyes, conocido por su enfoque en la escultura, el activismo y ahora el cine, refuerza su compromiso social al utilizar el arte como un catalizador para el cambio. Su obra busca mover al público de la contemplación a la acción, explorando temáticas que van desde la memoria colectiva hasta los esfuerzos globales por el desarme.

La curaduría de este especial invita a reflexionar sobre el pasado, imaginar el futuro y asumir nuestra responsabilidad como sociedad en un mundo que aún enfrenta las secuelas de las armas de destrucción masiva. Una experiencia conmovedora que conecta el arte y el cine con el activismo, ofreciendo una ventana al trauma, la esperanza y la lucha por un mundo sin armas nucleares.

“Soy fan de MUBI por su gran labor de programar nuestros films oscuros favoritos, pero también apuestan por la vanguardia”, declara Pedro Reyes, quien reafirma su compromiso con la innovación y la relevancia en su trabajo.

Un especial para aquellos que buscan en el cine algo más que entretenimiento: una llamada urgente a la reflexión y al cambio.