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Un terreno abandonado ubicado en la colonia Puerta Sur, en Reynosa, Tamaulipas, fue señalado por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas como un presunto cementerio clandestino tras localizar restos óseos humanos en distintas áreas del lugar. El hallazgo fue dado a conocer mediante un video difundido por las propias buscadoras, donde se exhiben fragmentos de huesos enterrados y semienterrados visibles en el sitio.

Durante la grabación, las integrantes del colectivo recorren el predio mientras muestran evidencias de lo que describen como un espacio con múltiples restos humanos. En el material, también señalaron la presencia de lo que identificaron como una cocina clandestina, que presuntamente habría sido utilizada para la incineración de cuerpos, lo que explicaría que en algunos casos solo se encontraran fragmentos óseos.

Además de los restos, las buscadoras informaron que en el lugar fue localizado un machete, elemento que también quedó documentado en el video compartido. Según el colectivo, la extensión del terreno y la cantidad de hallazgos visibles sugieren que podrían existir más restos ocultos bajo la superficie.

“Donde volteen están los restos. Esto es un cementerio clandestino enorme. Aquí puede estar su familiar desaparecido porque hay muchísimos, hay muchísimos. Todo esto está infestado, pero muchos están ocultos y también hay calcinados. Así es Tamaulipas, así es Reynosa”, expresaron durante la grabación.

Las integrantes del colectivo también cuestionaron las cifras oficiales presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el informe sobre personas desaparecidas en el país, al considerar que no reflejan la magnitud de la problemática. De acuerdo con las buscadoras, los datos difundidos por el gobierno federal “están muy alejados de la realidad que vivimos”.

En el mismo material audiovisual, las madres buscadoras manifestaron su inconformidad ante la situación de violencia y desapariciones en la entidad. “La realidad de México es un cementerio clandestino completamente y no están contabilizando todos los sitios de exterminio localizados, ahí están todos los desaparecidos sin vida, son datos que omiten”, denunciaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en el predio y realicen las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar la cantidad de restos encontrados y avanzar en los procesos de identificación. Las integrantes del colectivo señalaron que, según su apreciación, los restos podrían encontrarse en condiciones adecuadas para la realización de análisis de ADN.

El colectivo reiteró la urgencia de que las autoridades acudan al lugar para iniciar los trabajos periciales y continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la región, mientras se mantiene sin precisar el número total de restos localizados en el sitio.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

En medio del debate sobre el financiamiento público a la política en México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó en el centro de la discusión el acceso a las candidaturas, al afirmar que competir por un cargo de elección popular se ha convertido en un proceso condicionado por recursos económicos y redes de respaldo.

Durante su programa semanal “Martes del Jaguar”, transmitido a través de redes sociales, la mandataria expuso su postura sobre el funcionamiento del sistema electoral y lo vinculó directamente con la propuesta de reforma conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según explicó, la iniciativa busca reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de modificar las condiciones actuales de competencia.

En ese contexto, Sansores expresó: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. La declaración formó parte de un planteamiento más amplio en el que señaló que el sistema vigente limita la participación de ciudadanos sin respaldo económico o político.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, las condiciones actuales favorecen a perfiles con acceso a financiamiento significativo o con vínculos dentro de estructuras de poder, lo que, afirmó, reduce las posibilidades de que aspirantes sin esos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. En su intervención, vinculó esta situación con la necesidad de replantear el gasto público destinado a la política.

La mandataria también cuestionó las diferencias presupuestales entre congresos locales, al considerar desproporcionado que algunos operen con montos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros lo hacen con cinco millones. Desde su perspectiva, estas variaciones reflejan un uso desigual de los recursos públicos y forman parte de los problemas estructurales del sistema político.

En su mensaje, Sansores dirigió críticas hacia los partidos de oposición, a los que comparó con “franquicias familiares”que, según dijo, han convertido la actividad política en un negocio. Estas declaraciones se producen en un contexto nacional marcado por señalamientos sobre la posible infiltración de grupos delictivos en distintas regiones del país, así como por un aumento en los niveles de violencia.

Al mismo tiempo, medios locales han reportado que al menos 20 presuntos familiares de la gobernadora ocupan cargos públicos, entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien funge como asesor. Este señalamiento ha sido parte del entorno en el que se desarrollan sus declaraciones.

Las afirmaciones de Sansores se integran así al debate sobre la estructura del sistema electoral mexicano y el financiamiento de la política, en un momento en que se discuten cambios orientados a modificar las reglas de acceso al poder público.

Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió una etapa decisiva para la estructura del grupo criminal, marcada por la posible sucesión interna o el surgimiento de conflictos entre sus principales operadores. Especialistas en seguridad advierten que la ausencia del mando central representa un momento clave que podría definir el futuro de una de las organizaciones criminales de mayor expansión y violencia en México.

Durante años, Oseguera Cervantes ejerció un control vertical sobre el cártel, concentrando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Su liderazgo definía las acciones en los territorios bajo influencia del CJNG. De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, actualmente existen al menos cuatro figuras con capacidad para asumir el mando. “El Mencho condujo esta organización con mano de hierro; actualmente hay cuando menos cuatro liderazgos, comandantes que pueden asumir el control de la organización y habrá que ver si se ponen de acuerdo”, explicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha identificado a los perfiles más relevantes dentro de la organización tras la caída del líder. Entre los nombres señalados por analistas destacan Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”; Heraclio Gutiérrez Martínez, llamado “Tío Lako”; y Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes. Estas figuras forman parte del círculo cercano que mantenía la operación del cártel y son considerados posibles sucesores.

El investigador en seguridad nacional Víctor Sánchez Valdés señaló que la muerte del líder representa un impacto estructural significativo. A diferencia de otros grupos criminales con mandos distribuidos, el CJNG dependía directamente de la autoridad de Oseguera Cervantes, lo que convierte su ausencia en un punto de inflexión para la organización.

El escenario que enfrenta el CJNG contempla diversas posibilidades. Una de ellas es que uno de los líderes logre consolidarse como jefe único mediante acuerdos internos, lo que permitiría mantener la cohesión operativa. Otra posibilidad es el surgimiento de disputas internas que deriven en enfrentamientos por el control del grupo. Saucedo advirtió que, en caso de no lograrse consensos, podría desencadenarse una “guerra sucesoria” para determinar quién asume el liderazgo. También planteó que el cártel podría fragmentarse en varias estructuras regionales que operen bajo el mismo nombre, pero con mandos autónomos.

El reacomodo interno también podría abrir oportunidades para organizaciones rivales. Sánchez Valdés mencionó que grupos como el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel Santa Rosa de Lima podrían intentar expandir su presencia en territorios disputados. En particular, entidades como Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Guerrero figuran entre las regiones con mayor riesgo debido a la disputa territorial existente.

El proceso actual representa una etapa de reconfiguración dentro del CJNG, en la que el resultado dependerá de la capacidad de sus principales figuras para consolidar el control o de la evolución de las tensiones internas y externas. La organización enfrenta así un periodo determinante que puede redefinir su estructura, liderazgo y presencia en distintas regiones del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a un año y siete meses de la detención de Ismael Zambada García, autoridades de Estados Unidos no han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió su arresto en Nuevo México. Durante una conferencia en Sinaloa, la mandataria señaló que la falta de claridad sobre ese hecho coincide con el incremento de la violencia en la entidad.

“Nunca quedó claro qué fue lo que pasó y a partir de ahí se incrementa la violencia”, expresó la presidenta, al referirse al traslado del líder criminal a territorio estadounidense. Añadió que el enfoque del gobierno federal se mantiene en la protección de la población y en la implementación de estrategias orientadas a reducir la impunidad y atender las causas estructurales de la violencia.

En el mismo acto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios en Sinaloa han disminuido 50% desde junio de 2025. No obstante, en contraste con esa reducción, las lesiones provocadas por arma de fuego registraron un incremento de 36.1% en el estado. Las autoridades federales no presentaron cifras actualizadas sobre desapariciones, pese a que este delito ha tenido presencia relevante en la entidad en meses recientes.

Sheinbaum también destacó indicadores relacionados con la actividad económica y turística, particularmente en Mazatlán, donde señaló que el desarrollo de eventos como el carnaval impulsó la ocupación hotelera. Indicó que el hotel donde se hospedó reportó prácticamente lleno, con presencia significativa de visitantes internacionales.

Ismael Zambada, de 77 años, es identificado como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada aseguró mediante una carta que fue engañado y llevado a ese país en contra de su voluntad.

Según esa versión, Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, lo citó a una reunión en Sinaloa en la que presuntamente estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y el exfuncionario Héctor Melesio Cuén para abordar un conflicto político. Sin embargo, al encontrarse en privado, hombres armados ingresaron al sitio, lo sometieron y lo trasladaron a una pista aérea, donde fue obligado a abordar una avioneta con destino a Estados Unidos.

El traslado incluyó el uso de sedantes, de acuerdo con el relato difundido posteriormente. La detención del líder criminal marcó un punto relevante en el contexto de seguridad regional, mientras autoridades mexicanas continúan señalando la necesidad de esclarecer plenamente el proceso que derivó en su captura y traslado internacional.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la capital del país se encuentra preparada para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, al garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y operación normal en la ciudad, incluso después de los hechos de violencia registrados en otras entidades tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina subrayó que la ciudad mantiene condiciones de tranquilidad y está lista para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales que asistirán al torneo. “Nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante, y significa abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país”, declaró.

Brugada explicó que, a pesar de los bloqueos y actos violentos registrados el pasado domingo en otras regiones, la capital no presentó incidentes relevantes. Señaló que las autoridades locales garantizaron el orden público durante ese periodo. “La Ciudad de México está en paz, y funciona con total normalidad y durante estos acontecimientos del domingo, aquí en la Ciudad de México se garantizó calma, tranquilidad y orden público; no hubo incidentes de violencia de relevancia”,puntualizó.

La Ciudad de México será una de las sedes principales del Mundial y albergará el partido inaugural, así como otros encuentros de distintas fases del torneo. Este evento deportivo atraerá a aficionados, delegaciones, directivos y turistas, lo que implica un despliegue logístico y de seguridad coordinado entre autoridades locales y federales.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, aseguró que no existen registros actuales de grupos criminales con control territorial o presencia permanente en la capital. “No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o que hayan establecido una presencia permanente en el territorio de la ciudad”, afirmó. Añadió que ninguna zona de la capital está bajo dominio de organizaciones delictivas, ni locales ni de alcance nacional.

El funcionario destacó que las autoridades trabajan en un esquema integral de preparación y coordinación con distintas instancias de gobierno para garantizar condiciones seguras durante el Mundial. Estas acciones incluyen la planeación operativa, la vigilancia y la protección tanto de los equipos participantes como de los visitantes y residentes.

La organización del Mundial 2026 contempla la llegada de millones de personas a las sedes mexicanas, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de seguridad y logística. Las autoridades capitalinas reiteraron que la ciudad mantiene su funcionamiento habitual y que continúa el trabajo conjunto para asegurar el desarrollo del torneo internacional en un entorno de orden y seguridad.

El Congreso de Nuevo León recibió una iniciativa ciudadana denominada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, conocida públicamente como “Ley Therian”, cuyo objetivo es establecer lineamientos para prevenir el acoso escolar, la discriminación y actos de violencia vinculados con manifestaciones de identidad o expresión personal en escuelas públicas y privadas del estado.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo, quien planteó la necesidad de crear mecanismos formales dentro de los planteles educativos que orienten a docentes y directivos sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con este grupo social. En las últimas semanas, el término “therian” ha ganado visibilidad en redes sociales en México. Se refiere a personas que afirman tener una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano y que, en algunos casos, utilizan máscaras, disfraces o imitan comportamientos asociados con esos animales.

Castillo acudió al recinto legislativo acompañado de Luis, un joven de 28 años que afirmó haber enfrentado discriminación desde la infancia por identificarse con un caballo. Durante su presencia en el Congreso portó una máscara alusiva y realizó gestos vinculados con ese animal. En declaraciones a medios, señaló que desde los 9 o 10 años actúa y siente afinidad con dicha identidad, y relató experiencias de incomprensión en su entorno familiar.

De acuerdo con el abogado promovente, en Nuevo León existen más de 100 casos de personas que se identifican como “therian” y que, según indicó, enfrentan obstáculos para expresarse libremente. La iniciativa propone la creación de protocolos de convivencia escolar, así como programas de observatorios ciudadanos dentro de las instituciones educativas para evitar daños a terceros, proteger la integridad física de estudiantes y brindar herramientas claras al personal docente.

El planteamiento también contempla acompañamiento psicosocial y psicológico para los jóvenes involucrados, además de coordinación institucional. Castillo hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud estatales para participar en el diseño de medidas de apoyo, y propuso instalar mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con el fin de prevenir posibles delitos en su contra.

Según lo expuesto por el abogado, existen antecedentes de legislación sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia, los cuales fueron citados como referencia para el diseño de la propuesta. La iniciativa quedó en manos del Congreso local para su análisis y eventual discusión legislativa.